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César Oyola es abogado penalista y de derechos humanos, lidera desde hace 20 años la defensa de Víctor Polay. Intervino en la demanda ante la CIDH, presentada en 2007 por familiares y abogados de Víctor Polay, y admitida en 2022 por violaciones de derechos humanos.
¿Como llegó a ser representante legal de Victor Polay?
Soy de Huancayo, y después de Ayacucho, la región central fue la más golpeada por el conflicto armado. Siempre apoyé a la Iglesia Católica, que contaba con una pastoral de derechos humanos. Al mismo tiempo, observaba que algunos vecinos, universitarios y profesionales estaban militando en el MRTA. Muchas personas de organizaciones sociales y de izquierda militaban en el MRTA, entre ellos dirigentes de base, federaciones campesinas y mineras. Me llamaba la atención que personas que ni siquiera eran de izquierda estaban siendo buscadas, encarceladas, torturadas, y muchas de ellas desaparecidas. Esa inquietud me llevó a asumir algunas defensas, no solamente de personas inocentes, sino a quienes les imponían 20 años por pintar cuatro letras en la pared. Personas que, de manera equivocada o no, apostaban por un Perú más justo y mejor. Con otros abogados insistimos en que Víctor Polay y los militantes del MRTA cometieron el delito de rebelión, pero no de terrorismo. Así hubo un primer acercamiento con la familia de Víctor Polay.
¿En qué sentido Víctor Polay ha cometido rebelión, pero no terrorismo? ¿Cuál es también la diferencia entre el MRTA y el Sendero Luminoso, la otra organización guerrillera peruana conocida?
Lamentablemente el Estado durante estos años ha equiparado ambas organizaciones, pero en los hechos han sido totalmente diferentes: en lo ideológico, lo político y estratégico. El MRTA antes de reclamarse marxistas, reclamaba al Tupacamarismo como su ideología; el símbolo de la organización era la figura de Túpac Amaru II. El estatuto del MRTA establecía que sus acciones bélicas no debían afectar a la población civil e invocaban los convenios de Ginebra. Aunque el MRTA cometió crímenes, jamás incurrió en delitos de lesa humanidad. Nunca se va a encontrar en el informe de la Comisión de la Verdad o en sentencias que el MRTA haya cometido una masacre o haya accionado contra la población civil. No hubo acciones contra ronderos (organización campesina genuina de los Pueblos Indígenas, nota de la redacción) o alguna organización de base, porque simplemente el MRTA respetaba a estas organizaciones. Nunca el MRTA tuvo una política sistemática de voladuras de torres, puentes o ganados. El MRTA decía que los puentes eran infraestructuras que servían al pueblo, que los ganados eran los esfuerzos de las organizaciones campesinas. En cambio, uno de los factores clave en la derrota de Sendero Luminoso fue la intervención de los ronderos en su desmovilización. El Sendero Luminoso asesinó a dirigentes de izquierda, mientras el MRTA jamás lo hizo.
Al Estado le ha costado mucho reconocer que, a diferencia de Sendero, el MRTA actuaba siguiendo las reglas del convenio de Ginebra: sus intervenciones guerrilleras siempre fueron con implementos y distintivos militares para evitar daños colaterales a la población civil. Sin embargo, la lógica jurídica estatal trató a Sendero Luminoso y al MRTA sin hacer distinciones, utilizando el tipo penal de terrorismo, a pesar de que Víctor Polay no tiene ningún cargo por asesinato. En su condena, los magistrados peruanos aplicaron por primera vez la teoría de la autoría mediata: Polay no cometió directamente ningún crimen; sin embargo, como jefe de la organización asumió la pena máxima correspondiente.
¿En qué condiciones han estado encarcelados Víctor Polay y sus allegados?
Desde el 1993, Víctor Polay ha estado encarcelado en la prisión militar en la Base Naval del Callao. Durante los primeros 10 años estuvo recluido en una celda sin puerta de 2×3 metros, donde dormía, hacía sus necesidades, recibía su comida por un agujero en el techo, y salía solo media hora al día. Una vez al mes le dejaban hablar media hora con un familiar, en presencia de un comandante de la marina ̶ en total 6 horas al año, el resto era silencio, un aislamiento total. No fue sino hasta que vinieron las intervenciones de la Cruz Roja Internacional, Defensoría del Pueblo y Comisión Interamericana, que comenzaron a flexibilizar sus condiciones carcelarias. Hace dos años la Comisión Interamericana reconoció indicios de que Víctor Polay fue víctima de trato inhumano, degradante y de tortura psicológica. Ya hemos perdido la cuenta de los “habeas corpus” que hemos pedido para que Víctor esté en una prisión del Estado. Incluso hemos pedido que dentro de la prisión militar se le asigne personal del Estado del Instituto Nacional Penitenciario. El personal militar de esta prisión solo castiga, disciplina e ejemplifica, contrario a lo que establece la constitución del Perú en su artículo 139: que el fin de la pena es resocializar a los presos, reinsertarlos a la sociedad.
A Víctor le siguen restringiendo sus derechos: en otros penales los presos pueden estudiar y ejercer su derecho a recibir visitas de amistades. En cambio, Víctor hasta ahora no tiene derecho a estudiar y durante estos 35 años solo ha podido recibir visitas de familiares de primer grado y de sus abogados. Además, nadie quiere ir a visitarlo a esa prisión militar porque, al llegar, sabe que será humillado por los militares y, al día siguiente, convertido en una persona perseguida, investigada y terruqueada. El caso de Víctor no tiene comparación en la historia carcelaria: son 35 años en esas condiciones, superando incluso a Nelson Mandela. No obstante, la prensa nacional no ha dado cobertura a su situación legal ni a sus condiciones de reclusión.
¿Qué es el terruqueo y cuál es su vigencia en la política, en vísperas de las elecciones del próximo año?
Hablamos de terruqueo cuando los políticos de derecha y el Estado descalifican a sus adversarios políticos, llamándolos terroristas sin argumentos ni objetividad. El terruqueo ha sido normalizado en el país y se ha vuelto una institución. Antes, el terruqueo se dirigía al propio militante de la guerrilla, pero también se acusaba, sin fundamento, a abogados o a familiares sin vínculos con el MRTA de haber cometido delitos de terrorismo. Hoy en día terruquean a toda persona que sea de izquierda, a socialdemócratas o incluso a aquella persona que tenga un mínimo de objetividad política. A todo el que salía a protestar por los más de cincuenta muertos de hace dos años (véase LN 594), lo calificaban de terrorista. Por el solo hecho de estar en contra del “establishment” ya eres terruqueado, el objetivo es desacreditar e incentivar el miedo estigmatizando la violencia política de los 80.
Eso está cambiando. En 2021 ganó la presidencia uno de los más terruqueados, el presidente Castillo. La gente se ha dado cuenta de que el terruqueo ya no es creíble. Incluso la presidenta Dina Boluarte hace buen tiempo ya no terruquea porque ya se ha dado cuenta que así nadie le cree.
Recientemente se ha desarchivado el expediente sobre la matanza de Molinos. ¿Cuál es la importancia de este caso?
Ni el Estado peruano ni el Poder Judicial han reconocido responsabilidades en esta masacre, en la que murieron cerca de 60 militantes del MRTA. Tiene que ver con el hecho de que el expresidente Alan García estaba comprometido. Han pasado 36 años, y apenas hace 2 años un fiscal valiente afirmó que este caso debe ser juzgado bajo los Convenios de Ginebra. Además, señaló la necesidad de denunciar a los responsables y, sobre todo, de entregar los restos a las familias para que se conozca la verdad: cerca de 20 guerrilleros se rindieron, pero fueron rematados extrajudicialmente o desaparecidos.
Hasta ahora solamente había un caso – el de la toma de la embajada de Japón – en el que una corte reconoció que un militante del MRTA que se había rendido fue ejecutado. Molinos va a ser el segundo caso, aunque más emblemático, pues una de las partes no respetó los Convenios de Ginebra. A la Fiscalía no le queda más que acusar a estas personas, a estos generales del ejercito, que aún permanecen impunes. El autor mediato que dio la orden, Alan García, lamentablemente ya se suicidó. Muchos creen que Alan García se quitó la vida por casos de corrupción, pero también había un asunto criminal pendiente en su contra: dos meses antes de suicidarse, fue notificado de que su condición como testigo en el caso Molinos había cambiado a procesado, por lo que debía presentarse en la ciudad de Huancayo.
Llama la atención que en Perú no hay un proceso de reintegración de ex-guerrilleros a la política nacional como en otros países de Latinoamérica.
Gustavo Petro, Dilma Rousseff, Pepe Mujica y Salvador Sánchez fueron guerrilleros, así como muchos otros que en algún momento asumieron la lucha guerrillera y ahora han llegado al poder o son una opción política viable. Lamentablemente, en el Perú eso no ocurre. Por ejemplo, desde hace 12 años el procurador público de terrorismo ha sido el señor Mirko Ruiz, cuyo padre fue asesinado por un comando del MRTA. Eso fue un crimen y lo lamentamos, pero él debería inhibirse por una cuestión de ética o de decencia. Sin embargo, Mirko Ruiz lleva muchos años instrumentalizando su cargo para hacer venganza y perseguir políticamente a personas que solo hacen uso de la libertad de expresión. Hoy en día, hay más de mil personas procesadas por apología del terrorismo solo por expresar frases como “Víctor Polay: libertad, gloria y honor”. Desde el fin del conflicto armado, ningún político o partido ha tenido la capacidad de poner un punto final. En Colombia, el expresidente Santos, de derecha y exministro de Defensa, impulsó la pacificación. En cambio, en el Perú no se han querido resolver las consecuencias del conflicto armado; por el contrario, para obtener réditos políticos, siguen insistiendo en que el terrorismo se mantiene activo.
Víctor Polay debería salir en libertad en enero de 2026. Sin embargo, aún le siguen abriendo nuevos procesos en su contra.
A Víctor le han abierto un proceso descabellado para evitar su libertad, gracias a la venganza de Mirko Ruiz. Responsabilizaron al MRTA de un hecho de hace más de 30 años, la muerte de 8 personas que pertenecían supuestamente a la comunidad LGBTIQ*. Ya se ha llegado a establecer que las personas no eran LGBTIQ* y ha asumido su responsabilidad una persona que se acogió a la ley de arrepentimiento y no puede ser procesada por tener cierta inmunidad. Ante esta sorpresa, presentaron una nueva acusación: que en el MRTA eran seguidores del Che Guevara y, dado que él fue homofóbico, denunciaron a los dirigentes del MRTA por implementar una política de persecución contra homosexuales, similar a la que hubo en Cuba. Ponen unas muertes donde no hay cuerpos. Estamos a la espera para que el caso sea archivado, pero pueden alargarlo. La presidenta Dina Boluarte ha declarado que mientras éste régimen exista, Víctor Polay no saldrá de prisión, asumiéndose como juez y fiscal, violando la autonomía e independencia de los poderes del Estado. Además, la salida de Víctor de la cárcel coincidirá con un período electoral, y todos los políticos aprovecharán para decir: ¿cómo es posible que nuevamente vuelva el terrorismo?
Hace poco, la novela Atusparia de Gabriela Wiener ha vuelto a poner el caso de Víctor Polay en el centro del debate.
El libro de Gabriela Wiener, entre líneas, retrata la historia de las resistencias de las luchas populares en nuestro país, de la persecución a las ideas y las aspiraciones de libertad. Allí se menciona el libro “Revolución en los Andes” de Víctor que en el Perú está censurado a pesar de que en el asume su responsabilidad política y jurídica, pide perdón a las víctimas, y declara su adhesión a la vida democrática. La ficción es sorprendente, Gabriela descubrió que las entrevistas en las que se basa el libro de Víctor fueron realizadas por su padre, un dirigente histórico muy cercano y solidario con Víctor. Ella, muy emocionada, alguna vez dijo que el libro de Víctor debería estar en las bibliotecas de las escuelas como un ejemplo de reconciliación, perdón y memoria.
