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Victoria Alen y Karina Chacón son integrantes del colectivo Tinta Violeta. Fundada en 2012, el colectivo está especializado en la defensa de los derechos de las mujeres. El voluntariado de acompañamiento amoroso a mujeres en situación de violencia es la bandera del colectivo, por medio del cual dan atención directa a mujeres y miembros LGBTQ+ en casos judiciales. Su “Proyecto Amada” utiliza laboratorios creativos de poesía, de danza, de teatro y otros para la superación del machismo y el impulso del feminismo en la cultura venezolana. Tinta Violeta forma parte de la red de colectivos feministas socialistas La Araña Feminista.
(Foto: Maye Josefina)

¿Por qué declararon una emergencia feminista en Venezuela?
Victoria Alen: En el segundo semestre del año pasado, la compañera, antropóloga y feminista Aimee Zambrano, por medio del Monitor de Femicidios, publicó las cifras de los femicidios en Venezuela para el 2019. Fueron 167 casos, cosa que nos llamó profundamente la atención y nos dimos cuenta también lo desamparada que se encontraban las mujeres a nivel de las legislaciones e institucionalmente en el país. No teníamos cifras oficiales desde el 2015, en el que se contaron 121 femicidios, eso supone un aumento del 38% en el número de víctimas para el 2019. Entonces decidimos organizarnos creando una alianza entre organizaciones y colectivas buscando trascender las posturas ideológicas. Estas organizaciones también hacen un trabajo importante, las cuales si bien ideológicamente no se identifican con el socialismo, tienen estrategias para atender a la mujer. Esa articulación, que ha surgido muy espontáneamente para presionar al estado y a las instituciones nacionales, tiene como nombre “Articulación Feminista”. A partir de las cifras y la articulación decidimos hacer una rueda de prensa para declarar la emergencia feminista, porque nos dimos cuenta de que era una problemática importante que estaba desatendida.

¿Qué acciones tomó la ‘Articulación Feminista’ para presionar al estado?
Karina Chacón: La primera acción en conjunto fue la del 25 de noviembre, Dia Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, en donde redactamos nuestro primer comunicado y lo llevamos al Tribunal Supremo de Justicia como órgano rector del sistema de justicia en Venezuela. Venezuela tiene un marco jurídico que es el más avanzado de la región en materia de género y en cuanto a su redacción y lo que contempla. Pero es una ley que ni siquiera tiene un reglamento. Al momento de buscar la aplicación de esa ley, no se consiguen los mejores resultados.

¿Qué resultados salieron de la manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia?
VA: Bueno, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, salió en el momento de la protesta y se comprometió de palabra con nosotros a hacer una articulación entre las instituciones y la red de colectivos que estábamos ahí. Posteriormente se generaron mesas de trabajo con propósitos particulares, se hicieron tres reuniones, pero nunca se llegó a nada. Se quedó en un espacio estéril que no terminó de cuajar por diversas razones. En gran parte, no sé si se debe a la ineficiencia, a la apatía de las instituciones o a la falta de recursos e infraestructura de éstas, pero no llegamos a nada. De hecho, el 25 lo comprometimos a él a que para el 8 de marzo ya tenía que haber algo concreto. Llegó el 8 de marzo, pasó el 8 de marzo y no pasó absolutamente nada.

El 8 de marzo realizaron una protesta independiente como “Articulación Feminista” por el Día Internacional de la Mujer…
KC: Logramos hacer un espacio en el que, a pesar de que había diversidad de pensamientos y de corrientes ideológicas, todas nos sentíamos identificadas con la emergencia feminista y con la lucha por la justicia para todas las mujeres. Reunimos a más de 100 personas, que, para un espacio de articulación pequeño, surgido de la espontaneidad y con el reto de construir desde la autonomía no partidista – no vinculada a sectores oficiales ni a sectores de oposición tradicionales en Venezuela -, lo sentimos como nuestro primer logro. Volver a generar espacios en los que haya un debate abierto, en donde nos podamos escuchar, es la propuesta de esta articulación para resolver el tema de los derechos de las mujeres.

Esto permite generar confianza, porque una de las cosas que hemos perdido en la militancia política, en la acción política, en los espacios de acción política en Venezuela, ha sido esa necesidad de confrontar las ideas.

¿Cuál es la situación actual con respecto a los femicidios?
KC: Hoy estamos a 67 días del año y tenemos 51 casos de femicidio según el Monitor de Femicidios de Aimee Zambrano. Es super alarmante. Como ejemplo tomamos las compañeras españolas, quienes decidieron declararse en Emergencia Feminista. Las cifras oficiales de España en lo que va de 2020 han registrado entre 14 a 16 femicidios y España tiene una población que es mucho más grande que la de Venezuela.

¿Hay alguna forma de obtener justicia en los casos de femicidio?
KC: Por lo general no tenemos una cultura de denuncia en Venezuela. Entonces, el primer paso, cuando Tinta Violeta atiende una mujer que está en situación de violencia, es que la mujer se sienta acompañada y sienta la seguridad de hacer la denuncia. Cuando las mujeres van solas a hacer la denuncia, en general, son revictimizadas por todos los funcionarios y las funcionarias y eso hace que la mujer desista de denunciar. El caso se engaveta, retiran las denuncias, se declara sobreseimiento porque la mujer no sigue insistiendo. Pero como nosotros somos una organización que tiene figura jurídica, nos permite llevar una carta y decir: “según la ley podemos formar parte de la denuncia”. Con esa presión es que logramos que el funcionario y la funcionaria, aunque haciéndonos esperar cuatro horas, nos atiendan y tengamos resultados.

¿Cuál era la situación de los femicidios antes de que cesaran el conteo oficial?
VA: Toda la primera década del 2000 surgieron leyes, había movimientos políticos y había forma de responder desde las instituciones a esta problemática. No se veía tan fuerte como se ve ahora. Había una preocupación y a base de eso sacaron políticas públicas. También hubo en todo el proceso Bolivariano con Chávez muchísima participación política de parte de las mujeres, sobre todo en las organizaciones de base. Como había más participación y protagonismo por parte de las mujeres, si bien existía este tema de la violencia – siempre ha existido – las mujeres no se sentían tan desamparadas y había formas de lograr solucionar su situación. A partir del 2014 en adelante ha habido un desamparo muy grande. Pero 2015 y, en particular, 2016 fueron años de quiebre muy fuerte. No solamente el tema económico quebró, sino también todo lo que lo circunda, lo político, lo social, lo cultural y eso tiene una repercusión fuerte en las mujeres que terminan llevando la mayor carga. Lo que se llama la feminización de la pobreza. Las mujeres son las que se ven más afectadas, más directamente en el hogar, son las que terminan siendo más afectadas por el tema de la violencia y todo este aspecto genera un aumento significativo de las distintas formas de violencia simbólica, política e institucional.

¿Cuáles son las demandas de la “Articulación Feminista” en vista de la situación?
KC: La primera ha sido obtener cifras oficiales por parte del estado. La segunda, ha sido en materia legal, respecto de cómo poder hacer que los funcionarios y las funcionarias hagan cumplir la ley. Es cuestión de tener una directriz que haga que esto se cumpla. Otro de los problemas con el tema de las denuncias es que no nos dejan pasar si llevamos un vestido, no nos dejan pasar si la vestimenta no es adecuada según el funcionario que esté en la puerta. Eso hace que las mujeres que van a denunciar, si no llevan la vestimenta adecuada se regresan a su casa con los agresores y terminan muertas. Otra de las demandas ha sido admitir un recurso de nulidad que nos permita, por lo menos, despenalizar el aborto. Otras demandas son que los casos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas e inquilinas sean tomados como casos de violencia de género y no como casos de propiedad o casos de tierra, porque esto nos impide hacer justicia y enjuiciar a los agresores. Todo va ligado a un plan formativo que sea permanente e integral para los funcionarios y las funcionarias.

¿Cómo actúa la justicia en relación con la violencia contra la comunidad LGBTQ+?
VA: Nosotros hacemos acompañamiento con la ley de la mano, porque no hay un reglamento especial, pero la constitución en el artículo 20 y 21 habla de la no discriminación, no importa en qué situación. Nosotros nos basamos en eso, porque la constitución está por encima de cualquier otra cosa, para que sus casos sean atendidos y por lo menos así logramos que los reciban, porque ni siquiera los quieren recibir o tratar.

KC: Como Venezuela no ha legislado en materia de identidad y la ley reconoce a transmasculinos como sujetos de derecho por su sexo biológico, hemos tenido varios casos de mujeres que han tenido una transición para ser transmasculino, para definirse como transmasculino, y la ley las protege igual como mujeres. Es un tema bastante complejo porque hay que explicarle al funcionario y a la funcionaria que es una mujer que tiene una identidad masculina y, para que ese compañero no sea vulnerado ni revictimizado, es bastante complejo porque siempre está la denominación, o sea, cómo se le llama, y de la mano el prejuicio. Es más complicado hacer acompañamiento a transfemeninas porque no tenemos una legislación en materia de identidad. Desde varias organizaciones están alzando la bandera pidiendo una reforma de la ley y ya hay una propuesta para la reforma, ésta pide incluir la violencia hacia las mujeres trans en la legislación. Esto es importante porque no está contemplada hasta ahora y las muertes de estas compañeras tienen que ser contabilizadas como femicidios.

¿Cómo ven, desde Venezuela, los avances del movimiento feminista en la región?
KC: Nosotras confiamos que, desde el movimiento feminista, vamos a poder cambiar las formas patriarcales de hacer política que hasta ahora no han traído resultado. Es la demanda del movimiento feminista en toda la región, poder conseguir esa alternativa que atienda y que garantice el derecho a la vida de la mitad de la población, que no está siendo atendida en este momento.