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Prodeco en el 2021 devolvió sus títulos mineros en el César. ¿Cúal es la situación actual?
Claudia Blanco (CB): Dicen que hay un cierre de mina, pero la empresa sigue comprando carbón de minas de otros departamentos. Lo traen por mulas a la mina de Calenturitas, lo transportan por tren, y lo exportan en los barcos de forma normal al resto del mundo. En la Asamblea de accionistas de Glencore en Suiza este mayo, confronté al CEO Gary Nagle: “Al frente de todos los accionistas, usted está hablando de descarbonización y de un cierre de minas, pero en Colombia siguen operando y generando ganancias. Las personas que habían despedido las volvieron a contratar con otras condiciones precarias de trabajo: sin convención colectiva, sin derecho a sindicalizarse”.
Gary Nagle me dijo que iban a seguir comprando carbón mientras el negocio sea rentable, que van a seguir vendiendo al que les comprara, como también a Israel – por eso hubo muchas protestas durante la reunión. Se ve un doble discurso: en un video muy lindo dicen que ellos están descarbonizando, que son como el ciudadano suizo ejemplar, pero en otras regiones como Colombia, Perú, y África hacen cosas muy diferentes.
¿Qué impacto tuvo y tiene el cierre para las personas en la región?
CB: Cuando las minas cerraron, más de 7.000 empleos entre trabajadores directos e indirectos de la mina perdieron su sustento. Esto sin contar los trabajos informales, sobre todo de las mujeres de la región, que fueron las más afectadas: ellas lavaban la ropa de los trabajadores mineros, les cocinaban, les alquilaban una pieza, hacían las labores de aseo, y también había trabajadoras sexuales. La mayoría de los trabajadores no eran de la región, eran de otras regiones y volvieron a sus departamentos. Los pueblos alrededor de la mina quedaron desolados, parecían pueblos fantasmas.
La empresa no quiere responder por las enfermedades laborales adquiridas por personas que han estado expuestos a muchos riesgos al haber trabajado de 15 a 20 años en las minas.
En general, en Colombia con el cierre de minas y devolución de títulos mineros estamos metiéndonos en un terreno inexplorado para muchas partes, para el Gobierno, para nosotros como sindicato, y para las comunidades. No hay garantías de que se dé un diálogo social, un proceso limpio y transparente con la empresa, que entregue lo que se le está solicitando y obviamente le faltan dientes también a los entes de control.
¿Cuales han sido sus formas de lucha, de organización social y sindical?
CB: A nivel local y nacional, han sido más que todo mítines y plantones. Vamos al Ministerio de Trabajo, al juzgado, a la puerta de la empresa y protestamos. Este año en la Asamblea de Glencore en Suiza hubo una coordinación magnífica con muchas ONGs, sindicatos e incluso accionistas.
Robinson Moreno (RM): El año pasado estuvimos también en una audiencia pública en la Cámara de Representantes. Con nuestro activismo pretendemos mostrar a Colombia y al mundo lo que no debe hacer una transición energética. El sindicato está permanentemente en acción jurídica con las arremetidas de la empresa contra la comunidad y los trabajadores. La parte mediática también es parte de la lucha, como ahora esta entrevista.
Asimismo, existe una amplia mesa social, ¿qué rol ha jugado?
RM: Es una convergencia de organizaciones sociales, campesinas, Indígenas, sindicales y ambientales de la zona minera, también de Tierra Digna y otras ONGs. Juntos han solicitado a la ANLA (ente estatal competente para licencias ambientales, nota de la redacción) que exija a la empresa sentarse con todos los actores involucrados a explicar el plan de cierre de minas y el plan de manejo ambiental. El juez lo ha ordenado, pero la empresa no cumple el fallo.
CB: Prodeco no quiere cumplir con los fallos judiciales, trata siempre de engañar, evadir, y mostrar algo que no es la realidad. Dice a las autoridades, a los jueces, y al Ministerio que sí cumplió la tutela, aunque no es así. Lo mismo pasa con los Yukpa (véase LN 597).
¿Qué lecciones hay en sus experiencias para una transición energética justa?
RM: En Alemania hay ejemplos de éxito, como en la cuenca del Ruhr, donde se buscó compensar la pérdida del empleo y el gran impacto social del cierre. Aquí vivimos con una realidad muy distinta. Las regalías e impuestos por la actividad minera que reciben los municipios son la principal actividad que tienen estos territorios. Pero el pasivo ambiental vale mucho más que esas regalías, que además muchas veces se pierden debido a la corrupción y no van en beneficio real de las comunidades.
La transición energética aquí no es justa ni para las comunidades ni para los trabajadores, mucho menos para el medio ambiente. Lo que no se debe hacer en una transición justa es que una multinacional no prepare a las comunidades y a los trabajadores para una reconversión laboral y una diversificación económica después de un cierre de minas. Además, los Estados no deben firmar contratos solamente a conveniencia de las multinacionales.
No se debe transitar de un extractivismo de carbón a un extractivismo verde sin democratizar la energía y salir de la pobreza. A menos de 10 kilómetros de la mina tenemos el parque solar más grande de Colombia, propiedad de la multinacional ENEL. Pero el pueblo que está a uno o dos kilómetros al lado no cuenta con un buen servicio de energía eléctrica.
¿Qué expectativas y exigencias tienen respecto a las empresas y al Estado?
CB: Necesitamos el nuevo código minero, una nueva legislación en lo ambiental y todas las reformas que está impulsando el gobierno actual en lo laboral y pensional. Actualmente no hay garantías, ni para los trabajadores ni para las comunidades. Las empresas no van a resarcir más de 25 años de explotación minera al sembrar un par de plantas. En este momento, la empresa pretende hacer creer a todos los agentes de control que de esta forma ya acondicionó la mina para que pueda ser devuelta al Estado colombiano.
Prodeco oculta información, desatendiendo su debida diligencia. Nosotros por lo contrario queremos un diálogo social abierto, transparente, inclusivo, y democrático con todos los actores: Indígenas, Afrocolombianos, mujeres, trabajadores. Que la empresa trabaje junto con todos, en lugar de irse a escondidas, pues ¿qué hacemos con la pobreza y la contaminación ambiental que quedará cuando se vayan? En muchas zonas no se puede respirar el aire, no se puede tomar el agua porque está contaminada.
RM: Los sindicatos están proponiendo crear un fondo para la reparación social, ambiental y laboral de estas empresas, lo cual no es para nada fácil. La realidad en Colombia es que si no hay algo desde la parte legal, desde la tutela, desde la demanda, desde la querella, desde la acción popular o desde la acción colectiva que obligue a las empresas a hacerlo, ellas no lo van a hacer. El gobierno de Gustavo Petro está haciendo un esfuerzo grande por darle prioridad a esta zona, convirtiéndolo en “el nuevo corredor de la vida” con apoyo para comunidades energéticas (por ejemplo, pueblos o barrios que puedan generar su propia energía con paneles solares, nota de la redacción). Pero nada de esto hasta el momento ha sido suficiente.
¿Cuáles son las estrategias de los sindicatos para su futuro trabajo?
CB: Nos dimos cuenta de que hay que educar a la gente porque reina el desconocimiento para la reconversión económica. El año pasado colaboramos con la Universidad del Magdalena para el diplomado en transición energética justa. Hubo mucha participación de trabajadores, extrabajadores, gente de la comunidad y líderes sociales. También estamos articulándonos con el SENA y la Universidad de Magdalena para un curso técnico en energía solar fotovoltaica.
¿Cómo se imaginan su territorio en un tiempo post-extractivista?
CB: Hicimos un ejercicio muy bonito con la universidad sobre cómo nos imaginamos nuestro territorio después de la minería: volviendo a la agricultura, ganadería, pesca, a la cría de animales, pero también pensando en el turismo. Por ejemplo decíamos: este tren de carga puede ser un tren turístico, podemos pensar en artesanías que las mujeres puedan mostrar, como también esculturas con las mismas piedras del carbón.
RM: Hay muchas ideas. Incluso hay un terreno apto para la energía solar con esas grandísimas extensiones de tierra. Hay mucha potencialidad pero el problema sigue siendo la tenencia de la tierra. Glencore no va a dar su terreno a las comunidades, ni tampoco hay quién las compre, porque eso vale muchísimo dinero. Aún si fueran adquiridos por el Estado, ¿quién viene a hacer las grandes inversiones necesarias para reactivarlas económicamente?
LAS MINAS DE PRODECO
En los años 1980 y 1990 Prodeco/Glencore y otras multinacionales se instalaron en el territorio colombiano usando el despojo de tierras, relaciones con grupos paramilitares, asesinatos y desplazamiento de campesinos para obtener contratos de explotación minera. Estos contratos (y la ley minera vigente en Colombia) no contemplaban la parte social y ambiental, ni contenían disposiciones para un eventual cierre de las minas que hubieran tomado en cuenta de manera integral las consecuencias de la actividad minera y la totalidad de las personas afectadas por ella.
Durante el año 2020, Prodeco pidió la suspensión temporal de las minas, La Jagua y Calenturitas, por 4 años citando los bajos precios de carbón al nivel mundial y los impactos de la pandemia, lo cual fue negado por el gobierno debido a los enormes impactos. Como reacción, la empresa decide devolver los títulos mineros en enero del 2021. Por primera vez estaba pasando esto en Colombia. El gobierno se negó a recibir los títulos por las deudas de pasivos ambientales, laborales y sociales, pero Prodeco finalmente ganó una lucha jurídica y el gobierno accedió a recibir 3 de los 5 títulos que Prodeco quería devolver.
Glencore demandó al Estado colombiano ante un tribunal que protege la inversión extranjera, por la demora de la recepción de los títulos y del contrato minero.
El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una nueva ley que contempla una compensación a las comunidades y tiene en cuenta la responsabilidad ambiental, laboral y social de las empresas mineras.