En el siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales estableció un monopolio sobre la producción de opio, que permanecería en manos británicas hasta después de la Primera Guerra Mundial. La explotación de los campesinos hindúes y hambrunas contrastaban las enormes ganancias británicas. A través de dos guerras, Inglaterra forzó la apertura de China e inundó el mercado chino con opio. Entre las consecuencias se contaban un número de adictos masivo, la anexión de Hong Kong, el saqueo de tesoros artísticos, aún presentes en museos de todo el mundo, y, sobre todo, la eliminación del déficit comercial inglés con China. Mientras los ingleses importaban seda, té y porcelana de China, el mercado chino permanecía cerrado a los productos ingleses.

A finales del siglo XIX, lxs inmigrantes chinxs también jugaron un papel en la primera crisis de opio de Estados Unidos. Aunque su uso medicinal se remonta a la Antigüedad, a fines de siglo se convirtió en un problema. El uso de la morfina en los lazaretos de la Guerra Civil (1861-65) contribuyó, sobre todo en los estados del sur, al gran número de personas adictas. Sin embargo, las primeras leyes penalizaron ante todo la forma china de consumir opio, es decir, fumándolo. Desde el principio se trató de una cuestión de segregación racial; por ejemplo, en Idaho se prohibió exclusivamente a los blancos establecer o frecuentar los fumaderos de opio, que se asociaban con la prostitución y el juego. En este contexto se inscribe asimismo la Ley de Exclusión China (1882), que suspendió de facto la migración procedente de China y contribuyó a la marginación de las comunidades chinas.

Tras el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de las leyes Jim Crow (1896), que consolidaron legalmente la segregación racial, y con el aumento de la demanda de mano de obra en las fábricas del norte y del Medio Oeste, se inició la denominada Primera Gran Migración (1910-1940). No es casualidad que en esa época surgiera la narrativa del negro adicto a la cocaína. En 1914, el New York Times publicó un artículo que fantaseaba con agresiones a mujeres blancas en los estados del sur, las cuales serían el resultado de negros bajo la influencia de cocaína. Una vez más, se trataba de la segregación racial, del acceso a los mercados laborales y del control de cuerpos racializados, incluso en ausencia de una segregación explícitamente establecida por la ley.

Con el fin de la Ley Seca en 1933, los antiguos agentes antidroga centraron su atención principalmente en la marihuana, que pasó a considerarse la “droga asesina”. Una figura clave en este contexto fue Harry Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos, fundada en 1930. En su propaganda se mezclan racismo y sexismo con un discurso cristiano, el cual se convirtió en el fundamento de la política antidroga estadounidense.

John Ehrlichmann, asesor político de Nixon y uno de los implicados en el caso Watergate, afirmó en una entrevista en 1994 que, la “guerra contra las drogas”, tuvo como objetivo criminalizar los movimientos pacifistas y el movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses. En ese período, los debates que se dan en las Panteras Negras demuestran que comprendían perfectamente esta estrategia. Las normas del partido respecto a las drogas eran estrictas, y Michael Tabors acuñó la pegadiza frase “Capitalism Plus Dope Equals Genocide”. La lucha contra las drogas formaba parte de la resistencia: en defensa de la salud y como protección frente a los abusos policiales.

En la década de 1980, Reagan endureció la guerra contra las drogas. La Ley contra el Abuso de Drogas (1986) introdujo penas severas por posesión y venta de crack. La pena era de 100 a 1 en comparación con la cocaína convencional; posteriormente, la Ley de Sentencias Justas de Obama reduciría esa proporción a 18 a 1. Esto también se acompañó de la introducción de penas mínimas: 5 años de cárcel por 5 gramos de crack. Así, la guerra contra las drogas impulsó, desde finales de los años 80 y durante los 90, un régimen de detenciones masivas con efectos devastadores para las comunidades afroestadounidenses.

Ante la propagación de la metanfetamina, también aumentaron los encarcelamientos de personas blancas de clases bajas. Mientras tanto, la crisis de los opioides de los últimos 20 años es testimonio de una política clasista, patrocinada por el lobby farmacéutico, que tradicionalmente se encuentra entre los principales donantes. En lugar de abordar la pobreza, las condiciones laborales miserables, los factores ambientales nocivos para la salud y las causas del estrés psicosocial, los médicos recetan analgésicos potentes. La crisis del fentanilo es el resultado de esta política.

Mientras Trump habla abiertamente de intervenir contra los cárteles en México, la mayor parte de sus armas provienen de Estados Unidos. Una investigación del diario The Intercept ha rastreado casquillos de bala incautados en México hasta una fábrica del ejército estadounidense. En el pasado, también acabaron modelos de Heckler & Koch en manos de bandas armadas. En definitiva, las contradicciones son una constante: mientras que en los años 60 el Kuomintang anticomunista convirtió el Triángulo Dorado en el centro de la producción mundial de heroína, en los años 80 los Contras nicaragüenses vendieron toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Y así, los fondos no solo fluyen hacia las fábricas de armas del norte global, que, convenientemente, equipan a todas las partes implicadas: en flujos financieros opacos se entrelazan servicios secretos, los dineros del narcotráfico y las altas finanzas. Una lavadora de dinero transnacional para beneficios procedentes de las fuentes más diversas. Por ejemplo, la extracción ilegal de oro en Perú, que se lleva a cabo utilizando mercurio. Actores como Jalisco Nueva Generación controlan minas de mercurio ilegales y semilegales y, según la ONG EIA, participaron entre 2019 y 2025 en el contrabando de unas 200 toneladas de mercurio. Entre otros destinos, Perú. Oswaldo Zavala afirmó hace unos años que “los cárteles no existen”; lo que existe es una estructura creada por el Estado que tolera la formación de grupos armados y los procesos de explotación económica. Su tesis es discutible. Sin embargo, la explotación abusiva de la naturaleza y del ser humano es más que evidente.

Los narcofemicidios y la explotación sexual de niñas y mujeres son parte integrante de esta estructura profundamente patriarcal. Mientras que Estados Unidos tiene el mayor número de presos del mundo, las cárceles de América Latina  y del Caribe son las más sobrecargadas, con una tasa de ocupación media del 160 por ciento. La región también tiene la tasa más alta de mujeres encarceladas. En la lucha contra las drogas, las mujeres son castigadas con mayor dureza y, proporcionalmente, con mayor frecuencia, sobre todo si son pobres.

Así que quien no quiera hablar de explotación debería callarse y no hablar sobre el crimen organizado. Ya se trate de ejecuciones extrajudiciales en el Pacífico — según el relator especial de la ONU —, de Noboa, que compra armas y mercenarios estadounidenses, o de las redadas de policías militarizados en las favelas brasileñas que acaban en masacres; nada de eso tiene que ver con seguridad. Cuando deportan a personas sin fundamento jurídico y a cambio de dinero a la prisión modelo del dictador Bukele, eso no es otra cosa que tráfico de personas ¿Y cuándo desaparecen mujeres en Ciudad Juárez? A Trump, que frecuentaba la isla de Epstein, no le interesa en lo absoluto. La lógica de la creciente militarización, amablemente respaldada por las grandes empresas tecnológicas, es un buen negocio y un vehículo para un giro autoritario. El “narcoterrorismo”, por tanto, es ante todo útil y rentable.

Los ciclos profundamente arraigados de violencia y corrupción son reales y complejos. No debemos negar esa complejidad. Sin embargo, la lógica de la guerra solo ha conducido a un aumento de muertes, detenciones y un flujo creciente de drogas. Reduce la complejidad a la lógica binaria de amigxs y enemigxs ¿Y quiénes son los enemigos, a juzgar por lxs muertxs y lxs detenidxs? En general, siempre lxs más débiles y marginalizadxs. Y mientras cada vez en cuando se saca de su escondite a un “capo” para dar espectáculo a los medios, sigo esperando la espectacular detención de un ejecutivo en Wall Street. O que, en una redada antidroga, se persiga a políticos con el torso desnudo por los terrenos del Bundestag.

La guerra contra las drogas es una lucha de clases desde arriba. Es una manifestación de políticas racistas e imperialistas y de profundas estructuras coloniales. Desde Perú, pasando por Colombia y México, hasta el Bronx; ya sea en las favelas de Río o centros de contrabando como Marsella o Nápoles, la resistencia siempre es una autoafirmación. Es la autoafirmación frente a políticas que, basándose en líneas racializadas, de género y de clase, criminalizan y en última instancia distinguen entre el derecho a la vida y la muerte. Y por eso vuelvo a preguntar: ¿quiénes son realmente los terroristas?