AUCÁN HUILCAMÁN
es vocero (werkén) de la organización Mapuche Consejo de todas las tierras y abogado. Su interés de larga data es la elaboración de normas jurídicas internacionales que protejan los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Participa en el Procedimiento de Exámen Periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo el cual Chile rindió cuentas en 2018/2019 con respecto a la aplicación de las normas legales internacionales a los pueblos indígenas.
(Foto: Martin Schäfer)
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¿En qué papel y función dentro de las diversas organizaciones mapuches en Chile se encuentra usted en Europa, y cuál es su visión?
He estado involucrado durante mucho tiempo en el proceso del Exámen Periódico Universal (EPU) -por el cual me encuentro actualmente en Europa- y en la elaboración de normas jurídicas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Por lo tanto, esto va más allá de la representación de un grupo particular de comunidades mapuches.
Las declaraciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, pueden determinar su constitución política. Los Mapuche están llamados a desarrollar este derecho. Debemos preparar a la comunidad internacional para la futura formación de un gobierno mapuche en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, para que dicho gobierno sea reconocido internacionalmente. Yo veo en esto mi tarea. También quiero invitar a todo el pueblo Mapuche a participar en el proceso de libre determinación. Participar o no en este proceso es una decisión libre que cada uno debe tomar primero por sí mismo. El siguiente paso luego de la decisión a participar es pensar qué papel va a desempeñar cuando se forme el gobierno.
¿Cómo deben prepararse los Mapuche para formar un gobierno?
Hay un proceso constituyente Mapuche, en noviembre de 2016 tuvimos una primera reunión. Hemos discutido sobre la cuestión de si queremos un gobierno acorde a la tradición mapuche, uno similar a la forma de los gobiernos contemporáneos o bien una mezcla de ambos. Lo importante es que ese gobierno también sea eficaz a nivel internacional. ¿Por qué una Asamblea Constituyente? Queremos que nuestro futuro gobierno goce de legitimidad. Cuando llegue el momento, pediremos a la ONU y a la OEA un reconocimiento formal. Si se niegan, tendrían que violar sus propios principios. La idea y el concepto de una Asamblea Constituyente – a diferencia de los conceptos tradicionales mapuches – es universalmente comprensible y muestra al mundo que el nuevo gobierno no es una acción individual, sino un proceso público. No tiene que ser la mayoría de los Mapuche, pero lo importante es que la causa sea legítima y que no haya influencia del gobierno y los partidos chilenos. En la primera reunión establecimos directrices y ahora estamos preparando una segunda reunión para debatir el contenido de un estatuto de autodeterminación. Una vez elaborado, se debe decidir cuándo se formará el gobierno.
¿Cuánta gente está involucrada en este proceso, pertenecen a distintas comunidades?
Calculo que alrededor de 300 comunidades están involucradas en el proceso común. Se necesitan personas con la mentalidad y la capacidad de gobernar. Al principio era un grupo pequeño, sólo unos pocos Mapuche se ocupan de este tema. Juega un rol importante que nosotros los Mapuche hemos estado expuestos a un largo proceso de colonialismo y domesticación que nos ha perjudicado, por lo tanto no todos los Mapuche piensan desde una perspectiva colectiva. Pero por supuesto también hay mapuches que se preocupan más por nuestra defensa legal o por la protesta contra la injusticia, como ha sido por ejemplo con motivo de la muerte de Camilo Catrillanca. Esto es importante pero no suficiente, porque es sólo una reacción al comportamiento del Estado. El movimiento también debe desarrollar perspectivas para el futuro. Me he encargado de traer este tema a la comunidad Mapuche, que antes estaba un tanto aislado.
¿Hay alguna dificultad con el avance del proceso?
Un problema es que a menudo la voluntad individual de los Mapuche está más comprometida con los partidos políticos, el estado, la iglesia o una secta que con la acción colectiva. O se genera simplemente una protesta contra el gobierno actual. Ya sea la derecha o la izquierda la que no se dirija adecuadamente a los Mapuche, nosotros hemos sido en última instancia ineficientes colectivamente. Para poder utilizar el derecho a la libre determinación, tenemos que actuar nosotros mismos.
¿Cómo afectó el asesinato de Camilo Catrillanca a estos esfuerzos de independización?
Entre los Mapuche el movimiento que lucha por los derechos del pueblo tiene ahora una posición más fuerte. Hoy en día, el movimiento mapuche ha logrado una inmensa legitimidad en Chile frente al Estado y a la sociedad que antes no existía: Cuando el presidente Piñera y varios ministros se presentaron a dialogar después del asesinato de Camilo Catrillanca, los Mapuche no quisieron reunirse con ellos, un desaire único desde la „pacificación de la Araucanía“ (la sumisión de los Mapuche por parte del estado chileno en el Siglo XIX).
El gobierno seguirá insistiendo en su „Plan Araucanía“, pero la militarización es un tema complejo para el Estado y no creo que el gobierno tome medidas significativas porque el caso de Catrillanca representa un antes y un después. Antes del asesinato, por ejemplo, yo había organizado una reunión con el gobierno y los ministros. Hablamos (sin éxito) sobre la aplicación de las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y sobre la participación política a través de escaños reservados en el parlamento. Luego vinieron los acontecimientos que rodearon a Camilo Catrillanca y desde entonces no hubo más contacto con el gobierno.
¿Eso significa que ahora hay una mayor unidad entre los Mapuche? Los diferentes grupos mapuches tienen estrategias muy diferentes.
Creo que sería más apropiado decir que ahora hay un mayor acuerdo sobre determinados temas. Y la autodeterminación es un tema en el que todos podemos converger porque nos conecta. La desventaja de la situación actual es que, debido a la falta de acción gubernamental y de interés de los Mapuche por dialogar con el gobierno, podríamos encontrarnos en un escenario de gran conflicto social. El gobierno del presidente Piñera podría llevarnos a una confrontación étnica en la Araucanía como la que hubo en los Balcanes en Europa, y este tipo de confrontación es más compleja que enfrentarse con la policía.
¿Diría usted que los esfuerzos internacionales de larga data han marcado la diferencia?
Han conseguido muchas cosas. En primer lugar, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, fue una novedad que se permitiera a cinco representantes indígenas hablar durante unos minutos, y los gobiernos rechazaron el derecho a la libre determinación. Luego se legitimó este derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Estuve presente en ambas conferencias, me sorprendí y conmoví en ese momento.
En segundo lugar, la OEA y la ONU han reconocido la validez de tratados como el de Quilín, en el que España en 1641 otorgó a los Mapuche un territorio independiente al sur del río Bío-Bío y que el Estado de Chile ignoró. Por lo tanto, hemos logrado que los tratados, que el Estado chileno había ignorado, vuelvan a ser una norma de derecho internacional. La Declaración de las Naciones Unidas también establece que las partes pueden recurrir a la jurisdicción internacional si existe una diferencia de interpretación en la aplicación de los Tratados. En nuestro caso, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya. Por eso, hoy, si tuviéramos la capacidad colectiva necesaria, los Mapuche podríamos reclamar nuestra tierra y poner a prueba esta petición en La Haya.
¿Qué tan realistas son estos planes? ¿Tiene usted un modelo en el que la libre determinación indígena haya sido implementada con éxito?
Los Inuit de Groenlandia recibieron este derecho gradualmente de Dinamarca. Contrario a muchos países africanos los cuales lograron su independencia pero fundidos en la pobreza, en este caso Dinamarca se comprometió a proporcionar apoyo financiero al nuevo gobierno durante un período largo. Esto está en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a una compensación adecuada por las tierras que les han sido arrebatadas sin su consentimiento previo, libre e informado. El Gobierno Autónomo Inuit está ejerciendo ahora derechos de gran alcance, desde la responsabilidad de la policía hasta el acceso a las materias primas. Me parece un buen ejemplo.
¿Cómo se podría determinar para Chile una compensación adecuada?
Esto podría ser decidido por uno de los dos tribunales internacionales o por una comisión de la verdad.
Hace unos meses las comunidades mapuches exigieron una comisión de la verdad. ¿Qué hay detrás?
Es necesario tener un estándar de la verdad común sobre los acontecimientos históricos de la Araucanía, una verdad que sea reconocida por todas las partes. Hasta ahora cada uno tiene su propia verdad: un emigrante europeo que ha recibido tierras mapuches en Chile cree que la historia y la justicia comienzan con su llegada. Alguien que compró tierras mapuches en la época de Pinochet cree que comienza con su compra. Los Mapuche tienen una visión diferente de las cosas, así que para entenderlas necesitamos una versión común de los hechos. Sobre esta base, se debe pagar la indemnización adecuada a las víctimas, ya sean Mapuche u otras personas. Por último, debemos crear instituciones aceptables para la coexistencia de mapuches y no mapuches a fin de lograr una paz firme y duradera. Se crearon dos comisiones para hacer frente a la dictadura de Pinochet, la Comisión Rettig y la Comisión Valech. Ahora el Estado debe crear una comisión similar para la Araucanía, porque el Estado es el responsable de lo que ocurrió allí. Otro punto importante es determinar claramente cual es el periodo en el cual estamos trabajando para la reparación: ¿El período colonial, el período posterior a la independencia? ¿La era Pinochet? Y por supuesto hay que definir qué acontecimientos deben aclararse con exactitud. Lamentablemente, esto no se hizo en la primera comisión de la verdad, que fue convocada por el Presidente Lagos en 2000 y 2001. Y allí estaba también el resto de los pueblos indígenas de Chile, que son mucho más pequeños y tienen condiciones diferentes. Así que no salió nada tangible, y en lugar de reconocer la responsabilidad del Estado por la injusticia, el informe final afirmó que las tierras mapuches se habían perdido porque los Mapuche no hablaban español y no conocían las leyes, es decir, casi se les hizo responsable de su expropiación. Como miembro de la Comisión, no estaba de acuerdo con esto en aquel momento.
