El 20 de noviembre de 2006, José Antonio García Apac, fundador del semanario Eco de la cuenta del Tepalcatepec, llamó a su hijx mientras conducía en la región de Tierra Caliente. En plena llamada, su familia escuchó cómo era detenido en un retén. “Buenas noches, jefe”, dijo Apac, como solía referirse a lxs militares. Después, golpes, ruidos y silencio. Nunca más se volvió a saber de él ni de la camioneta que conducía.

Apac había denunciado en sus publicaciones la colusión entre policías, militares y cárteles. Incluso había expuesto la forma en la que operaban los grupos delictivos en la región y el surgimiento de La Empresa, organización criminal que después se convertiría en La Familia Michoacana. Tras su desaparición se abrió una investigación que pronto se diluyó entre incompetencias, traslados de expedientes y años de inactividad. Los testimonios que le vinculaban con amenazas por su trabajo periodístico fueron ignorados. Hoy, casi dos décadas después, la búsqueda oficial está estancada.
El 11 de noviembre de 2009, María Esther Agilar Cansimbe salió de su casa en la ciudad de Zamora tras recibir una llamada. Llevaba solo su radio Nextel. Nunca regresó. Tenía 34 años, dos hijas pequeñas y una trayectoria de 17 años.

En sus notas había denunciado abusos policiales y nexos de mandos locales con el crimen organizado. Entre sus pertenencias se halló un documento que señalaba al entonces director de la Policía Municipal de Zamora, Jorge Arturo Cambroni, por rodearse de escoltas ligadxs a La Familia Michoacana y Los Zetas. También existía un fax anónimo que describía su secuestro por ordenes directas de Cambroni. Ninguna de estas pruebas fue investigada a fondo. La físcalía calificó inicialmente su caso como “privación ilegal de la libertad” sin activar protocolos urgentes de búsqueda. Durante más de una década, las líneas que apuntan a su actividad periodística fueron sistemáticamente ignoradas.

Ambos casos ocurrieron bajo el mismo clima: Michoacán como epicentro de la militarización en México. Con el despliegue del Operativo Conjunto Michoacán, se enviaron 4200 elementos del Ejército, 1000 de la Marina y 1400 policías federales a ocupar el territorio con la promesa de recuperar el control. Esto marcó el inicio de una espiral de violencia donde la empresa quedó expuesta como blanco directo de la macro criminalidad y la colusión estatal.

La respuesta institucional fue la misma: desdén, retrasos, pérdidas de pruebas, investigaciones que nunca llegaron a la verdad. La creación de instancias como la FEADLE no rompió la lógica de la impunidad estructural: expedientes cerrados sin agotar líneas de investigación, pruebas extraviadas, largos periodos de inactividad y una autocensura forzada que terminó asfixiando el periodismo local.
Las desapariciones de García Apac y Aguilar Cansimbe son más que historias individuales: son parte de una maquinaria de violencia e impunidad que atraviesa a México. Son un espejo que refleja la manera en la que el Estado no solo es incapaz de proteger a la prensa, sino que en muchos casos resulta cómplice por acción u omisión. Sus nombres se suman a una lista que duele: al menos 28 periodistas han desaparecido en México en los últimos 20 años debido a su labor periodística.

Ante la falta de respuestas, sus familias, acompañadas por la organización mexicana Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La denuncia señala la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición de lxs periodistas. Estas acciones internacionales representan la última vía para exigir justicia. No solo porque expresan las deficiencias sistemáticas del sistema de investigación penal en México, si no también porque fomenta la impunidad de los delitos contra periodistas en un país azotado por la violencia generalizada contra la prensa.

“Las desapariciones forzadas de la periodista María Esther Cansimbe y de José Antonio Apac son ejemplos de la violencia extrema contra la prensa en México”, enfatiza Sara Mendiola, directora de la organización de derechos humanos Propuesta Cívica. “Son evidencia de la impunidad profunda, de las ausencia de una política penal pública para la investigación de violaciones graves a derechos humanos, y de la falta de voluntad del Estado mexicano para castigar estos delitos. El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo un camino solitario.