Für die deutschsprachige Version hier klicken

Un grueso número de colombianos, el país tiene 52 millones de habitantes, pasó de la euforia del proyecto político progresista vendido como promesa de campaña hace tres años por Gustavo Petro –el primer presidente de izquierda del país–, a la realidad de vivir en el bucle. La pregunta es ¿cómo y por qué se llegó a este desaliento in crescendo?

La primera en estropearse fue la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, iniciativa que entró en vigencia con Ley 2272 del 2022 y le dio espacio a negociaciones distintas y en paralelo con todos los grupos armados organizados al margen de la ley, con quienes se dialogaría desmantelamiento y sometimiento a la justicia. ¿Demasiado? Todo indica que sí, pero la paz en Colombia siempre será un imperativo.

Entre los grupos que fueron a la mesa figura el Ejército Popular de Liberación (ELN), la última guerrilla de armas en el país. Los diálogos con el ELN que han pasado y paseado en el último tiempo por Ecuador y Cuba entraron en una fase de congelamiento desde mayo del 2024 y se estropearon definitivamente este año. En enero se desató en el Catatumbo, región ubicada al nororiente colombiano, una escalada violenta protagonizada por esa guerrilla que se enfrenta a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) conformada por opositores al proceso de paz de 2016.

Allí en el Catatumbo, teatro de operaciones de guerras y disputas, una región rica en petróleo y con la extensión de cultivos de coca más grande del país, el gobierno de Petro estuvo elaborando con las comunidades un gran proyecto social. Durante todo lo que lleva su mandato y en paralelo a las negociaciones con el ELN en el marco de la Paz Total, habló con los líderes de la sociedad civil de la zona y bajo la Dirección Nacional de Planeación (DNP) construyeron juntos el Pacto por la Transformación del Catatumbo. La iniciativa sigue en el papel.

“La paz nunca será un mal esfuerzo. Pero lo que ha fallado es la política”, dice Wilfredo Cañizares Arévalo, director de la Fundación Progresar, una organización no gubernamental que ha trabajado durante 34 años en la región. En entrevista con LN Cañizares Arévalo relata que hace por lo menos dos años hubo una reconfiguración de los carteles internacionales, mexicanos, que pagaban impuestos al ELN y a las disidencias de las FARC por la compra de la coca. “Aprovechamos y le dijimos al Gobierno que entrara fuerte con el plan de recuperación, pero los diálogos se extendieron tanto que se perdió la oportunidad. La gente estaba aguantando hambre. La realidad en esa zona es que en gran parte el sustento se deriva de los cultivos de coca. Los campesinos salieron a pedir ayudas alimentarias a las autoridades gubernamentales. Todo el tiempo le dijimos al Gobierno que entrara al Catatumbo y el Gobierno no apareció. Los que sí aparecieron fueron otros”.

A finales de 2024 otros compradores de coca internacionales aparecieron en el Catatumbo. La reactivación del negocio exacerbó la disputa por el control territorial entre ELN y las disidencias de las FARC. Lo que está en juego es quién se queda con el poder de una zona donde se producen 400 mil kilos de coca al año que puede dejarle enormes ganancias a cualquier grupo armado ilegal. “El ELN lo niega, pero lo que está pelando son los corredores estratégicos de drogas y recursos mineros, y está anclado esas zonas de minería estratégica en el mundo”, dice Gonzalo Sánchez Gómez, ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia.

La guerra en el Catatumbo explotó el 16 de enero cuando le ordenaron a los campesinos desplazarse. Ante ello el presidente Petro declaró el estado de excepción el 20 de enero y respondió: “el ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”. Junior Cabrejo Maldonado, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), sostiene que “por lo menos 60 mil personas nos hemos estado moviendo por el territorio, desplazándonos a otros lugares o retornando cuando creemos que la situación se calma; otras familias se han quedado confinadas en escuelas de la zona. Los profesores se fueron de los colegios y no hay suficientes alimentos para sobrevivir”.

Para Gonzalo Sánchez Gómez, “la Paz Total está haciendo aguas en este momento. Y el tema de la inseguridad se está extendiendo cada vez más”. Para el historiador y columnista de opinión, “quizá los malos diseños y coordinación de las estrategias de la Paz Total, seguro puede haber algo de eso, empañaron el proceso; pero también el hecho de que la dinámica de los actores violentos en Colombia depende cada día más de factores internacionales y eso no lo podemos perder de vista”.

Explica el analista que la violencia colombiana cada vez más opera en función de lo que sucede con grupos o situaciones que ocurren en otros países, como los carteles mexicanos, los asentados en Ecuador y Perú, las rutas de la cocaína hacia Europa. “Aquí se han articulado unas dinámicas universales. Y cada vez el manejo está más por fuera del país, por lo que se requieren políticas más globales”, dice. Y es cierto, el ELN como grupo alzado en armas es más una guerrilla binacional que opera en Colombia y Venezuela, desestabilizando una frontera porosa de 2.219 kilómetros por la que se siguen movilizando migrantes que huyen de la realidad venezolana y que en algunos casos terminan siendo presas del conflicto, e incluso de reclutamiento forzado.

Pero esas soluciones globales que en Colombia han estado acompañadas de grandes ayudas del gobierno de los Estados Unidos sufrieron un duro revés con la llegada de Donald Trump a la presidencia. No había transcurrido una semana desde su posesión, cuando se hizo sentir su poder al ordenar deportaciones de inmigrantes, entre ellos colombianos, a quienes tildó de “criminales”.

Todo comenzó cuando el presidente Gustavo Petro negó la entrada de dos aviones militares de EE.UU. con colombianos deportados y Trump respondió amenazando con imponer sanciones y aumento de aranceles contra los productos colombianos – una advertencia para Colombia que se podría interpretar como lo que le sucederá también a los países que se interpongan en sus decisiones. Al final, a Petro le tocó recibir a los migrantes cediendo a la presión del gran hermano sin imaginar que el clima se enrarecería más.

El quiebre de las deportaciones asomó como la punta de un iceberg. Llegó el anuncio, el 29 de enero, de que todos los fondos de cooperación provenientes de USAID, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, fueron congelados por Trump hasta nueva orden. Esto deja sin oxígeno, entre otros, a los programas migratorios que ha trabajado Colombia con fuerza desde la creación de un estatuto especial para mitigar la crisis de recepción de extranjeros, especialmente venezolanos. 2.8 millones hay hoy en el país según reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela explica que “la cooperación internacional, la que viene vía USAID para el gobierno colombiano y las ong, le apostó a una alternativa: recepción, integración, caracterización y regularización de los migrantes, para que Colombia, fuera hogar. Se articuló un plan enorme que se llama Integra, pero hoy la realidad es que no hay recursos para que eso continúe”. Y no solo eso, con dineros de USAID también se atiende el programa Puntos Visibles, de Migración Colombia, que apuntaba a fortalecer los trámites de regularización de los migrantes, que también quedaría en vilo.

El disparo de Trump a USAID hiere a Colombia, el Estado latinoamericano que más dinero recibe por esa vía, por lo menos 400 millones de dólares anuales. Esta alta dependencia de la cooperación norteamericana ha sostenido proyectos sociales de la Agencia Nacional de Tierras; rubros para atender a la justicia, como la Justicia Especial para la Paz (JEP); la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, iniciativas que nacieron del proceso de paz del gobierno con las Farc; así como la existencia de decenas de ONG que trabajan por los Derechos Humanos en un país con altísimos niveles de violencia. Una de estas organizaciones es la Misión de Observación Electoral (MOE) que ve recortado su margen de maniobra en el seguimiento a las elecciones presidenciales en mayo del 2026, según lo ha dejado ver con preocupación Alejandra barrios, su directora.

Los nuevos problemas que se acumulan a la larga lista de los reciclados en el bucle colombiano se complican con la crisis del gobierno de Gustavo Petro, que vieron los ciudadanos en un caótico consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero. Allí fueron evidentes las fracturas en el equipo de gobierno. Voces como la de Francia Márquez, vicepresidenta y la de Susana Muhamad, ministra de Ambiente, se escucharon fuerte cuando le expresaron directamente al Presidente que no estaban de acuerdo con la decisión de nombrar a Armando Benedetti como Ministro del interior. Benedetti es un cuestionado político que hizo parte de la campaña que llevó a Petro a la presidencia, parte del gabinete.

Los días siguientes el Presidente Petro le pidió a sus ministros las renuncias protocolarias y se encontró con las dimisiones irrevocables de algunos de ellos, entre los cuales figuran los jefes de las carteras del Interior, Juan Fernando Cristo, con capacidad de maniobra política necesaria para el proceso electoral que se avecina y el de Defensa, Iván Velásquez Gómez, garantía de justicia y lucha contra la impunidad en el país. Este ministerio lo ocupa hoy el general Pedro Sánchez, un oficial activo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) hasta su nombramiento.

El líder de la izquierda dirige el país en medio de la confusión y el cansancio. La última decisión de nombrar a un general en el ministerio de Defensa, explican los analistas, es para enviarle un mensaje inequívoco a la guerrilla del ELN de que habrá mano dura. Otros consideran que Gustavo Petro recurrió a esta decisión para también enviarle un mensaje a la derecha galopante que va por las presidenciales llevada de la mano por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y soborno. Para el investigador Gonzalo Sánchez, el Presidente Petro “le metió batería militar al asunto para neutralizar a la oposición que viene denunciando la inseguridad con el interés de generar un malestar en las fuerzas militares, entonces el Gobierno ahora está conteniendo esas denuncias”.

¿Hacia dónde va Colombia? El camino por andar en lo que falta del gobierno de Gustavo Petro es inquietante. “Y mucho me temo que esto que comienza con los recortes de recursos de USAID pueda escalar a otro asunto más complejo aún, la certificación o no de Colombia como socio de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Si nos desertifican serán menos recursos”, agrega el investigador Ronald Rodríguez. Esta decisión se conocerá en septiembre próximo.

Gonzalo Sánchez también cree que el momento es complejo, dice que el impacto de los recortes es muy fuente y “llega en un momento de crisis financiera en este país, de turbulencia internacional. Cómo sustituir esos recursos cuando Europa, que podría ser un sustituto proveedor no lo va a hacer tampoco porque no tiene margen de maniobra. Esto va a ser devastador y se va a ver en el corto tiempo”, asegura.

Para las comunidades confinadas o desplazadas, el momento es duro, porque volvieron a sentir todo el peso de la guerra. A pesar de lo difícil de la situación, en los territorios quieren creer en el diálogo para encontrar soluciones, y le han propuesto al gobierno que busque las salidas por la vía del diálogo, según lo expresó Junior Cabrejo Maldonado. El clima de desaliento en un país que ha buscado y sigue buscando la paz, no ayuda a ver el vaso medio lleno.