„QUEREMOS VIVIR EN DEMOCRACIA”

Dennis Javier Muñoz Bonilla es defensor de derechos humanos, investigador social y acompañante a los movimientos de derechos humanos en Centroamérica. Trabajó en los ámbitos de seguridad y defensa, en derechos de niñez y juventud en Honduras. Actualmente vive en exilio en Alemania.


¿Cuál fue su primera reacción al escuchar los resultados electorales?
Después de doce años de un gobierno militar, bancarizado y dentro de un esquema de persecución y opresión de la sociedad hondureña, todos teníamos la duda razonable de si iban a dejar lugar a la opinión, a la oposición o al disenso. En el contexto de una fragilidad de la democracia y de un golpe de Estado en 2009 (ver LN 523), el 27 de noviembre todos nos fuimos a la cama pensando en que Honduras se enfrentaba a un proceso electoral con las cartas ya marcadas y la única cosa que teníamos como esperanza era tener la posibilidad de que el pueblo hondureño tuviera la decisión de ir a votar y de tomar una decisión sin miedo.

El 28 de noviembre a las seis de la tarde se supo que el 68,2% de la población hondureña había participado en el proceso electoral. Y en el primer corte del escrutinio de las elecciones, la tendencia fue una sorpresa y una contundencia irreversible. La candidata y presidenta-electa Iris Xiomara Castro Sarmiento obtuvo la decisión y el voto de confianza de 1.716.793 hondureños, que representan el 51,12% total de los votos escrutados y válidos. Contra su contendor del Partido Nacional Nasry Asfura, que recibió 1.240.260 votos que representan 36,93%.

La población llegó al hartazgo, y su castigo fue decir, „queremos de verdad que estos se vayan del gobierno y desaparezcan de la posibilidad de tomar decisiones por nosotros.“ Pero ese 28 de noviembre todos teníamos el miedo del fraude, y en efecto, lo intentaron. Denunciaron 630 ataques al sistema de información de cálculo y procesamiento de los datos. Luego, hubo 16 ataques sistemáticos dirigidos a los servidores del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, tuvimos un proceso electoral basado en la recuperación de la confianza en nuestro sistema electoral y una enorme esperanza de que era posible respetar la voluntad de los hondureños.

¿Hubo intentos para obstaculizar la elección y la toma de posesión de Castro por parte del Partido Nacional?
El Partido Nacional tiene dos años poniendo obstáculos. Desde que se reformaron las instituciones para administrar y conducir el proceso electoral en Honduras, el Partido Nacional no solo detuvo la discusión de las reformas electorales, sino que las dilató y tomaron dos años para tomarlo en cuenta. Y el siguiente año en que se construía y se le daba vida a esta institucionalidad, el Partido Nacional iba frenando cada vez más. Por ejemplo, para aprobar el presupuesto para que estas instituciones funcionaran tardaron un año. Y a sesenta días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral estaba sin presupuesto para llevar a cabo el proceso electoral.

Además, el día de las elecciones, el Partido Nacional se declaró dos veces ganador del proceso electoral y querían hacer todo lo posible para dilatar el conteo de las urnas. A mediados de enero también han entorpecido el proceso para la transición de las instituciones al nuevo gobierno.

El partido Libertad y Refundación, al que pertenece la presidenta electa Xiomara Castro, ganó 50 Sillas en el Congreso, ¿cuáles son las posibles coaliciones que se puedan conformar para gobernar el país?
Este proceso electoral es un escenario atípico. Primero, se rompe por segunda vez el bipartidismo en el país. Segundo, la constitución establece que el Congreso Nacional tomará las decisiones por mayoria simple 65 votos; ó por mayoría calificada, que son 86 votos, de un total de 128 diputados. Entonces, los partidos juegan muchas veces con estos „números mágicos”, como les llamamos.

El resultado del proceso electoral significa que por primera vez tendremos debate y discusión. No habrá otra forma. La alianza que ganó el ejecutivo tiene 60 diputados. Pero no le alcanza ni para elegir la junta directiva del Congreso. El segundo bloque, perteneciente al Partido Nacional, tiene 66 votos. Luego hay dos partidos pequeños, con dos votos entre los dos, que han estado plegados al Partido Nacional.

Y aquí viene el número, que yo llamo, perverso. El Partido Liberal tiene 22 diputados de los cuales hay 10 diputados que son afines a Yani Rosenthal (ver LN 571). Esto es un factor importante y no se puede menospreciar. Es posible que esos diez diputados puedan fraccionar al partido liberal y pasarse a votar con el Partido Libertad y Refundación. Con lo que éste llegaría a los 70 diputados. Pero incluso así no se lograría la mayoría calificada.

Hay un elemento importantísimo que no se puede ignorar. Este Congreso va a elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia, el próximo fiscal general de la República, al próximo Procurador General de la República, y al próximo Defensor de Derechos Humanos. Los cuatro funcionarios más altos del Estado que incluso trascienden del periodo de gobierno. Se necesitan 86 votos para todas estas elecciones y esas serán las monedas de cambio para lograr acuerdos. Sin esto, no se puede luchar contra la corrupción, no se puede luchar contra la impunidad, y mucho menos se pueden lograr cambios profundos en el país. Esas son las monedas de cambio del Partido Nacional, el Partido Liberal y la fracción de los Rosenthal, para poder lograr acuerdos van a querer sostener la Corte, el Fiscal o incluso al Omnbusman, en este caso.

¿Cómo se prepara el nuevo gobierno antes de asumir?
Ahora mismo el gobierno está haciendo algo interesante. Han convocado previamente a los sectores sociales del país a lo que le llaman „Diálogos y Mesas de Discusión“ por sectores. Están conversando para definir los acuerdos que quieren que se discutiran y se administren en este periodo de gobierno. Eso es una cosa importante que se está haciendo, antes de que el gobierno asuma el poder. Pero los acuerdos políticos previos no están en esas mesas sino dentro de esos números mágicos.

La sociedad hondureña depositó su confianza en este grupo político que debe dar respuestas rápidas. Y el partido LIBRE ha presentado un plan de gobierno para los primeros cien días. Se centran en cuatro grandes cosas: recuperar la institucionalidad al servicio de los ciudadanos, recuperar el sistema de educación, accionar que el sistema de salud sea más rápido y eficiente, y en el tema productivo reactivar el tema del empleo y oxigenar a la microempresa y al mediano empresario. Para eso, el país tiene que entrar a negociar un nuevo presupuesto general de la República y necesita tener la mayoría (por lo menos 86 votos) en el congreso. Eso coloca en una trampa al gobierno de Xiomara Castro que tiene la obligación de dar respuestas rápidas con lo que tiene, si no va a ser difícil.

¿De qué formas puede Xiomara Castro combatir la corrupción e impunidad?
Aquí no podemos desmeritar que la lucha contra la corrupción es solamente un slogan. La clase política en Honduras ha heredado el sistema de corrupción como su mejor institución para poderse beneficiar e incluso crear fortunas.

La Sra. Castro se comprometió a hacer de nuevo el llamado a la comunidad internacional para colocar a Honduras al escrutinio público y solicitar apoyo para purgarse del tema de la corrupción y la impunidad.
Ahora, para lograr suscribir un nuevo acuerdo con un tratado de cooperación, en este nuevo congreso, es necesario tener 86 votos. Requiere que parte de los diputados del Partido Nacional decidan desmarcarse de su partido. Una coalición de fuerzas parlamentarias que pueda llegar a este acuerdo, creo que va ser una cosa difícil.

Tampoco se puede pasar desapercibido que la mancha de los Rosenthal en Honduras es nefasta. Ellos van a negociar con quien les asegure impunidad. El acuerdo va ser no más extradiciones e incluso reducir las penas para aquellos delitos vinculados al lavado de activos y al tema de privación de dominio en los bienes.

Hay muchos defensores de los derechos humanos o activistas que han sido perseguidos, asesinados o están en peligro y existe una gran impunidad en estos casos de violaciones de derechos humanos. ¿Usted ve la posibilidad de que haya un cambio positivo con el gobierno de Castro?
El gobierno de la señora Castro se ha comprometido a garantizar un proceso de protección y de revitalización de la cultura de protección de derechos humanos. Sin embargo hace cuatro días asesinaron a un defensor en Honduras. Este defensor ya había tenido una persecución e incluso advertencia de que estaba siendo perseguido. Y que no se le haya podido proteger la vida es muy lamentable. El Estado cuenta con mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos y con observación de la comunidad internacional para crear protección de derechos humanos. Lo que no cuenta es con la voluntad expresa de la institucionalidad hondureña para la protección de defensores.

¿Qué mensaje ha mandado el pueblo hondureño con estos resultados electorales?
La población hondureña ha dicho que queremos vivir en democracia, creemos que es posible rescatar nuestro Estado, creemos que es posible creer de nuevo en esta clase política, pero con una observación y auditoría desde la ciudadanía, que observa con más duda y una lupita que tiene un poco más de suspicacia ahora frente a una clase política que se ha presentado como la opción de cambio.

„HAY UN QUIEBRE INSTITUCIONAL“

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NADESDHA GUEVARA OROPEZA

es activista por los derechos humanos y abogada de algunas de las víctimas de la masacre de Senkata, Bolivia, cometida por el ejército boliviano en noviembre del 2019. Realizó una serie de denuncias de violaciones a los Derechos Huma- nos ante las Naciones Unidas y coopera con la Asociación de Derechos Huma- nos en Bolivia, una organización que lucha por los Derechos Humanos desde una perspectiva descolonizadora y que apoya a los sectores más vulnerables, indígenas y campesinos. Guevara se ve en la tradición de la resistencia de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y Tupac Katari (líderes indígenas que se rebe- laron contra el poder colonial español en el siglo XVIII) y su meta de una patria grande. Además Guevara utiliza su profesión como abogada para alcanzar el Suma Qamaña (Aymara) o Sumak Kawsay (Quechua), en español El buen vivir, concepto indígena que fue acogido en la constitución de Bolivia.

(Foto: privado)


¿Nos puede contar sobre el contexto político del golpe de Estado en Bolivia?

El golpe de Estado se da en diferentes escenarios. Uno de los escenarios principales es del sector agroindustrial ubicado en Santa Cruz de la Sierra, la burguesía agroindustrial, que no solamente quería tener el poder económico sino también el poder político que por 14 años les había sido arrebatado. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) formó una alianza táctica con este sector y empezó a hacer grandes concesiones de poder político.

Otro escenario es el proceso que se estaba viviendo en el interior del MAS y el proceso de cambio donde había una necesidad de consolidar el estado plurinacional y de hacer una renovación de dirigentes. En ese escenario tuvimos errores estratégicos y eso fue un argumento para una clase media que ya no se sentía pobre y quería sentirse rica. Otro de los errores que se han cometido fue cambiar al sujeto histórico de la lucha. En el último periodo el sujeto histórico ya no era el movimiento indígena, campesino y obrero, el sujeto histórico eran las clases medias.

Otro escenario es geopolítico. Los intereses por nuestros recursos naturales, especialmente por el litio, van cobrando fuerza. Entonces en Bolivia habían empezado a influenciar a las clases medias, las cuales tomaron el discurso de que en estos 14 años de proceso de cambio se había vivido una dictadura, que no vivíamos en democracia y que estaban luchando por su libertad. Y eso nosotros lo identificamos como un efecto, no como una causa. La causa está en esas pugnas de poder y en la coexistencia política con los sectores oligárquicos.


¿ Cómo condujo esto a un golpe de Estado?

En febrero del 2018 habíamos ido a un referendo para decidir si Evo Morales continuaba o no postulándose a la presidencia. Ganó el „No“. Se vuelve a repostular Evo Morales a partir de un control de convencionalidad y sale favorable en el tribunal constitucional plurinacional, lo que le permite ser nuevamente candidato. Y ahí nuevamente el rol geopolítico. Gana Evo Morales, pero bajo el rol nefasto de la Organización de Estados Americanos se da a entender de una manera difusa que hubo un fraude electoral.

Ahí fue donde los grupos paramilitares empezaron a ejercer actos de racismo y de violencia contra el pueblo. El golpe de Estado empieza a crear miedo a partir del ejercicio de la violencia contra los representantes del MAS en la Asamblea Legislativa. Empiezan a quemar las casas, a secuestrar a sus familiares, lo que provocaba la renuncia de muchos ministros, gobernadores y diputados. Después de la renuncia de Evo Morales, que había causado un vacío de poder, y después de la renuncia de la segunda presidenta del senado, Adriana Salvatierra, los policías y los militares dan el poder a Jeanine Áñez para que asuma la presidencia.

Lo primero que hacen al tomar el poder es realizar la quema de la Wiphala, la bandera símbolo de las naciones indígenas, originarias y campesinas. Es decir, demostrar que los pueblos indígenas, originarios y campesinos habían vuelto al lugar „que les correspondía”, fuera del poder. En noviembre de 2019 el ejército y la policía cometen masacres contra la población civil, denunciadas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esas denuncias no han sido investigadas hasta ahora por el Ministerio Público.


¿Cuáles fueron los resultados del golpe en relación a la persecución política y al funcionamiento de las instituciones judiciales en Bolivia?

Hubo un pacto político que garantizaba la realización de las elecciones como único objetivo. Después vino un periodo mucho más complicado con la pandemia del Covid-19. Ahí se hizo mucho más clara esta lucha de clases, se revelaron más aspectos racistas y no se pudo resolver ninguna de las problemáticas estructurales.

Tenemos nueve meses de un gobierno transitorio donde hay un quiebre institucional, donde todo se mueve a partir del poder ejecutivo y de la instrucción del Ministerio de Gobierno. Tenemos perseguidos políticos tanto del MAS como de personas que no son del MAS y que han osado criticar al gobierno. Hay detenidos y aprehendidos de manera ilegal y arbitraria desde las masacres. Muchos de ellos han hecho las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales. Tenemos testimonios de mujeres de pollera (falda, vestimenta típica de la mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, nota de la redacción) que han sido violentadas por militares y policías. Sigue aprehendido Facundo Molares hasta el día de hoy, está perdiendo su vista en los dos ojos y tiene problemas renales. También siguen aprehendidas muchas mujeres.

La ruptura institucional en Bolivia hace posible que estos grupos paramilitares se refugien bajo el consentimiento y permisibilidad del Estado, porque es el Estado el que financia los grupos paramilitares y mercenarios. Desde el Ministerio de Gobierno se dice que lo políticamente correcto es meter bala a todos los que están movilizados. Hasta el día de hoy se estima que hay tres millones de desempleados en Bolivia y hay personas que están volviendo a la pobreza extrema. Se ha privatizado la salud, se comete corrupción con la salud. El año escolar ha sido clausurado dejando sin escuela a todas nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema económico no se ha podido resolver. Entendemos que es una situación muy difícil. Sin embargo, no hay ninguna política social por parte del Estado para mitigar este problema.

Esos son los efectos del golpe, del quiebre institucional del Estado de no-derecho. A quien le provoque cuestionar los problemas estructurales no resueltos se le aplica el derecho penal del enemigo, el que ve a estas personas como no-ciudadanos, tipificándolos como terroristas, como sediciosos o como financiadores de terrorismo. Por eso, los movimientos sociales, el movimiento indígena, campesino, obrero, están asumiendo que tienen que pronunciarse. El gobierno es un precursor del odio, esas personas siempre hacen esas distinciones, estigmatizan a las personas que ejercen su derecho a la protesta como Masistas. Todo eso engloba un quiebre institucional en Bolivia y tiene como resultado un pueblo insatisfecho y movilizado, pero también profundamente golpeado porque en nueve meses no se ha podido encontrar un pacto social en Bolivia (un convenio social y político para superar la polarización de la sociedad, nota de la redacción).


¿Cuál es la situación actual en Bolivia y cómo es que empezaron de nuevo las movilizaciones?

Para muchos la salida política eran las elecciones que se iban a dar el 6 de septiembre, sin una seguridad real de qué partido vaya a ganar, pero sí con la idea de que se vaya realizando un pacto social que pueda afrontar de mejor forma esta situación. El Tribunal Electoral dio el anuncio de que se trasladará la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre. Y eso lleva a un nuevo escenario de confrontación. Se llamó a un Cabildo, un encuentro, en la ciudad de El Alto, y se determinó dar 72 horas al Tribunal Electoral para que vuelva a declarar la fecha de elecciones el 6 de septiembre. De lo contrario se realizarían bloqueos nacionales.

En 72 horas se realizaron los bloqueos nacionales. Los bloqueos empezaron a cobrar más fuerza a partir de las declaraciones de sectores afines a este gobierno, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, que señalaban al movimiento indígena como “unas bestias que no merecemos ser ciudadanos y que mordemos la mano de quien nos da de comer”. Los indígenas representan más del 80% de este país, además se reconocen en la Constitución Política del Estado más de 36 naciones indígenas. Miembros del Comité Cívico y también personas afines al gobierno han expresado que deberíamos volver a la república (se refiere a volver a la constitución vigente antes del gobierno del MAS, nota de la redacción). Esos discursos han ido calando en la población y han profundizado las contradicciones, a tal nivel que la consigna del movimiento popular ya no eran las elecciones, sino la renuncia de Jeanine Áñez.

Los bloqueos han empezado a ser satanizados por el gobierno con el argumento de que estos influyen en la falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19, a pesar de que el oxígeno hacía falta aquí en Bolivia ya hace dos meses atrás y que la crisis de salud la tenemos ya desde hace nueve meses. Sin embargo, la Asamblea Legislativa donde tiene la mayoría el MAS, aprobó las elecciones para el 18 de octubre. En estos momentos se ha dado la instrucción de desbloqueo, pero con un estado de alerta permanentemente.


¿Cómo va a seguir la situación después de que la nueva fecha para las elecciones sea aceptada y después de que los bloqueos se terminen?

Nosotros estamos monitoreando y denunciando que se está ejerciendo una persecución política a los dirigentes que han llamado a estas manifestaciones. Ya han salido denuncias admitidas por el Ministerio Público. Tenemos 43 aprehendidos de manera ilegal y arbitraria en Samaipata, de los cuales tres están con detención preventiva. Tenemos tres heridos de bala en San Ignacio de Moxos por estos grupos paramilitares y tenemos un pueblo herido en su dignidad. Hoy afrontamos la resistencia popular, afrontamos también la necesidad de organizarnos porque sabemos que el Estado desde los policías, los militares y sus grupos paramilitares están preparados para golpear al pueblo Y hoy, en toda esta agudización del problema solamente nos queda asumir el planteamiento de un poder popular. Tenemos la incertidumbre de si se van a realizar o no las elecciones. No es algo certero para el pueblo, pero de lo que sí tenemos certeza es de la necesidad de organizarnos, unirnos y luchar.

“VAMOS A CAMBIAR LAS FORMAS PATRIARCALES DE HACER POLÍTICA”

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Victoria Alen y Karina Chacón son integrantes del colectivo Tinta Violeta. Fundada en 2012, el colectivo está especializado en la defensa de los derechos de las mujeres. El voluntariado de acompañamiento amoroso a mujeres en situación de violencia es la bandera del colectivo, por medio del cual dan atención directa a mujeres y miembros LGBTQ+ en casos judiciales. Su “Proyecto Amada” utiliza laboratorios creativos de poesía, de danza, de teatro y otros para la superación del machismo y el impulso del feminismo en la cultura venezolana. Tinta Violeta forma parte de la red de colectivos feministas socialistas La Araña Feminista.
(Foto: Maye Josefina)


¿Por qué declararon una emergencia feminista en Venezuela?
Victoria Alen: En el segundo semestre del año pasado, la compañera, antropóloga y feminista Aimee Zambrano, por medio del Monitor de Femicidios, publicó las cifras de los femicidios en Venezuela para el 2019. Fueron 167 casos, cosa que nos llamó profundamente la atención y nos dimos cuenta también lo desamparada que se encontraban las mujeres a nivel de las legislaciones e institucionalmente en el país. No teníamos cifras oficiales desde el 2015, en el que se contaron 121 femicidios, eso supone un aumento del 38% en el número de víctimas para el 2019. Entonces decidimos organizarnos creando una alianza entre organizaciones y colectivas buscando trascender las posturas ideológicas. Estas organizaciones también hacen un trabajo importante, las cuales si bien ideológicamente no se identifican con el socialismo, tienen estrategias para atender a la mujer. Esa articulación, que ha surgido muy espontáneamente para presionar al estado y a las instituciones nacionales, tiene como nombre “Articulación Feminista”. A partir de las cifras y la articulación decidimos hacer una rueda de prensa para declarar la emergencia feminista, porque nos dimos cuenta de que era una problemática importante que estaba desatendida.

¿Qué acciones tomó la ‘Articulación Feminista’ para presionar al estado?
Karina Chacón: La primera acción en conjunto fue la del 25 de noviembre, Dia Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, en donde redactamos nuestro primer comunicado y lo llevamos al Tribunal Supremo de Justicia como órgano rector del sistema de justicia en Venezuela. Venezuela tiene un marco jurídico que es el más avanzado de la región en materia de género y en cuanto a su redacción y lo que contempla. Pero es una ley que ni siquiera tiene un reglamento. Al momento de buscar la aplicación de esa ley, no se consiguen los mejores resultados.

¿Qué resultados salieron de la manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia?
VA: Bueno, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, salió en el momento de la protesta y se comprometió de palabra con nosotros a hacer una articulación entre las instituciones y la red de colectivos que estábamos ahí. Posteriormente se generaron mesas de trabajo con propósitos particulares, se hicieron tres reuniones, pero nunca se llegó a nada. Se quedó en un espacio estéril que no terminó de cuajar por diversas razones. En gran parte, no sé si se debe a la ineficiencia, a la apatía de las instituciones o a la falta de recursos e infraestructura de éstas, pero no llegamos a nada. De hecho, el 25 lo comprometimos a él a que para el 8 de marzo ya tenía que haber algo concreto. Llegó el 8 de marzo, pasó el 8 de marzo y no pasó absolutamente nada.

El 8 de marzo realizaron una protesta independiente como “Articulación Feminista” por el Día Internacional de la Mujer…
KC: Logramos hacer un espacio en el que, a pesar de que había diversidad de pensamientos y de corrientes ideológicas, todas nos sentíamos identificadas con la emergencia feminista y con la lucha por la justicia para todas las mujeres. Reunimos a más de 100 personas, que, para un espacio de articulación pequeño, surgido de la espontaneidad y con el reto de construir desde la autonomía no partidista – no vinculada a sectores oficiales ni a sectores de oposición tradicionales en Venezuela -, lo sentimos como nuestro primer logro. Volver a generar espacios en los que haya un debate abierto, en donde nos podamos escuchar, es la propuesta de esta articulación para resolver el tema de los derechos de las mujeres.

Esto permite generar confianza, porque una de las cosas que hemos perdido en la militancia política, en la acción política, en los espacios de acción política en Venezuela, ha sido esa necesidad de confrontar las ideas.

¿Cuál es la situación actual con respecto a los femicidios?
KC: Hoy estamos a 67 días del año y tenemos 51 casos de femicidio según el Monitor de Femicidios de Aimee Zambrano. Es super alarmante. Como ejemplo tomamos las compañeras españolas, quienes decidieron declararse en Emergencia Feminista. Las cifras oficiales de España en lo que va de 2020 han registrado entre 14 a 16 femicidios y España tiene una población que es mucho más grande que la de Venezuela.

¿Hay alguna forma de obtener justicia en los casos de femicidio?
KC: Por lo general no tenemos una cultura de denuncia en Venezuela. Entonces, el primer paso, cuando Tinta Violeta atiende una mujer que está en situación de violencia, es que la mujer se sienta acompañada y sienta la seguridad de hacer la denuncia. Cuando las mujeres van solas a hacer la denuncia, en general, son revictimizadas por todos los funcionarios y las funcionarias y eso hace que la mujer desista de denunciar. El caso se engaveta, retiran las denuncias, se declara sobreseimiento porque la mujer no sigue insistiendo. Pero como nosotros somos una organización que tiene figura jurídica, nos permite llevar una carta y decir: “según la ley podemos formar parte de la denuncia”. Con esa presión es que logramos que el funcionario y la funcionaria, aunque haciéndonos esperar cuatro horas, nos atiendan y tengamos resultados.

¿Cuál era la situación de los femicidios antes de que cesaran el conteo oficial?
VA: Toda la primera década del 2000 surgieron leyes, había movimientos políticos y había forma de responder desde las instituciones a esta problemática. No se veía tan fuerte como se ve ahora. Había una preocupación y a base de eso sacaron políticas públicas. También hubo en todo el proceso Bolivariano con Chávez muchísima participación política de parte de las mujeres, sobre todo en las organizaciones de base. Como había más participación y protagonismo por parte de las mujeres, si bien existía este tema de la violencia – siempre ha existido – las mujeres no se sentían tan desamparadas y había formas de lograr solucionar su situación. A partir del 2014 en adelante ha habido un desamparo muy grande. Pero 2015 y, en particular, 2016 fueron años de quiebre muy fuerte. No solamente el tema económico quebró, sino también todo lo que lo circunda, lo político, lo social, lo cultural y eso tiene una repercusión fuerte en las mujeres que terminan llevando la mayor carga. Lo que se llama la feminización de la pobreza. Las mujeres son las que se ven más afectadas, más directamente en el hogar, son las que terminan siendo más afectadas por el tema de la violencia y todo este aspecto genera un aumento significativo de las distintas formas de violencia simbólica, política e institucional.

¿Cuáles son las demandas de la “Articulación Feminista” en vista de la situación?
KC: La primera ha sido obtener cifras oficiales por parte del estado. La segunda, ha sido en materia legal, respecto de cómo poder hacer que los funcionarios y las funcionarias hagan cumplir la ley. Es cuestión de tener una directriz que haga que esto se cumpla. Otro de los problemas con el tema de las denuncias es que no nos dejan pasar si llevamos un vestido, no nos dejan pasar si la vestimenta no es adecuada según el funcionario que esté en la puerta. Eso hace que las mujeres que van a denunciar, si no llevan la vestimenta adecuada se regresan a su casa con los agresores y terminan muertas. Otra de las demandas ha sido admitir un recurso de nulidad que nos permita, por lo menos, despenalizar el aborto. Otras demandas son que los casos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas e inquilinas sean tomados como casos de violencia de género y no como casos de propiedad o casos de tierra, porque esto nos impide hacer justicia y enjuiciar a los agresores. Todo va ligado a un plan formativo que sea permanente e integral para los funcionarios y las funcionarias.

¿Cómo actúa la justicia en relación con la violencia contra la comunidad LGBTQ+?
VA: Nosotros hacemos acompañamiento con la ley de la mano, porque no hay un reglamento especial, pero la constitución en el artículo 20 y 21 habla de la no discriminación, no importa en qué situación. Nosotros nos basamos en eso, porque la constitución está por encima de cualquier otra cosa, para que sus casos sean atendidos y por lo menos así logramos que los reciban, porque ni siquiera los quieren recibir o tratar.

KC: Como Venezuela no ha legislado en materia de identidad y la ley reconoce a transmasculinos como sujetos de derecho por su sexo biológico, hemos tenido varios casos de mujeres que han tenido una transición para ser transmasculino, para definirse como transmasculino, y la ley las protege igual como mujeres. Es un tema bastante complejo porque hay que explicarle al funcionario y a la funcionaria que es una mujer que tiene una identidad masculina y, para que ese compañero no sea vulnerado ni revictimizado, es bastante complejo porque siempre está la denominación, o sea, cómo se le llama, y de la mano el prejuicio. Es más complicado hacer acompañamiento a transfemeninas porque no tenemos una legislación en materia de identidad. Desde varias organizaciones están alzando la bandera pidiendo una reforma de la ley y ya hay una propuesta para la reforma, ésta pide incluir la violencia hacia las mujeres trans en la legislación. Esto es importante porque no está contemplada hasta ahora y las muertes de estas compañeras tienen que ser contabilizadas como femicidios.

¿Cómo ven, desde Venezuela, los avances del movimiento feminista en la región?
KC: Nosotras confiamos que, desde el movimiento feminista, vamos a poder cambiar las formas patriarcales de hacer política que hasta ahora no han traído resultado. Es la demanda del movimiento feminista en toda la región, poder conseguir esa alternativa que atienda y que garantice el derecho a la vida de la mitad de la población, que no está siendo atendida en este momento.

VIENEN POR TODO Y SIN ESCRÚPULOS

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MARIANA GARCÍA, VICTORIA FURTADO Y DANIELA MASSA
son compañeras en el colectivo feminista Minervas de Montevideo. Mariana participa también de la Cooperativa Comuna y Victoria del colectivo ZUR.


¿Con qué actitud enfrentan al cambio de gobierno? ¿Cómo cambiará la situación en Uruguay?
Victoria: Va a haber un cambio de escenario muy grande, que nos trae nuevos desafíos. Pero también es cierto que el movimiento feminista en Uruguay y en el Sur se ha vuelto fuerte cuando aún estaban los gobiernos progresistas. Claro que con los discursos conservadores de la derecha algo va a cambiar, se van a agudizar los desafíos, pero nosotras igualmente ya estábamos en la calle luchando contra la violencia en el sistema patriarcal, ya estábamos combatiendo estos discursos, porque éstos no son nuevos, ya estaban en la sociedad.

Daniela: Hay una mayor preocupación en términos de nuestra vida concreta. Teníamos cierta seguridad con los gobiernos progresistas, no tanto en lo que respecta al movimiento, sino en nuestra vida concreta como mujeres. Nuestros temores son más sobre las medidas que van a poner en riesgo nuestra vida, trabajo, formación, educación, vivienda y salud. Se está sintiendo la tensión con el nuevo gobierno, sin embargo, el movimiento feminista corre en paralelo y, por eso, no nos genera una ruptura todavía.

¿Cómo manejan la situación?
V: Estamos atentas a lo que pueda pasar. Uno de los ejes que se planteó para el 8 de marzo es manifestarse en contra de la Ley de Urgente Consideración, esto es algo que se empieza a incorporar en nuestro análisis político. Junto a los miedos que se plantean ahora con respecto al sueldo, la vivienda y la salud, hay un miedo a la posible represión que pueda caer sobre los movimientos sociales. Una vuelta a la derecha implica, para nuestra memoria, una vuelta a gobiernos que fueron represores de la movilización social. Y a la vez que se siente el miedo, intentamos conversar entre nosotras compañeras, sobre cómo nos cuidamos, sin que nos paralice el cambio de gobierno.

En la actualidad, Uruguay tiene la reputación de ser un país moderado y progresista. ¿El regreso a un gobierno de derecha se produjo de forma inesperada o era previsible ?
Mariana: El acenso de la derecha en Uruguay no fue inesperado. Es un proceso que viene gestándose desde hace bastantes años. Fue tomando fuerza, no sólo en las fuerzas tradicionales de derecha en Uruguay, sino también en los nuevos grupos conservadores como el Cabildo Abierto. En realidad, no se trata de un efecto sorpresa, eran grupos que ya estaban latentes en la política, porque tuvieron bastante fuerza para organizarse rápido.

D: Todas las ideas que ellos ahora encarnan son algo que estaban circulando y venían de un proceso de recrudecimiento de la violencia institucional. Ahora ellos las proponen con palabras muy claras y políticas concretas. Claro está, durante los gobiernos anteriores del FA hubo también un avance de la represión.

V: El Cabildo Abierto, este sector ultraconservadorya tenía poder en el país. Tenía sus propias organizaciones en el estado y en el ejército porque tenían sus cargos de responsabilidad puestos ahí por el FA. Lo que no tenían era un partido propio, lo que sí aparece ahora. La sorpresa es que hayan obtenido en las primeras elecciones 11 diputados y 3 senadores a solo 6 meses de haberse creado. Esos sectores, que ahora los votaron, se identificaban antes con los partidos tradicionales, como el Partido Colorado o el Partido Nacional, y ahora tienen su propio partido. Esto significa que los partidos tradicionales ya no representan sus intereses.

¿Por qué forman los partidos tradicionales una coalición con la extrema derecha?
D: Es estrategia. El Partido Nacional sabía desde mitad de año que no tenía posibilidades de acceder a la presidencia. Los partidos tradicionales estaban divididos. La estrategia de coalición, en donde hay ideas en común, generó mucha atención y les funcionó. Después de la primera vuelta electoral, lo primero que salieron a decir es: “Ahora a alinearnos y todos a bordo. ¡Todos por el gobierno!” Con un objetivo muy claro de lo que se estaba buscando.

V: Uruguay siempre fue un país conservador. En estos años progresistas, sí hubo una mirada un poco más preocupada por lo social, pero, lo cierto es que no hubo ni un cambio de modelo económico ni cultural. El discurso más conservador, que igual ya circulaba en la mayoría de la gente, ahora tiene un público más amplio. El feminismo es el único movimiento que pudo romper y desnaturalizar un montón de cosas con mucha fuerza. En el resto de la izquierda y los movimientos sociales no pasó. Los años del progresismo no tuvieron el objetivo de cambiar el modelo económico de manera profunda, ni tampoco de construir un sentido de lo común que no esté basado en la lógica del consumo individualista, neoliberal.

¿De qué discursos o ideas conservadoras se trata?
V: Nos referimos a discursos conservadores que refieren a cosas como la llamada “ideología de género”. Discursos que apelan al rol tradicional de las mujeres como madres, pero también a una visión empresarial de la gestión pública. Estos discursos también engloban algunas declaraciones con relación a la dictadura, los desaparecidos, los derechos humanos, que pretenden quitarles gravedad y relevancia a los crímenes de lesa humanidad.

¿Qué planea el nuevo gobierno como primera medida?
V: Una de las primeras medidas que ha anunciado el gobierno es una “Ley de Urgente Consideración”, que era parte de la campaña electoral, pero nunca habían explicitado qué contenidos tenía. Ahora sabemos que la ley tiene casí 500 artículos y es un paquete de medidas muy amplias que toca una diversidad de asuntos bien variados.

M: La palabra urgente es un mecanismo para que los 500 artículos sean tratados de un modo veloz: 45 días en cada cámara para que eso se resuelva. Uno podría pensar, ¿qué cosas pueden ser tan urgentes para tratarlas el primer día de un gobierno? – claramente no pueden ser los 500 artículos. Intentan aprobar estas medidas enseguida y asegurar lo acordado por todos, antes de que pueda haber fisuras. Si en algún momento la coalición se desarma, el paquete de medidas que los unía ya queda aprobado.

D: Esta ley es el programa del nuevo gobierno. En su campaña no hubo un programa explícito, solo tiraban algunas ideas. La ley trata lo social y también planea recortes en la educación, salud y vivienda, e incluso hasta en los derechos de las minorías. Un salpicón de artículos infinitos que son recortes de derechos y recursos.

¿Pueden dar otros ejemplos de las áreas que afectaría esta ley?
V: Es tanta la variedad de temas que se tocan que se necesitaría una entrevista solo para hablar de la ley. Es claramente una avanzada neoliberal sin escrúpulos. Privatización de servicios públicos, cambios en las formas de acceder a la tierra, más peso de las instituciones privadas en la educación, disposiciones que habilitan la represión policial en manifestaciones, mayor poder a los organismos de inteligencia estatal, direccionamiento de las averiguaciones de inteligencia a la “seguridad interna”, cambios en la negociación colectiva de salarios y condiciones laborales, cambios en la ley que regula a los medios de comunicación y mucho más.

Hasta las designaciones de los ministros me dan la sensación de un gobierno sin escrúpulos. Muchos de sus nombres son conocidos por cargos anteriores en otros gobiernos de derecha, por causas por corrupción y por un pasado problemático. No van a ser 5 años de un proceso de derechización, no. Va a ser una bomba. Todo va a suceder muy rápido – vienen por todo y sin escrúpulos.

En las organizaciones sociales se ha generado una reacción en contra de esta ley. Todos nos tenemos que poner en campaña. Pero, como toca tantos puntos, abre muchos frentes a la misma vez para la lucha social y dispersa nuestras energías. Esto es un riesgo y creo que es intencional.

¿Qué van a hacer ahora al respecto? El 8 de marzo será la primera movilización bajo el nuevo gobierno
D: Una de las propuestas fue cambiar el recorrido de la marcha hasta la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia. Sin embargo, se decidió marchar el mismo recorrido de siempre.

V: Lo decidimos así porque las demandas no son solo dirigidas a la presidencia, sino a la sociedad entera, por un cambio total del sistema. El patriarcado no solo se expresa a través del gobierno. Decidimos mantener la ruta, desde esta perspectiva, y mostrar que nuestras demandas transcienden lo estatal. No vamos a ignorar que el estado está ahí, no vamos a ignorar que gobierna la derecha. Pero, más allá de eso, estamos construyendo cosas, no solo oponiéndonos. No queremos ubicar todas las demandas del movimiento dirigidas a la presidencia. El movimiento es mucho más que esto en lo que denuncia y también en lo que construye.

LOS CHALECOS ANTIBALAS NO AYUDAN

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SAMUEL ARREGOCES
es uno de los muchos activistas sociales importantes en Colombia que viven bajo amenaza. Él organiza en el Departamento de La Guajira la resistencia de las comunidades afro y Wayuu contra el desplazamiento y la destrucción del medio ambiente a causa de la minería de carbón en la mina El Cerrejón (ver LN 545). El pueblo de Samuel Arregoces, Tabaco, fue destruido en 2005 por la empresa operadora de la mina junto con el Estado colombiano. Éstos borraron del mapa saberes, plantas, animales, arroyos y costumbres. Desde entonces ha estado apoyando otras comunidades en la lucha contra la minería y por el agua en la seca La Guajira. (Foto: Daniel Céspedes)


Durante muchos años ha sido amenazado por su compromiso político ¿cuándo empezó?
En el 2011 cuando hicimos una manifestación por la conmemoración de los 10 años del desplazamiento de Tabaco, recibí una llamada en la que me decían “recuerde que usted tiene familia”. Un año después siguieron las amenazas telefónicas y empecé a recibir mensajes de textos raros. En el 2016 se hicieron más intensas las amenazas, en el desalojo de la comunidad de Roche me llamaron para decirme que podía ser asesinado. Ese año también presenté la primera denuncia pública en la fiscalía. En otra ocasión, un vehículo me siguió hasta mi casa, y una vez una persona también lo hizo pero cuando mi hermana se dio cuenta, salió corriendo.

¿Qué ha hecho para hacer frente a las amenazas? ¿Qué garantías ha tenido?
Tomé precauciones. Entraba temprano a la casa, solo salía cuando tenía reuniones y por la nula respuesta de la fiscalía busqué ayuda en el Centro de Educación Popular y en una organización no-gubernamental que se llama “Somos defensores”. En el estudio de riesgo que hicieron estas organizaciones por los últimos incidentes, me aconsejaron salir de la Guajira, principalmente me recomendaron salir del país, pero si para mí es difícil salir del departamento, imagínese salir del país. Estuve un año fuera de La Guajira. Fue algo muy duro para mí. Salir de mi tierra como un delincuente, cuando los delincuentes se quedan aquí – además el estrés me generó un problema de salud y económicamente fue muy complicado. Tenía una beca por tres meses, otra por dos meses, pero los meses siguientes yo debía costear todo solo, con donaciones de algunos amigos en dinero y en alimentos. Pero yo no tenía trabajo. Por todo lo que yo hago en las comunidades no recibo ningún pago.

¿Recibió apoyo del Estado?
En mayo del 2018 llené un formulario en la UNP (Unidad Nacional de Protección) y me dieron respuesta en noviembre. Me dijeron que no tenía riesgo porque era un ciudadano común. Ese día me sentí muy mal porque me negaron que yo sea líder social. Apelé esa decisión y en marzo del 2019 me hicieron un estudio de riesgo y me respondieron en agosto que yo tenía riesgo extraordinario y que iban a implementar un esquema de seguridad: un botón de pánico, un chaleco antibalas y un celular. Pero yo siento que este esquema lo pone a uno más en riesgo, porque uno no pasa desapercibido con un chaleco antibalas y volví a apelar esta decisión. Tuvieron que hacer otro estudio de riesgo porque intentaron entrar en mi casa doblando las barillas de la ventana y una vecina vio cerca una moto extraña. De este estudio aún no he recibido respuesta.

¿Cómo es vivir con miedo constante?
Vivir con estas amenazas no es fácil, porque te cambia la vida. Vivir todos los días pensando que te pueden asesinar, o que le van a hacer daño a un familiar es traumático. Me tocó hacer una reunión familiar y entre todos nos endeudamos para comprar un carro y alguien de mi familia se prestó para andar conmigo, no tenemos ningún tipo de arma. No es el mejor mecanismo de seguridad, pero es lo mejor que pude implementar. Cada vez que salimos de la casa, no sabemos si vamos a regresar.

Vivir con miedo es difícil, pero llega un momento en que te decides. Estoy seguro que somos nosotros los que tenemos que cambiar esto. El gobierno nacional no va a cambiar el país, muchos de nosotros hemos tenido que dejar la vida en el barro. En este país neoliberal, extractivista, somos objetivo militar y ser líder social es un delito.

¿Tiene alguna idea de dónde provienen estas amenazas?
Yo no estoy seguro de dónde vienen las amenazas, pero de lo que sí estoy seguro es que lo único que hace Samuel Arregoces es denunciar a la empresa minera El Cerrejón y al Estado colombiano. ¿A quién más le puede incomodar lo que yo hago? Muchos líderes que hacen lo mismo que yo han sido asesinado, estas amenazas son sistemáticas.

„EL SILENCIO ES FATAL“

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SANDRA PALESTRO CONTRERAS
es socióloga, activista feminista y desde 10 años forma parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. (Foto: Alea Rentmeister)


¿En qué sentido la violencia político-sexual forma parte de la violencia patriarcal?
Nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres siempre intentamos conectar las distintas manifestaciones de la violencia patriarcal, porque la violencia político-sexual no es distinta a la violencia cotidiana que otros hombres ejercen sobre las mujeres sin ser agentes del Estado. Es el mismo patrón misógino y de ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres.

¿Por qué el sistema patriarcal castiga la participación política de las mujeres a través de su sexualidad, su cuerpo?
Según los estudios destruye la intimidad de las mujeres. Y por otra parte es como un mensaje, lo que dicen los estudios, es un castigo para los hombres de ese grupo al que pertenecen las mujeres. En las guerras, las mujeres son tratadas como un botín. Por experiencia propia podría decir que te hace perder tu intimidad. Porque incluso los golpes brutales con el tiempo van difumándose, van perdiéndose. Pero la agresión sexual, te queda. Te permanece en tu recuerdo toda la vida. Debe ser porque es algo muy íntimo y algo sobre que supuestamente las personas queremos tener el control, que sea sólo nuestro, y yo decido.

Es una agresión que tú en ningún momento permitirías si no fuera por el poder encima, porque es brutal, porque te amenazan. Y en el caso de la violencia política-sexual, una está vendada, con una venda en los ojos, y desnuda. Entonces es la indefensión total. Es justamente el arma que usan en estas detenciones, en las guerras, en los conflictos armados, en todas partes. Es porque saben que es la agresión mayor que podemos vivir las mujeres.

Durante la dictadura usted fue detenida y vivió violencia político-sexual. ¿Cómo ha conseguido salir de la condición de víctima y seguir siendo luchadora y activista?
Eso fue muy difícil. Yo estuve presa un mes en el Estado Nacional en el octubre del 1973, muy luego después del golpe. Y eso fue brutal. La vida se divide en un antes y después y ya no puedes recuperarte. Son muchos años que se demora una en rearmarse un poco. Yo estuve 14 años sin contarle a nadie lo que había sucedido.

Y allí, derecho a la psiquiatra porque me empezaron síntomas corporales: algo me apretaba la cabeza, tenía insomnio. Estuve como 3 años en terapias y cuando logré desbloquear eso que mi cerebro no quería mostrarme, fue super importante. Allí empecé la etapa más de sobrevivencia.

Sin embargo, nunca renunció al activismo…
Durante todos estos 14 años yo ni siquiera me preocupé de mí misma, fue un activismo pero así feroz. Estuve 10 años en el exilio, volví justo en el 1983 con las protestas. Entonces me tocó esta etapa en que Chile estaba también despertando y me incorporé a esa lucha con todo. Recién después de 14 años, me di cuenta, que algo me estaba pasando a mí y entonces me di cuenta que todo este activismo hasta el cansancio había sido para justamente no pensar. También comprendí que si yo no seguía en ese activismo, en esa pelea, allí sí me iban a derrotar.

Entonces, pese al miedo y todas las cosas, seguí peleando aquí en Chile. Volví a caer presa de nuevo en el ‘85 en una manifestación callejera. Allí sentí el miedo pero fue distinto, no fue tan brutal. Caí presa muchas veces en las manifestaciones, pero ya no sentía miedo porque algo había cambiado, no era lo mismo que al comienzo de la dictadura. Recién 30 años del golpe, cuando yo vi en el informe Valech los testimonios de las mujeres, allí recién yo dije, esto nos pasó a todas. Lo tremendo de eso fue el silencio de las mujeres durante tantos años sobre lo que había sucedido.

¿De dónde proviene este silencio?
Las mujeres no contamos. Hay mujeres, presas en tiempo de dictadura, amigas mías, que nunca han contado lo que les pasó. Eso yo creo que tiene mucho que ver con toda esta socialización de las mujeres en una cultura androcéntrica. Nosotras siempre nos postergamos. Yo lo sentí tan patente cuando vi lo del informe Valech, muchas pensábamos lo que a nosotras nos había sucedido era menos que los detenidos desaparecidos y los ejecutados. Entonces, nunca hablamos de la tortura porque eso era peor.

Y después también es la socialización en la maternidad, en el cuidado de los otros, cuidar a los hijos, a los sobrinos, a todos, de que no sepan que exista esa crueldad, esta maldad. Entonces también es parte de esta cultura, de esta civilización patriarcal. Y si las mujeres no hablamos, y no vamos poniendo esto, entonces nada se mueve, queda oculto.

Y es tan difícil hablar, decirlo. Pero el silencio es fatal, en todos los sentidos. Tenemos que hablar, tenemos expresar lo que nos pasa. Porque no somos responsables. Es otro él que es responsable. No tenemos que sentir ni culpa ni vergüenza y así vamos aireando nuestros mundos y lo vamos compartiendo, vamos reflexionando con los demás. Y en eso también escuchan las niñas y los niños, los que están en nuestro entorno y van formándose de otra manera, no en el silencio sino en la expresividad, en la denuncia, en el buscar afirmarse de manera de terminar con eso.

¿Siente que es importante vincular la memoria de la violencia político-sexual que pasó en dictadura con la lucha contra la violencia que ocurre hoy día?
Creo que es mejor pensar la violencia político-sexual como un continuo. Porque hay una tendencia a una comparación y entonces una tendencia de decir que ahora también estamos en dictadura. Pero me parece que ha cambiado tanto la sociedad, han pasado tantas cosas desde los tiempos de la dictadura hasta ahora. Fueron 17 años de una dictadura que no respetó nada, no había ni una institución funcionando. No había nada de representación popular. Incluso los recursos de amparo, que ponían los abogados eran desestimados por la corte suprema. No había defensa, nadie nos defendía.

Ahora tenemos la posibilidad de expresarnos, de denunciar, de exigir, existe el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), existen observadores internacionales. Existe también esta otra posibilidad de la tecnología, que tú puedes filmar algo y tienes una prueba. No son comparables las agresiones aún que sí tienen el mismo contenido, esto de adentrar a las mujeres que no les corresponde ese lugar público, ese lugar de denuncia y protesta. Que su lugar está en la casa, cuidando los niños.

¿ Usted forma parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué hacen la Red y otras organizaciones feministas para combatir esta violencia?
Estos últimas décadas, se ha visto un auge tremendo del feminismo. Ahora reciente en 2018, las tomas de las universidades que hicieron las mujeres solas como feministas, y después el 8 de marzo de 2019, eso fue a nivel de país sorprendente. Y ahora en las movilizaciones, lo que más se ve son los pañuelos feministas y las banderas mapuches.

Se va notando un cambio en la sociedad. Las mujeres ahora participan como mujeres, son feministas, participan en las manifestaciones y una sabe por qué pelea. Antes también lo sabíamos pero teníamos una condición que era secundarizada. Nos tomaban presas porque andaban buscando a nuestro papá o a los maridos. Aunque fuéramos también militantes no consideraban esa actuación de las mujeres.

En cambio, ahora, sí las mujeres participamos con esa conciencia de transformación de la sociedad. Esto es un cambio que hemos ido haciendo las mujeres feministas principalmente durante estos años. Si no podemos influir directamente en la institución de carabineros en este caso, si influimos en la sociedad entera, en la cultura.

El gobierno de Piñera reacciona a las protestas actuales nuevamente con represión y con violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo usted ha vivido esto?
Fue bien impactante para mí los primeros días del estallido, sobre todo cuando sacaron a los militares a la calle. Sentí una preocupación terrible por las y los jóvenes, que no habían tenido esa experiencia anterior y son más temerarios  y se quedaban afuera con el toque de queda. Me daba miedo, que los militares los mataran.

Fueron bien duros esos días. Después, también ver esto tan sistemático de la violencia político-sexual y de la violencia en los ojos. Eso, otra vez? Se me venía a la mente esa crueldad, eso intencionado, tan cruel y consciente, porque no es casualidad. Y eso otra vez, me removió dentro eso que yo sentía en el estadio: la crueldad incomprensible y desconocida.  Nosotras éramos muy jóvenes, yo tenía 22 años. No conocíamos esa crueldad. Después, yo pensaba en todos estos años de democracia, como se ha tratado de difundir y de hablar y de tirar la consigna del „nunca más“.

Y ese nunca más me resonaba ahora. Otra vez esta crueldad, otra vez esta agresión. Eso, a una le va desesperanzado un poco. Es como la historia fuera circular. Pero también te sirve para seguir en la pelea intentando a reflexionar, a conversar a la raíz de la experiencia que una tiene.

¿Qué influencia tiene la violencia político-sexual en las protestas actuales?
A mí me produce cierta preocupación que en estos enfrentamientos como la violencia política-sexual y la mutilación de las personas, nosotros, los manifestantes, nos vamos apertrechando a una posición defensiva. Ha cambiado el foco, ya no se trata de nuestras demandas sociales como un mejor sistema de pensiones y de salud, una educación no sexista, nada de eso suena, solo los derechos humanos y las querellas y las denuncias. Entonces, vamos perdiendo.

Nosotros que éramos luchadores contra todo un sistema de abusos nos transformamos ahora en víctimas de esta represión y eso es muy preocupante. Es un conflicto en el que el gobierno va ganando terreno. Yo digo que las personas que han muerto y que han sido mutilados tienen que ser una inspiración para la lucha, para que conversemos estas ganas de seguir peleando por las causas que motivaron este estallido.

„EN 30 AÑOS A LO MEJOR DESAPARECEMOS“

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BLAS LÓPEZ MORALES
es sociólogo y fue secretario general del Congreso General Guna entre 2011 y 2013. En la actualidad es miembro de la comisión que organiza el traslado de su comunidad Gardi Sugdub desde la isla en la que se ubica a tierra firme.
(Foto: Proyecto Nativo, www.nativoproject.com)


¿Qué transformaciones percibe a raíz del cambio climático?
Hay desastres naturales con mayor densidad. La subida del nivel del mar y los vientos son cada vez más intensos. El oleaje antes era de uno o dos metros, ahora en enero era de tres, cuatro metros.

De noviembre a febrero la gente sabe que soplan vientos del norte y se acostumbra, pero este año lo que pasó en las costas fue muy intenso, durante una semana hubo inundaciones y hubo mucha destrucción en las casas. Por suerte en Gardi Sugdub no pasó tanto (una península la protege, nota de redacción), pero otras comunidades que están más expuestas al mar se ven más afectadas por la intensidad de las olas.

¿Qué significa una inundación para los habitantes de la isla?
A veces comienza por la mañana, a veces en la tarde. Son dos, tres horas durante las que las comunidades se llenan de agua. A veces se inunda todo el litoral, afectando a los que viven frente al mar. En comunidades que son bajas se llenan también las calles principales. Se destruyen las casas o se llenan con agua las cocinas y la leña cuando están frente al mar, y la gente no puede cocinar. Eso es un poco duro.

Además hay dolores de estómago y vómitos sobre todo entre mayores y niños. La calidad del agua ya no es la misma: las comunidades reciben el agua a través de acueductos que llegan a la isla, el agua proviene de los ríos en tierra firme. Con las inundaciones y el viento fuerte se inundan los ríos, las tuberías se rompen por la sedimentación, el agua se contamina y ya no es dulce.

Casas Guna en la orilla del mar están amenazadas por inundaciones en caso de temporales

¿Qué otros problemas tienen en este tipo de situaciones?
Durante los temporales la gente ya no puede salir a la pesca y se queda sin alimentos. En caso de Gardi Sugdub, hay una conexión por una carretera desde hace unos años. Muchos en la comunidad trabajan en el turismo. Durante el temporal los turistas no pudieron venir y a la gente que trabaja en turismo le afectó bastante, no hubo entrada durante una semana.

En Guna Yala tenemos terrenos, la gente tiene su finca y bien podrían alimentarse, bien podrían producir, pero la mayoría ya no trabaja en el campo. En los últimos años ha cambiado bastante la alimentación de los Guna. Ahora la gente espera a los barcos colombianos, a la gente de Panamá que proveen alimentos a la comarca. Todo viene de la ciudad y cuando de repente los barcos o los carros no llegan, no podemos abastecer las tiendas.

¿Cómo reaccionan los Guna en estos casos?
El pueblo es solidario y bien organizado. La autoridad del Sagla comienza a organizar, a ubicar a las familias en otros lugares. Con una inundación, muchas veces trasladan a las familias afectadas a otra isla y éstas se quedan en las casas de sus familiares. O la comunidad les construye la casa. Para evitar que se inunde su casa, la gente busca arena y piedras en la playa para rellenar, ponen sacos de arena, hacen barreras.

Pero no hay una alerta temprana, no hay seguridad para la población. Son islas pequeñas, ¿dónde se puede evacuar? La gente está notando esto cada vez más y está un poco asustada con lo que pasó en enero. La gente tiene miedo de que pueda pasar otra vez y pregunta: ¿Que va a pasar en 30, 50 años? Yo digo, a lo mejor el pueblo Guna va a desaparecer porque la intensidad es mayor cada año.

 

La isla de Gardi Sugdub está planificando el traslado a tierra firme

Varias comunidades ahora están pensando en trasladarse a tierra firme. ¿Cómo van los preparativos?
A raíz de los graves daños este año, mucha gente, muchas comunidades se percataron de que tenemos que cruzar a tierra firme. Otra razón es que la población aumentó y la gente ya no cabe en las islas.

La comunidad de Gardi Sugdub tomó la iniciativa, ya estamos en proceso desde hace 10 años y más avanzados que en otras comunidades. Más de 300 familias, más o menos 1500 personas se van a trasladar. Se creó una comisión para organizar y planificar el traslado, por ejemplo en cuanto al agua, la electricidad, el problema de la basura o los insectos del área. En una comunidad que vive en una isla no hay malaria y hay pocos insectos, pero el brote de la malaria es más en la costa.

El Congreso General Guna (o „Congreso“, órgano de la autonomía Guna, véase nota y LN 533 para más información) está incentivando el trabajo en el campo más allá del consumo familiar, producir más en una escala de venta, para la seguridad alimentaria.

¿Hubo dificultades en el proceso de traslado?
Para construir 300 casas no alcanzaban las hojas de la palma Weruk que utilizamos para el techo. Por eso aceptamos la ayuda del gobierno dentro de un programa para la construcción de casas. Lamentablemente son casas pequeñas y de cemento, como de cualquier barriada, no adaptadas a la cultura Guna. En la comisión no estuvimos de acuerdo con eso, pero un mejor diseño hubiera sido más caro y buscar un presupuesto a nivel internacional toma mucho tiempo. Tuvimos muchas tensiones internas porque la gente ya no quería esperar 15, 20 años más, así que al final aceptamos el diseño.

Ya hace 9 años que se comenzaron a construir una escuela y un centro de salud. Luego los fondos se desviaron hacía otros lugares, no se terminaron las obras. Ahora bajo el nuevo gobierno de Nito Cortizo las obras se reanudaron, la entrega de las casas se espera dentro de dos años. Las familias son extensas, pero en el futuro pueden agrandar las casas pequeñas.

Creo que el traslado va a afectar bastante a la población Guna, el cambio va a ser un poco drástico. Los mayores no quieren cruzar, pero la mayoría, los jovenes, sí.


Típica artesanía Guna Molas son una fuente de ingreso en Gardi Sugdub

¿Qué conclusiones sacan los Guna del proceso hasta ahora?
La comisión de Gardi Sugdub junto a otros expertos está trabajando en un plan de reasentamiento para el pueblo Guna con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata de lineamientos estratégicos en aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales. En la comunidad también estamos haciendo capacitación sobre cómo va a ser la adaptación al nivel de la salud, del medio ambiente, el trabajo en el campo o cómo se llega a la escuela.

Queremos presentar el plan de reasentamiento en la asamblea del Congreso. Los caciques llevaron arroz a las comunidades afectadas, pero no solamente se trata de dar y apoyar. Al Congreso le toca planificar y desarrollar una política de reasentamiento como parte de la agenda del pueblo Guna. Sino sólo nos va a quedar esperar una solución del gobierno.

El Congreso puede validar y mejorar el plan en el que venimos trabajando. Queremos presentarlo también al gobierno, a los órganos internacionales que puedan dar apoyo. Esa experiencia de Gardi Sugdup puede servir para otras comunidades Guna que quieran trasladarse – de las que algunas no tienen la iniciativa o el liderazgo para hacer su propio plan – y para otras comunidades indígenas costeras que son vulnerables frente al cambio climático.

Trabajo para los pescadores es imposible durantes los temporales

Los Guna a menudo han usado corales para agrandar las islas o hacer barreras de protección. ¿Tiene su uso de las corales algún efecto en las inundaciones?
Los Guna comenzaron a hacer rellenos con corales cuando ya no había espacio por el aumento de la población, luego también por la subida del nivel del mar. Nunca pensaron que eso podría afectar. Esto no es parte de la cultura Guna, sino una forma de sobrevivir, nada más. Nos dimos cuenta de que los corales naturales, al igual que el bosque y el mar, son el sustento diario del pueblo Guna para vivir. Por eso, el Congreso ha prohibido los rellenos. Hay que concientizar a la población que los corales son importantes como barrera natural contra las inundaciones. Pero yo veo que hoy es mínimo, son cosas esporádicas, la gente ha notado que esto se siente en la pesca.

¿Qué significado tiene la naturaleza en la cultura Guna?
Tenemos una relación estrecha, armoniosa con la Madre Tierra, también a nivel espiritual. Los pueblos indígenas creemos que los recursos naturales tienen vida, son nuestros hermanos, seres humanos que se han transformado para apoyar la subsistencia de las generaciones actuales. Los chamánes se comunican con todo este entorno, el Sagla nos recuerda hacer uso de la tierra y sus recursos naturales con amor y mucho respeto. Además el Congreso pone normas concretas, como en el caso de la prohibición de los rellenos o en el caso de la pesca, dónde cada año se hace una veda para ayudar a la recuperación de las poblaciones.

Nuestros líderes dicen, en palabras del Sagla dummad Gilberto Arias: no podemos maltratar a nuestra Madre, más bien hemos comprendido que dependemos mucho de ella, y por eso extraemos lo necesario para nosotros en la cazería, pesca, agricultura, en la construcción de las casas, entre otras cosas. Los modos de vida occidentales son otra realidad.

Cocinas Guna a leña no deberían mojarse, sino no se puede cocinar

¿A quiénes ven los Guna como responsables del cambio climático?
El problema es el mismo sistema capitalista. Todas las naciones han explotado los recursos naturales y los han convertido en un bien monetario.

Los gobiernos y también las empresas privadas – sobre todo de los paises desarrollados – tienen que adaptar sus políticas, porque nosotros, los pueblos indígenas, vivimos en comunidades cada vez más vulnerables. Hemos salvaguardado nuestros bosques, nuestros mares – si tú ves la contaminación, viene de los paises ricos, de las empresas. Producen basura y están emitiendo gases, están deforestando, lo cual, como dicen los sabios Guna, es quitarle el vestido a la Madre naturaleza porque en ella ocasionan cambios como la sequía.

En la ONU hay convenciones internacionales firmadas por los paises, pero no se ejecutan, solamente los firman. Hay financiamiento de los fondos pero no llega a las comunidades afectadas, a los campesinos, a los pueblos indígenas. Eso debería cambiar.

¿Que rol podrían tener los grupos indígenas en el debate global sobre el cambio climático?
Los gobiernos y las empresas tienen que entender que la participación de los pueblos indígenas es muy importante en este tema. Nosotros los Guna, los pueblos indígenas, estamos participando en los foros internacionales del cambio climático. Nuestros conocimientos tradicionales, nuestras prácticas tradicionales de la agricultura sostenible, como la siembra de plantas útiles nativas o la costumbre de las parcelas agroforestales, que permiten regenerar los bosques, pueden aportar mucho en el debate. La participación indígena tiene que ser más combativa en esos espacios.

Creo que es muy importante que los indígenas, los ecologistas, los ONGs, los movimientos sociales, donde ahora hay mucha mobilización por parte de los jovenes en Europa, y los empresarios trabajemos conjuntamente frente al cambio climático.

Los estados del mundo deben firmar un acuerdo y comprometerse a ayudar a los pueblos indígenas para fortalecer sus culturas y difundir sus conocimientos tradicionales sostenibles, sin condiciones respecto a cómo debemos continuar conservando la naturaleza. Si una organización o una empresa quiere apoyar a los pueblos indígenas, es bienvenida, pero siempre y cuando la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiónes esté, que haya mucha información y transparencia, que lleguen los beneficios a la comunidad.

JUNTAS Y DESDE ABAJO

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LUCÍA BOFFO
es una cantante y compositora argentina, oriunda de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Entre los discos con proyectos propios se encuentran: Ellingtones (2014) (jazz), Diente de león (2017) y el EP Infinita posibilidad (2019) junto con Andrés Marino (composiciones originales en el género canción). Como artista invitada y/o parte de proyectos ajenos: Río interior (2019), Templanza (2019), La cocina magnética (2019), La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado (2019), entre los más recientes.

(Foto: Andrea Vargas)


 

Existen, desde siempre, manifestaciones artísticas más socialmente comprometidas y otras que pretenden mantenerse más al margen, como un producto estético autónomo. Como artista, ¿de qué modo entendés el compromiso?

Yo creo que todos hacemos política. Una cosa es la política y otra son los partidos. Mi música no es partidaria, pero es imposible no hacer política. Nosotros, con Andrés Marino, mi compañero musical, planteamos la música desde un lugar más impresionista. En la historia que yo conté sobre mi abuela en la canción “Ella allí” hice una crítica que considero feminista desde un lugar metafórico. En esa canción cuento la vida que ella tuvo y destaco lo increíble de su optimismo. Y digo ‘increíble’ porque en realidad tuvo una vida de mierda, y en gran parte se debió a la situación de la mujer en la sociedad. Cuando nació la iban a regalar porque mi bisabuela no podía ser madre soltera. Esto para mí es política.

¿Vos te definís como feminista?

Sí, podría definirme como feminista, como una aprendiz de feminista, ya que me estoy redescubriendo. Me estoy empezando a dar cuenta de que las realidades o miedos que yo pensaba que eran cosa mía, no lo son; de que no soy la única. Este redescubrimiento se empezó a dar sobre todo en este último período, cuando en Argentina se dio un auge en la generación de consciencia, gracias al cual se están empezando a compartir cada vez más las experiencias.

¿Qué importancia considerás tiene el hecho de poder compartir las experiencias?

Yo creo que sólo con compartir las experiencias estamos paradas en otro lugar. Toda la vida pensé que yo era cagona. Pero en realidad, todas lo somos. Y tenemos razones para serlo. Porque nos matan, porque nos violan. No importa dónde estés, no importa que el lugar sea más o menos seguro. Siempre vamos a estar con dos ojos en la espalda viendo quién camina atrás nuestro. Hace dos días me metí en la página de Facebook Argentinos en Berlín y ví que una flaca había contado que un chabón la siguió hasta la casa. E inmediatamente un montón de otras mujeres empezaron a contar sus experiencias. Estas cosas pasan, en mayor o menor medida, pero pasan en todos lados. Sos mujer, tenés dos tetas, tenés cara de mujer y listo. Cuando te das cuenta de que el miedo no es sólo tuyo, te dejás de sentir sola y te deja de dar miedo. Empezar a hablar sobre estos temas, que son temas incómodos, es algo que me atraviesa.

¿Te atraviesa únicamente en lo privado o también en el plano artístico?

Cada vez más me estoy planteando estas cosas en mis canciones. Hace poco escribí una letra que habla sobre uno de esos temas “incómodos”: sobre el poder amar libremente y poder caminar por la calle agarrado de la mano de la persona que uno quiere. Eso es algo que sólo se permite en ciertas situaciones. Dos hombres no pueden ir de la mano. ¿Por qué? Porque son. Porque van a ser juzgados, van a ser mirados. Ya cuando los miramos y pensamos “ay, mirá que tierno” los estamos discriminando. Porque vos ves a una mujer y a un hombre de la mano y no decís eso. No te detenés a pensar en eso. Pienso en estas injusticias y en estos lugares en los que se nos pone y siento cada vez más fuerte la necesidad, como artista, de tomar una postura. Sé que voy a caer en el cliché: hay gente que me está escuchando. Por eso siento que es necesario que, aunque sea mínimamente, me plantee estas cosas. A mí me parece muy importante el cuestionar el rol de la mujer en la sociedad.

Como cantante también tengo el recurso del lenguaje hablado. Y el plantearme lo que quiero contar me lleva también a cuestionarme en qué idioma cantar. Por pensar en todas estas cosas es que empecé a escribir en español. El inglés siempre me atrajo; es un idioma que tiene muchos armónicos, posiciones y movimientos que favorecen la amplificación de frecuencias. Pero a mí siempre me interesó la voz como instrumento. ¿Y digo instrumento en qué sentido? Me interesa el momento en que la palabra puede atravesarte.

Las letras son un elemento esencial de la música popular…

Definitivamente. En la música popular el hilo conductor es el texto. Y en la música pop ese texto es una historia, pero como una de esas de Disney. Siempre son historias de amor heterosexuales. Yo tengo mi teoría, y acá me hundo en el quinto subsuelo (risas), de que la música pop tiene masivamente la narrativa de un hombre que está buscando a una mujer, está con una mujer o fue dejado por una mujer. La gran mayoría de las obras se componen en base a esa narrativa. Yo me pasé años cantando como si fuese un chabón. Hasta que dije, “pará”.

Vos estás casada. Como feminista declarada, ¿cómo pensás el matrimonio?

A mi el casamiento me generaba una sensación extraña. Porque yo siempre me pensé como una mujer independiente. De hecho, nunca pensé que iba a tener una relación a largo plazo. Así que fue una sorpresa para mí que la relación con Ramiro durase todo este tiempo. Y me doy cuenta de que si funciona hace tanto tiempo es porque es un tipo muy empático, muy sensible. Y me admira. Es re heavy que te admiren como mujer cuando estás acostumbrada a un entorno tan hostil como es el de la música. Están acostumbrados a que la mujer es la que acompaña, sobre todo, en una situación de exposición.

El movimiento feminista argentino es reconocido por su fuerza a nivel mundial: ¿Pensás que tuvo o tiene algún impacto en el ámbito de la música? ¿Notás una diferencia?

En Argentina está habiendo un auge muy fuerte de organizaciones de mujeres, pero yo creo que aún falta. Teresa Parodi hizo muchísimas cosas cuando estuvo a cargo del Ministerio de Cultura. Hizo un movimiento tremendo, armó un quilombo bárbaro, y le dio ese “primer empujoncito” a muchas organizaciones permitiendo que ahora sigan en pie. Creo que desde el under se está generando una movida muy grande. MUCABA (Músicxs Unidxs en Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por ejemplo, es un grupo de mujeres músicos excelentes, provenientes de todos los géneros musicales, que se reúnen una vez por semana y generan movidas. Éste fue uno de los varios grupos que estuvieron involucrados en el proyecto de ley de cupo femenino en los festivales (Ley Mercedes Sosa), una ley muy controversial que generó un montón de movimiento y de erupciones alérgicas en muchos hombres.

¿Y en relación a la convocatoria? ¿Creés que cambió algo? ¿Te salen más fechas?

En mi caso, como cantante de jazz, tengo que decir que mermó muchísimo. Yo no tuve mucha exposición a nivel artístico. Ni siquiera obtuve mucha respuesta en clubes en los que tocaba.

¿Atribuís esto a tu condición de mujer o a la situación general del país?

Sin duda tiene que ver con la crisis. Los lugares están más abocados a cosas específicas, a algo que funcione, que tenga seguidores en Instagram. Es una tristeza. Yo solía ir a tocar con grupos a determinados lugares y ahora ni siquiera nos contestan. Eso es re loco. Pero también hay algo vinculado a la condición de mujer… Por ejemplo, el año pasado hubo un ciclo en el Centro Cultural Kirchner. Era un ciclo de música instrumental, sin cantantes. Se llamaba “La escena del jazz argentino” y eran dieciocho grupos, de entre los cuales había una sola mujer, Belén López. Ella es una bajista increíble y estaba ahí porque se dio que justo tocaba en el grupo de uno de los chabones que formaban parte de la programación.

¿Y hubo algún tipo de justificación de por qué el ciclo tenía esas características?

No. Lo que sí hubo fue una crítica de Eleonora Eubel, que es una cantante y compositora argentina a quien admiro y quiero muchísimo. Me parece que fue re importante que la hiciera ella porque es una mujer grande. No fuimos nosotras, las nuevas generaciones de mujeres, sobre las que la gente piensa que estamos “en ebullición”. En la crítica se puso a disposición un listado de mujeres músicos de la escena del jazz argentino. Y no son sólo cuatro, ni son sólo cantantes.

Ahora empieza a haber cada vez más ciclos de mujeres, o de ciclos que incluyen a las mujeres. ¿Cómo se ha logrado?

Sí. Cada vez hay más. Hay otra gran cantante, Mavi Díaz, que trabaja en la comisión de género de la Asociación Argentina de Intérpretes, y está ahí con una presencia fuerte para que en la organización de eventos haya mujeres en esos ciclos. De hecho, hicieron un censo de mujeres músicas para que cuando los programadores digan “no hay”, se les conteste “¿qué querés, por género, por edad, por región?”. Todo eso lo hicieron a través del Instituto Nacional de la Música. El proyecto estuvo buenísimo e hizo que empezáramos a conectarnos entre nosotras. Ahora nos conocemos mucho más que antes. Antes estaba todo más dividido, cada una en su mundito. De a poco se está armando desde abajo. Es como lo del lenguaje inclusivo, que no se puede parar porque viene desde abajo. No lo dicta nadie. Es algo que está pasando, es una necesidad.

 

“NINGUNO DE LOS DOS TIENE LEGITIMIDAD POLÍTICA”

EDGARDO LANDER
estudió sociología en Harvard y es profesor emérito en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es uno de los más famosos intelectuales de izquierda en Venezuela y  crítico defensor del proceso bolivariano. Sus temas son entre otros la crítica del eurocentrismo, los movimientos sociales y el neo-extractivismo en Latinoamérica.

Foto: Tilman Vogler


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Desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino el 23 de enero ha estado intentado llegar a la fuerza al poder. Ahora, los dos, tanto el Presidente Maduro y Juan Guaidó, dicen ser legítimos. En su opinión, ¿goza alguno de los dos de legitimidad?

Yo creo que no, ninguno de los dos. Desde las elecciones parlamentarias del año 2015 cuando el gobierno actual perdió muy fuertemente, claramente, se decidió preservar el poder a como diera lugar. Hay realmente una ruptura del orden constitucional muy clara. Hasta el 2015 habían habido elecciones libres, había un proceso electoral extraordinariamente transparente con un sistema electoral, con todo una infraestructura tecnológica electoral, prácticamente a prueba de trampas. Ya cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente se lo hace violando las normas constitucionales porque no se le preguntó a la población si quería derogar la Constitución del año 99. Cuando se nombra una Asamblea Nacional Constituyente cien por ciento del gobierno esta Asamblea se autoproclama una Asamblea Plenipotenciaria, es decir, supraconstitucional, o sea, una Asamblea todo poderosa sin contrapeso alguno, lo que implica la derogación de la constitución del 99. No hay nada que esa Asamblea pudiese hacer que fuera anticonstitucional porque se había asumido como supraconstitucional. Entonces, ya a partir de ese momento no hay Constitución.

Efectivamente hay un gobierno que viene violando paso a paso las elecciones de una forma ya muy sistemática desde el 2015 y cerrando todos los canales posibles de consulta de la población en Venezuela. Por otro lado, con respecto a la postura de Guaidó hay razones también para rechazarlo como una salida viable. Este proyecto de cambio de régimen es un proyecto que está diseñado desde afuera. El sector más de derecha, la actual oposición, en este caso dirigido por Voluntad Popular, supone que el gobierno es un gobierno que está a punto de caer y que para eso sólo hace falta un empujoncito final. Esto efectivamente no es lo que está ocurriendo. La derecha tiene un desconocimiento muy grande de la realidad venezolana. No ven que la mayoría de la Fuerzas Armadas Venezolanas continua apoyando a Maduro y el hecho de que a pesar de que el apoyo popular chavista al gobierno hoy es muy inferior a lo que fue en épocas anteriores, éste, sin embargo, sigue existiendo.

 

Desde el 7 de marzo comenzaron una serie de apagones de luz en todo el país. El gobierno acusa a la oposición y a los Estados Unidos de sabotaje. Por otro lado, la oposición los explica por el mal mantenimiento, descuido y corrupción del gobierno. ¿Qué piensa Usted de estas explicaciones y de las acusaciones mutuas?

En Venezuela la sociedad está tan polarizada, que parecen dos mundos divididos que se retroalimentan y, a la vez, se cierran sobre sí mismo. Cada uno de los sectores vive en su propio mundo con una interpretación de una realidad propia. Entonces, eso hace extremadamente difícil el abordar un asunto tan crítico para la sociedad venezolana como es la crisis eléctrica porque no es solo un asunto de interpretación sino un asunto de los datos mismos.

Durante ya varios años el sistema eléctrico venezolano vive un proceso de franco deterioro. Esto tiene que ver en primer lugar con la corrupción y el nombramiento de militares como jefes de la Empresa Eléctrica, quienes no tienen competencias en el ámbito. Pero, por otra parte, uno también puede suponer que hay un interés claro en aprovechar la situación para generarle dificultades al gobierno, y un sistema eléctrico tan precario es muy fácil de sabotear. Yo por eso no descartó que en algunos de los últimos acontecimientos haya habido saboteo, pero en todo caso, el saboteo se ha dado sobre la precariedad del sistema.

 

¿Cómo ve Usted que la polarización política afecta a los venezolanos?

El tejido social de la sociedad venezolana se ha descompuesto de una forma dramática durante estos años. Hay familias que se han roto como familia, que no pueden convivir como tales. En mi experiencia, por ejemplo, en la vida universitaria, equipos de investigación y colectivos de trabajo que durante muchos años venían trabajando juntos, han llegado al punto de perder la capacidad de trabajar conjuntamente por los enfrentamientos políticos, se ha generado una desconfianza mutua.

 

Usted pertenece junto con otros activistxs, académicxs y exministrxs del Presidente Chavez a La Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es su propuesta como salida a la crisis?

En el contexto actual, nos encontramos, por un lado, con un gobierno que intenta mantenerse en el poder sin importarle a qué precio, usando para ello la represión sistemáticamente y, por otro lado, con la opción de una salida violenta con apoyo militar de parte de los Estados Unidos, sumado a los bloqueos económico. En este momento se está manejando una lógica de amigo-enemigo, dos fuerzas que se oponen e intentan eliminarse entre sí. Por eso, desde la plataforma pensamos que evitar la guerra requiere necesariamente algún acuerdo político. Un acuerdo político que busque una salida que sea democrática, pacífica, electoral y constitucional, lo más cercano que existe es la oportunidad de un referéndum consultivo.

Desde la plataforma pensamos que en lugar de esta lógica de amigo-enemigo y de este intento de eliminar al otro, es necesario partir del reconocimiento del otro. Este reconocimiento implica la aceptación de la existencia del otro, implica reconocer que el otro también tiene intereses, también tiene la necesidad de sobrevivir. Es también reconocer la posibilidad de un referéndum en el que se plantee la pregunta sobre una posible renovación de todos los cargos nacionales. Esto significarían elecciones presidenciales, elecciones para la Asamblea Nacional con el nombramiento, entonces, de un Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que permitan reordenar el juego político y en esas nuevas condiciones, hacer esas nuevas elecciones.

Una salida negociada puede ofrecer al gobierno la posibilidad de una continuidad del proyecto político bolivariano a futuro. Algo, que sería muy difícil si se mantiene esta lógica en la que el cambio de régimen se da a través de la eliminación de una de las partes.

 

¿Qué piensa Usted del rol de la Unión Europea?
A través del reconocimiento de Guaidó por la mayoría de los países de la Unión Europea, lejos de empujar hacia una salida negociada, se están creando obstáculos aún más severos para un posible acuerdo. Están envalentonando a la gente que se organiza en torno a Guaidó, porque con este reconocimiento le otorgan el apoyo internacional para considerar a Guaidó y a los que lo acompañan como gobierno legítimo. Por otra parte, el gobierno de Maduro sigue contando con un apoyo fuerte. No solo el apoyo de China y Rusia, sino que sigue contando con el control de las instituciones del estado y con las Fuerzas Armadas, así como con una militancia chavista que sigue siendo activa, fuerte y con capacidad de movilización. Entonces, estos países que reconocen a Guadió ponen el énfasis en la salida inmediata de Maduro. Con esto hacen mucho daño, porque dificultan cualquier posibilidad de negociación.

 

La Plataforma también se reunió con Juan Guaidó, ¿con qué fin?

Estos dos sectores están representados institucionalmente por un lado el presidente de la República y por otro la Asamblea Nacional. Las políticas de estos dos sectores son las que están generando esta amenaza de guerra. Decidimos plantearle a ambas partes la propuesta del Referéndum llamándoles la atención sobre la responsabilidad que ambos sectores tienen con respecto a la forma en la que están conduciendo estas políticas.

Decidimos pedir una reunión con Guaidó y Maduro por separado. Tuvimos la reunión con Guaidó que fue interpretada por mucha gente de la izquierda, sobre todo de la izquierda fuera de Venezuela, como una especie de reconocimiento de Guaidó. Nosotros nos reunimos con él por su posición como presidente de la Asamblea Nacional pero no en tanto presidente de la República. Esto lo dijimos públicamente.

Igualmente presentamos una carta solicitando la entrevista con Maduro. Durante tres días seguidos llevamos la carta a Miraflores, las tres veces, ¡se negaron incluso a recibir la carta! Ésta es la disposición que tienen para dialogar.

 

En febrero del 2016 fue creado el Arco Minero del Orinoco, una zona de casi ciento doce mil kilómetros cuadrados para la explotación minera. ¿Qué se encuentra detrás de este proyecto?

Como consecuencia de la baja del precio del Petróleo, en primer lugar, y del progresivo colapso del nivel de producción, en segundo lugar, el gobierno venezolano en vez de reconocer el fin de la era del rentismo y buscar otras rutas, otras direcciones de la economía, optó por un nuevo rentismo, el rentismo minero. En esta zona del arco minero hay inmensas reservas de minerales de todo tipo: hierro, aluminio, coltán, tierras raras, minerales radioactivos y sobre todo oro. Entonces el gobierno decidió que esto era como el nuevo “El Dorado” y que era posible sustituir la baja del ingreso petrolero por grandes ingresos a través de esta vía. Ya durante los últimos diez años anteriores, más o menos, ha habido un incremento de la minería ilegal, irregular, en esta zona minera en pequeña escala, la cual había hecho mucho daño ambiental. El uso de mercurio y la devastación ecológica también impactó sobre los pueblos indígenas de la zona. Y ahora el gobierno se decide a convertir esto a gran escala con la participación de empresas transnacionales.

La participación de las transnacionales en este proyecto ha sido bastante limitada. Y esto no por las condiciones que ofrece el gobierno, sino por el hecho de que hay una extrema inseguridad jurídica. En primer lugar, porque todo esto representa una violación de la constitución: de la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley Laboral, las Leyes Ambientales, y, en segundo lugar, por la inestabilidad política del país obviamente.

 

¿Considera que la creación de esta zona económica especial está en contradicción con la política oficial del Gobierno?

Hay una contradicción muy fuerte entre el contenido de la constitución y lo que efectivamente es la política que está llevando a cabo en el gobierno. Las condiciones con la que se creó el Arco Minero, así como la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de protección de la inversión extranjera son claramente decisiones neoliberales. Entonces, la orientación general del gobierno en términos del extractivismo, claramente no representa una ruptura con el modelo económico global, no representa una ruptura con la intercesión colonial y no representa tampoco un quiebre con el rol clásico que se le atribuye a América Latina como exportadora de materias primas.

Quiero insistir que hoy hay un proceso de devastación muy, muy severo. Hay unos niveles de violencia increíble en una especie de terreno de nadie donde todos los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Hay un atropello muy violento sobre las comunidades indígenas de la zona y hay muchos indígenas que están metidos a la minería porque sus condiciones de vida están siendo devastadas y no les va quedando más remedio. Hay niñas indígenas que son raptadas y llevadas a la prostitución en los campos mineros.

 

¿Cuáles manifestaciones o grupos de resistencia se han formado en contra?

Existe por ejemplo la “Plataforma en contra del Arco Minero” que es un colectivo de gente fundamentalmente joven que viene de luchas ambientales, pero que también luchan por la democracia y por los derechos de los pueblos indígenas. Esta gente ha venido realizando campañas sistemáticamente para analizar esta situación. Sin embargo, el día a día de la situación venezolana y la sobre-determinación de la polarización política hacen muy muy cuesta arriba que exista la posibilidad de una consciencia política más ampliamente compartida en este asunto.

„UNA INMENSA LEGITIMIDAD QUE ANTES NO EXISTÍA“

AUCÁN HUILCAMÁN
es vocero (werkén) de la organización Mapuche Consejo de todas las tierras y abogado. Su interés de larga data es la elaboración de normas jurídicas internacionales que protejan los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Participa en el Procedimiento de Exámen Periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo el cual Chile rindió cuentas en 2018/2019 con respecto a la aplicación de las normas legales internacionales a los pueblos indígenas.

(Foto: Martin Schäfer)


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¿En qué papel y función dentro de las diversas organizaciones mapuches en Chile se encuentra usted en Europa, y cuál es su visión?

He estado involucrado durante mucho tiempo en el proceso del Exámen Periódico Universal (EPU) -por el cual me encuentro actualmente en Europa- y en la elaboración de normas jurídicas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Por lo tanto, esto va más allá de la representación de un grupo particular de comunidades mapuches.

Las declaraciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, pueden determinar su constitución política. Los Mapuche están llamados a desarrollar este derecho. Debemos preparar a la comunidad internacional para la futura formación de un gobierno mapuche en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, para que dicho gobierno sea reconocido internacionalmente. Yo veo en esto mi tarea. También quiero invitar a todo el pueblo Mapuche a participar en el proceso de libre determinación. Participar o no en este proceso es una decisión libre que cada uno debe tomar primero por sí mismo. El siguiente paso luego de la decisión a participar es pensar qué papel va a desempeñar cuando se forme el gobierno.

¿Cómo deben prepararse los Mapuche para formar un gobierno?

Hay un proceso constituyente Mapuche, en noviembre de 2016 tuvimos una primera reunión. Hemos discutido sobre la cuestión de si queremos un gobierno acorde a la tradición mapuche, uno similar a la forma de los gobiernos contemporáneos o bien una mezcla de ambos. Lo importante es que ese gobierno también sea eficaz a nivel internacional. ¿Por qué una Asamblea Constituyente? Queremos que nuestro futuro gobierno goce de legitimidad. Cuando llegue el momento, pediremos a la ONU y a la OEA un reconocimiento formal. Si se niegan, tendrían que violar sus propios principios. La idea y el concepto de una Asamblea Constituyente – a diferencia de los conceptos tradicionales mapuches – es universalmente comprensible y muestra al mundo que el nuevo gobierno no es una acción individual, sino un proceso público. No tiene que ser la mayoría de los Mapuche, pero lo importante es que la causa sea legítima y que no haya influencia del gobierno y los partidos chilenos. En la primera reunión establecimos directrices y ahora estamos preparando una segunda reunión para debatir el contenido de un estatuto de autodeterminación. Una vez elaborado, se debe decidir cuándo se formará el gobierno.

¿Cuánta gente está involucrada en este proceso, pertenecen a distintas comunidades?

Calculo que alrededor de 300 comunidades están involucradas en el proceso común. Se necesitan personas con la mentalidad y la capacidad de gobernar. Al principio era un grupo pequeño, sólo unos pocos Mapuche se ocupan de este tema. Juega un rol importante que nosotros los Mapuche hemos estado expuestos a un largo proceso de colonialismo y domesticación que nos ha perjudicado, por lo tanto no todos los Mapuche piensan desde una perspectiva colectiva. Pero por supuesto también hay mapuches que se preocupan más por nuestra defensa legal o por la protesta contra la injusticia, como ha sido por ejemplo con motivo de la muerte de Camilo Catrillanca. Esto es importante pero no suficiente, porque es sólo una reacción al comportamiento del Estado. El movimiento también debe desarrollar perspectivas para el futuro. Me he encargado de traer este tema a la comunidad Mapuche, que antes estaba un tanto aislado.

¿Hay alguna dificultad con el avance del proceso?

Un problema es que a menudo la voluntad individual de los Mapuche está más comprometida con los partidos políticos, el estado, la iglesia o una secta que con la acción colectiva. O se genera simplemente una protesta contra el gobierno actual. Ya sea la derecha o la izquierda la que no se dirija adecuadamente a los Mapuche, nosotros hemos sido en última instancia ineficientes colectivamente. Para poder utilizar el derecho a la libre determinación, tenemos que actuar nosotros mismos.

¿Cómo afectó el asesinato de Camilo Catrillanca a estos esfuerzos de independización?

Entre los Mapuche el movimiento que lucha por los derechos del pueblo tiene ahora una posición más fuerte. Hoy en día, el movimiento mapuche ha logrado una inmensa legitimidad en Chile frente al Estado y a la sociedad que antes no existía: Cuando el presidente Piñera y varios ministros se presentaron a dialogar después del asesinato de Camilo Catrillanca, los Mapuche no quisieron reunirse con ellos, un desaire único desde la „pacificación de la Araucanía“ (la sumisión de los Mapuche por parte del estado chileno en el Siglo XIX).

El gobierno seguirá insistiendo en su „Plan Araucanía“, pero la militarización es un tema complejo para el Estado y no creo que el gobierno tome medidas significativas porque el caso de Catrillanca representa un antes y un después. Antes del asesinato, por ejemplo, yo había organizado una reunión con el gobierno y los ministros. Hablamos (sin éxito) sobre la aplicación de las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y sobre la participación política a través de escaños reservados en el parlamento. Luego vinieron los acontecimientos que rodearon a Camilo Catrillanca y desde entonces no hubo más contacto con el gobierno.

¿Eso significa que ahora hay una mayor unidad entre los Mapuche? Los diferentes grupos mapuches tienen estrategias muy diferentes.

Creo que sería más apropiado decir que ahora hay un mayor acuerdo sobre determinados temas. Y la autodeterminación es un tema en el que todos podemos converger porque nos conecta. La desventaja de la situación actual es que, debido a la falta de acción gubernamental y de interés de los Mapuche por dialogar con el gobierno, podríamos encontrarnos en un escenario de gran conflicto social. El gobierno del presidente Piñera podría llevarnos a una confrontación étnica en la Araucanía como la que hubo en los Balcanes en Europa, y este tipo de confrontación es más compleja que enfrentarse con la policía.

¿Diría usted que los esfuerzos internacionales de larga data han marcado la diferencia?

Han conseguido muchas cosas. En primer lugar, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, fue una novedad que se permitiera a cinco representantes indígenas hablar durante unos minutos, y los gobiernos rechazaron el derecho a la libre determinación. Luego se legitimó este derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Estuve presente en ambas conferencias, me sorprendí y conmoví en ese momento.

En segundo lugar, la OEA y la ONU han reconocido la validez de tratados como el de Quilín, en el que España en 1641 otorgó a los Mapuche un territorio independiente al sur del río Bío-Bío y que el Estado de Chile ignoró. Por lo tanto, hemos logrado que los tratados, que el Estado chileno había ignorado, vuelvan a ser una norma de derecho internacional. La Declaración de las Naciones Unidas también establece que las partes pueden recurrir a la jurisdicción internacional si existe una diferencia de interpretación en la aplicación de los Tratados. En nuestro caso, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya. Por eso, hoy, si tuviéramos la capacidad colectiva necesaria, los Mapuche podríamos reclamar nuestra tierra y poner a prueba esta petición en La Haya.

¿Qué tan realistas son estos planes? ¿Tiene usted un modelo en el que la libre determinación indígena haya sido implementada con éxito?

Los Inuit de Groenlandia recibieron este derecho gradualmente de Dinamarca. Contrario a muchos países africanos los cuales lograron su independencia pero fundidos en la pobreza, en este caso Dinamarca se comprometió a proporcionar apoyo financiero al nuevo gobierno durante un período largo. Esto está en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a una compensación adecuada por las tierras que les han sido arrebatadas sin su consentimiento previo, libre e informado. El Gobierno Autónomo Inuit está ejerciendo ahora derechos de gran alcance, desde la responsabilidad de la policía hasta el acceso a las materias primas. Me parece un buen ejemplo.

¿Cómo se podría determinar para Chile una compensación adecuada?

Esto podría ser decidido por uno de los dos tribunales internacionales o por una comisión de la verdad.

Hace unos meses las comunidades mapuches exigieron una comisión de la verdad. ¿Qué hay detrás?

Es necesario tener un estándar de la verdad común sobre los acontecimientos históricos de la Araucanía, una verdad que sea reconocida por todas las partes. Hasta ahora cada uno tiene su propia verdad: un emigrante europeo que ha recibido tierras mapuches en Chile cree que la historia y la justicia comienzan con su llegada. Alguien que compró tierras mapuches en la época de Pinochet cree que comienza con su compra. Los Mapuche tienen una visión diferente de las cosas, así que para entenderlas necesitamos una versión común de los hechos. Sobre esta base, se debe pagar la indemnización adecuada a las víctimas, ya sean Mapuche u otras personas. Por último, debemos crear instituciones aceptables para la coexistencia de mapuches y no mapuches a fin de lograr una paz firme y duradera. Se crearon dos comisiones para hacer frente a la dictadura de Pinochet, la Comisión Rettig y la Comisión Valech. Ahora el Estado debe crear una comisión similar para la Araucanía, porque el Estado es el responsable de lo que ocurrió allí. Otro punto importante es determinar claramente cual es el periodo en el cual estamos trabajando para la reparación: ¿El período colonial, el período posterior a la independencia? ¿La era Pinochet? Y por supuesto hay que definir qué acontecimientos deben aclararse con exactitud. Lamentablemente, esto no se hizo en la primera comisión de la verdad, que fue convocada por el Presidente Lagos en 2000 y 2001. Y allí estaba también el resto de los pueblos indígenas de Chile, que son mucho más pequeños y tienen condiciones diferentes. Así que no salió nada tangible, y en lugar de reconocer la responsabilidad del Estado por la injusticia, el informe final afirmó que las tierras mapuches se habían perdido porque los Mapuche no hablaban español y no conocían las leyes, es decir, casi se les hizo responsable de su expropiación. Como miembro de la Comisión, no estaba de acuerdo con esto en aquel momento.

“NO RIO DE JANEIRO A MILÍCIA NÃO É UM PODER PARALELO. É O ESTADO”

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(Foto: Privada)

JOSÉ CLÁUDIO SOUZA ALVES

Sociólogo e ex-pró-reitor de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), José Cláudio estuda as milícias há 26 anos. É o autor do livro „Dos Barões ao extermínio: a história da violência na Baixada Fluminense“. Em entrevista com a agência brasileira de jornalismo investigativo Agência Pública, ele explica a origem desses grupos e suas ligações com a política


 

Como nasceram as milícias do Rio de Janeiro?

Isso estourou na época da ditadura militar com muita força. Em 1967 surge a Polícia Militar nos moldes atuais de força ostensiva e auxiliar aos militares naquela época. E a partir daí há o surgimento dos esquadrões da morte. No final dos anos 1960, as milícias surgiram como grupos de extermínio compostos por Policiais Militares e outros agentes de segurança que atuavam como matadores de aluguel.

Esses esquadrões da morte vão estar funcionando a pleno vapor nos anos 1970. Depois começa a surgir a atuação de civis como lideranças de grupos de extermínio, mas sempre em uma relação com os agentes do Estado. Isso ao longo dos anos 1980. Com a democracia, esses mesmos matadores dos anos 1980 começam a se eleger nos anos 1990. Se elegem prefeitos, vereadores, deputados.

De 1995 até 2000, você tem o protótipo do que seriam as milícias na Baixada, Zona Oeste e no Rio de Janeiro. Elas estão associadas a ocupações urbanas de terras. São lideranças que estão emergindo dessas ocupações e estão ligadas diretamente à questão das terras na Baixada Fluminense. A partir dos anos 2000, esses milicianos já estão se constituindo como são hoje. São Policiais Militares, Policiais Civis, bombeiros, agentes de segurança, e atuam em áreas onde antes tinha a presença do tráfico, em uma relação de confronto com o tráfico. Mas ao mesmo tempo estabelecem uma estrutura de poder calcado na cobrança de taxas, na venda de serviços e bens urbanos como água, aterro, terrenos.

Há apoio da população às milícias?

A milícia surge com o discurso que veio para se contrapor ao tráfico. E esse discurso ainda cola. Só que com o tempo a população vai vendo que quem se contrapõe a eles, eles matam. E eles passam a controlar os vários comércios. Então a população já começa a ficar assustada e já não apoia tanto. É sempre assim a história das milícias.

Qual a história de Rio das Pedras?

Rio das Pedras é uma comunidade em expansão onde vivem nordestinos muito pobres. Existem terrenos lá que você não pode construir porque são inadequados, são muito movediços. Então só tem uma faixa específica de terra onde você pode construir. São terras irregulares, devolutas da União, ou terras de particulares que não conseguiram se manter naquele espaço. Então a milícia passa a controlar, toma e legaliza – às vezes até via Prefeitura mesmo, pagando IPTU desses imóveis. Como o sistema fundiário não é regulado, facilmente os milicianos têm acesso a informações e vão tomar essas áreas. E passam a vendê-las.

Rio das Pedras foi a primeira milícia do Rio?

Não é bem assim. Ao meu ver a milícia surgiu em diferentes lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Então tem Rio das Pedras, mas tem Zona Oeste do Rio e tem, por exemplo, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Eu percebo dos anos 1995 a 2000, grosso modo, um período de emergência dessas ocupações urbanas de terras, ainda não no protótipo de milícias, mas com lideranças comunitárias próximas ao que seria um controle pela violência, um controle político mais autoritário.

Só que Rio das Pedras ela emerge mais rapidamente. Então ali começa esse vínculo da cobrança de taxa, que nas outras ainda não tinha. E são os comerciantes que pagam a eles.

É uma comunidade miserável, empobrecida, que está se constituindo a partir de uma rede migratória de nordestinos. E ela fica diante de um grupo de milicianos que estão sendo chamados para dar proteção, impedir que o tráfico entre. Mas na verdade é para proteger os interesses comerciais desses lojistas que estão se instalado lá em Rio das Pedras e estão financiando esses caras.

Hoje são quantas as milícias do Rio de Janeiro?

Eu tenho noção que são muitas. Por exemplo, são várias que atuam em São Bento e no Pilar, que é o segundo maior distrito de Duque de Caxias. Tem em Nova Iguaçu, tem em Queimada. Praticamente cada município da Baixada Fluminense você tem a presença de milícias. Seropédica, por exemplo, hoje é uma cidade dominada por milicianos. Eles controlam taxas de segurança que cobram do comércio. Aqui tem os areais, de onde se extrai muita areia – e muitos são clandestinos. Então eles também cobram dali. Moto-táxi tem que pagar 80 reais por semana para funcionar. Pipoqueiro paga 50 reais por semana. É uma loucura.

Dizem que é para a segurança, proteção, eles estão supostamente protegendo esse comércio. Mas depois controlam a distribuição de água, de gás, de cigarro, de bebida. E há histórias de assassinato de gente que não aceitou, por exemplo.

Além disso, eles são pagos para fazer execuções sumárias. Então há um mercado que movimenta milhões já há algum tempo.

Eles também lidam com tráfico de drogas, com algumas facções especificas. O Terceiro Comando Puro funciona aqui em algumas cidades da baixada a partir de acordos com milicianos. Eles fazem acordo com o tráfico e vão ganhar dinheiro também disso. Cobram aluguel de áreas. É a mesma relação que a polícia tem com o tráfico: só funciona ali se você pagar suborno.

Na cobertura feita pelos jornais sobre a operação “Os Intocáveis”, eles citam o Escritório da Morte, um grupo de extermínio que é contratado para matar. Isso é comum?

Sim. Nunca ouvi falar de milícia que não tivesse a prática de execução sumária. Normalmente a milícia tem uma equipe ou um grupo responsável por execuções sumárias. O comerciante que não quiser pagar, o morador que não se sujeitar a pagamento do imóvel que ele comprou, qualquer negócio e discordância com os interesses da milícia, esse braço armado é acionado e vai matar.

A novidade da milícia é o leque de serviços que eles abrem além da execução sumária e da segurança. Aí é tudo: água, bujão de gás, “gatonet”, transporte clandestino de pessoas, terra, terrenos, imóveis. A milícia não fica agora fixa em grandes comerciantes ou grandes empresários. Ela pulveriza isso. Eles vão sofisticando também na administração do gerenciamento.

Em que outros negócios ilegais os milicianos atuam?

Lá em Duque de Caxias eles roubam petróleo dos oleodutos da Petrobras e fazem mini destilarias nas casas das pessoas. Tudo ilegal, com um risco imenso. Aí vendem combustível adulterado. Eles fazem aterros clandestinos no meio daquela região com dragas e tratores e vão enterrando o lixo de quem pagar. É mil reais por caminhão. Não importa a origem. Pode ser lixo contaminante, lixo industrial, lixo hospitalar. Eles fazem aterros clandestinos nesta região.

A milícia tem controle também sobre bens públicos, como aterros, e eles se apropriam desses espaços para fazer atividades ilegais…

A base de uma milícia é o controle militarizado de áreas geográficas. Então o espaço urbano, em si se transforma em uma fonte de ganho. Se você controla militarmente, com armas por meio da violência esse espaço urbano, você vai então ganhar dinheiro com esse espaço urbano. De que maneira? Você vende imóveis. Por exemplo, você tem um programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida. Você constrói habitações. Aí a milícia vai e controla militarmente aquela área e vai determinar quem é que vai ocupar a casa. E inclusive vai cobrar taxa desses moradores.

Em outra área eles estão vendendo imóveis e estão ganhando dinheiro com essa terra, que é terra da União ou terra de particulares. Então esse controle militarizado desses espaços, é a base da milícia. Aí como eles sabem dessas informações? Eles sabem dentro da estrutura do Estado.

Você pode ter um respaldo político para fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Em Duque de Caxias, um número razoável de escolas públicas não é abastecido pelo sistema de água da CEDAE. A água não chega lá. Como que essas escolas funcionam? Elas compram caminhões pipa de água. Quem é o vendedor? Quem é que ganhou a licitação para distribuição de água em um preço absurdo por meio desses caminhões pipa? Gente ligado aos milicianos. Então aí você tem um vínculo com os serviços públicos – e é uma grana pesada – e que passa pelo interesse político daquele grupo dentro daquela prefeitura que vai se beneficiar de uma informação e vai ganhar dinheiro com isso.

A Baixada e o Rio de Janeiro são grandes laboratórios de ilicitudes e de ilegalidades que se associam para fortalecer uma estrutura de poder político, econômico, cultural, geograficamente estabelecido e calcado na violência, no controle armado.

A milícia surgiu no Rio de Janeiro pela ausência do Estado?

Há uma continuidade do Estado. O matador se elege, o miliciano se elege. Ele tem relações diretas com o Estado. Ele é o agente do Estado. Ele é o Estado. Então não me venha falar que existe uma ausência de Estado. É o Estado que determina quem vai operar o controle militarizado e a segurança daquela área. Porque são os próprios agentes do Estado. É um matador, é um miliciano que é deputado, que é vereador, é um miliciano que é Secretário de Meio Ambiente.

Eu sempre digo: não use isso porque não é poder paralelo. É o poder do próprio Estado.

Eu estou falando de um Estado que avança em operações ilegais e se torna mais poderoso do que ele é na esfera legal. Porque ele vai agora determinar sobre a sua vida de uma forma totalitária. E você não consegue se contrapor a ela.


Quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle? As milícias são os principais suspeitos (Foto: Mídia Ninja)

Mas, por outro lado, quem elege os políticos milicianos é a população….

Não venha dizer que o morador é conivente, é cúmplice do crime. Esse pessoal elegeu o Flávio Bolsonaro, que agora se descobriu que ele tem possivelmente vínculos com esses grupos? Elegeu. Mas que condições que essas pessoas vivem para chegar nisso? Essas populações são submetidas a condições de miséria, de pobreza e de violência que se impõem sobre elas.

Cinco décadas de grupo de extermínio resultaram em 70% de votação em Bolsonaro na Baixada.

Três gestões do PT no governo federal, 14 anos no poder, não arranharam essa estrutura. Deram Bolsa Família, vários grupos políticos se vincularam ao PT e se beneficiaram, mas o PT não alterou em nada essa estrutura. O PT fez aliança eleitoral, buscou apoio desses grupos.

Como você mencionou a história do Flávio Bolsonaro: o que liga o gabinete de um político a um miliciano, como foi no caso dele com a mãe e a esposa do Adriano Magalhães da Nóbrega?

O discurso da família Bolsonaro, a começar pelo pai já há algum tempo, e posteriormente o pai projetando nos filhos politicamente. Eles são os herdeiros do discurso de um delegado Sivuca [José Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, eleito deputado federal pelo PFL em 1990], que é o cara que que cunhou a expressão “Bandido bom é bandido morto”, de um Emir Larangeira [eleito deputado estadual em 1990], do pessoal da velha guarda, do braço político dos grupos de extermínio.

Esse discurso se perpetuou e se consolidou. É claro que os milicianos vão respaldar esse discurso e vão se fortalecer a partir dele. É o plano de segurança pública defendida na campanha eleitoral do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: Policiais Militares são os heróis da nação. Policial Militar tem que ser apoiado, respaldado, vai ganhar placa de herói.

E será respaldado pela lei, através do excludente de ilicitude. Está lá no programa do Bolsonaro. Então você tem setores que desde a ditadura militar sempre operaram na ilegalidade, na execução sumária, vão escutar esse discurso. É música para o ouvido deles.

Não é à toa que o Flávio Bolsonaro fez menções na Assembleia legislativa, deu honrarias para dois desses milicianos presos.

Para além desse discurso simbólico, você vê também uma ligação financeira dos milicianos com os políticos?

Você tem uma operação por dentro da estrutura oficial política. Por exemplo, em Duque de Caxias você tem registro geral de imóveis de terras que são da União. Tem milicianos que vão levantar no cadastro geral de imóveis da prefeitura, os imóveis que estão irregulares, sem pagamento há muito tempo de IPTU. Esse miliciano começa a pagar o IPTU, parcela a dívida, quita e pede para transferir para o nome dele aquele imóvel. A prefeitura transfere. É um processo simples isso. Aí depois aquele proprietário não vai ter nunca coragem de exigir aquele imóvel de volta, porque está controlado militarmente.

Sem esses elementos, sem esses indivíduos, sem essa conexão direta com a estrutura do Estado, não haveria milícia na atuação que ela tem hoje. É determinante. Por isso que eu digo, que não é paralelo, é o Estado.

E tem políticos que estão sendo eleitos com essa grana. A grana da milícia vai financiar o poder de um político como Flávio Bolsonaro e o poder político de um Flávio Bolsonaro vai favorecer o ganho de dinheiro do miliciano. Isso roda em duas mãos. É determinante então que essa estrutura seja assim. Ela só se perpetua porque é assim.

É comum casos como a mãe e a esposa de Adriano Magalhães de Nóbrega, que foram contratadas como assessoras no gabinete de Flávio Bolsonaro?

Sim. Isso é muito comum. Você cria um vínculo de poder e de grana com essas pessoas. Esse cara, a partir de sua esposa e de sua mãe, cria um vínculo imediato com o Flávio Bolsonaro e isso lhe dá força. Essas duas pessoas estão fazendo um elo imediato, pessoal, familiar do Adriano com Flávio Bolsonaro. Esse vínculo lhe dá poder naquela comunidade. Ele vai ser chamado agora na comunidade “Olha é o cara que tem um poder junto lá ao Deputado, qualquer coisa a gente resolve, fala com ele, que ele fala com a mãe e com a esposa e eles falam diretamente com o Flávio e isso é resolvido”.

Assim você está criando uma estrutura de poder que é familiar. Veja bem: é o que eles defendem. Eles [os Bolsonaro] defendem a estrutura familiar. E se você investigar um pouco mais vai ser religioso também. São igrejas evangélicas, eles têm vínculo com essa estrutura. Então é uma estrutura perfeita, ela é tradicional, conservadora, ela tem a linguagem religiosa, que é linguagem de grande credibilidade.

Isso também demonstra uma forma de atuar dessas pessoas. Eles não atuam pelo ocultamento. O Adriano, Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, os matadores da Baixada. Todos esses grupos que lidam com a violência, com a execução sumária, com o crime organizado, eles não atuam com baixo perfil.

No Brasil o que você tem é a superexposição. Eu chego e já digo. “Eu sou o cara, eu sou o matador, eu tenho vínculos com fulano, beltrano e sicrano. Eu ocupo este cargo”. Que é pra deixar bem claro se você for tentar alguma coisa é isso que você vai enfrentar.

É a base total do medo. E não é só do medo: é real.

Sobre esse capital político, eles têm o poder inclusive de manipular o voto da população durante o período das eleições? Existe uma rede organizada para isso?

Na verdade, as milícias vendem votações inteiras de comunidade. Aqui na Baixada como um todo, Zona Oeste. Fecham pacote. Eles têm controle. Eles têm controle preciso de título de eleitor, local de votação de cada título de eleitor, quantos votos vai ter ali. Eles são capazes de identificar quem não votou neles.

Mas não está havendo ações de desmontagem dessa estrutura, como se viu em Rio das Pedras?

Assim, a Operação Intocáveis pode estar dentro de um perfil mais de uma operação mais histórica. Mas eu tenho sido muito crítico a esse tipo de operação. Como a milícia é uma rede, uma rede muito grande, para cada um preso você tem 100 para entrar no lugar. Porque se você mantém a estrutura funcionando, economicamente, politicamente ela vai se perpetuar.

Ninguém toca nesses caras. Em geral, só estão tocando no tráfico. E tráfico não é o mais poderoso. Milícia é mais poderosa do que o tráfico. Milícia se elege, tráfico não se elege. A base econômica da milícia está em expansão, não é tocada, não é arranhada. Traficante não, vive morrendo e sendo morto e matando. Milícia é o Estado.

Inclusive tem isso. Você olha para a cara dos milicianos presos, há uma tendência a serem brancos. Não há uma tendência a serem negros. Vai aparecer um ou outro no meio, um moreno, pardo. E não são magros, são bem alimentados. Eu tenho certeza que a classe à qual pertencem os milicianos é uma classe diferenciada da classe do tráfico. Não são tão pobres assim. Não são tão negros assim. Não são tão periféricos assim.

Para além desse vínculo político de poder existe também algum elo financeiro? Como que os milicianos movimentam dinheiro através dessas conexões com políticos? Qual era, por exemplo, o papel do Queiroz ali no Gabinete do Flávio Bolsonaro?

Ah sim, você viu que ele tem uma movimentação suspeita alta. Tem 7 milhões. Aí você vai por dedução. Pode ser que esse cara fazia uma ponte. Ele era um assessor, mas ao mesmo tempo ele cumpria duas funções. Ele ganha um respaldo político do Flávio Bolsonaro. Ele faz o elo direito da milícia com esse gabinete. Dos interesses dessa milícia e dos que são servidos por essa milícia direito com esse gabinete. Ao mesmo tempo ele cresce na estrutura da milícia.

Não sei qual é o histórico dele. Mas de repente ele já estava na estrutura da milícia e já movimentando dinheiro. Então, por exemplo, se ele for uma frente, um cara que está na organização, por exemplo, de cobrança de taxa de segurança, ele está movimentando dinheiro. Muito dinheiro. Aí de repente ele vai movimentar parte desse dinheiro dentro da sua conta pessoal. É uma estrutura de organização que ele criou. Então esses 7 milhões pode ser isso.

Isso também pode ser apenas uma transação entre várias?

Isso é uma ponta. Isso é uma ponta de um iceberg. O que eu gostaria muito é que se investigasse isso. Você chegaria em algo muito maior.

Sobre o caso da Marielle. O caso voltou aos holofotes essa semana porque os milicianos, que foram presos na operação “Os Intocáveis” integravam o Escritório do Crime, grupo suspeito de envolvimento na morte da Marielle. No final do ano passado, o secretário de Segurança Pública do Rio, Richard Nunes, afirmou que o assassinato teria relação com grilagem de terras. Você acha que a morte dela se deu porque ela atrapalhava os negócios dos milicianos?

Tem dois vínculos. Há esse vínculo de incomodar e prejudicar o interesse deles. Ela tinha poder para prejudicar, puxar uma CPI, exigir uma investigação para obrigar o Estado e a mídia como um todo a se voltar para isso. Se ela reproduzisse o que o Marcelo Freixo fez em 2008, dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ela daria essa expressão. Ela tinha o respaldo do Marcelo, então há uma base política que sustenta Marielle, uma base não comprometida, não vendida. Então ela é uma figura que ameaça.

E o outro elemento é ela ser mulher. E ela ser uma mulher de uma atuação bastante intensa, verdadeira e não amedrontável. Ela encarava, enfrentava. Ela nunca se subordinou. E eles não suportam mulheres com esse perfil, essa é a verdade.

Marielle Franco, Patrícia Acioli, que foi assassinada também, e Tânia Maria Sales Moreira que foi promotora aqui em Duque de Caxias que era jurada de morte, mas morreu de câncer. Essas três, elas têm esse perfil. São mulheres com muita coragem, muita determinação, muita verdade do lado delas, elas não se subordinam, não se submetem. Esse tipo de mulher esses caras não suportam. Eles vão eliminar. Há uma misoginia total aí que eles não aceitam que qualquer mulher os trate assim.

Desde o início eu cantei a pedra: quem matou são grupos de extermínio e estão muito associados a milicianos. É a prática desses grupos.