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La primera administración progresista en la historia de Colombia está decidida a cambiar esto. Una de sus prioridades es adelantar la reforma agraria, una promesa del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el estado colombiano y las FARC-EP. El acuerdo estipula la redistribución de 3 millones de hectáreas de grandes terratenientes y la entrega de títulos de propiedad de 7 millones de hectáreas a campesinos y campesinas sin tierra. “La reforma agraria es el camino para evitar la violencia en el campo”, escribió el presidente Petro el 20 de junio de 2024 en la plataforma X. No se trata solo de la restitución de tierras a la población despojada y desplazada, sino de entregar títulos de propiedad a campesinos y campesinas sin tierra o con tierras insuficientes, cambiando así la estructura de la propiedad en el país.

Para comprender mejor las metas del gobierno, es crucial entender la historia de la distribución desigual de tierras en Colombia, una herencia de la época colonial española. “El rey o su delegado asignaban tierras a dedo a las personas que hicieron la colonización en Colombia, las cuales se transmitían de generación en generación, permaneciendo en las mismas manos”, explicó el investigador Juan Guillermo López. “En Colombia aún no hemos logrado tener un catastro que esté configurado y que realmente se sepa de quién es qué. Lo que sí ha pasado mucho es que las personas campesinas han comprado tierra y la han comprado de forma informal. Entonces ellos no tienen títulos de propiedad, lo que complica la demostración de la propiedad durante una reforma agraria”, añadió. Estas condiciones, junto con políticas estatales ineficaces, el conflicto armado y las compras ilegales de tierras debido a la violencia paramilitar, han incrementado la concentración de tierras en el siglo XX, dejando a millones de campesinos y campesinas sin tierra.

Los esfuerzos por redistribuir la tierra no son nuevos. Hace casi un siglo con las reformas liberales del presidente Alfonso López Pumarejo en 1936 y del presidente Alberto Lleras Camargo en 1961 empezaron algunos intentos por una reforma agraria. Aunque limitadas por diversos factores, estas iniciativas enfrentaron la feroz oposición de los grupos que desde entonces y hasta nuestros días, se benefician de las desigualdades. Durante la apertura económica neoliberal de los noventa junto a los diversos acuerdos de libre comercio, se dejó al sector agrícola desprotegido, alejando a Colombia aún más de una economía de producción y subsistencia y a su vez sumiendo al campo colombiano en la pobreza. La economía nacional se enfocó en la extracción de minerales e hidrocarburos, así como en la importación de productos agrícolas que el campesinado podría haber producido localmente. La falta de infraestructura, la violencia y la falta de protección estatal impedían que la población campesina participara en el mercado.

En Colombia, la propiedad de la tierra significa sobre todo una cosa: poder económico y político. Quien, al estilo feudal, deja que campesinas y campesinos sin tierra cultiven su tierra, tiene el control sobre éstos y ejerce una fuerte influencia para moldear resultados electorales, y así, la política regional. Por ello, la cuestión de la tierra es central en el conflicto. Además, la mayoría de las tierras fértiles están en desuso o se destinan principalmente a la producción de productos para la exportación. De las 11,9 millones de hectáreas de tierras aptas para la agricultura en Colombia, actualmente solo se cultivan 3,9 millones. Gran parte de estas tierras se usan para la ganadería extensiva. En promedio, hay poco más de media vaca por hectárea en Colombia, ya que la riqueza no proviene de la agricultura sino de la especulación: La propiedad de la tierra es sobre todo una inversión de capital para terratenientes y latifundistas, quienes, por vía del acaparamiento, pueden determinar los precios y las condiciones de acceso a la tierra. Al aumentar su valor, se llenan sus bolsillos.

El gobierno del Pacto Histórico está desafiando esta lógica de acumulación de terrenos improductivos, enfrentándose así a enemigos poderosos. Una reforma agraria contradice los intereses de la clase dominante en Colombia, tradicionalmente dueña de las tierras y, hasta hace poco, controladora del Estado. No es sorprendente, entonces, que la oposición propagara el miedo durante las campañas presidenciales, sugiriendo que Petro expropiaría tierras, viviendas y negocios de la población.

En medio de una fuerte campaña de desinformación, se invisibilizó el hecho de que el marco legal ha existido por casi un siglo: en 1936 se creó la figura de la extinción de dominio para las tierras ociosas. Por lo tanto, la tierra no puede ser desaprovechada; si lo está, el Estado tiene el derecho de extinguir el dominio. Una forma común de demostrar que se está utilizando la tierra es mediante la ganadería. “Si un terrateniente tiene una vaca, se considera ganadero. El problema es que pueden colocar una sola vaca en 5 hectáreas y mostrar que están usando la tierra de manera productiva”, explica López. Así, el ganado no se cría principalmente para el mercado, sino para mantener y proteger la propiedad de la tierra. De esta manera, se mantiene la tierra como objeto de especulación.

Los esfuerzos del gobierno Petro para una reforma agraria comenzaron con un acuerdo político con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). El acuerdo para comprar tres millones de hectáreas a Fedegán a precios de mercado es un hito importante. Históricamente, la poderosa federación se ha opuesto a cualquier reforma agraria y está vinculada a la fundación de ejércitos anti-restitución y grupos paramilitares. Con este acuerdo, Fedegán apoyaría por primera vez una reforma agraria. Aunque esta estrategia exonera a la federación de su responsabilidad histórica y social de devolver tierras, garantiza resultados rápidos y reduce el riesgo de oposición violenta. Hasta mayo de 2024, Fedegán ofreció 821,114 hectáreas, de las cuales solo 208,512 son viables, aproximadamente el 7% del objetivo total. A menudo, las tierras ofrecidas son infértiles, inaccesibles, remotas o su procedencia es de dudosa legitimidad.

Para la reforma, el gobierno recurre a mecanismos establecidos hace 30 años, pero nunca implementados. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que establece objetivos que van más allá de la simple distribución de tierras. Este proyecto integral para la productividad rural se basa en una reestructuración equitativa de la propiedad de la tierra y los medios de producción.

A través del desarrollo de infraestructura, la industrialización y la generación de valor en las regiones, la conexión a los mercados, la sustitución voluntaria de cultivos de coca por la producción de alimentos, inversiones en educación y salud, y el acceso a créditos, se busca crear las condiciones para que el campesinado pueda llevar a cabo una agricultura de subsistencia y vender sus excedentes. De esta manera, se pretende dar el impulso productivo y tecnológico necesario al sector agrario colombiano, con el fin de que el país recupere su soberanía alimentaria.

Existe ya una buena base para ello y son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), áreas autogestionadas donde el Estado reconoce al campesinado como sujeto de derecho, garantizando sus necesidades básicas y su forma de vida tradicional.

Con las ZRC se busca crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina en las zonas respectivas. Con ellas también se regula la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a las y los campesinos de escasos recursos. Junto al campesinado se construye una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política que facilita la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. Se fortalecen así los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local.

Las ZRC, reguladas por la Ley 160 de 1994, fueron estigmatizadas y bloqueadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque. Solo con Gustavo Petro han recibido verdadero respaldo. Actualmente, hay 14 ZRC, siete de las cuales han sido reconocidas durante el gobierno de Petro.

Reactivando el sistema nacional de reforma agraria, revitalizando y ampliando las Zonas de Reserva Campesina, formalizando el acuerdo de compra de tierras con FEDEGÁN, acelerando y apoyando la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras y poniendo en marcha la implementación del Acuerdo de Paz, ya se observan progresos significativos en materia agraria, pese a la gran oposición y a las dificultades técnicas de la implementación.

En junio de 2024, el Congreso aprobó el reconocimiento de campesinas y campesinos como sujetos de derechos, destacando su papel como sujetos políticos con derechos especiales de protección, así como con derecho a consultas previas, antes solo otorgado a los pueblos indígenas, afrocolombianos y demás grupos étnicos. El mismo día, el Senado aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR), el avance más significativo en la implementación del acuerdo de paz en seis años. La JAR instalará jueces especializados en áreas conflictivas, mejorando el acceso a la justicia para la población rural y promoviendo la paz territorial. Esta jurisdicción permitirá resolver disputas sobre derechos de tierras, baldíos y propiedad pública.

No obstante, se necesita otra ley que defina las competencias de los tribunales agrarios y establezca procedimientos rápidos para resolver disputas. Este proyecto enfrenta una fuerte oposición política que podría retrasar su progreso y, en última instancia, socavar la confianza de la población rural en las instituciones.

Hasta mayo de 2024, se han adquirido y gestionado 1.065,109 hectáreas para la reforma agraria mediante compra, formalización de títulos de propiedad, recuperación y clarificación de baldíos, extinción de dominio a favor de la nación, restitución de tierras y confiscación de terrenos a narcotraficantes. Es un hecho que la población campesina sin tierra, las víctimas históricas del conflicto, está siendo reconocida por primera vez por un gobierno. Se está construyendo un nuevo relato, un relato que visibiliza la realidad extremadamente injusta de la acumulación de tierras y se empieza el proceso de cambio con hechos concretos.

En junio de 2024, se entregaron títulos de 800 hectáreas a 35 familias en El Aro, Ituango, donde la masacre paramilitar en 1997 provocó el desplazamiento de más de mil campesinos y campesinas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano en 2006, obligándolo a indemnizar a las víctimas, un fallo ignorado por los gobiernos anteriores. A principios de junio, más de 2,000 hectáreas de tierras confiscadas a la mafia fueron entregadas a 181 familias en Bolívar, Sucre y Cesar, regiones afectadas por violencia y despojo de tierras. En mayo de 2024, se formalizaron títulos colectivos de más de 3.000 hectáreas para comunidades afrocolombianas en siete departamentos, beneficiando a 1.046 familias. En Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, la administración Petro entregó 658 hectáreas a campesinos y campesinas, compradas previamente a un ganadero.

Sin duda, la cuestión de la tierra está en el centro del conflicto. Por ello, la reforma agraria es una condición esencial para la paz futura. Cada vez es más evidente que el gobierno de Petro está sentando las bases de esta reforma y avanzando en la dirección necesaria. El éxito de la reforma dependerá de la continuidad del proyecto político progresista; una continuidad que permita ver y afianzar los resultados a largo plazo. El camino es largo y una reforma agraria, un proceso de largo aliento. Tras décadas de política de despojo y acumulación, se está dando un primer paso hacia un futuro donde sean las personas, y no las vacas, quienes habiten los campos.