“¡LAS MUJERES TENIAN PODER!”

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Edith (42, a la izquierda) fue durante 20 años miembrx activx de las FARC y Camila (32, a la derecha) 15 años (ilustración: Lena Roßner)

¿Qué las motivó a unirse a las FARC?

Camila: Yo llegué por medio del movimiento izquierdista que había en los barrios empobrecidos en la periferia, al sur de mi ciudad. Empiezo a participar y comienzo a entender la lucha por medio de cómo estábamos en los territorios: nosotrxs al sur de la ciudad no teníamos agua, no teníamos luz, las distancias entre la ciudad y las periferias eran muy largas. Las condiciones de la vida eran duras. Cuando por mis redes políticas se abrió la posibilidad, tomé la decisión de juntarme a las FARC.

Edith: Lo que me motivó fue lo que vivimos en el país, lo que uno vio de niñx. Debido a la violencia reinante no pudimos ir a la universidad, a veces ni siquiera terminamos el colegio… No hubo muchas perspectivas para nosotrxs. Si me hubiera quedado en esa sociedad, hoy sería otra persona. Cuando escuché que en la organización había mujeres, tomé la decisión de juntarme a las FARC. Ha sido una experiencia muy linda para mí y mi vida. Yo agradezco mucho haber sido  una guerrera y haber aprendido muchas cosas siendo enfermera y radialista.

¿Qué significaba ser mujer en las FARC en ese tiempo?

Edith: El papel de la mujer en la guerrilla es muy importante. Primero que nada no éramos discriminadas, éramos respetadas. Las mujeres tenían poder. Las mujeres representaron cargos: eran comandantes de la guerrilla, eran de las direcciones, eran radialistas, eran enfermeras y músicas. Se decía que una organización sin mujer no podía ser. En la guerrilla teníamos poder y nos hicimos ver como mujeres. El hombre agarraba el fusil, la mujer también. Hablamos de la misma igualdad para todxs.

Es una gran diferencia con el resto de la sociedad colombiana machista donde los derechos de la mujer no se respetan. La lucha de las mujeres excombatientes es que cambie este país y de hablar a las mujeres sobre libertad y que no pueden dejarse tratar mal por los hombres.

Camila: El papel nuestro al interior del proceso no es – como lo han querido apuntar – que éramos obligadas, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo allí. ¡Nosotras somos mujeres que tenemos claridad política y sobre todo somos sujetas políticas!

¿Cómo se organizaron en las FARC la formación política y el feminismo?

Camila: Hay que tener claro que no usábamos el término “feminismo” antes del proceso. Básicamente, vivimos nuestra forma de feminismo a través de nuestrxs relaciones igualitarias de género y el trabajo constante sobre ellas: luchamos en las áreas rurales y urbanas, nos involucramos en la estructura de las FARC a través de nuestras actividades y discutimos temas como el sexismo y el papel de la mujer en nuestro trabajo de grupo.

Lo que hicimos como resultado del acuerdo y la introducción del término „feminismo“, fue traducir nuestras prácticas vividas en conceptos teóricos. Queríamos crear nuestra propia teoría del feminismo, el feminismo insurgente, dentro del discurso global para describir quiénes son las „mujeres farianas“ (las mujeres de las FARC, nota de la redacción) y qué es lo que nos mueve.

¿Qué es el feminismo insurgente?

Camila: El feminismo insurgente nace porque no nos identificamos con el feminismo occidental liberal ni el feminismo de derecha. Nosotras dijimos: nuestro feminismo es una insurgencia porque nuestra historia es la resistencia. Somos las mujeres radicales dentro de procesos revolucionarios de la izquierda en Colombia. Las mujeres farianas se identifican por haber empuñado el arma para defender el pueblo y su derecho a la tierra, por haber entendido que el papel de ama de casa no es la única opción que tenemos, por haber entendido que nosotras tenemos derechos y que venimos al mundo para aportar como mujeres que pensamos y que somos críticas.

Sin embargo, las FARC están siendo demandados por varias mujeres (por ejemplo, la Corporación Rosa Blanca) de haber cometido violencia sexual tanto dentro de las filas de las FARC como en las comunidades. ¿Cómo se trataron estos casos dentro de las FARC?

Edith: Como yo personalmente no experimenté nada de esto y no he oído hablar de ello, dudo mucho que estas acusaciones sean ciertas. Yo creo que esas mujeres que hablan no fueron guerrilleras. Tal vez les pagaron para hacer esas declaraciones, porque yo no lo viví ni he escuchado casos como esos. Si un compañero hubiera hecho eso la pagaría duro. Eso se condenaba. La violencia contra la mujer no se aceptaba ni adentro ni afuera de la guerrilla.

Camila: Para eso son las jurisdicciones especiales dentro del proceso de paz. Espero que en la demanda sean cuidadosas y que sean honestas con lo que dicen. Yo siempre anduve con hombres y a mí nunca me paso nada ni escuche ningún caso de mis compañeras. Es mentira que la violencia contra la mujer fue un lineamiento de nosotrxs. Es posible que haya algunos casos aislados que no conozcamos. Nosotras tampoco podemos decir que no creemos lo que dicen las mujeres, porque sería en contra de nuestra lucha feminista. Y si es así, los compañeros tendrán que responder sobre la jurisdicción. Pero no hay que negar la posibilidad que también puede ser una estrategia de la derecha.

¿Cómo evalúan el proceso de paz por el momento?

Edith: Desde muchos años atrás las FARC querían hacer política. No cogimos un fusil porque queríamos. Nos obligaron a defendernos y a defender al pueblo. Digamos que el proceso de ahora no era lo que nos esperábamos. Nosotrxs esperábamos que la vida, después del proceso, fuera otra. Ahora vivimos asesinatos a lideresas y líderes sociales de los indígenas y de los afrocolombianxs, a excombatientes y hay más temor en el pueblo y en las ciudades (véase LN 547). Ellos dijeron que los terroristas éramos nosotrxs, pero ahora la violencia aumentó en Colombia. Un trabajo de nuestros líderes políticos del partido de las FARC es que nos escuchen. Mucha gente joven de las FARC necesita empleo. Hay personas que no tienen donde vivir. Y el culpable es el gobierno. El Estado piensa que las FARC dejaron las armas y ya, eso es paz. Pero eso no es paz. Nosotrxs queremos vivienda, educación y una vida digna que respete el derecho de la vida. ¡Eso es paz!

Camila: El pueblo colombiano está cansado de ver gente asesinada en diferentes lugares todos los días. Y el gobierno no nos entiende. No hicimos un acuerdo de paz para las FARC, hicimos un acuerdo de paz para la población colombiana. Y hasta el momento no hemos logrado tener el derecho por las tierras, y esa era la lucha fundamental de las FARC. Así como no podíamos seguir permitiendo que la compra de nuestras armas fueran una forma de sostener el capitalismo.

Yo, como sujeta política, me siento secuestrada en mi país, porque tengo que pedirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permiso para salir. No podemos salir del país sin permiso.

¿Cuál es el papel  de Alemania en el proceso de paz?

Camila: Alemania es un país garante y debe verificar lo que se hace en los proyectos productivos del proceso: cómo se está usando la plata y dónde se está quedando dentro de los proyectos productivos. Hay nepotismo y corrupción. El dinero que se destina a financiar los proyectos sociales en realidad va a los altos salarios de la administración o de los superiores y queda poco para los proyectos mismos.

¿En qué proyectos participan?

Edith: En el Quibdó tenemos un proyecto de un Restaurante (tradicional de mujeres farianas) y otro de un equipo de fútbol llamado “Pare Colombia”. El equipo se llama así porque se trata de parar la guerra a través del fútbol y es un equipo donde sólo juegan las excombatientes. Se necesitan recursos para pagarles a los técnicos y entrenadores. Queremos construir escuelas en los municipios, en las veredas y las comunas donde la gente está completamente olvidada. También para integrarse como excombatiente con la gente civil. Y sobre todo para las víctimas de violencia. Otro proyecto mío es apoyando los niños y niñas rescatados de la guerra con un baile que se llama “black boy”. Ya se rescataron 300 niñxs que estaban andando con las bandas.

Camila: Mi trabajo fue haber logrado hacer formaciones con enfoque de género para mujeres en los territorios de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Es orientada por la comisión nacional de género, encabezada por Victoria Sandino. Se trata ahora de abrir centros de cuidado en los ETCR para nosotras.

También tenemos el proyecto de la página de internet de “Mujer Fariana”, con plataforma interna para las exguerrilleras.

¿Que buscan ustedes con este viaje a Alemania?

Edith: Queríamos ver si se puede ayudar para que podamos salir adelante con los proyectos productivos en los ETCR. Vemos esperanza para los proyectos afuera de Colombia en países como Alemania. En Colombia ya no hay mucha esperanza. Siempre son reuniones y reuniones, protocolo aquí, protocolo allá. Y nada pasa. La gente está cansada de tanta mentira.

Camila: Lo que yo quiero es que surjan redes políticas globales de izquierda y especialmente feministas. Queremos un contacto directo de comunicación y más constante. Establecer contactos con cooperaciones que conocimos y que nos permitan fortalecer el trabajo de las mujeres y del proceso en Colombia en el marco del acuerdo de paz.

¿Cuál es su visión para Colombia en el futuro?

Edith: Mi deseo es que cambie. Que sea un país con justicia social. Por eso estamos en la lucha: para que haya empleo, vivienda, educación y salud. Todo eso está negado en Colombia. La gente se muere  en los hospitales, donde no los pueden atender porque no tienen cómo pagar.

Camila: Estamos cansadxs que de los tres colores de la bandera el que más resalta es el rojo. Deseo que se acabe la sangre del pueblo colombiano por los territorios. Queremos una vida digna, ¡que seamos libres!

DEMOCRACIA EN CRISIS

Miembros del PRD haciendo campaña para ‚Nito‘ Cortizo (Foto: Alexis Alvarado)

La oposición siempre gana, pero después todo sigue igual – igual de neoliberal. Esta regla empírica de la política panameña ha sido confirmada una vez más cuando el 5 de mayo Laurentino ‚Nito‘ Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ganó las elecciones con un 33.5 por ciento de los votos.

Desde el fin de la dictadura militar (1968-1989), ningún partido ha logrado gobernar más de un período y los tres partidos más grandes se han turnado en el poder. En la teoría estos partidos ocupan lugares diferentes en el espectro político: el Cambio Democrático (CD) vendría a ser un partido del centro, el Partido Panameñista de derecha nacionalista. Mientras que el PRD sería de izquierda moderada, incluso es formalmente miembro de la Internacional Socialista. Por lo tanto, su asunción al gobierno debería suponer un cambio de rumbo. En la práctica, no obstante, los tres partidos principales de Panamá siempre han seguido la misma política neoliberal de derecha – el PRD justamente ejecutó la privatización de la mayoría de las empresas estatales en la década de los 90.

El presidente electo, Nito Cortizo, lo demuestra al ser consultado acerca de su posicionamiento ideológico: „Yo soy pragmático“, el empresario dijo a la emisora Telemetro, „La inversión privada crea puestos de trabajo y, por lo tanto, aumenta el consumo. Esto es muy importante para ayudar a un país con tanta pobreza y desigualdad como Panamá. No se trata de ser de derecha o de izquierda“. Cortizo considera que la mejora de la calidad del sistema educativo se consigue mediante una mayor orientación hacia las necesidades del mercado laboral y quiere que lxs inversionistas „se sientan como en su casa“.

El enojo con la clase política es muy grande

Los únicos temas de importancia en la política panameña parecen ser la economía y, en los últimos años, la corrupción. Los Panama Papers en 2016 demostraron el rol de Panamá como foco de evasión de impuestos y lavado de dinero. Luego se supo que la constructora brasileña Odebrecht – recientemente a cargo de grandes obras como la nueva línea de metro o la ampliación del aeropuerto – había pagado 60 millones de dólares en sobornos en Panamá.  En el parlamento, varixs legisladorxs habían proporcionado a sus familiares contratos de trabajo a gran escala o habían regalado dinero fiscal. Además, desde hace tiempo muchos miembros de la administración pública son considerados como botellas, o sea, llegaron al poder sin calificaciones gracias a favores políticos. La Corte Suprema no es percibida como independiente, ya que cada presidentx nombra cuatro o cinco de sus nueve jueces. Según la encuesta Latinobarómetro, el 83% de la población piensa que el país está gobernado por algunos grupos para su propio beneficio. En consecuencia, el enojo con la clase política es muy grande.

Electoralmente, ese enojo se encauzó hacía el apoyo de un candidato independiente, Ricardo Lombana. Él recibió un notable 19.2 por ciento de los votos con una campaña basada en las redes sociales dirigida a la juventud urbana, pero sin maquinaria partidaria, sin programa electoral elaborado y con poca experiencia política. Respecto a la elección simultánea de legisladorxs, el enojo popular fue articulado por la campaña #NoalaReeleccion y su demanda de no reelegir a los diputados que carecen de integridad. Como resultado de ella, sólo 14 de lxs 50 candidatxs a la reelección fueron reelegidxs, la cuota más baja desde 1994. Cinco legisladorxs ahora serán independientes, cuatro más que antes. Para hacer frente al descontento de la gente, casi toda la clase política se ha pronunciado a favor de cambios en la constitución que prevengan la corrupción.

En todo caso, la preocupación popular por la economía parece pesar aún más que aquella por la corrupción. Del expresidente Ricardo Martinelli (CD), a pesar de su encarcelamiento por corrupción y espionaje ilegal de opositorxs políticxs durante su mandato, muchxs panameñxs siguen teniendo una buena opinión, condensada en la frase: „Robó, pero hizo“. A Rómulo Roux, ex ministro de Martinelli, sólo le faltaron unos 45.000 votos para ganar la elección (obtuvo el 31.15 por ciento de los votos), probablemente porque fue asociado con el legado económico de su mentor.

Juan Carlos Varela (Partido Panameñista), sucesor de Martinelli y presidente saliente, en cambio, hizo un esfuerzo creíble en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en la percepción de la población, no le importó suficientemente la economía, la cual no creció tan fuertemente en su mandato como antes bajo Martinelli.

Hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica

Esto a Varela le valió el apodo de Tortugón, o sea, no robó, pero tampoco ‚hizo‘. A su compañero de partido José Blandón – alcalde de la ciudad de Panamá con algunas ideas ambientalistas y en los años 90 duro crítico de las privatizaciones que realizó el PRD – lo llevó a hundirse en la elección con el 10.5 por ciento de los votos a pesar de sus esfuerzos por distanciarse de Varela. Finalmente Nito Cortizo, con un perfil más autoritario y conservador, ganó las elecciones con el lema „Hacer sin robar“. Los perfiles de Cortizo y Blandón dejan en evidencia que ser de un determinado partido político no dice mucho en Panamá.

¿No hay otros temas relevantes aparte del desarrollo económico y de la prevención de la corrupción? La competencia, propia de una campaña electoral, lleva normalmente a los partidos a expresar sus diferencias políticas. En los debates televisivos, lxs candidatxs de hecho hablaron de varios puntos, como la baja calidad de la educación escolar, la creciente escasez de medicamentos, el inminente colapso del sistema de pensiones o la frustración del sector agrario ante las grandes importaciones de alimentos. No obstante, las controversias sustanciales desempeñaron un papel bastante menor.

„La democracia panameña es débil y está en crisis“, dice el sociólogo y profesor universitario Alonso Ramos en conversación con LN, „hay una falta de representación, hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica. Aunque se le dio mucha importancia al discurso del cambio de poder regular después del fin de la dictadura, no hay cambios reales. En la campaña electoral no se discutieron temas tan importantes, pero a la vez delicados, como los escándalos, lo que en última instancia toca el estado de nuestra democracia, así como también el cambio climático, al cual Panamá es muy vulnerable. Y finalmente, tampoco se habló de la desigualdad“.

Cambio de figura, pero no de rumbo ‘Nito’ Cortizo en su toma de posesión (Foto: Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

La economía de Panamá ha crecido un promedio de 5.6 por ciento en los últimos cinco años y tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Aunque todos lxs políticxs se comprometen a luchar contra la pobreza, la mayoría no habla de que en Panamá el 10 por ciento de la población, los ricos, perciben 30 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Sólo en una docena de países de todo el mundo la desigualdad es aún mayor. ¿No podría esto ser un punto de partida para los movimientos y partidos de izquierda?

Según la encuesta „Barómetro de las Américas“, el 29.5 por ciento de la población panameña se describe a sí misma como políticamente de izquierda. Sin embargo, hay sólo un partido de izquierda, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que surgió del sindicato de trabajadores de la construcción, Suntracs. Su defensa de un estado de bienestar y de un sistema tributario más progresivo parece ser una noción más bien radical para Panamá:

Los representantes de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía

Ya por segunda vez el FAD, que se postuló por primera vez en 2014 a elecciones nacionales, tendrá que disolverse de acuerdo a la ley porque fue el único partido que permaneció por debajo del 2 por ciento de los votos. No obtuvo ningún escaño en el parlamento y sólo el 0.7 por ciento de los votantes votó por su candidato Saúl Méndez (ver LN 415). ¿Por qué el panorama se ve tan difícil para la izquierda en Panamá?

„Se debe a los 150 años de presencia colonial de los EE.UU. en Panamá, después de la construcción del ferrocarril en 1850“, intenta explicar Alonso Ramos. „Esto ha tenido una influencia decisiva en la cultura política. Este trauma sigue marcando a nuestra sociedad actual en lo que somos y en lo que no somos. Desde la década de 1930, todos los que han representado las ideas de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía. Es por eso que hoy en día sólo muy poca gente en Panamá se reivindica de izquierda, ni siquiera el FAD lo hace“.

Esto también tiene un impacto en la sociedad: temas como el aborto o los derechos de personas LGBTIQ* apenas se discuten, casi no hay políticos que critiquen las posiciones conservadoras de la iglesia católica y de los evangélicos. ¿Hay esperanza en los nuevos movimientos políticos? Claudia Cordero, científica especializada en la comunicación y la cultura, está desilusionada: „Desafortunadamente, no hay tales movimientos en este momento“, explicó a LN durante la campaña electoral. „De momento muchos jóvenes están compartiendo la campaña #NoalaReeleccion en las redes sociales o tienen su sticker en sus autos y creen que están participando en un movimiento social. Pero el motor de esta campaña es el grupo Movin. Trata de parecerse a un movimiento ciudadano contra la corrupción, pero de hecho detrás hay principalmente unas 15 a 20 personalidades influyentes en torno al multimillonario Stanley Motta. Ellos son los poderes fácticos del país. Quieren llenar el vacío que deja el desgaste del sistema, quieren canalizar la molestia y proteger al modelo imperante pidiendo que no se reelijan los diputados. Tratan de dar la impresión de que quieren cambiar todo, sólo para que nada cambie de verdad.“

La élite quiere canalizar la molestia y proteger al modelo neoliberal.

Sin embargo, hay un actor que ha demostrado poder protestar de manera eficiente contra las políticas neoliberales de esta oligarquía, ejecutadas por los gobiernos de turno: La última movilización poderosa y masiva fue la resistencia indígena a una nueva ley de minería en 2011 (LN 443). A pesar de la represión y la difamación masiva por parte de los medios, incluyendo un lenguaje racista, la protesta de lxs indígenas Ngäbe Buglé tuvo éxito y la ley fue finalmente retirada. Aunque los liderazgos en su momento fueron captados por los partidos políticos y así neutralizados, es probable que en los próximos años aumenten otra vez los conflictos con grupos indígenas porque los gobiernos siempre han mirado los recursos de las regiones indígenas autónomas con el fin de impulsar el crecimiento económico. No obstante, si los indígenas siguen siendo el único grupo relevante que no está de acuerdo con el gatopardismo panameño, es probable que la regla empírica de la política en Panamá se vuelva a confirmar en cinco años más.

 

“NINGUNO DE LOS DOS TIENE LEGITIMIDAD POLÍTICA”

EDGARDO LANDER
estudió sociología en Harvard y es profesor emérito en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es uno de los más famosos intelectuales de izquierda en Venezuela y  crítico defensor del proceso bolivariano. Sus temas son entre otros la crítica del eurocentrismo, los movimientos sociales y el neo-extractivismo en Latinoamérica.

Foto: Tilman Vogler


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Desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino el 23 de enero ha estado intentado llegar a la fuerza al poder. Ahora, los dos, tanto el Presidente Maduro y Juan Guaidó, dicen ser legítimos. En su opinión, ¿goza alguno de los dos de legitimidad?

Yo creo que no, ninguno de los dos. Desde las elecciones parlamentarias del año 2015 cuando el gobierno actual perdió muy fuertemente, claramente, se decidió preservar el poder a como diera lugar. Hay realmente una ruptura del orden constitucional muy clara. Hasta el 2015 habían habido elecciones libres, había un proceso electoral extraordinariamente transparente con un sistema electoral, con todo una infraestructura tecnológica electoral, prácticamente a prueba de trampas. Ya cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente se lo hace violando las normas constitucionales porque no se le preguntó a la población si quería derogar la Constitución del año 99. Cuando se nombra una Asamblea Nacional Constituyente cien por ciento del gobierno esta Asamblea se autoproclama una Asamblea Plenipotenciaria, es decir, supraconstitucional, o sea, una Asamblea todo poderosa sin contrapeso alguno, lo que implica la derogación de la constitución del 99. No hay nada que esa Asamblea pudiese hacer que fuera anticonstitucional porque se había asumido como supraconstitucional. Entonces, ya a partir de ese momento no hay Constitución.

Efectivamente hay un gobierno que viene violando paso a paso las elecciones de una forma ya muy sistemática desde el 2015 y cerrando todos los canales posibles de consulta de la población en Venezuela. Por otro lado, con respecto a la postura de Guaidó hay razones también para rechazarlo como una salida viable. Este proyecto de cambio de régimen es un proyecto que está diseñado desde afuera. El sector más de derecha, la actual oposición, en este caso dirigido por Voluntad Popular, supone que el gobierno es un gobierno que está a punto de caer y que para eso sólo hace falta un empujoncito final. Esto efectivamente no es lo que está ocurriendo. La derecha tiene un desconocimiento muy grande de la realidad venezolana. No ven que la mayoría de la Fuerzas Armadas Venezolanas continua apoyando a Maduro y el hecho de que a pesar de que el apoyo popular chavista al gobierno hoy es muy inferior a lo que fue en épocas anteriores, éste, sin embargo, sigue existiendo.

 

Desde el 7 de marzo comenzaron una serie de apagones de luz en todo el país. El gobierno acusa a la oposición y a los Estados Unidos de sabotaje. Por otro lado, la oposición los explica por el mal mantenimiento, descuido y corrupción del gobierno. ¿Qué piensa Usted de estas explicaciones y de las acusaciones mutuas?

En Venezuela la sociedad está tan polarizada, que parecen dos mundos divididos que se retroalimentan y, a la vez, se cierran sobre sí mismo. Cada uno de los sectores vive en su propio mundo con una interpretación de una realidad propia. Entonces, eso hace extremadamente difícil el abordar un asunto tan crítico para la sociedad venezolana como es la crisis eléctrica porque no es solo un asunto de interpretación sino un asunto de los datos mismos.

Durante ya varios años el sistema eléctrico venezolano vive un proceso de franco deterioro. Esto tiene que ver en primer lugar con la corrupción y el nombramiento de militares como jefes de la Empresa Eléctrica, quienes no tienen competencias en el ámbito. Pero, por otra parte, uno también puede suponer que hay un interés claro en aprovechar la situación para generarle dificultades al gobierno, y un sistema eléctrico tan precario es muy fácil de sabotear. Yo por eso no descartó que en algunos de los últimos acontecimientos haya habido saboteo, pero en todo caso, el saboteo se ha dado sobre la precariedad del sistema.

 

¿Cómo ve Usted que la polarización política afecta a los venezolanos?

El tejido social de la sociedad venezolana se ha descompuesto de una forma dramática durante estos años. Hay familias que se han roto como familia, que no pueden convivir como tales. En mi experiencia, por ejemplo, en la vida universitaria, equipos de investigación y colectivos de trabajo que durante muchos años venían trabajando juntos, han llegado al punto de perder la capacidad de trabajar conjuntamente por los enfrentamientos políticos, se ha generado una desconfianza mutua.

 

Usted pertenece junto con otros activistxs, académicxs y exministrxs del Presidente Chavez a La Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es su propuesta como salida a la crisis?

En el contexto actual, nos encontramos, por un lado, con un gobierno que intenta mantenerse en el poder sin importarle a qué precio, usando para ello la represión sistemáticamente y, por otro lado, con la opción de una salida violenta con apoyo militar de parte de los Estados Unidos, sumado a los bloqueos económico. En este momento se está manejando una lógica de amigo-enemigo, dos fuerzas que se oponen e intentan eliminarse entre sí. Por eso, desde la plataforma pensamos que evitar la guerra requiere necesariamente algún acuerdo político. Un acuerdo político que busque una salida que sea democrática, pacífica, electoral y constitucional, lo más cercano que existe es la oportunidad de un referéndum consultivo.

Desde la plataforma pensamos que en lugar de esta lógica de amigo-enemigo y de este intento de eliminar al otro, es necesario partir del reconocimiento del otro. Este reconocimiento implica la aceptación de la existencia del otro, implica reconocer que el otro también tiene intereses, también tiene la necesidad de sobrevivir. Es también reconocer la posibilidad de un referéndum en el que se plantee la pregunta sobre una posible renovación de todos los cargos nacionales. Esto significarían elecciones presidenciales, elecciones para la Asamblea Nacional con el nombramiento, entonces, de un Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que permitan reordenar el juego político y en esas nuevas condiciones, hacer esas nuevas elecciones.

Una salida negociada puede ofrecer al gobierno la posibilidad de una continuidad del proyecto político bolivariano a futuro. Algo, que sería muy difícil si se mantiene esta lógica en la que el cambio de régimen se da a través de la eliminación de una de las partes.

 

¿Qué piensa Usted del rol de la Unión Europea?
A través del reconocimiento de Guaidó por la mayoría de los países de la Unión Europea, lejos de empujar hacia una salida negociada, se están creando obstáculos aún más severos para un posible acuerdo. Están envalentonando a la gente que se organiza en torno a Guaidó, porque con este reconocimiento le otorgan el apoyo internacional para considerar a Guaidó y a los que lo acompañan como gobierno legítimo. Por otra parte, el gobierno de Maduro sigue contando con un apoyo fuerte. No solo el apoyo de China y Rusia, sino que sigue contando con el control de las instituciones del estado y con las Fuerzas Armadas, así como con una militancia chavista que sigue siendo activa, fuerte y con capacidad de movilización. Entonces, estos países que reconocen a Guadió ponen el énfasis en la salida inmediata de Maduro. Con esto hacen mucho daño, porque dificultan cualquier posibilidad de negociación.

 

La Plataforma también se reunió con Juan Guaidó, ¿con qué fin?

Estos dos sectores están representados institucionalmente por un lado el presidente de la República y por otro la Asamblea Nacional. Las políticas de estos dos sectores son las que están generando esta amenaza de guerra. Decidimos plantearle a ambas partes la propuesta del Referéndum llamándoles la atención sobre la responsabilidad que ambos sectores tienen con respecto a la forma en la que están conduciendo estas políticas.

Decidimos pedir una reunión con Guaidó y Maduro por separado. Tuvimos la reunión con Guaidó que fue interpretada por mucha gente de la izquierda, sobre todo de la izquierda fuera de Venezuela, como una especie de reconocimiento de Guaidó. Nosotros nos reunimos con él por su posición como presidente de la Asamblea Nacional pero no en tanto presidente de la República. Esto lo dijimos públicamente.

Igualmente presentamos una carta solicitando la entrevista con Maduro. Durante tres días seguidos llevamos la carta a Miraflores, las tres veces, ¡se negaron incluso a recibir la carta! Ésta es la disposición que tienen para dialogar.

 

En febrero del 2016 fue creado el Arco Minero del Orinoco, una zona de casi ciento doce mil kilómetros cuadrados para la explotación minera. ¿Qué se encuentra detrás de este proyecto?

Como consecuencia de la baja del precio del Petróleo, en primer lugar, y del progresivo colapso del nivel de producción, en segundo lugar, el gobierno venezolano en vez de reconocer el fin de la era del rentismo y buscar otras rutas, otras direcciones de la economía, optó por un nuevo rentismo, el rentismo minero. En esta zona del arco minero hay inmensas reservas de minerales de todo tipo: hierro, aluminio, coltán, tierras raras, minerales radioactivos y sobre todo oro. Entonces el gobierno decidió que esto era como el nuevo “El Dorado” y que era posible sustituir la baja del ingreso petrolero por grandes ingresos a través de esta vía. Ya durante los últimos diez años anteriores, más o menos, ha habido un incremento de la minería ilegal, irregular, en esta zona minera en pequeña escala, la cual había hecho mucho daño ambiental. El uso de mercurio y la devastación ecológica también impactó sobre los pueblos indígenas de la zona. Y ahora el gobierno se decide a convertir esto a gran escala con la participación de empresas transnacionales.

La participación de las transnacionales en este proyecto ha sido bastante limitada. Y esto no por las condiciones que ofrece el gobierno, sino por el hecho de que hay una extrema inseguridad jurídica. En primer lugar, porque todo esto representa una violación de la constitución: de la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley Laboral, las Leyes Ambientales, y, en segundo lugar, por la inestabilidad política del país obviamente.

 

¿Considera que la creación de esta zona económica especial está en contradicción con la política oficial del Gobierno?

Hay una contradicción muy fuerte entre el contenido de la constitución y lo que efectivamente es la política que está llevando a cabo en el gobierno. Las condiciones con la que se creó el Arco Minero, así como la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de protección de la inversión extranjera son claramente decisiones neoliberales. Entonces, la orientación general del gobierno en términos del extractivismo, claramente no representa una ruptura con el modelo económico global, no representa una ruptura con la intercesión colonial y no representa tampoco un quiebre con el rol clásico que se le atribuye a América Latina como exportadora de materias primas.

Quiero insistir que hoy hay un proceso de devastación muy, muy severo. Hay unos niveles de violencia increíble en una especie de terreno de nadie donde todos los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Hay un atropello muy violento sobre las comunidades indígenas de la zona y hay muchos indígenas que están metidos a la minería porque sus condiciones de vida están siendo devastadas y no les va quedando más remedio. Hay niñas indígenas que son raptadas y llevadas a la prostitución en los campos mineros.

 

¿Cuáles manifestaciones o grupos de resistencia se han formado en contra?

Existe por ejemplo la “Plataforma en contra del Arco Minero” que es un colectivo de gente fundamentalmente joven que viene de luchas ambientales, pero que también luchan por la democracia y por los derechos de los pueblos indígenas. Esta gente ha venido realizando campañas sistemáticamente para analizar esta situación. Sin embargo, el día a día de la situación venezolana y la sobre-determinación de la polarización política hacen muy muy cuesta arriba que exista la posibilidad de una consciencia política más ampliamente compartida en este asunto.