LUCHE Y SERÁ LEY

“Lo conquistamos. ¡Es Ley!” A las 4 de la mañana, la vicepresidenta Cristina Fernández anuncia el resultado / Fotos: Daniela Cilli

“Hoy es historia, no hay más que decir. Es un derecho ganado, y vamos por más”, le decía entre sollozos a la periodista una de las miles de pibas que esperaban el resultado de la votación afuera del Congreso. Que era un día histórico lo sabían lxs que estaban en las calles de todo el país frente a las pantallas gigantes y lxs que seguían el debate por televisión o por radio. También lo sabían lxs senadorxs que entraban a la sala con un pañuelo, un barbijo o un detalle en la vestimenta que delataba su voto. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, desde el 30 de diciembre, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se dice ley. Su aplicación, de carácter obligatorio en todo el país, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2021.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con el número 27.610 viene a reemplazar el sistema de causales vigente desde 1921 por un sistema mixto (de plazos y causales). La vieja ley consideraba que el aborto era no punible sólo en caso de peligro para la salud o la vida de la persona gestante, malformaciones fetales o violación. La nueva normativa reconoce el derecho a las personas gestantes de interrumpir su embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional, y sólo en caso de estar fuera del plazo estipulado será posible en función de las causales mencionadas. Por otro lado, también determina los derechos y las condiciones mínimas que debe garantizar el personal de salud: un trato digno, privacidad y confidencialidad de la información y respeto de la autonomía de la voluntad. Con esta ley, además, no será juzgadx quien decida abortar (siempre y cuando se respeten los plazos indicados), sino el o la funcionarix públicx o personal de la salud que retrase, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. “Hasta hoy, el Estado respondió con amenaza de cárcel, con procesos penales, con cárceles efectivas, con clandestinidad y con riesgo para la vida y la salud. A partir de ahora cambiamos este paradigma”, sostuvo con la voz quebrada Vilma Ibarra, secretaria de la Presidencia Legal y Técnica y redactora del proyecto, el pasado 14 de enero en el Museo de la Casa del Bicentenario. En este nuevo paradigma, la persona gestante decide, y el Estado y el personal de salud garantizan.

Como toda gran conquista, la IVE es el resultado de numerosas luchas. El primer proyecto de ley fue presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 1992, y tras múltiples negativas recién logró la media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2018. La aprobación de los diputados fue una fiesta, pero la alegría decayó en agosto, cuando fue rechazado en el Senado (LN 531/532).

La marea verde Alzando los pañuelos / Fotos: Daniela Cilli

Durante su campaña electoral, el presidente Alberto Fernández prometió enviar el proyecto de ley IVE antes de que terminase el 2020. Estallada la pandemia, el envío se postergó constantemente, lo que fue celebrado por lxs antiderecho, ese sector de la población que se hace llamar “provida” y porta pañuelos celestes. Celeste “por su parecido con los colores patrios, que está relacionado con nuestra identidad”, le explicó Raúl Magnasco, presidente de la organización +Vida, a la agencia de noticias Télam. “Provida” porque alegan estar a favor de la vida (implicando así que quienes están a favor de la legalización y despenalización del aborto no lo están). “Provida” que hacen caso omiso en sus argumentaciones de las muertes por abortos clandestinos, y que no parecen inmutarse frente a la criminalización y/o violación de los derechos de quienes abortan. Como la senadora Silvia Elías Pérez, quien durante su exposición en el debate del 29 de diciembre señaló que no se olvida “todo lo que tuvo que pasar [Rodríguez Lastra] por salvar una vida”. El ginecólogo había sido juzgado por negarse en el 2017 a practicarle un aborto no punible a una adolescente, obligándola a parir.

Los días pasaban y el proyecto no aparecía. Pero la “marea verde” nunca es baja. “Es urgente”, “la discusión no es “aborto sí o aborto no”, es aborto legal o clandestino”, gritaba en los medios, en las redes sociales, en las calles. Y en el grito aparecían las muertas (al menos 3030 desde el retorno de la democracia) y la cifra de abortos realizados por año, que según registros oficiales de los centros de investigación CENEP y CEDES del año 2005 se estima es entre 370.000 y 520.000 cada año.

En espera En la madrugada del 30 de diciembre anunciaron los resultados / Fotos: Daniela Cilli

En el 2019, 9.366 de esos abortos fueron asistidos por las Socorristas (socorristas.org), una colectiva feminista con núcleos en todo el país que desde el 2014 acompaña a mujeres y personas gestantes en la decisión y en el proceso de intervención de su embarazo (LN 541/542). Porque donde el Estado no está, ahí están ellas. Pero era hora de que el Estado asumiera la responsabilidad que le corresponde.

Donde no hay palabras necias, no puede haber oídos sordos. Así, el 17 de noviembre de 2020, antes de que caducara su promesa, Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias. Junto con la IVE presentó el llamado “Plan de los Mil días”, una ley (nr. 27.611) que procura garantizar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El proyecto de IVE llegó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. El debate duró 22 horas, y su aprobación hizo temblar el suelo del Congreso. Y del país todo. El festejo fue inmenso pero precavido (todavía se sentía el sabor amargo del 2018). Sin embargo, se rumoreaba que esta vez sería distinto.

Desde la aprobación de los diputados hasta la discusión en el Senado no hubo un solo día en el que no se hablara de la IVE. A favor o en contra, estaba en todos lados. Había copado las cenas familiares, la escuela, el trabajo, las redes, los medios. Esa omnipresencia ya era una victoria, pero todavía faltaba que fuera ley. Cuando se anunció la fecha de la sesión en la Cámara, empezaron la cuenta regresiva y los planes para la vigilia.

El senado en sesión Marcha frente al congreso de la nación / Fotos: Daniela Cilli

Dentro del Congreso el debate empezó el 29 de diciembre a las 16 horas. De los 70 senadores presentes, expusieron 59. En la mayoría de los casos, el voto emitido era conocido. En otros la decisión se hizo esperar. Según el recuento no oficial, o “poroteo”, eran siete lxs senadorxs que habían entrado al recinto sin una decisión tomada. La conversión de lxs que en el 2018 habían votado en contra o con una abstención fue clave para el resultado final. Una de las primeras conversas fue Silvina García Larraburu, del Frente de Todos. Casi al borde del llanto, la rionegrina declaró haber comprendido que “más allá de mis creencias estamos ante un tema que requiere un abordaje de la salud pública”. Dijo que su voto era un voto deconstruido y que “deconstruirse es difícil” porque  „tambalean las estructuras”. La radical neuquina Luciana Crexell también logró hacer a un lado sus creencias personales y transformó su abstención en un voto afirmativo alegando que “no se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata y lastima, y que escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos se niegan a ver”.

29 fueron lxs senadorxs que se negaron a ver que el aborto es un derecho de salud pública, y que está comprobado que en aquellos países que lo permiten en su legislación redujeron las complicaciones por prácticas inseguras; que no es el aborto el que mata, sino la clandestinidad. 29 fueron los que se negaron a ver que el aborto es un derecho humano, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal. Entre esos 29, sorprendieron, por insólitas, las intervenciones del senador Dalmacio Mera, quien comparó el proyecto con la matanza de cerdos en la Inglaterra el siglo XIV, y la de la senadora María Belén Tapia, quien afirmó que “los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno los senadores”, y vaticinó una maldición en caso de que el proyecto se legalizase. También estuvieron los que, como el senador Roberto Basualdo, votaron en contra e insistieron en que “tendríamos que estar todos unidos previniendo”, sin percatarse de que nadie nunca negó la necesidad de prevención y educación. En la consigna de la Campaña, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, esa premisa ya estaba clara.

Es Ley El País volvió a temblar / Fotos: Daniela Cilli

Un senador, Guillermo Snopek, no supo qué ver y se abstuvo. Pero otros 38, sí lo vieron. De esos 38, algunos vieron, además, que el aborto legal, seguro y gratuito también es justicia social “porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un Estado presente, preservando la salud de todas”, como sostuvo la senadora del Frente de Todos Ana Claudia Almirón, en uno de los discursos más ovacionados, dentro y fuera del recinto. Todas son esas que abortan y lo hacen pagando en una clínica privada y las que ponen en riesgo su vida o la pierden en el intento por no contar con los medios necesarios. Todas son también esas niñas tantas veces obligadas a parir. “Niñas no madres”, en América Latina es mucho más que un hashtag. Según las cifras del Ministerio de Salud, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son de niñas menores de 15 años.

Almirón también supo ver que lo que se discutía en esa jornada era el producto de algo que había empezado afuera y hace tiempo. “Esta ley es de ellas”, afirmó, “este proyecto es de ellas, lo lograron ellas, lo militaron, lo pusieron sobre la mesa y simplemente nos están pidiendo a nosotros que ratifiquemos lo que ellas ya ganaron en las calles.” Las calles le devolvieron ese reconocimiento con gritos eufóricos y revoleo de pañuelos.

A las 4:12 de la madrugada del día 30, cuando Cristina Fernández anunció el resultado, el país volvió a temblar. La IVE no “le puso fin al patriarcado”, como diría más tarde Alberto Fernández. Pero sí le dio un sacudón.

“La marea verde se volvió un tsunami”, se leía en una de las tantas pancartas. Y este tsunami nunca para. Mientras permanece atento a que la ley se implemente, empieza a preguntarse por el destino de esas mujeres que ya han sido injustamente juzgadas, en un tiempo en que el aborto aún no era ley.

 

OB DAS GESETZ KOMMT ODER NICHT: WIR MACHEN WEITER

CECILIA BRAGA (links im Bild) ist Psychologin aus der Provinz Neuquén, Patagonien (Argentinien), und Mitglied des feministischen Kollektivs La Revuelta. Sie hat ihre Abschlussarbeit über Abtreibung in Argentinien geschrieben und kam deshalb in Kontakt mit La Revuelta, wo sie seitdem engagiert ist. Seit Januar 2018 ist sie Teil des Kollektivs und begleitet Frauen und Queers, die abtreiben wollen.

ROSA MALDONADO ist Krankenschwester. Sie lebt in Barcelona, wo sie als Mitglied der feministischen Organisation Mika für Frauen*rechte kämpft. Außerdem engagiert sie sich im Kampf für ein universelles und kostenloses Gesundheitssystem. Sie arbeitete in Argentinien als Gewerkschaftsdelegierte des Krankenhauses Castro Rendon und unterstützte zwischen 2001 und 2004 die Arbeiter*innen der Fabrik Zanon, die unabhängig die Fabrik wieder in Gang setzten.

 

Abtreibung ist in Argentinien illegal, so wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern. Sie begleiten Frauen und Queers, die sich dazu entscheiden, es dennoch zu tun. Trotzdem treten Sie öffentlich und mit vollem Namen auf?
Cecilia Braga: Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir verstecken uns nicht.
Rosa Maldonado: Wir geben nur Informationen heraus und begleiten Frauen, die abtreiben wollen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.

Haben Sie keine Angst?
C.B.: Unser Aktivismus ist riskant. Wir und die Frauen, die wir begleiten, riskieren viel. Die Abtreibungen an sich sind aber nicht wegen der dabei verwendeten Medikamente riskant, sondern weil sie heimlich stattfinden. Die Frauen sterben nicht an den Medikamenten, sondern an unsicheren Methoden.

Und dort kommen Sie ins Spiel. Wie entstand das Netzwerk der Socorristas?
C.B.: Wir kommen von La Revuelta, der ersten Organisation in Argentinien, die die sogenannte rosa Hilfe (socorro rosa), angewendet hat. La Revuelta gibt es seit 2001 und wendet seit 2013 die rosa Hilfe in Neuquén an. Im gleichen Jahr hat dieses Kollektiv die Entstehung des nationalen Netzwerkes der Socorristas angestoßen. Besagtes Netzwerk wuchs und gewann an Sichtbarkeit. Seitdem gibt es einmal im Jahr ein nationales Plenum. Dort treffen sich alle 52 Gruppen der Socorristas Argentiniens, um verschiedene Themen zu diskutieren.

Sie erwähnten die rosa Hilfe. Was ist das? Wie wird dabei vorgegangen?
C.B.: Die rosa Hilfe haben wir von Aktivistinnen in Frankreich übernommen. Es ist eine Möglichkeit, Frauen mit Abtreibungswunsch zu begleiten. Es gibt vier Schritte: Zuerst werden die Frauen telefonisch beraten. Dabei geht es darum, ihnen die Ängste zu nehmen und sie wissen zu lassen, dass wir sie begleiten und eine Lösung finden werden. Der zweite Schritt ist ein Workshop, in dem wir alle nötigen Informationen zur Abtreibung mit Medikamenten bereitstellen. Die Medikation, eine Kombination aus Misoprostol und Mifepriston, ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Wir wenden das von der WHO herausgegebene Protokoll an und werden dabei von Ärztinnen und Ärzten unterstützt. Wenn wir all diese Informationen an die Frauen weitergeleitet haben, füllen wir einen Vertrag aus, eine politische Vereinbarung des Netzwerks der Socorristas. Dieser Vertrag dient dazu, Informationen über die von uns begleiteten Frauen zu sammeln. Danach folgt die eigentliche Abtreibung und die anschließende medizinische Kontrolle. Außerdem gibt es noch die violette Hilfe (socorro violeta) für Fälle von Gewalt. Wir beraten nicht nur und stellen in Workshops Informationen zur Verfügung, wir begleiten auch den Moment der Abtreibung telefonisch und haben dafür Personen in Bereitschaft.

Wer organisiert die Workshops?
C.B.: Die Socorristas. Ich selbst bin Psychologin, die Mehrheit der Socorristas sind Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen oder arbeiten im Gesundheitswesen. Jede Person, die die Vorgehensweise kennt, kann den Workshop geben. Wir bilden auch Frauen aus, die lernen wollen, Abtreibungen zu begleiten. Letztes Jahr hat uns die marea verde [Anm. d. Red.: Grüne Flut, Bezeichnung der Bewegung für die Legalisierung von Abtreibung, die sich auf das Symbol der grünen Halstücher bezieht] überschwemmt, von 30 sind wir auf 52 Gruppen angewachsen. Es ist eine Herausforderung, Schulen für Socorristas aufzubauen und an abgeschiedene Orte des Landes zu reisen. Manche Frauen können nicht 600 km weit reisen, um den Workshop zu besuchen. Es war eine strategische Überlegung, diese Schulen aufzubauen, damit neue Gruppen entstehen.

Wie oft finden die Workshops statt?
C.B.: In Neuquén, einer der Provinzen, in der am meisten Frauen bei Abtreibungen begleitet werden, geben wir jeden Tag Workshops, manchmal zweimal am Tag. Und wir machen Gruppentreffen mit fünf, sechs oder mehr Frauen. Manchmal, wenn das Telefon heiß läuft, bieten wir sogar noch mehr Treffen an. Andere Provinzen, in denen ebenfalls viel begleitet wird, sind zum Beispiel Córdoba, Buenos Aires und Tucumán.

Wie finden die Personen, die abtreiben wollen, denn zu Ihnen?
C.B.: Es gibt hilfsbereite Ärzte und Ärztinnen, die unseren Kontakt weitergeben. Da gibt es einen Widerspruch, denn in Fällen von Vergewaltigung oder gesundheitlichen Problemen könnten sie einen legalen Schwangerschaftsabbruch gewährleisten. Warum also verweisen sie die Frauen an uns? Wir verlangen deshalb manchmal vom Gesundheitssystem Hilfe, in anderen Fällen wissen wir, dass da nichts geschehen wird und begleiten selbst. In Neuquén haben wir außerdem unglaublich viel Infomaterial verteilt. Zudem werden wir auch zu Gesprächen in Schulen eingeladen und bieten immer wieder Workshops an. In diesem Jahr haben wir eine beeindruckende Anzahl von Workshops in verschiedenen Schulen gegeben.

 

In Argentinien und Berlin: Für legale Abtreibungen (Foto: privat)

Was für ein Widerspruch, oder? Einerseits ist Abtreibung illegal, anderseits bieten Sie Gesprächsrunden in staatlichen Institutionen an….
C.B.: Ja, in Neuquén weiß die Regierung von uns. Wir werden von den Schulen eingeladen, um über Gewalt zu sprechen. Aber die Jugendlichen wollen mehr wissen: Wie wir das machen, wie wir begleiten. Also geben wir ihnen entsprechende Informationen. Es ist beeindruckend, wie sie darüber reden wollen. Da es viele Lehrer gibt, die das Gesetz der Integralen Sexualerziehung nicht anwenden, haben die Jugendlichen viele Fragen.

In Argentinien wird Misoprostol in Apotheken nur auf Rezept herausgegeben, theoretisch also nur in Fällen, in denen eine Abtreibung legal ist. Wie kommen Sie an die Tabletten?
C.B.: Manche Frauen besorgen sich das Medikament auf eigenen Wegen und wenden sich mit der Frage nach der richtigen Anwendung an uns. Denn oft erklären nicht einmal die Ärzte das Vorgehen. Es gibt auch Apotheken, die sich weigern, Misoprostol herauszugeben. Es war klar, dass nach der massiven Mobilisierung letztes Jahr, der grünen Flut, auch eine Gegenbewegung, dieses „Wir retten beide Leben“ entsteht. In vielen Apotheken verweigern sie sogar die Ausgabe der Pille danach, sie sagen dir: „Ich gebe dir das nicht, denn für mich ist das Abtreibung“. Wir haben Allianzen und Netzwerke mit internationalen feministischen Organisationen geschmiedet, die daran mitarbeiten, das Medikament zugänglich zu machen.
R.M.: Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Rahmen der Illegalität den Schwarzmarkt fördert. Nicht nur was die Medikation angeht, sondern auch die Praxis der Abtreibung. Es gibt Ärzte, die sich für Abtreibungen teuer bezahlen lassen. Anderseits gibt es auch Beschwerden vom Personal gynäkologischer Abteilungen, denen Misoprostol nicht einmal für die beiden Fälle, in denen Abtreibung legal ist, zur Verfügung steht. Die „Kindermütter“ sind da ein weiteres sehr deutliches Beispiel für die Abwesenheit des Staates. Vor zwei Wochen gab es in einem solchen Fall ein Urteil. Der Fall des Arztes aus Cipoletti, der eine junge Frau, die vergewaltigt wurde, betreut hat. Sie hat sich danach an uns gewendet. Sie wurde von der Polizei ins Krankenhaus geschickt und hat sich dort einem „Pro-Leben-Gynäkologen“ gegenüber gesehen. Dieser hat ihr nicht nur die Abtreibung verweigert, sondern auch noch eine begonnene Abtreibung gestoppt und später eine Geburt eingeleitet. Der Fall ist sehr bekannt, denn es war der erste Fall, in dem ein Arzt verurteilt wurde. [Anm. d. Red.: Der Arzt Leandro Rodríguez Lastra wurde beschuldigt, das Prozedere einer legalen Abtreibung gestoppt zu haben. Gemäß den Angaben der Staatsanwaltschaft verabreichte er einer vergewaltigten jungen Frau ein Medikament, welches den bereits begonnen Prozess rückgängig machte. Nach diesem Eingriff wurde das Opfer gegen ihren Willen bis zur Geburt zwei Monate im Krankenhaus interniert. Am 21. Mai 2019 wurde Rodríguez Lastra schuldig gesprochen].

Jedes Mal, wenn Sie eine Abtreibung begleiten, werden einige Daten erhoben. Erstellen Sie Statistiken über die Zahl der Frauen und Queers, die sich an Sie wenden und die Sie begleiten?
C.B.: Ja, wir systematisieren das. Die Daten und Statistiken sind auf unserer Website abrufbar. Diese Information dienen auch dazu, Mythen zu widerlegen: Zum Beispiel gibt es viele religiöse Frauen, die dennoch abtreiben. All diese Daten haben wir beispielsweise zum Kongress mitgebracht, als dort 2018 über die Legalisierung der Abtreibung debattiert wurde.

Wie funktioniert die Finanzierung des Netzwerkes? Woher kommen die Mittel?
R.M.: Wir finanzieren uns über verschiedene Projekte. In Barcelona zum Beispiel gibt es ein Projekt der Calala-Stiftung zum Thema Arbeit und Informationsverbreitung. Wir finanzieren uns aber auch durch kulturelle Veranstaltungen, die wir selbst organisieren und durch Spenden von Organisationen und anderen feministischen Kollektiven.
C.B.: Die, die schon länger dabei sind, haben uns erzählt, dass sie früher alles aus eigener Tasche bezahlen mussten. Wenn ein Treffen in einer anderen Stadt stattfand, wurden Fahrgemeinschaften organisiert. Heute können wir einen Bus mieten und gemeinsam reisen, und wer wenig hat, kann weniger zahlen.

Sie versuchen aktuell, eine Gruppe der Socorristas in Berlin aufzubauen. Mit welchem Ziel?
R.M.: Wir sind auf der Suche nach Solidarität mit unserem Anliegen, nach Unterstützung für unser Netzwerk. Ein weiteres Anliegen ist das Thema der Ultraschall-Untersuchungen. Wir bitten die Frauen, die abtreiben wollen, sich vorher untersuchen zu lassen. Ein Ultraschall vor der Abtreibung, um zu erkennen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sind und eine abschließende Kontrolluntersuchung. Sehr viele Frauen habe heute keine Krankenversicherung, also gehen sie in die öffentlichen Krankenhäuser, die wegen der Krisensituation, die das Land durchlebt, überfüllt sind. Dort müssen sie oft Monate auf einen Untersuchungstermin warten. Das ist ein heikles Thema, denn es ist nicht das gleiche, nach wenigen Wochen abzutreiben oder erst nach dem ersten Drittel der Schwangerschaft. Darum haben wir ein Projekt gestartet, mit dem wir versuchen, Unterstützung für die Anschaffung von vier Ultraschallgeräten zu gewinnen. Diese wollen wir in verschiedenen Orten des Landes einsetzen, in denen die wir die meisten Abtreibungen begleiten. Auch die bedürftigsten Frauen, ohne Krankenversicherung, sollen Zugang zu einer Ultraschalluntersuchung vor und nach der Abtreibung haben.

Millionen Menschen warten darauf, dass der Gesetzentwurf zur freiwilligen Unterbrechung der Schwangerschaft verabschiedet wird. Was ist die Zukunft der Socorristas, falls dies endlich geschehen sollte?
C.B.: Ob das Gesetz kommt oder nicht, wir machen weiter. Manche Frauen, die auch zu einem Gesundheitszentrum gehen könnten, um abzutreiben, sagen: „Nein, ich mache das lieber mit euch“. Denn sie wissen, dass sie bei uns betreut werden, dass wir da sind, dass wir sie begleiten. Es ist eine andere Art der Begleitung, eine feministische Begleitung.