„HAY UN QUIEBRE INSTITUCIONAL“

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NADESDHA GUEVARA OROPEZA

es activista por los derechos humanos y abogada de algunas de las víctimas de la masacre de Senkata, Bolivia, cometida por el ejército boliviano en noviembre del 2019. Realizó una serie de denuncias de violaciones a los Derechos Huma- nos ante las Naciones Unidas y coopera con la Asociación de Derechos Huma- nos en Bolivia, una organización que lucha por los Derechos Humanos desde una perspectiva descolonizadora y que apoya a los sectores más vulnerables, indígenas y campesinos. Guevara se ve en la tradición de la resistencia de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y Tupac Katari (líderes indígenas que se rebe- laron contra el poder colonial español en el siglo XVIII) y su meta de una patria grande. Además Guevara utiliza su profesión como abogada para alcanzar el Suma Qamaña (Aymara) o Sumak Kawsay (Quechua), en español El buen vivir, concepto indígena que fue acogido en la constitución de Bolivia.

(Foto: privado)


¿Nos puede contar sobre el contexto político del golpe de Estado en Bolivia?

El golpe de Estado se da en diferentes escenarios. Uno de los escenarios principales es del sector agroindustrial ubicado en Santa Cruz de la Sierra, la burguesía agroindustrial, que no solamente quería tener el poder económico sino también el poder político que por 14 años les había sido arrebatado. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) formó una alianza táctica con este sector y empezó a hacer grandes concesiones de poder político.

Otro escenario es el proceso que se estaba viviendo en el interior del MAS y el proceso de cambio donde había una necesidad de consolidar el estado plurinacional y de hacer una renovación de dirigentes. En ese escenario tuvimos errores estratégicos y eso fue un argumento para una clase media que ya no se sentía pobre y quería sentirse rica. Otro de los errores que se han cometido fue cambiar al sujeto histórico de la lucha. En el último periodo el sujeto histórico ya no era el movimiento indígena, campesino y obrero, el sujeto histórico eran las clases medias.

Otro escenario es geopolítico. Los intereses por nuestros recursos naturales, especialmente por el litio, van cobrando fuerza. Entonces en Bolivia habían empezado a influenciar a las clases medias, las cuales tomaron el discurso de que en estos 14 años de proceso de cambio se había vivido una dictadura, que no vivíamos en democracia y que estaban luchando por su libertad. Y eso nosotros lo identificamos como un efecto, no como una causa. La causa está en esas pugnas de poder y en la coexistencia política con los sectores oligárquicos.


¿ Cómo condujo esto a un golpe de Estado?

En febrero del 2018 habíamos ido a un referendo para decidir si Evo Morales continuaba o no postulándose a la presidencia. Ganó el „No“. Se vuelve a repostular Evo Morales a partir de un control de convencionalidad y sale favorable en el tribunal constitucional plurinacional, lo que le permite ser nuevamente candidato. Y ahí nuevamente el rol geopolítico. Gana Evo Morales, pero bajo el rol nefasto de la Organización de Estados Americanos se da a entender de una manera difusa que hubo un fraude electoral.

Ahí fue donde los grupos paramilitares empezaron a ejercer actos de racismo y de violencia contra el pueblo. El golpe de Estado empieza a crear miedo a partir del ejercicio de la violencia contra los representantes del MAS en la Asamblea Legislativa. Empiezan a quemar las casas, a secuestrar a sus familiares, lo que provocaba la renuncia de muchos ministros, gobernadores y diputados. Después de la renuncia de Evo Morales, que había causado un vacío de poder, y después de la renuncia de la segunda presidenta del senado, Adriana Salvatierra, los policías y los militares dan el poder a Jeanine Áñez para que asuma la presidencia.

Lo primero que hacen al tomar el poder es realizar la quema de la Wiphala, la bandera símbolo de las naciones indígenas, originarias y campesinas. Es decir, demostrar que los pueblos indígenas, originarios y campesinos habían vuelto al lugar „que les correspondía”, fuera del poder. En noviembre de 2019 el ejército y la policía cometen masacres contra la población civil, denunciadas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esas denuncias no han sido investigadas hasta ahora por el Ministerio Público.


¿Cuáles fueron los resultados del golpe en relación a la persecución política y al funcionamiento de las instituciones judiciales en Bolivia?

Hubo un pacto político que garantizaba la realización de las elecciones como único objetivo. Después vino un periodo mucho más complicado con la pandemia del Covid-19. Ahí se hizo mucho más clara esta lucha de clases, se revelaron más aspectos racistas y no se pudo resolver ninguna de las problemáticas estructurales.

Tenemos nueve meses de un gobierno transitorio donde hay un quiebre institucional, donde todo se mueve a partir del poder ejecutivo y de la instrucción del Ministerio de Gobierno. Tenemos perseguidos políticos tanto del MAS como de personas que no son del MAS y que han osado criticar al gobierno. Hay detenidos y aprehendidos de manera ilegal y arbitraria desde las masacres. Muchos de ellos han hecho las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales. Tenemos testimonios de mujeres de pollera (falda, vestimenta típica de la mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, nota de la redacción) que han sido violentadas por militares y policías. Sigue aprehendido Facundo Molares hasta el día de hoy, está perdiendo su vista en los dos ojos y tiene problemas renales. También siguen aprehendidas muchas mujeres.

La ruptura institucional en Bolivia hace posible que estos grupos paramilitares se refugien bajo el consentimiento y permisibilidad del Estado, porque es el Estado el que financia los grupos paramilitares y mercenarios. Desde el Ministerio de Gobierno se dice que lo políticamente correcto es meter bala a todos los que están movilizados. Hasta el día de hoy se estima que hay tres millones de desempleados en Bolivia y hay personas que están volviendo a la pobreza extrema. Se ha privatizado la salud, se comete corrupción con la salud. El año escolar ha sido clausurado dejando sin escuela a todas nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema económico no se ha podido resolver. Entendemos que es una situación muy difícil. Sin embargo, no hay ninguna política social por parte del Estado para mitigar este problema.

Esos son los efectos del golpe, del quiebre institucional del Estado de no-derecho. A quien le provoque cuestionar los problemas estructurales no resueltos se le aplica el derecho penal del enemigo, el que ve a estas personas como no-ciudadanos, tipificándolos como terroristas, como sediciosos o como financiadores de terrorismo. Por eso, los movimientos sociales, el movimiento indígena, campesino, obrero, están asumiendo que tienen que pronunciarse. El gobierno es un precursor del odio, esas personas siempre hacen esas distinciones, estigmatizan a las personas que ejercen su derecho a la protesta como Masistas. Todo eso engloba un quiebre institucional en Bolivia y tiene como resultado un pueblo insatisfecho y movilizado, pero también profundamente golpeado porque en nueve meses no se ha podido encontrar un pacto social en Bolivia (un convenio social y político para superar la polarización de la sociedad, nota de la redacción).


¿Cuál es la situación actual en Bolivia y cómo es que empezaron de nuevo las movilizaciones?

Para muchos la salida política eran las elecciones que se iban a dar el 6 de septiembre, sin una seguridad real de qué partido vaya a ganar, pero sí con la idea de que se vaya realizando un pacto social que pueda afrontar de mejor forma esta situación. El Tribunal Electoral dio el anuncio de que se trasladará la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre. Y eso lleva a un nuevo escenario de confrontación. Se llamó a un Cabildo, un encuentro, en la ciudad de El Alto, y se determinó dar 72 horas al Tribunal Electoral para que vuelva a declarar la fecha de elecciones el 6 de septiembre. De lo contrario se realizarían bloqueos nacionales.

En 72 horas se realizaron los bloqueos nacionales. Los bloqueos empezaron a cobrar más fuerza a partir de las declaraciones de sectores afines a este gobierno, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, que señalaban al movimiento indígena como “unas bestias que no merecemos ser ciudadanos y que mordemos la mano de quien nos da de comer”. Los indígenas representan más del 80% de este país, además se reconocen en la Constitución Política del Estado más de 36 naciones indígenas. Miembros del Comité Cívico y también personas afines al gobierno han expresado que deberíamos volver a la república (se refiere a volver a la constitución vigente antes del gobierno del MAS, nota de la redacción). Esos discursos han ido calando en la población y han profundizado las contradicciones, a tal nivel que la consigna del movimiento popular ya no eran las elecciones, sino la renuncia de Jeanine Áñez.

Los bloqueos han empezado a ser satanizados por el gobierno con el argumento de que estos influyen en la falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19, a pesar de que el oxígeno hacía falta aquí en Bolivia ya hace dos meses atrás y que la crisis de salud la tenemos ya desde hace nueve meses. Sin embargo, la Asamblea Legislativa donde tiene la mayoría el MAS, aprobó las elecciones para el 18 de octubre. En estos momentos se ha dado la instrucción de desbloqueo, pero con un estado de alerta permanentemente.


¿Cómo va a seguir la situación después de que la nueva fecha para las elecciones sea aceptada y después de que los bloqueos se terminen?

Nosotros estamos monitoreando y denunciando que se está ejerciendo una persecución política a los dirigentes que han llamado a estas manifestaciones. Ya han salido denuncias admitidas por el Ministerio Público. Tenemos 43 aprehendidos de manera ilegal y arbitraria en Samaipata, de los cuales tres están con detención preventiva. Tenemos tres heridos de bala en San Ignacio de Moxos por estos grupos paramilitares y tenemos un pueblo herido en su dignidad. Hoy afrontamos la resistencia popular, afrontamos también la necesidad de organizarnos porque sabemos que el Estado desde los policías, los militares y sus grupos paramilitares están preparados para golpear al pueblo Y hoy, en toda esta agudización del problema solamente nos queda asumir el planteamiento de un poder popular. Tenemos la incertidumbre de si se van a realizar o no las elecciones. No es algo certero para el pueblo, pero de lo que sí tenemos certeza es de la necesidad de organizarnos, unirnos y luchar.

¿POR QUÉ VIVIMOS EN EL PARAÍSO?

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Memo fue comandante de la primera época de la Guardia Comunal de Ostula, es decir desde junio de 2009. Desde entonces ha cobrado una conciencia clara de lo importante que es el territorio para la comunidad. Él ha sido testigo de cómo varios de sus compañeros de la Guardia han sido desaparecidos por los Caballeros Templarios.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, fundada en 1531, se encuentra en la zona costera de Michoacán, dentro del municipio más grande de la zona, y posiblemente, uno de los más ricos en recursos naturales. Invasores, el crimen organizado y diversos partidos políticos impidieron desde comienzos del siglo XX el uso de estas tierras. Durante muchas décadas –por lo menos desde 1964– ha luchado la comunidad por su restitución (1,200 hectáreas de tierras listas para cultivos diversos).

Pedro vive en Xayacalan, construyó su casa junto con su esposa Baudelia, los dos eran muy buenos amigos de don Trino, uno de los luchadores más tenaces contra el doble poder, aquel que es político y criminal al mismo tiempo.
A partir de una resolución presidencial emitida en 1964, la comunidad encuentra el camino legal para demostrar que tiene la facultad y el derecho de ocupar las tierras en disputa; sin embargo, ni los tribunales agrarios ni las autoridades competentes reconocieron este derecho legitimando la presencia de población invasora. Esta misma ha constituido el poder político local a través del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y en fechas recientes el poder del crimen organizado, particularmente a través del grupo conocido como Caballeros Templarios.

Doña Juana mira con desconfianza el hecho fotográfico, lo que la ensayista mexicana Marina Azahua llama retrato involuntario. Pero lo hace también con curiosidad, tal vez preguntando si estas fotografías podrán capturar libremente la historia de su comunidad, la cual es una historia de fortaleza a pesar de lo doloroso que es el miedo y la muerte.

Recién en 2009 logra la comunidad consolidar las condiciones políticas y organizativas necesarias para llevar a cabo la recuperación de sus tierras por la vía de los hechos. Desde entonces, aquellos que codician estas hectáreas (políticos y criminales) desarrollaron una ofensiva violenta contra la comunidad. El resultado fueron 34 asesinados y 6 desaparecidos, además de una férrea resistencia y una experiencia de lucha que hoy es la base fundamental para mantenerse unificados como comunidad.

Felipa y Rosendo sonríen frente a una cámara que trata de retratar la tranquilidad en la que viven, lo mucho que les gusta trabajar la madera y la palma para mantener una tradición: tejer equipales, una suerte de pequeños bancos que son parte del moviliario tradicional de la comunidad. Durante los años violentos este trabajo no se llevó a cabo porque la presencia del crimen organizado prohibió esta actividad.

Tras una ofensiva contra el crimen organizado y contra la corrupción institucional a comienzos de 2014 la comunidad de Santa María Ostula logró organizar a su Guardia Comunal para proteger a las y los habitantes de este lugar. Para ello se basaron en las atribuciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por México a comienzos de los años 90 y elevado a nivel constitucional en 2011.
Mineras, proyectos carreteros y turísticos también amenazan con destruir el medio ambiente. La presencia cercana de la minera Las Encinas, del corporativo italo-argentino Ternium, representa una presión constante para la comunidad indígena, ya que la empresa minera intenta en la actualidad ampliar los terrenos de uso y tomar tierras comunales a cualquier costo.

Trueno es un comunero que ha luchado mucho para que su comunidad mantenga su territorio sin la presencia del crimen organizado. Ha participado en todas las iniciativas de la Ostula desde que en 2009 se recuperaron 1,250 hectáreas que ahora son fuente de cultivos y lugar de vivienda, una de ellas la de Trueno.

Por otro lado, el reciente acuerdo entre el gobierno estatal de Silvano Aureoles y el empresario indio Lakshmi N. Mittal, pone en riesgo la seguridad de la biodiversidad de toda la región sierra-costa michoacana y la estabilidad de las comunidades. El trato firmado consiste en el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y en el desarrollo minero en los casi 300 km de costa.

Ariana sostiene a su pequeña hija en la plenitud de su cocina y es posible notar que la mañana se instala lentamente al calor del fogón. Diez años después de una recuperación de tierras que trajo consigo una ofensiva criminal, que dejó a 38 personas entre desaparecidas y asesinadas, la comunidad se mantiene firme, unida y fuerte, reconstruyendo la vida cotidiana.

Tres condicionantes le puso el empresario y sexto hombre más rico del mundo al gobierno michoacano: la limpieza del crimen organizado, las certezas jurídicas para el uso de las tierras y la no existencia de oposición, ni indígena ni ambiental. Lo anterior tan sólo es el aviso de un desastre ecológico, social y cultural que se puede atender antes de que ocurra.

Todos participan Poco a poco las mujeres jóvenes van cobrando un papel decisivo en la participación política al interior de la comunidad. Su papel de sostén y de cuidado de las familias que luchan por la defensa del territorio, se ha traducido en una transformación a un sujeto social más activo, una herencia que tienen las nuevas generaciones.

A pesar de esta compleja situación, la comunidad nahua se mantiene como un fuerte punto de referencia en la resistencia, contra el crimen organizado y contra los megaproyectos en la búsqueda de una vida en tranquilidad y en total convivencia con el medio ambiente.
En la actualidad, Santa María Ostula también se encuentra consolidando la seguridad de su territorio y respaldando a otras comunidades vecinas para que la región de la sierra-costa sea productiva y pacífica.
En las hectáreas recuperadas, Ostula fundó la población de Xayacalan, lugar donde ahora se siembra papaya, jamaica, melón, tamarindo y maíz, en lugar de marihuana y amapola, o bien, fosas clandestinas, como hacía el crimen organizado.

 

DEMOCRACIA EN CRISIS

Miembros del PRD haciendo campaña para ‚Nito‘ Cortizo (Foto: Alexis Alvarado)

La oposición siempre gana, pero después todo sigue igual – igual de neoliberal. Esta regla empírica de la política panameña ha sido confirmada una vez más cuando el 5 de mayo Laurentino ‚Nito‘ Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ganó las elecciones con un 33.5 por ciento de los votos.

Desde el fin de la dictadura militar (1968-1989), ningún partido ha logrado gobernar más de un período y los tres partidos más grandes se han turnado en el poder. En la teoría estos partidos ocupan lugares diferentes en el espectro político: el Cambio Democrático (CD) vendría a ser un partido del centro, el Partido Panameñista de derecha nacionalista. Mientras que el PRD sería de izquierda moderada, incluso es formalmente miembro de la Internacional Socialista. Por lo tanto, su asunción al gobierno debería suponer un cambio de rumbo. En la práctica, no obstante, los tres partidos principales de Panamá siempre han seguido la misma política neoliberal de derecha – el PRD justamente ejecutó la privatización de la mayoría de las empresas estatales en la década de los 90.

El presidente electo, Nito Cortizo, lo demuestra al ser consultado acerca de su posicionamiento ideológico: „Yo soy pragmático“, el empresario dijo a la emisora Telemetro, „La inversión privada crea puestos de trabajo y, por lo tanto, aumenta el consumo. Esto es muy importante para ayudar a un país con tanta pobreza y desigualdad como Panamá. No se trata de ser de derecha o de izquierda“. Cortizo considera que la mejora de la calidad del sistema educativo se consigue mediante una mayor orientación hacia las necesidades del mercado laboral y quiere que lxs inversionistas „se sientan como en su casa“.

El enojo con la clase política es muy grande

Los únicos temas de importancia en la política panameña parecen ser la economía y, en los últimos años, la corrupción. Los Panama Papers en 2016 demostraron el rol de Panamá como foco de evasión de impuestos y lavado de dinero. Luego se supo que la constructora brasileña Odebrecht – recientemente a cargo de grandes obras como la nueva línea de metro o la ampliación del aeropuerto – había pagado 60 millones de dólares en sobornos en Panamá.  En el parlamento, varixs legisladorxs habían proporcionado a sus familiares contratos de trabajo a gran escala o habían regalado dinero fiscal. Además, desde hace tiempo muchos miembros de la administración pública son considerados como botellas, o sea, llegaron al poder sin calificaciones gracias a favores políticos. La Corte Suprema no es percibida como independiente, ya que cada presidentx nombra cuatro o cinco de sus nueve jueces. Según la encuesta Latinobarómetro, el 83% de la población piensa que el país está gobernado por algunos grupos para su propio beneficio. En consecuencia, el enojo con la clase política es muy grande.

Electoralmente, ese enojo se encauzó hacía el apoyo de un candidato independiente, Ricardo Lombana. Él recibió un notable 19.2 por ciento de los votos con una campaña basada en las redes sociales dirigida a la juventud urbana, pero sin maquinaria partidaria, sin programa electoral elaborado y con poca experiencia política. Respecto a la elección simultánea de legisladorxs, el enojo popular fue articulado por la campaña #NoalaReeleccion y su demanda de no reelegir a los diputados que carecen de integridad. Como resultado de ella, sólo 14 de lxs 50 candidatxs a la reelección fueron reelegidxs, la cuota más baja desde 1994. Cinco legisladorxs ahora serán independientes, cuatro más que antes. Para hacer frente al descontento de la gente, casi toda la clase política se ha pronunciado a favor de cambios en la constitución que prevengan la corrupción.

En todo caso, la preocupación popular por la economía parece pesar aún más que aquella por la corrupción. Del expresidente Ricardo Martinelli (CD), a pesar de su encarcelamiento por corrupción y espionaje ilegal de opositorxs políticxs durante su mandato, muchxs panameñxs siguen teniendo una buena opinión, condensada en la frase: „Robó, pero hizo“. A Rómulo Roux, ex ministro de Martinelli, sólo le faltaron unos 45.000 votos para ganar la elección (obtuvo el 31.15 por ciento de los votos), probablemente porque fue asociado con el legado económico de su mentor.

Juan Carlos Varela (Partido Panameñista), sucesor de Martinelli y presidente saliente, en cambio, hizo un esfuerzo creíble en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en la percepción de la población, no le importó suficientemente la economía, la cual no creció tan fuertemente en su mandato como antes bajo Martinelli.

Hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica

Esto a Varela le valió el apodo de Tortugón, o sea, no robó, pero tampoco ‚hizo‘. A su compañero de partido José Blandón – alcalde de la ciudad de Panamá con algunas ideas ambientalistas y en los años 90 duro crítico de las privatizaciones que realizó el PRD – lo llevó a hundirse en la elección con el 10.5 por ciento de los votos a pesar de sus esfuerzos por distanciarse de Varela. Finalmente Nito Cortizo, con un perfil más autoritario y conservador, ganó las elecciones con el lema „Hacer sin robar“. Los perfiles de Cortizo y Blandón dejan en evidencia que ser de un determinado partido político no dice mucho en Panamá.

¿No hay otros temas relevantes aparte del desarrollo económico y de la prevención de la corrupción? La competencia, propia de una campaña electoral, lleva normalmente a los partidos a expresar sus diferencias políticas. En los debates televisivos, lxs candidatxs de hecho hablaron de varios puntos, como la baja calidad de la educación escolar, la creciente escasez de medicamentos, el inminente colapso del sistema de pensiones o la frustración del sector agrario ante las grandes importaciones de alimentos. No obstante, las controversias sustanciales desempeñaron un papel bastante menor.

„La democracia panameña es débil y está en crisis“, dice el sociólogo y profesor universitario Alonso Ramos en conversación con LN, „hay una falta de representación, hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica. Aunque se le dio mucha importancia al discurso del cambio de poder regular después del fin de la dictadura, no hay cambios reales. En la campaña electoral no se discutieron temas tan importantes, pero a la vez delicados, como los escándalos, lo que en última instancia toca el estado de nuestra democracia, así como también el cambio climático, al cual Panamá es muy vulnerable. Y finalmente, tampoco se habló de la desigualdad“.

Cambio de figura, pero no de rumbo ‘Nito’ Cortizo en su toma de posesión (Foto: Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

La economía de Panamá ha crecido un promedio de 5.6 por ciento en los últimos cinco años y tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Aunque todos lxs políticxs se comprometen a luchar contra la pobreza, la mayoría no habla de que en Panamá el 10 por ciento de la población, los ricos, perciben 30 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Sólo en una docena de países de todo el mundo la desigualdad es aún mayor. ¿No podría esto ser un punto de partida para los movimientos y partidos de izquierda?

Según la encuesta „Barómetro de las Américas“, el 29.5 por ciento de la población panameña se describe a sí misma como políticamente de izquierda. Sin embargo, hay sólo un partido de izquierda, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que surgió del sindicato de trabajadores de la construcción, Suntracs. Su defensa de un estado de bienestar y de un sistema tributario más progresivo parece ser una noción más bien radical para Panamá:

Los representantes de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía

Ya por segunda vez el FAD, que se postuló por primera vez en 2014 a elecciones nacionales, tendrá que disolverse de acuerdo a la ley porque fue el único partido que permaneció por debajo del 2 por ciento de los votos. No obtuvo ningún escaño en el parlamento y sólo el 0.7 por ciento de los votantes votó por su candidato Saúl Méndez (ver LN 415). ¿Por qué el panorama se ve tan difícil para la izquierda en Panamá?

„Se debe a los 150 años de presencia colonial de los EE.UU. en Panamá, después de la construcción del ferrocarril en 1850“, intenta explicar Alonso Ramos. „Esto ha tenido una influencia decisiva en la cultura política. Este trauma sigue marcando a nuestra sociedad actual en lo que somos y en lo que no somos. Desde la década de 1930, todos los que han representado las ideas de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía. Es por eso que hoy en día sólo muy poca gente en Panamá se reivindica de izquierda, ni siquiera el FAD lo hace“.

Esto también tiene un impacto en la sociedad: temas como el aborto o los derechos de personas LGBTIQ* apenas se discuten, casi no hay políticos que critiquen las posiciones conservadoras de la iglesia católica y de los evangélicos. ¿Hay esperanza en los nuevos movimientos políticos? Claudia Cordero, científica especializada en la comunicación y la cultura, está desilusionada: „Desafortunadamente, no hay tales movimientos en este momento“, explicó a LN durante la campaña electoral. „De momento muchos jóvenes están compartiendo la campaña #NoalaReeleccion en las redes sociales o tienen su sticker en sus autos y creen que están participando en un movimiento social. Pero el motor de esta campaña es el grupo Movin. Trata de parecerse a un movimiento ciudadano contra la corrupción, pero de hecho detrás hay principalmente unas 15 a 20 personalidades influyentes en torno al multimillonario Stanley Motta. Ellos son los poderes fácticos del país. Quieren llenar el vacío que deja el desgaste del sistema, quieren canalizar la molestia y proteger al modelo imperante pidiendo que no se reelijan los diputados. Tratan de dar la impresión de que quieren cambiar todo, sólo para que nada cambie de verdad.“

La élite quiere canalizar la molestia y proteger al modelo neoliberal.

Sin embargo, hay un actor que ha demostrado poder protestar de manera eficiente contra las políticas neoliberales de esta oligarquía, ejecutadas por los gobiernos de turno: La última movilización poderosa y masiva fue la resistencia indígena a una nueva ley de minería en 2011 (LN 443). A pesar de la represión y la difamación masiva por parte de los medios, incluyendo un lenguaje racista, la protesta de lxs indígenas Ngäbe Buglé tuvo éxito y la ley fue finalmente retirada. Aunque los liderazgos en su momento fueron captados por los partidos políticos y así neutralizados, es probable que en los próximos años aumenten otra vez los conflictos con grupos indígenas porque los gobiernos siempre han mirado los recursos de las regiones indígenas autónomas con el fin de impulsar el crecimiento económico. No obstante, si los indígenas siguen siendo el único grupo relevante que no está de acuerdo con el gatopardismo panameño, es probable que la regla empírica de la política en Panamá se vuelva a confirmar en cinco años más.

 

„UNA INMENSA LEGITIMIDAD QUE ANTES NO EXISTÍA“

AUCÁN HUILCAMÁN
es vocero (werkén) de la organización Mapuche Consejo de todas las tierras y abogado. Su interés de larga data es la elaboración de normas jurídicas internacionales que protejan los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Participa en el Procedimiento de Exámen Periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo el cual Chile rindió cuentas en 2018/2019 con respecto a la aplicación de las normas legales internacionales a los pueblos indígenas.

(Foto: Martin Schäfer)


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¿En qué papel y función dentro de las diversas organizaciones mapuches en Chile se encuentra usted en Europa, y cuál es su visión?

He estado involucrado durante mucho tiempo en el proceso del Exámen Periódico Universal (EPU) -por el cual me encuentro actualmente en Europa- y en la elaboración de normas jurídicas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, de los Mapuche. Por lo tanto, esto va más allá de la representación de un grupo particular de comunidades mapuches.

Las declaraciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, pueden determinar su constitución política. Los Mapuche están llamados a desarrollar este derecho. Debemos preparar a la comunidad internacional para la futura formación de un gobierno mapuche en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, para que dicho gobierno sea reconocido internacionalmente. Yo veo en esto mi tarea. También quiero invitar a todo el pueblo Mapuche a participar en el proceso de libre determinación. Participar o no en este proceso es una decisión libre que cada uno debe tomar primero por sí mismo. El siguiente paso luego de la decisión a participar es pensar qué papel va a desempeñar cuando se forme el gobierno.

¿Cómo deben prepararse los Mapuche para formar un gobierno?

Hay un proceso constituyente Mapuche, en noviembre de 2016 tuvimos una primera reunión. Hemos discutido sobre la cuestión de si queremos un gobierno acorde a la tradición mapuche, uno similar a la forma de los gobiernos contemporáneos o bien una mezcla de ambos. Lo importante es que ese gobierno también sea eficaz a nivel internacional. ¿Por qué una Asamblea Constituyente? Queremos que nuestro futuro gobierno goce de legitimidad. Cuando llegue el momento, pediremos a la ONU y a la OEA un reconocimiento formal. Si se niegan, tendrían que violar sus propios principios. La idea y el concepto de una Asamblea Constituyente – a diferencia de los conceptos tradicionales mapuches – es universalmente comprensible y muestra al mundo que el nuevo gobierno no es una acción individual, sino un proceso público. No tiene que ser la mayoría de los Mapuche, pero lo importante es que la causa sea legítima y que no haya influencia del gobierno y los partidos chilenos. En la primera reunión establecimos directrices y ahora estamos preparando una segunda reunión para debatir el contenido de un estatuto de autodeterminación. Una vez elaborado, se debe decidir cuándo se formará el gobierno.

¿Cuánta gente está involucrada en este proceso, pertenecen a distintas comunidades?

Calculo que alrededor de 300 comunidades están involucradas en el proceso común. Se necesitan personas con la mentalidad y la capacidad de gobernar. Al principio era un grupo pequeño, sólo unos pocos Mapuche se ocupan de este tema. Juega un rol importante que nosotros los Mapuche hemos estado expuestos a un largo proceso de colonialismo y domesticación que nos ha perjudicado, por lo tanto no todos los Mapuche piensan desde una perspectiva colectiva. Pero por supuesto también hay mapuches que se preocupan más por nuestra defensa legal o por la protesta contra la injusticia, como ha sido por ejemplo con motivo de la muerte de Camilo Catrillanca. Esto es importante pero no suficiente, porque es sólo una reacción al comportamiento del Estado. El movimiento también debe desarrollar perspectivas para el futuro. Me he encargado de traer este tema a la comunidad Mapuche, que antes estaba un tanto aislado.

¿Hay alguna dificultad con el avance del proceso?

Un problema es que a menudo la voluntad individual de los Mapuche está más comprometida con los partidos políticos, el estado, la iglesia o una secta que con la acción colectiva. O se genera simplemente una protesta contra el gobierno actual. Ya sea la derecha o la izquierda la que no se dirija adecuadamente a los Mapuche, nosotros hemos sido en última instancia ineficientes colectivamente. Para poder utilizar el derecho a la libre determinación, tenemos que actuar nosotros mismos.

¿Cómo afectó el asesinato de Camilo Catrillanca a estos esfuerzos de independización?

Entre los Mapuche el movimiento que lucha por los derechos del pueblo tiene ahora una posición más fuerte. Hoy en día, el movimiento mapuche ha logrado una inmensa legitimidad en Chile frente al Estado y a la sociedad que antes no existía: Cuando el presidente Piñera y varios ministros se presentaron a dialogar después del asesinato de Camilo Catrillanca, los Mapuche no quisieron reunirse con ellos, un desaire único desde la „pacificación de la Araucanía“ (la sumisión de los Mapuche por parte del estado chileno en el Siglo XIX).

El gobierno seguirá insistiendo en su „Plan Araucanía“, pero la militarización es un tema complejo para el Estado y no creo que el gobierno tome medidas significativas porque el caso de Catrillanca representa un antes y un después. Antes del asesinato, por ejemplo, yo había organizado una reunión con el gobierno y los ministros. Hablamos (sin éxito) sobre la aplicación de las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y sobre la participación política a través de escaños reservados en el parlamento. Luego vinieron los acontecimientos que rodearon a Camilo Catrillanca y desde entonces no hubo más contacto con el gobierno.

¿Eso significa que ahora hay una mayor unidad entre los Mapuche? Los diferentes grupos mapuches tienen estrategias muy diferentes.

Creo que sería más apropiado decir que ahora hay un mayor acuerdo sobre determinados temas. Y la autodeterminación es un tema en el que todos podemos converger porque nos conecta. La desventaja de la situación actual es que, debido a la falta de acción gubernamental y de interés de los Mapuche por dialogar con el gobierno, podríamos encontrarnos en un escenario de gran conflicto social. El gobierno del presidente Piñera podría llevarnos a una confrontación étnica en la Araucanía como la que hubo en los Balcanes en Europa, y este tipo de confrontación es más compleja que enfrentarse con la policía.

¿Diría usted que los esfuerzos internacionales de larga data han marcado la diferencia?

Han conseguido muchas cosas. En primer lugar, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, fue una novedad que se permitiera a cinco representantes indígenas hablar durante unos minutos, y los gobiernos rechazaron el derecho a la libre determinación. Luego se legitimó este derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Estuve presente en ambas conferencias, me sorprendí y conmoví en ese momento.

En segundo lugar, la OEA y la ONU han reconocido la validez de tratados como el de Quilín, en el que España en 1641 otorgó a los Mapuche un territorio independiente al sur del río Bío-Bío y que el Estado de Chile ignoró. Por lo tanto, hemos logrado que los tratados, que el Estado chileno había ignorado, vuelvan a ser una norma de derecho internacional. La Declaración de las Naciones Unidas también establece que las partes pueden recurrir a la jurisdicción internacional si existe una diferencia de interpretación en la aplicación de los Tratados. En nuestro caso, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya. Por eso, hoy, si tuviéramos la capacidad colectiva necesaria, los Mapuche podríamos reclamar nuestra tierra y poner a prueba esta petición en La Haya.

¿Qué tan realistas son estos planes? ¿Tiene usted un modelo en el que la libre determinación indígena haya sido implementada con éxito?

Los Inuit de Groenlandia recibieron este derecho gradualmente de Dinamarca. Contrario a muchos países africanos los cuales lograron su independencia pero fundidos en la pobreza, en este caso Dinamarca se comprometió a proporcionar apoyo financiero al nuevo gobierno durante un período largo. Esto está en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a una compensación adecuada por las tierras que les han sido arrebatadas sin su consentimiento previo, libre e informado. El Gobierno Autónomo Inuit está ejerciendo ahora derechos de gran alcance, desde la responsabilidad de la policía hasta el acceso a las materias primas. Me parece un buen ejemplo.

¿Cómo se podría determinar para Chile una compensación adecuada?

Esto podría ser decidido por uno de los dos tribunales internacionales o por una comisión de la verdad.

Hace unos meses las comunidades mapuches exigieron una comisión de la verdad. ¿Qué hay detrás?

Es necesario tener un estándar de la verdad común sobre los acontecimientos históricos de la Araucanía, una verdad que sea reconocida por todas las partes. Hasta ahora cada uno tiene su propia verdad: un emigrante europeo que ha recibido tierras mapuches en Chile cree que la historia y la justicia comienzan con su llegada. Alguien que compró tierras mapuches en la época de Pinochet cree que comienza con su compra. Los Mapuche tienen una visión diferente de las cosas, así que para entenderlas necesitamos una versión común de los hechos. Sobre esta base, se debe pagar la indemnización adecuada a las víctimas, ya sean Mapuche u otras personas. Por último, debemos crear instituciones aceptables para la coexistencia de mapuches y no mapuches a fin de lograr una paz firme y duradera. Se crearon dos comisiones para hacer frente a la dictadura de Pinochet, la Comisión Rettig y la Comisión Valech. Ahora el Estado debe crear una comisión similar para la Araucanía, porque el Estado es el responsable de lo que ocurrió allí. Otro punto importante es determinar claramente cual es el periodo en el cual estamos trabajando para la reparación: ¿El período colonial, el período posterior a la independencia? ¿La era Pinochet? Y por supuesto hay que definir qué acontecimientos deben aclararse con exactitud. Lamentablemente, esto no se hizo en la primera comisión de la verdad, que fue convocada por el Presidente Lagos en 2000 y 2001. Y allí estaba también el resto de los pueblos indígenas de Chile, que son mucho más pequeños y tienen condiciones diferentes. Así que no salió nada tangible, y en lugar de reconocer la responsabilidad del Estado por la injusticia, el informe final afirmó que las tierras mapuches se habían perdido porque los Mapuche no hablaban español y no conocían las leyes, es decir, casi se les hizo responsable de su expropiación. Como miembro de la Comisión, no estaba de acuerdo con esto en aquel momento.

“LA LEY FUNDAMENTAL PROTEGE NUESTRA TIERRA”

BLAS LÓPEZ
es sociólogo y fue secretario general del Congreso General Guna entre 2011 y 2013. En la actualidad es miembro de la comisión que organiza el traslado de su comunidad Gardi Sugdub desde la isla en la que se ubica a tierra firme.

(Foto: privat)


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¿Cómo llegaron los Guna a conseguir autonomía política y a la posibilidad de un autogobierno?

En 1925, después de un período de discriminación y maltratos por parte del Estado de Panamá, se produjo un levantamiento armado de los Guna. Como resultado de este el Estado terminó reconociendo oficialmente a nuestro pueblo y a nuestro territorio de Guna Yala. La actual estructura de la administración indígena del territorio existe desde 1972 y fue establecida por los Guna en una Ley Fundamental. Desgraciadamente, el estado todavía no la reconoce, ya que en parte esta ley entra en conflicto con las leyes nacionales, por ejemplo, con respecto al manejo de los recursos naturales.

¿Cómo se organiza la autonomía Guna?

El núcleo de nuestra autonomía lo conforman dos órganos, el Congreso General Guna (CGG) que cumple un rol organizacional y el Congreso General de la Cultura Guna, de naturaleza espiritual. Ambos congresos tienen varios representantes o líderes tradicionales, los Sagla dummagan. El CGG tiene dos asambleas al año, las cuales están formadas por delegados de las 49 comunidades y toman las decisiones políticas que las comunidades deberán acatar. El CGG cuenta además con un secretario general y varias secretarías, por ejemplo para la defensa del territorio, para las relaciones públicas y para el turismo. Cada comunidad tiene además sus propios reglamentos.

¿Qué significado tienen la naturaleza y la biodiversidad para los Guna?

Son muy importantes, los Guna las salvaguardan desde siempre. Tienen una relación con la naturaleza, también en sentido espiritual, y viven diariamente con la tierra y el mar. Los rituales tradicionales, el Congreso de la Cultura así como el Sagla como autoridad política y espiritual de una comunidad tienen una función cohesiva esencial. Mediante un canto religioso traditional en la casa local del congeso recuerda diariamente a todos lo importante que es amar a la naturaleza. Desde hace algunos años se ha implementado una educación bilingüe en Guna Yala, para lo cual también hemos desarrollado material educativo sobre nuestra cosmovisión en nuestro propio idioma. Todo esto nos fortalece en nuestra relación con la naturaleza. Y además hay normas concretas, como, por ejemplo, cada año hacemos una veda de tres meses para la pesca de langostas, de tortugas y de mariscos, para ayudar a la recuperación de las poblaciones.

¿Son respetadas estas normas?

En primer lugar, existe un control social de dichas normas. La mayoría de los pescadores y compradores profesionales son conscientes de la prohibición de la pesca, por lo tanto las infracciones son muy escasas. El CGG nombra inspectores para este período. Ellos se encargan de decomisar lo pescado y de arrojarlo nuevamente al mar, en cada puerto y otros lugares. La gente sabe que no puede vender nada, así que casi no pescan nada, sólo para ellos mismos a veces. Otros ejemplos de infracciones son el botar basura en el medio ambiente o el uso de corales marinos para ampliar las islas habitadas y protegerlas contra el aumento del nivel del mar, lo que daña al ecosistema marino a largo plazo. La gente hace esto para sobrevivir, pero eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Dependiendo del grado de una infracción, el CGG puede imponer multas.

¿Cómo maneja el pueblo Guna las influencias externas, como proyectos científicos o económicos y el turismo?

Las visitas de turistas y científicos, por ejemplo, son bienvenidas siempre y cuando respeten nuestra cultura. Las inversiones externas en proyectos sólo son posibles si son en beneficio del pueblo Guna, para lo cual se debe presentar una solicitud al CGG. La Ley Fundamental establece que sólo personas Guna pueden adquirir tierras en Guna Yala (nota de la redacción: unas negociaciones iniciadas en 2005 con el gobierno para suavizar este principio fueron suspendidas por el pueblo Guna, véase LN 387/388). Ha habido muchas solicitudes para invertir en cabañas turísticas, por ejemplo, de empresas que desean comprar una isla. Después de una mala experiencia, como resultado de la cual un hotel financiado por inversionistas extranjeros fue cerrado por el CGG, las instalaciones y servicios turísticos sólo pueden ser manejados por personas Guna. Hace algunos años se abrió la primera carretera a Guna Yala. Además del gobierno panameño, los habitantes de la región también tenían interés en la carretera, ya que el viaje de la ciudad de Panamá a Guna Yala en barco o avión era caro. Ahora muchos turistas vienen al pueblo Gardi Sugdub, mi comunidad, a la que se puede acceder por esa carretera.

¿Qué consecuencias tuvo la carretera para la vida en la comunidad?

El turismo ha cambiado la vida allí por completo, ya que no es parte de nuestra cultura y no estábamos preparados. Ahora tenemos que reaccionar a esto. Por un lado, las nuevas oportunidades de ingreso que ofrece el turismo son vistas positivamente por la mayoría. Muchos habitantes trabajan ahora como guías o llevan turistas a las cabañas, de los cuales hay unas 30 en la zona. Por otro lado, cada vez son menos las personas que trabajan en el campo, lo que significa que ya no son autosuficientes, como solían serlo y como todavía lo son en la mayoría de las demás comunidades. La carretera también provocó un problema con respecto a los temas de basura y de la deforestación. La deforestación a su vez seca los arroyos y provoca escasez de agua en verano. También se ha observado transporte de drogas por la carretera. El turismo y la agricultura deberían ser dos componentes complementarios, pero se necesita una nueva estrategia para lograrlo, porque hasta ahora los turistas han estado haciendo vacaciones de sol y playa aquí y apenas vienen a la comunidad. Por lo tanto, estamos pensando en fomentar el agroturismo, es decir, podríamos mostrar a los visitantes cómo cultivamos tradicionalmente nuestra tierra. Resumiendo, esta carretera no estuvo bien planificada, pero sin embargo el CGG ya ha aprobado otra nueva carretera, sin una evaluación del impacto ambiental. Los Guna de los pueblos afectados sólo ven los ingresos que trae el turismo y no los aspectos negativos. Uno debería haber aprendido de la experiencia con la primera carretera.

¿Existen otros conflictos con actores externos?

Siempre ha habido cierta tensión con el gobierno. Los intereses económicos en particular conducen a conflictos con el Estado y con las empresas, porque Guna Yala es una mina de oro para el turismo. En la actualidad, existe un conflicto por una zona tradicionalmente utilizada por los Guna, pero que no estaba incluida dentro del reconocimiento original del territorio. El estado ahora otorga títulos de propiedad a las empresas para uso turístico allí, y el CGG está persiguiendo una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros conflictos actuales incluyen un cable de electricidad que quieren poner a través de nuestro territorio, o veleros comerciales que navegan por nuestras aguas territoriales sin permiso. Algunas empresas o individuos afirman que los impuestos que cobramos a los carros y botes no son legales, porque quieren controlar el transporte a Guna Yala ellos mismos, y el gobierno está de acuerdo con ellos. Pero el CGG dice que no, que ésta es nuestra carretera y que ya hemos iniciado nuestra propia empresa de transporte. En principio, nuestros derechos no están amenazados y el Estado respeta los acuerdos internacionales para la protección de los pueblos indígenas. Los grandes proyectos con enorme impacto como la minería o las hidroelectricas no nos han afectado. Cada vez que las empresas han querido venir a explotar nuestro territorio, el CGG siempre ha podido pararlas.

¿Cuáles son los proyectos en Guna Yala y cómo están organizados?

El Estado invierte en escuelas, centros de salud y acueductos. El CGG y también ONGs comunales tienen algunos pequeños proyectos, como la recuperación de ciertas semillas o la recuperación de la plantación de cacao, la cual tiene una importancia espiritual y ceremonial para el pueblo Guna. Estos proyectos son financiados, por ejemplo, por el Banco Mundial. Mi comuna, Gardi Sugdub, se está trasladando desde la isla en la que se ubica a tierra firme con más de 300 familias, en respuesta a la amenaza de inundaciones por el cambio climático y los daños causados por la extracción de corales. La comunidad tomó esta iniciativa por sí misma, también porque es propietaria de muchos terrenos por la carretera, en las que se construirá la nueva comunidad. Sin embargo, debido a problemas de financiación, hasta ahora sólo se han construido dos edificios que están sin terminar, un hospital y una escuela.

¿Cree que se debería seguir desarrollando la administración autónoma en el futuro?

Sí, necesitamos una planificación más orientada al futuro en el sentido de un plan regional, de modo que podamos aplicarlo a los proyectos individuales: ¿Cómo vemos nuestro futuro en 20 o 30 años? ¿Qué tipo de turismo nos conviene? El CGG está creando un fondo con los ingresos del turismo, ¿cómo debería invertirse este dinero en las comunidades? Esto preocupa a muchos, pero en las reuniones del CGG a menudo se debaten problemas más cotidianas como las finanzas o los conflictos fronterizos. Ahora sería el momento de una discusión abierta. Para la planificación de proyectos, el pueblo Guna cuenta con muchos profesionales, el CGG también mantiene su propio instituto de investigación y desarrollo. Tenemos que adaptar nuestras normas a los cambios, pero también renovar al propio CGG estructuralmente. Creo que a nivel de las comunidades estamos viviendo una crisis de nuestras instituciones tradicionales debido a las influencias externas. Percibo una disminución de la autoestima entre las autoridades locales, por ejemplo. Tenemos que fortalecer las instituciones. La realidad de los jóvenes Guna es diferente a la de los mayores, ellos estudian, utilizan el internet y tienen una perspectiva diferente, a veces también son críticos con el CGG. El CGG quiere organizar mejor a los jóvenes e integrarlos en sus estructuras. Las mujeres juegan un papel importante en nuestra cosmovisión. Hoy en día, muchas mujeres trabajan para el CGG en diferentes funciones, pero el CGG necesita abrirse aún más, porque las mujeres y los hombres tienen que tomar las decisiones en conjunto, lo que no ha sido el caso hasta ahora. Eso ya está ocurriendo en algunas comunidades, pero la organización de mujeres no es igual de fuerte en todas partes. La comunicación con los habitantes también debería mejorarse, por ejemplo, ya que algunos todavía no conocen la Ley Fundamental. El CGG lleva a cabo relaciones públicas a través de su página web y Facebook, así como conferencias de prensa con el fin de llegar a la sociedad panameña. Ahora también se establecerá una estación de radio propia. La tecnología puede ser una herramienta para nosotros. El CGG no es perfecto, pero nuestro territorio y por lo tanto nuestra autonomía son la fortaleza de nuestro pueblo, son muy importantes para nuestra identidad y la protección de la naturaleza. Debemos seguir trabajando en su mejora.