Privatización en vez de transición justa

Für die deutschsprachige Version hier klicken

¿Qué importancia tiene hoy en Uruguay el llamado hidrógeno verde?

Aún no tiene importancia desde un punto de vista energético porque no hay una perspectiva de que se fuera a utilizar acá. Si bien se habla de producción, todo indica que va a ser 100% para la exportación. Tiene una importancia sin duda a nivel económico: Los gobiernos últimamente se han dedicado a captar inversiones extranjeras.

Al igual que otros países latinoamericanos, Uruguay es actualmente muy atractivo para las inversiones en proyectos de hidrógeno. ¿Por qué?

Específicamente en Uruguay hay actores que ven 3 puntales que hacen que los proyectos aterricen acá: Hay cierta estabilidad política y tienen un marco regulatorio que los ampara bastante bien en la producción de energía eléctrica. Aunque no tanto del hidrógeno verde, porque allí no hay mucha regulación todavía. Y después que es un país que ha picado en punta en lo que son energías renovables con el cambio matriz energética que tuvo en la última década. Tiene energías renovables para iniciar los proyectos y capacidad para poder instalarse también.

En julio, el Gobierno presentó una hoja de ruta para la producción de hidrógeno verde de aquí a 2040. ¿Qué dice?

Se prevé un crecimiento exponencial de lo que es la potencia eléctrica instalada en el país. Algo que vemos con mucha preocupación de parte del sindicato y la empresa por los problemas que trae. Primero, técnicamente no sabemos si el sistema eléctrico lo va a soportar. Sin duda que ahí va a haber que invertir en lo que son las líneas de transmisión para poder soportar toda esa carga. Están hablando de multiplicar las energías renovables que tenemos – biomasa, eólicas y fotovoltaicas – por 8 o 9 veces de aquí al 2040.
Y ahí se abren muchos espacios de discusión. Son capitales extranjeros, son generadores privados, los que vienen a instalarse y se van a conectar a la infraestructura existente que es del Estado. ¿Cuánto el estado uruguayo va a poner para que estos capitales vengan a invertir? Después se abre una disputa también por el territorio, por el suelo. El proceso de hidrógeno no necesita mucha superficie para una planta, pero sí todo lo que es la generación eléctrica.

¿Cuáles son los proyectos y actores concretos que pueden observarse ya?

No hay ningún proyecto piloto ni nada que esté funcionando, sino que se está especulando bastante. Se habla de hidrógeno, se habla de combustibles sintéticos, se habla de amoníaco. Todavía no está del todo definido cuál va a ser el producto final. Vemos también que hay incertidumbre como por ejemplo el tema logístico de cómo transportar y enviar ese hidrógeno, una salida como llegar al puerto.

Todos los proyectos que están hoy en Uruguay están en una etapa de factibilidad y consiguiendo permisos ambientales para poder instalarse. Puntualmente hay un proyecto de HIF, una empresa que ya está instalada en Chile que son capitales americanos. ENERTRAG de Alemania también tiene un proyecto en un pueblo pequeño en Tambores. Allí sabemos que ha tenido un problema con los vecinos del pueblo.

¿De qué se trata?

En el proyecto Tambores supuestamente van a utilizar agua subterránea, que son del acuífero guaraní. Es una reserva de agua dulce que siempre se ha tratado de cuidar. El proyecto de HIF ya está sobre el río Uruguay que compartimos con Argentina, ahí también va a haber una discusión por la utilización de esos bienes. De hecho, todos los gobiernos están en la misma carrera en Sudamérica: Argentina, Chile, Brasil, todos están en una carrera por quién genera mejores condiciones para esos contratos, quién genera la tonelada de hidrógeno más barata.
Entonces hay cierto grado de incertidumbre si realmente los proyectos se terminan ejecutando acá en Uruguay. Y si el hidrógeno realmente no se llega a generar, nos vamos a quedar con generadores privados comercializando energía

Su sindicato lleva años criticando la privatización en el sector energético…

Como sindicato, llevamos 75 años luchando por el acceso a la energía y para tenerlo estampado en la Constitución. Por eso, estamos luchando para frenar la privatización del parque generador. Nosotros tuvimos el cambio de matriz energética acá, se aprobó y comenzó a funcionar en el 2010, más o menos en el 2015 teníamos los primeros parques eólicos. Por ahí la gente estaba muy esperanzada en que el costo de la energía fuese a ser más económico. Han pasado 10 años y no, por lo contrario, va en aumento cada vez más.
Entonces por ahí nosotros tenemos una campaña de hace 10 años donde no definimos que la tarifa sea cara o barata, sino que es injusta. Porque el que más tiene menos paga y el que menos tiene paga más. Entonces una de nuestra reivindicaciones es la disminución del costo de la energia eléctrica a nivel residencial y generar políticas sociales que garanticen el acceso a la energía para todos y todas.
Siempre estamos en una disputa constante, en esta transición energética a quién se favorece con esa energía. ¿Por qué estamos generando energía y para quién? Por otra parte Hoy vemos un problema dado que, hay un mercado eléctrico donde los pequeños clientes no tienen ni voz ni voto, siempre el mercado mayorista donde los grandes generadores y grandes consumidores terminan definiendo lineamientos y estrategias en temas de energía.

El discurso de la transformación justa también va de la mano de la imagen de una cooperación Norte-Sur «en pie de igualdad». Desde su punto de vista, parece que las desigualdades entre Norte y Sur tenderán a profundizarse, incluso con nuevas fuentes de energía como el hidrógeno…

Todos estos proyectos que vienen bajo la etiqueta de lo verde y lo renovable terminan siendo buena noticia: vamos a producir hidrógeno verde para descarbonizar. Estas noticias vienen acompañadas de un paquete de 4000, 6000 millones de dólares y con promesas de empleo para todo el pueblo.

Lo que vemos ahora son todos proyectos sumamente extractivistas donde el capital llega, se instala en el país, genera en función del agua y de la energía renovable que tenemos el hidrógeno para exportar nada más. ¿Entonces qué le queda al Uruguay de eso? Muy poco. Tenemos experiencias similares con las papeleras que se han venido a instalar en los proyectos grandes de plantas de celulosa. A la larga hemos visto con el tiempo de que el empleo no queda. Entonces descarbonizamos para otros en otro lugar y después vemos que no es tan así porque las empresas también traen a sus técnicos para trabajar.

¿Qué papel desempeña actualmente AUTE en este contexto?

En este año en Uruguay hay elecciones gubernamentales. Puede ser que haya un cambio de gobierno o no, y buscamos alguna ventana donde podamos discutir un poco más estos proyectos que están encaminados. Pero sabemos que independientemente de quién esté en el gobierno, cuando estos capitales están arriba, es muy difícil de frenarlos.

La crítica que sí hacemos es que estos proyectos no se discutieron con la sociedad, fue algo muy acelerado donde el gobierno actual cerró contratos confidenciales. En los lugares donde se van a instalar, los pobladores están organizándose, haciendo alguna manifestación, alguna demanda también contra las empresas, contra el estado, solicitando más información. No es una discusión que se haya masificado, nosotros como AUTE lo venimos discutiendo hace un tiempo, pero ahora llevamos el tema a la central de PIT-CNT que es la convención nacional de trabajadores. También intentamos discutirlo con trabajadores ANCAP, la empresa de combustibles y con OSE, la empresa del agua para poder aunar fuerzas y poder salir al interior del país que es donde se van a instalar estos proyectos. Ahora en noviembre vamos a intentar hacer un conversatorio con los vecinos de Paysandú, departamento donde se va a instalar la empresa HIF con su proyecto. La idea es exponer nuestro punto de vista, poder intercambiar y discutir sobre el impacto que pueden tener estos proyectos a mediano y largo plazo. Porque a corto plazo y durante la instalación y ejecución de estos proyectos no se ve un impacto muy grande, pero basta con que pasen al menos 5 años y ya el impacto se empeza a notar de diferentes maneras. Entendemos que es difícil, ya hay contratos firmados, es difícil de frenar, pero por ahí sí puede ser posible mejorar las condiciones y que de ejecutarse e instalarse algunos de estos proyectos realmente generen un beneficio al país y la sociedad.

¿Qué falta aún para una transición energética justa?

Nosotros antes estuvimos a punto de tener cortes por falta de energía. Y si bien hoy dejamos de depender bastante del petróleo, pasamos a depender de generadores privados. El estado no llega ni al 40% de la generación que hay hoy en el país, entonces hay una pérdida de soberanía importante. Hablamos también de que en la transición justa también que la soberanía energética es importante a nivel país.

Para que la transición sea justa y que este tipo de proyectos realmente generen una justicia social en el país, tiene que intervenir mucho más el estado en estos proyectos. No puede quedar solo en manos de privados, porque termina siendo 100% extractivismo puro y nada más. Entonces siempre nosotros luchamos para que el Estado sea parte del proyecto y regule el negocio, donde parte de las ganancias puedan ser invertidas a políticas públicas que cubran las necesidades de la sociedad y que terminen generando cierto grado de justicia. Estamos hablando de bienes naturales que son finitos. Por ejemplo el acuífero guaraní es algo que es finito y tenemos que cuidarlo. Pero para que el estado intervenga más, para que exsita una transición justa, para que la energía deje de ser una mercancia y pase a ser un bien, se necesitan voluntades políticas – algo que no vemos hoy por hoy en nuestro país.