„NOS QUIEREN EXTERMINAR“

Territorio y identidad Maya son temas de los talleres de la Asamblea Múuch‘ Xíinbal (Foto: Haizel de la Cruz)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su discurso del 13 de agosto de 2021 que nada justificaba imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización. ¿Siente que las políticas y acciones del gobierno son consecuentes con estas palabras?

El gobierno federal tiene una narrativa atractiva para muchos sectores sociales que estamos aquí abajo, pero sus hecho van en sentido contrario. Está haciendo un uso político de las causas de los pueblos indígenas, tratando de legitimarse con la imagen de atender una deuda histórica que occidente tiene con los pueblos. Y no es así. Tan no es así que hoy los pueblos indígenas que estamos en la Península de Yucatán y en el istmo de Tehuantepec, tenemos que luchar no solamente en contra de las empresas que nos están despojando, sino en contra del propio gobierno. Ahora es el gobierno que está encabezando el mal llamado „Tren Maya“, uno de los proyectos más destructores, más amenazantes y con una orientación a nuestro exterminio como pueblos indígenas. En este proyecto se plantea convertir la Península de Yucatán en un corredor industrial en el que la población ya no sería culturalmente indígena, sino un mero grupo de trabajadores, de obreros, precarizados en las fábricas de las grandes empresas. Entonces el presidente miente, manipula, es un hipócrita con sus declaraciones, y me parece que está siendo maquiavélico con su costumbre de decir que él tiene otros datos. Nunca conocemos cuáles son sus datos, pero siempre sale con que sus datos son los buenos y verdaderos. Me parece una vergüenza. Hay más de 60 indígenas y luchadores por el territorio que han sido asesinados durante este gobierno, y ninguno ha sido investigado, en ninguno se ha enjuiciado a los responsables.

¿Cuáles son los proyectos que el gobierno persigue en la Península de Yucatán?
Hace algunos años la empresa Monsanto comenzó a sembrar una gran cantidad de soya transgénica en monocultivos. Después se instalaron las granjas porcícolas, cuyo mal olor ocupa miles de hectáreas donde difícilmente se puede vivir bien. Asímismo aparecieron como en avalancha los proyectos de energía renovable a través de la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. Luego las empresas immobiliarias de una forma alarmante empezaron a ocupar terrenos que están en propiedad colectiva de las comunidades indígenas donde hay cenotes, vestigios arqueológicos, lagunas, o selva muy alta, para desarrollarlos turísticamente. Hemos luchado contra cada uno de estos proyectos.

Ahora el „Tren Maya” trata de conectar a todos los demás proyectos para integrarlos en un solo megaproyecto: los proyectos que producen soya o carne ya van a tener su trenecito para transportar esos productos, los que construyen hoteles y restaurantes para el turismo ya van a tener su tren para llevar y traer a su turismo. Los que producen energía eléctrica la pueden vender al tren en su paso. Entonces ya no son 5 proyectos, sino es un megaproyecto que responde a un interés global. Y no es un proyecto que nació en la cabeza de AMLO, es un proyecto diseñado hace mucho tiempo que solamente ha ido cambiando de nombre, en un momento le llamaron el Plan Puebla Panamá. Venía desde los gobiernos del PRI, del PAN, que no lo habían podido hacer porque eran partidos sumamente desprestigiados. Aquí lo triste es que la gente creyó en un gobierno de izquierda, en un gobierno que favorece a los pueblos indígenas y le dio la confianza a AMLO a través de 30 millones de votos. Con esa legitimidad está haciendo estos proyectos.

Ellos quieren convertir al Maya que les perjudica en un Maya de museo, en un Maya turístico. Hoy lo Maya en la Península de Yucatán es un tren, un restaurante, un hotel, un periódico, una ribera. Pero quedamos quienes nos hemos dado cuenta que esto es una mentira, una traición a su propia palabra. Nosotros no cuestionamos al gobierno como tal, sino a estos proyectos neoliberales que nos están destruyendo y están acabando con la cultura Maya. De hecho en el estudio de impacto ambiental del „Tren Maya“ dijeron literalmente que „el etnocidio puede tener un giro positivo“ (en capítulo IV.4.11. / página 1329 del documento, nota de redacción). Eso significa que tienen pensado acabarnos, destruir completamente nuestra cultura, y de eso nos estamos defendiendo.

¿Qué impacto tienen estos proyectos?
Hay una gran cantidad de impactos. Uno de los impactos sociales es la división, la polarización entre las mismas comunidades. Cuando llega FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, nota de la redacción) a las comunidades, enfrenta a las familias y a los ejidos (comunidades agrícolas que existen en México desde la reforma agraria de 1917, nota de redacción), los conflictúa prometiendo que la gente que ofrece su tierra para el tren tendrá una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, si no hay agua, si no hay corriente eléctrica, si hace falta carreteras, si hace falta luz, el tren los va a traer. Mucha gente dice que el gobierno no nos debe estar mintiendo, vamos a aceptar. Otros dudan y dicen, vamos a esperar, no podemos consentir en la entrega de nuestra tierra para esto. Cuando FONATUR encuentra alguna resistencia, corrompe a la gente, comienza a repartirles dinero a los comisarios ejidales, las autoridades de las asambleas. Y muchas veces falsificaron actas de asambleas que nunca se hicieron.

Otro impacto social es la inseguridad. Estamos acostumbrados a que en Cancún y toda la Riviera Maya haya asesinatos, asaltos, tortura de la policía o detenciones arbitrarias. Pero desde que el „Tren Maya“ empezó a fomentarse, hemos visto eso en nuestras comunidades también. De repente llegan grupos armados desde Cancún a ejecutar gente en los pueblos.

En lo económico, ahora hay mayor pobreza que antes porque la gente ha perdido sus tierras. Nos prometieron empleos a cambio de nuestra tierra, pero no han llegado. La gente empleada por el „Tren Maya“ son técnicos especializados en construcción que vienen de otros lugares. No podemos acceder a este tipo de empleos porque los comuneros Mayas no sabemos de construcción, somos campesinos.

Antes podíamos cosechar nuestro maíz en la milpa, molerlo, hacer nuestras tortillas y comer. Hoy ya no podemos y tenemos que comprar en la tortillería algo que es mas plástico que tortilla. Y vamos a tener que comprarlo a un precio muy elevado de hasta 25 pesos el kilo. Las familias Mayas son por lo general numerosas con 6 o 7 integrantes y necesitan comprar 4 o 5 kilos de tortilla para sobrevivir, es una cantidad que no ganan con uno o dos salarios mínimos. Entonces tendremos que buscar algún empleo en la ciudad donde seguramente vamos a engrosar esas franjas de miseria en la periferia. O lavamos los retretes de los restaurantes y de los hoteles. El director de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, dijo que los Mayas vamos a tener la oportunidad de ir a las estaciones del tren a pie a pedir limosna.

¿En qué otros aspectos se ven afectadxs lxs Mayas por estos proyectos?
Se comienza a combatir con mayor dureza a la lengua Maya. Quienes la hablamos sufrimos persecución por defender a nuestra cultura. Algunos dicen que la lengua Maya se está perdiendo. Nosotros afirmamos que no se pierde, sino que están matando a sus hablantes.

Muchos de los que hemos levantado la voz a defender nuestros territorios estamos siendo criminalizados. Jiménez Pons nos acaba de acusar en los medios de que somos de extrema derecha y que por culpa nuestra el tren ya no va a pasar ni en Campeche ni en Mérida. Señalarnos de esta manera nos está poniendo frente al crimen organizado que tiene interés en el „Tren Maya“ para que nos busque y nos elimine. Nos duele mucho que los líderes de las dependencias del gobierno sigan ejerciendo un racismo como el de Jiménez Pons y nos estén tratando con desprecio.

Respecto al impacto ambiental, el problema mayor es que además de la misma línea de tren, se trata de un programa de reordenamiento territorial capitalista, incluyendo la construcción de unas 20 ciudades de a 50.000 habitantes como polos de desarrollo. Entonces esto significa mucha destrucción de la selva, pero al destruir la selva, también se destruye el habitat de los animales que se van a morir, van a desaparecer. Además se destruye un patrimonio cultural intangible porque nuestra vida está en la selva junto a los animales, los aves, el viento, la lluvia y el agua. Allí es donde hacemos nuestros ritos como pueblo Maya, es parte de nuestra creencia y nuestra fé, nuestra práctica que tejemos con la naturaleza. Los ritos Mayas son agrícolas, mientras los performances folclorísticos para turistas solamente sirven al Estado y a las empresas turísticas. Eso no es nuestra vida, no somos nosotros.

La convención 169 de la OIT firmada por México obliga al Estado a garantizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando se realizan proyectos que les afecten. ¿Ha cumplido el Estado de México con esta obligación?
El tema de las consultas es por decir lo menos, un chiste. Nadie lo ha tomado en cuenta, nadie le ha dado seriedad. Yo creo que las consultas no sirven, por lo menos no han sido válidas. No sirven las leyes si el presidente siempre dice que tiene otros datos. Es lo que ha pasado frente a un gobierno tan fuerte que se impone al poder legislativo y al poder judicial. En su primer trienio, ha sido la costumbre del gobierno pedir al congreso que no le mueva ni una coma a sus iniciatitivas de ley y así ha sido. El poder judicial ha recibido nuestros amparos (recurso legal de cualquier ciudadano mexicano o persona jurídica para defenderse frente a abusos de poder o la violación de derechos constitucionales por parte del Estado, nota de redacción) y no ha contestado ninguno salvo dos. En dos ocasiones nos ha dado una suspensión temporal y definitiva que el gobierno no ha respetado, y el poder judicial no ha reclamado el respeto a sus sentencias, se ha agachado frente al poder ejecutivo.

Los organismos internacionales han sido cómplices en esto porque la ONU Habitat ha recibido 5 milliones de dólares de parte del Estado para que sea el garante del despojo en nuestra península. La UNESCO también es parte del proyecto Tren Maya. En el nombre de la ONU nos están despojando, y nosotros le pedimos una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace casi dos años. Hasta la fecha no nos ha contestado.

¿Cómo se organiza la resistencia?
La mayoría de la gente tiene miedo, tiene muerta su esperanza y trata de buscar el pan de cada día para sobrevivir sin conflictuarse. Somos muy pocos en la Península de Yucatán quienes decidimos luchar porque no estamos dispuestos a entregar nuestra tierra y entendimos que no tenemos la opción de elegir entre la vida y la muerte. La elección que nos han puesto en frente es entre un tipo de muerte y otra: o nos matan de un balazo o morimos lentamente de hambre y de sed. Entonces en el 2018 acordamos organizarnos como una asamblea, venimos de alrededor de 25 comunidades de toda la península y fundamos el colectivo Múuch‘ Xíinbal (“Caminamos juntos”) para buscar algunos modos de defender nuestro territorio. Una primera cosa es informarnos bien porque hay una narrativa muy fuerte desde el gobierno que justifica estos proyectos que nos destruyen. Entonces buscamos la información que necesitamos para poder vivir, no la que nos ponen en la boca, en el oído. Para eso necesitamos hacer alianzas con quienes manejan esa informacion. Algunos académicos nos ayudan y la buscan, nos pasan la información. Nosotros la traducimos a la lengua Maya, al lenguaje de la gente y lo compartimos con las comunidades, via WhatsApp o para los que no tienen celular, se hace la transferencia de informacion de boca a boca.

En el ámbito jurídico decidimos seguir la cuestion del litigio, de poner los amparos. Para eso dependemos de abogados que nos apoyen de forma solidaria porque no tenemos dinero. A veces un abogado empieza con un proceso pero luego nos deja tirados. Cuando tenemos un buen abogado comprometido, podemos ganar un caso porque hay de repente ciertos recobecos que se pueden buscar en la ley. Pero cuando ganamos un caso reforman la ley para tapar ese recobeco, y se hace cada vez mas difícil.

No hemos salido a hacer marchas porque no tenemos miles de personas, y no queremos que la policía lastime a nuestros compañeros, infiltrando las marchas y rompiendo cristales y cosas como pretexto para llevarnos a la cárcel. Ya hemos sufrido amenazas de muerte en mi persona y de mi familia, y de otros compañeros de la asamblea, entonces acordamos que los que ya hemos sido amenazados y somos visibles, seamos los que demos la cara para que se pueda proteger a los demás.

Nuestro acuerdo fundamental es: „¡La tierra no se vende ni se renta!” Tampoco vamos a dialogar ni a sentarnos con ningún partido político porque nuestro lucha no es partidista. Y el que nos quiera acompañar que lo haga sin condiciones, tiene que entender nuestra problemática. Nosotros tenemos solamente un objetivo: cuidar nuestro territorio. Si los ejidatarios le dicen no a la renta y a la venta de la tierra, eso va a dificultar mucho que nos despojen. Entonces es importante hacer trabajo con la comunidad. A través de talleres hemos logrado formar asesores nativos de las propias comunidades para la defensa del territorio: Cuando los coyotes llegan a comprar o rentar las tierras ya no pueden engañar a los ejidatarios que solo hablan lengua Maya porque hay personas preparadas para discutir los argumentos que se plantean y explicar a las personas más adultas las implicaciones de la enajenación de la tierra. Para mejorar la difusión también hacemos unos pequeños podcasts en Maya y español una vez por semana.

Usted es escritor y escribe poesía en su lengua Maya. ¿Hay una relación entre su escritura y su activismo?
Yo creo que frente a la impotencia que tenemos en esta lucha por la defensa del territorio, vamos buscando diferentes formas de organizar la lucha, de compartir y denunciar. Comencé a escribir por la defensa de nuestro territorio. La poesía viene a llenar un vacío y todo lo que he escrito tiene que ver con nuestro llanto, nuestro dolor, con nuestra desesperanza, con la situación de la conquista, de la colonización, de la humillación a través del racismo, de la destrucción de nuestro medio ambiente y de la relación que tenemos los Mayas con la naturaleza.

 

VERSCHLOSSENE ARME

„Willkommen in Mexiko“ Hinter der Grenze wartet auf die Menschen eine oft ausweglose Situation (Foto: Joachim Pietsch via wikimedia.org, CC BY-SA 2.0)

Die Drohungen Donald Trumps, Exporte aus Mexiko mit hohen Zöllen zu belegen, falls die Regierung nicht radikale Maßnahmen gegen die Migrant*innen an der Südgrenze ergreift, zeigten ab Mitte des vergangenen Jahres Wirkung. Heute erfüllen die am südlichen Grenzfluss Suchiate stationierten Einsatzkräfte der Nationalgarde die Funktion der Mauer aus Beton und Stahl an der Nordgrenze. Ein knappes Drittel der Soldat*innen der Einheit ist damit beschäftigt, Migrant*innen zu kontrollieren. Aus Sicht der USA scheinbar so erfolgreich, dass es zuletzt wahre Lobeshymnen aus Washington gab. So pries der Chef der Customs and Border Protection (CBP), Mark Morgan, die Nationalgarde und die mexikanische Einwanderungsbehörde (INM) dafür, Migrant*innen auf „professionelle und humane“ Art aufzuhalten und diejenigen, die daran festhielten in die USA zu kommen, „zu repatriieren“. US-Außenminister Mike Pompeo nannte Mexiko einen „großartigen Partner in dieser Angelegenheit“.

62.000 Asylsuchende von USA zurückgeschickt

Auf der guatemaltekischen Seite der Grenze sammeln sich die Migrant*innen in der Stadt Tecún Umán. Sie warten dort auf eine günstige Gelegenheit, den Grenzfluss Suchiate zu überqueren. Gelingt ihnen dies, werden sie im mexikanischen Bundesstaat Chiapas in Zwangsunterkünften untergebracht. Berühmt-berüchtigt ist die völlig überlastete Unterkunft Siglo XXI. Besonders von dort werden immer wieder menschenunwürdige Bedingungen gemeldet. Dies betrifft auch Migrant*innen aus nicht-mittelamerikanischen Ländern: Anfang Februar deportierte Mexiko gleich 120 Haitianer*innen, die monatelang in der Unterkunft Siglo XXI auf die Bearbeitung ihrer Bleiberechtsanträge gewartet hatten.
Es gibt zwar Möglichkeiten für die Migrant*innen, einen Flüchtlingsstatus in Mexiko und eine begrenzte Arbeitserlaubnis zu erhalten. Dafür muss sich ein*e Migrant*in jedoch ausweisen können und registrieren lassen. Solange der Fall bearbeitet wird, darf die Person Chiapas nicht verlassen. Dieses Vorgehen geht insofern an den Lebensumständen der Betroffenen vorbei, als dass der Großteil der Migrant*innen den Río Suchiate ohne Papiere über- oder durchquert. Für die überwiegende Mehrheit der Ankommenden ist zudem klar: Das Ziel ist und bleibt die USA.

Euphemismus der „begleiteten Rückkehr“

Währenddessen beschönigen die staatlichen Stellen die neue Einwanderungspolitik Mexikos. Euphemistisch ist von „begleiteter Rückkehr“ die Rede. Faktisch handelt es sich dabei um Abschiebungen, auch wenn viele Geflüchtete angesichts der ausweglosen Situation in Mexiko „freiwillig“ dazu bereit sind. Im Januar deportierten die mexikanischen Behörden auf diese Art innerhalb von drei Tagen mehr als 1.000 aus Honduras stammende Migrant*innen. Die gewaltsame Auflösung der „Karawane der Verzweiflung“ bezeichnete die Regierung als „humanitäre Rettungsmaßnahme“. Gleichzeitig testete die Einwanderungsbehörde das politische Klima, indem sie Kirchen- und Menschenrechtsorganisationen in einer offiziellen Mitteilung „vorübergehend“ den Zugang zu den Auffangunterkünften verweigerte. Allerdings war der Protest so groß, dass Innenministerin Olga Sánchez die Maßnahme umgehend rückgängig machte.

Die Südgrenze Mexikos ist ohne die Nordgrenze nicht zu denken. Seit einem Jahr werden in den USA die sogenannten Schutzprotokolle für Migrant*innen angewandt. Asylbewerber*innen, die es bis in die USA geschafft haben, werden während des Verfahrens nach Mexiko zurückgeschickt. Mexiko hat das angesichts der Trumpschen Strafzollandrohungen „aus humanitären Gründen“ akzeptiert und nimmt nun faktisch die Position eines „sicheren Drittlandes“ ein. Das Programm ist als „Quédate en México“ („Bleib in Mexiko“) bekannt. Bis zum 31. Dezember 2019 schickten die USA 62.000 Asylsuchende über Mexikos Nordgrenze zurück. Nur 111 Fälle wurden von den USA anerkannt. Stolz verkündete der mexikanische Außenminister Marcel Ebrard vor kurzem, der „Migrationsstrom“ aus Mittelamerika sei seitdem um drei Viertel zurückgegangen.

Der Altpolitiker Porfirio Muñoz Ledo ist einer der wenigen Abgeordneten der mexikanischen Regierungspartei Morena, der schonungslose Kritik übt und die Erfolgsmeldungen der Regierung zum Rückgang der Migrant*innenzahlen als „Horror“ bezeichnet. Die Situation in Tapachula an der guatemaltekisch-mexikanischen Grenze sei „ein Panorama von Desaster, Scheinheiligkeit und Falschheit“.

PARTEILOS, WEIBLICH, INDIGEN

Nach monatelangen Basisbefragungen in zahlreichen Regionen Mexikos hat der autonom und basisdemokratisch organisierte Nationale Indigene Kongress (CNI) beschlossen, eine indigene Frau aus den Reihen des CNI als Präsidentschaftskandidatin aufzustellen. Die Kandidatin wird explizit keiner politischen Partei angehören, sondern soll als Sprecherin und ausführende Kraft eines ebenfalls parteiunabhängigen Indigenen Regierungsrates fungieren, in dem Vertreter*innen aller 62 indigenen Bevölkerungsgruppen Mexikos vertreten sein sollen.

Konzentrierte Gesichter: Zapatistas sind bekannt für ihre ungewöhnlichen Strategien (Foto: Tejemedios)

Die zentralen Forderungen des CNI für das durch Gewalt, Korruption, Ausbeutung, Diskriminierung und Medienmanipulation zerrissene Land sind die Einhaltung aller Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und Respekt für sexuelle Präferenz, die demokratische Selbstverwaltung in allen Gesellschaftssektoren, die Kontrolle der Produktionsmittel, der Ländereien und der Dienstleistungen durch die im jeweiligen Bereich arbeitenden Menschen, das Recht auf kostenlose laizistische Bildung, solidarische Gesundheitsversorgung, erschwinglicher Wohnraum, Glaubens- und Meinungsfreiheit sowie ein konsequenter Naturschutz.

Der CNI wurde 1996 auf Initiative der EZLN gegründet, er ist die einzige landesweite autonome Vernetzungsstruktur der Indigenen und verpflichtet sich radikaldemokratischen Prinzipien. Dies bedeutet, dass alle Funktionsträger*innen jederzeit ersetzt werden können, wenn sie ihre Arbeit nicht zur Zufriedenheit ihrer Basis ausführen. Der geplante Indigene Regierungsrat soll Ende Mai konstituiert werden und versteht sich keineswegs nur als Vertretung der indigenen, sondern aller marginalisierten Bevölkerungssektoren und hat eine klare linke und antikapitalistische Ausrichtung.

Bei den kommenden Präsidentschaftswahlen 2018 ist es zum ersten Mal möglich, parteilose Kandidat*innen ins Rennen zu schicken. Die Realisierung der Kandidatur einer Vertreterin des CNI ist allerdings nicht einfach. Es gibt bürokratische Hürden, in 120 Tagen mindestens 820.000 Unterschriften von Wahlberechtigten in mindestens 17 von 32 Bundesstaaten zu sammeln. Zudem ist seitens des Staates und der ökonomischen Eliten mit Repression sowie mit medialen Desinformationskampagnen zu rechnen. Auch wenn die Chancen auf einen Wahlsieg sehr gering sind, erhoffen sich die Aktivist*innen einen enormen Mobilisierungs- und Organisierungsschub für die mexikanische Linke jenseits der korrupten institutionellen Sozialdemokratie, eine bisher nicht dagewesene Sichtbarmachung zahlreicher sozialer und ökologischer Probleme im Land sowie eine Verbreitung basisdemokratischer Politikpraktiken. „Es ist an der Zeit, dass die Würde dieses Land und diese Welt regieren – und mit ihr werden Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit erwachsen“, so CNI und EZLN in ihrer Erklärung vom 1. Januar 2017.

Es ist mit Repression und Desinformation zu rechnen.

Die etablierten sozialdemokratischen Parteien reagierten mit harten Worten auf den Vorstoß von CNI und EZLN. John Ackermann, ehemaliger Weltbankberater und heute loyaler Unterstützer des mehrfach erfolglosen sozialdemokratischen Präsidentschaftskandidaten Andrés Manuel López Obrador (früher für Partei der Demokratischen Revolution PRD, heute Chef der Partei Bewegung zur Nationalen Erneuerung MORENA) bemühte einmal mehr Verschwörungstheorien: „Ist es nicht so, dass der Wechsel der Taktik der Zapatistas [die Aufstellung einer unabhängigen indigenen Präsidentschaftskandidatin, Anm. d. A.] eine Kontinuität ihrer langjährigen politischen Strategie darstellt, um die Linke zu spalten und mit den Mächtigen zu verhandeln?“ Vom CNI und der EZLN wurde mehrfach klargestellt, dass es beide Organisationen keine politische Partei werden und dass die Präsidentschaftskandidatin in keinem Falle von den Zapatistas gestellt wird, die weiterhin auf den Ausbau ihrer De-facto-Autonomie im südmexikanischen Chiapas setzen und beachtliche Verbesserungen der Lebensqualität in ihren rund 1.000 Gemeinden erreichen konnten.
Nationaler Indigener Kongress von CNI und EZLN streben mit eigener Präsidentschaftskandidatin antikapitalistische Basisdemokratie für ganz Mexiko an. Die zapatistische Bewegung unterstützt den Beschluss des CNI ausdrücklich. EZLN-Sprecher Subcomandante Moisés unterstrich in seiner abschließenden Rede, die auf tosenden Beifall stieß: „Der Kapitalismus plündert, zerstört und unterdrückt auf der ganzen Welt Mensch und Natur. Der CNI hat entschieden, auf zivile und friedliche Weise zu kämpfen. Seine Ziele sind gerecht und nicht zu leugnen. Wir als Zapatistas werden den CNI unterstützen.“