Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

“Expulsaron a 300 policías”

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Activistas en Los Angeles muestran fotos de sus familiares (Foto: Canek Hernández)

Las redadas ilegales de principios de junio en el Fashion District y Home Depot, así como las escenas de pobladores de Los Ángeles por centenas, haciendo retroceder policías y tanquetas, fueron para muchas personas sorprendentemente esperanzadoras. ¿En qué contexto sucedieron estas acciones?
[El movimiento] nos ha sorprendido a todos, pero no es nuevo. No es que la gente esté de la noche a la mañana saliendo a la calle. Hay una historia de autodefensa, de defensa de las mismas comunidades. De hecho, una de las organizaciones más potentes aquí en Los Ángeles es la Coalición Comunitaria de Autodefensa (Community Self Defence Coalition).
Hay capas, o diferentes dimensiones, en el movimiento: Por una parte están las organizaciones no gubernamentales, con una tarea de enlace y de cabildeo con el gobierno local o federal. Tenemos organizaciones civiles que hoy están jugando un papel muy importante con estrategias legales directas. Por ejemplo, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que está abogando en términos formales y legales en diferentes casos por diferentes comunidades migrantes.
En otra capa están las organizaciones civiles que no necesariamente están registradas como organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, esta coalición que se formó, la Coalición Comunitaria de Autodefensa. En esta coalición están, por ejemplo, Homies Unidos, Unión del Barrio, juntos con aproximadamente 50 organizaciones de base de Los Ángeles. Son educadores, educadoras, que también han participado en el movimiento por el cese al fuego en Gaza. Este combo de organizaciones tienen una red de comunicación con las familias, con diferentes comunidades sobre todo en el este, sur y toda la periferia de Los Ángeles.

¿Cómo opera en campo esta articulación, por ejemplo, cuando se consigue impedir el secuestro de una persona migrante?
La coalición se formó tres meses antes del primer operativo [de deportación], entonces ya hay un antecedente. El primer día ocurrieron las redadas más grandes en el Fashion District, que son maquiladoras de ropa. En un principio se registraron alrededor de 60 federales, que rodearon varios edificios. Ahí había gente adentro que empieza a enviar mensajes de texto a familiares. Por ejemplo, un trabajador del pueblo zapoteca texteó a uno de sus familiares y esa persona, a una compañera, también zapoteca. Luego, estas personas se comunican con alguna de las organizaciones de la coalición, por ejemplo, con Homies Unidos con Unión del Barrio.
Eso no lo esperaban los federales: en un lapso más o menos de una hora ya había comunicación en primer lugar con familiares, amigos, vecinos y, en un segundo grado, con las organizaciones. Llegaron primero algunas como Unión del Barrio, pero también llegó gente del sindicato más importante de trabajadores quizá en todo California, y luego llegaron vecinos. Hay, más o menos, entre vecinos, activistas, defensores o incluso abogados o gente del sindicato, entre 300 y 500 personas que están como observadoras. Llevan megáfonos, están en la puerta, informando: “No den sus datos, tienen que permanecer en silencio, no pueden llevárselos de forma legal y formal sin una orden, no pueden entrar sin una orden de cateo”. Pero llegó un momento en el que no se respetó más ningún protocolo legal.
Entonces los vecinos se empezaron a colocar frente a las filas de coches de las seis agencias federales. No es una estrategia como las del sindicato, donde se sientan en filas de 5 a 8 personas, y las fuerzas federales los van retirando uno por uno, los llevan a detención y ya los está esperando ahí un abogado. No: esta fue resistencia civil espontánea. Los cerca de 300 elementos federales que iban con el objetivo de detener a alrededor de mil personas, fueron expulsados y obligados a irse con 43 detenciones. Estamos hablando de 43 familias que literalmente están destruidas por cinco, diez, quince años. Pero simultáneamente, si lo ves desde afuera, fracasaron. Es decir: 43 personas no es ni el 10 porciento de lo que ellos se habían propuesto, y de acuerdo con mi compañera Michelle, que estaba ahí, fueron los vecinos quienes “los corrieron”.

Parece que lo que describes es una victoria de la comunidad. Quizás parcial, pero sí muy importante ante las detenciones ¿Fue también significativa a nivel simbólico?
Sí, es muy importante. Yo no quiero hablar de modelos, pero creo que lo que se está replicando es llamar a los familiares, llamar a las organizaciones, ya sean no gubernamentales o civiles… Si se hace muy público, lo que pasa es que sí sale un combo de vecinos, de organizadores, de periodistas. Lo que se está diciendo en diferentes talleres que hemos participado es que tenemos que grabar todos. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo en Gaza, respecto de cómo nos llega la información más importante, más cruel, más desgarradora, es a través de gente que tiene un celular. Por eso, la idea aquí es grabar, grabar, grabar.

¿Hay más elementos en la estrategia? ¿Se están replicando ya?
En cada lugar donde sucede un operativo, donde hay deportaciones, a la tarde ya están convocando formalmente rallies, manifestaciones, y después asambleas de las juntas de gobierno local.
Por ejemplo, hay un caso en Downey. Se detecta que hay federales, salen los vecinos, se comunican por SMS, sale en las redes sociales. Los vecinos los expulsan. No detienen las detenciones, valga la redundancia, pero lo que sí consiguen es detener ya el operativo. Luego, se convocan manifestaciones para hacer público que los vecinos no están de acuerdo, y ya hay varias en Santa Ana, en Downey, en diferentes ciudades. Después se convoca a juntas del concejo municipal, adonde van los vecinos y exponen. Allí, básicamente la solicitud es es que los concejales y jefes del gobierno local de estas ciudades tengan que, por lo menos, declarar que no están a favor y realizar alguna acción. Por ejemplo, se ha logrado en Pasadena aprobar el día de hoy (28 de junio) un lineamiento para que los agentes federales no puedan usar máscara, tienen que descubrirse el rostro.

Mencionaste que la solidaridad en el grupo zapoteco de Michelle es comunitaria, es de su pueblo, no institucional. Me interesa tu perspectiva sobre la articulación o desarticulación de distintas formas de lucha, por ejemplo la zapoteca pero también otra, como la lucha negra, que tiene sus propias particularidades.
Esta pregunta es muy importante. Te lo puedo decir de esta forma: hay diferentes bloques sociales que siempre han participado, que son por ejemplo las diversidades sexuales y un grupo muy grande que se fortalece después de Vietnam. Hay diferentes grupos, tanto civiles como organizaciones políticas, de afroamericanos, y también hay algunas organizaciones que tienen que ver con trabajadores donde confluyen todos los anteriores, los sindicatos. También hay organizaciones religiosas de diferentes denominaciones. Es muy importante saber que en este momento están confluyendo.
Históricamente ha habido diferencias, pero son diferencias construidas artificialmente. Yo te puedo decir dos cosas muy concretas: yo participo de una coalición que se llama Community Coalition, y literalmente somos Black and Brown Unity. Aquí en el sur de Los Ángeles hay muchos mexicanos, y dentro de los mexicanos hay nahuas, hay zapotecas, hay mixes. También hay gente de Belice, mucha gente de Belice que es afrodescendiente; mucha gente que yo pensaba que era de Belice, pero que son del Caribe, son mexicanos, afrodescendientes de El Salvador, de Guatemala. De México: de Nayarit, de Michoacán, de Jalisco, mixes, choles, gente que habla diferentes lenguas. Entonces esto de “latinos” también ya se ha convertido en un eufemismo cuando ves que son todos estos pueblos.
Pero pasa otra cosa muy relevante en términos antropológicos, y es que toda la ciudad de Los Angeles está siendo afectada por la filiación o parentesco. Aproximadamente la mitad de la población tenemos en primero o segundo grado un parentesco consanguíneo o político con alguien migrante.
Acabo de ir a dos reuniones familiares y resulta que en estas dos familias que son de güeros (nota de la redacción: estadounidenses blancos), como diríamos, ya tienen familiares, ya tienen nietos, ya tienen una esposa de Guerrero. La otra familia que también visité allá es judía, no es militante de nada pero que está muy afectada, porque las amigas de sus niñas de esta familia son mexicanas.
Toda esta gente diversa, sobre todo desde las organizaciones, ha empezado a ver como un problema fundamental del Estado. No es un problema que nace ahora con Trump. Desde los grandes medios de comunicación se intenta instigar lo que llaman una “guerra tribal” de diferencias, pero de nuestro lado tenemos la apuesta de disolver estas diferencias construidas.

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„300 Polizisten wurden rausgeschmissen“

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Zerissen Aktivist*innen zeigen Bilder ihrer Familie (Foto: Canek Hernandez)

Nach den illegalen Razzien Anfang Juni im Fashion District und bei Home Depot waren die Szenen der Bewohner*innen von Los Angeles, die zu Hunderten die Straßen besetzten und Polizei und Panzer zurückdrängten, für viele Menschen überraschend hoffnungsvoll. In welchem Kontext fanden diese Aktionen statt?
Die Proteste haben uns alle überrascht, aber sie kommen dennoch nicht aus dem Nirgendwo. Die Leute gehen nicht über Nacht auf die Straße. Es gibt eine Geschichte der gemeinschaftlichen Selbstverteidigung. Eine der wichtigsten Organisationen hier in Los Angeles ist die Koalition für gemeinschaftliche Selbstverteidigung (Community Self Defence Coalition). Es gibt in der Bewegung mehrere langfristig aufgebaute Ebenen der politischen Organisierung, welche die Grundlage der aktuellen Proteste sind: Auf der einen Seite gibt es Nichtregierungsorganisationen (NGOs), deren implizite Aufgabe es ist, mit lokalen oder föderalen Regierungen in Verbindung zu treten und Lobbyarbeit zu betreiben. Dazu gehören zivile Organisationen, die heute mit direkten juristischen Strategien eine sehr wichtige Rolle für die Bewegung spielen, wie zum Beispiel die Koalition für Migrant*innenrechte (CHIRLA). Diese setzt sich in verschiedenen Fällen formal und rechtlich für Migrant*innen ein. Auf einer anderen Ebene gibt es kleinere zivile Organisationen, die nicht als NGOs registriert sind, wie zum Beispiel die gemeinschaftliche Selbstverteidigungskoalition Los Angeles. Teil dieser Koalition sind unter anderem die Gruppen Homies Unidos und Unión del Barrio, zusammen mit circa 50 weiteren Basisorganisationen. Das sind Pädagogen und andere, die sich auch an der Bewegung für einen Waffenstillstand in Gaza beteiligt haben. Diese Kombination von Organisationen verfügt über ein Kommunikationsnetzwerk mit Familien und verschiedenen communities, vor allem im Osten, im Süden und in der gesamten Peripherie von Los Angeles.

Wie funktioniert die Koalition in der Praxis, zum Beispiel in Fällen, in denen die Festnahme einers Migrantenin verhindert wurde?
Die Koalition wurde etwa drei Monate vor der ersten massiven Abschiebeaktionen gegründet, es gab also Vorbereitungszeit. Die ersten großen Razzien im Juni fanden im Fashion District in den Bekleidungsfabriken statt. Zunächst waren etwa 60 Bundesbeamte im Einsatz, die mehrere Gebäude umstellten. Dort haben die Leute angefangen, ihren Familienmitgliedern SMS mit Warnungen zu schreiben und schon zuvor bestehende Zusammengehörigkeiten und die Organisierung von communities zu nutzen. Zum Beispiel schrieb ein zapotekischer Arbeiter (Indigenes Volk aus Südmexiko, Anm. d. Red.) einem seiner Verwandten eine SMS, und dieser wiederum schrieb einem Kollegen, ebenfalls Zapoteke – was zeigt, wie wichtig von zuhause mitgebrachte, gemeinschaftliche Netzwerke als Basis sind. Dann kommunizierten diese Leute mit einigen der Koalitionsorganisationen, zum Beispiel mit Homies Unidos oder Unión del Barrio. Damit hat die Bundespolizei nicht gerechnet: Innerhalb von etwa einer Stunde gab es bereits Kommunikation mit der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn und mit den Organisationen. Zuerst kamen einige Organisationen wie Unión del Barrio, aber auch Leute von der vielleicht wichtigsten Arbeitergewerkschaft in Kalifornien, und dann kamen Nachbarn, Aktivisten, Anwälte, insgesamt etwa 300 bis 500 Leute, die vor allem als Beobachter auftraten. Sie brachten Megafone mit, und informierten die Leute an den Gebäudeausgängen: „Geben Sie keine Auskunft, Sie dürfen schweigen, die Polizei kann Sie nicht legal und formell festnehmen, sie können Sie nicht ohne Durchsuchungsbefehl mitnehmen, sie können nicht ohne Durchsuchungsbefehl eindringen.“ Doch es kam der Moment, in dem kein rechtliches Protokoll mehr von den Beamten eingehalten wurde. Also begannen die Anwohner, sich vor die Wagenreihen der sechs Bundesbehörden zu stellen. Es handelt sich dabei nicht um eine Strategie wie die der Gewerkschaft, bei der sie in Reihen von 5 bis 8 Personen sitzen und dann von den Bundesbehörden einer nach dem anderen abgeführt werden, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Dort wartet dann bereits ein Anwalt auf sie. Nein, dies war spontaner ziviler Widerstand. Die etwa 300 Bundespolizisten, die mit dem Ziel anreisten, etwa tausend Menschen zu verhaften, wurden vertrieben und gezwungen, mit 43 Festnahmen zu gehen. Wir sprechen hier von 43 Familien, die buchstäblich für fünf, zehn, fünfzehn Jahre zerstört sind. Aber gleichzeitig sind sie gescheitert. 43 Personen sind nicht einmal 10 Prozent dessen, was sie sich vorgenommen hatten. Und es waren die Nachbarn, die sie zusammen „verjagt“ haben.

Es scheint, dass das, was du beschreibst, ein Sieg der Gemeinschaft ist – vielleicht ein teilweiser, kein endgültiger, aber dennoch ein sehr bedeutender im Hinblick auf die Festnahmen an diesem Tag. War das auch auf symbolischer Ebene wichtig?
Ja, das ist sehr wichtig. Ich möchte nicht von Vorbild- oder Modellcharakter sprechen, aber ich denke, dass Einiges nun fortgeführt wird, weil es funktioniert hat. Dazu gehört es, die Angehörigen sofort anzurufen, die Organisationen anzurufen, egal ob es sich um NGOs oder andere zivile Organisationen handelt. Ein weiterer Punkt ist, alles zu filmen. Wir wissen, dass das essenziell ist, denn auch aus Gaza erreichen uns die grausamen und erschütternden Informationen mitunter über mit Handys gefilmten Videos. Daher werden auch wir immer alle Maßnahmen und jeden Beamten sofort aufnehmen.

Gibt es weitere Strategien? Und werden sie bereits nachgeahmt oder fortgeführt?
Überall dort, wo Abschiebemaßnahmen stattfinden sollen, werden noch am selben Tag Kundgebungen, Demonstrationen und Treffen mit den lokalen Behörden organisiert. Wenn zum Beispiel in Downey jemand bemerkt, dass Bundespolizisten in der Nachbarschaft sind, schicken die Leute SMS, verbreiten die Info über soziale Netzwerke und die Nachbar*innen kommen raus und vertreiben die Beamten. Sie stoppen die Maßnahme, noch bevor Verhaftungen beginnen. Anschließend gibt es Demonstrationen, um sichtbar zu machen, dass die Gemeinschaft das nicht akzeptiert. Es gibt inzwischen mehrere solcher Fälle, etwa in Santa Ana, Downey oder anderen Städten. Auch Stadtratssitzungen werden einberufen, bei denen die Anwohner fordern, dass sich die Lokalpolitik positioniert. In Pasadena wurde so am 28. Juni eine Richtlinie durchgesetzt: Bundesagenten dürfen keine Masken mehr tragen, sie müssen ihr Gesicht zeigen. Ein kleiner, aber symbolischer Erfolg – denn so wirken sie weniger unantastbar.

Wie werden in den Protesten und in der politischen Arbeit der Koalitionen verschiedene Kämpfe, zum Beispiel der Zapoteken, aber auch anderer, wie der Afrobevölkerung, mit ihren Besonderheiten zusammengedacht?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich würde sagen: Es gibt verschiedene soziale Blöcke, die schon immer Teil der Kämpfe um soziale Gerechtigkeit waren, z.B. queere Gruppen und eine sehr große Gruppe, die im Kontext des Vietnamkriegs stärker wurde. Es gibt sowohl zivile als auch politische Organisationen von Afroamerikanern, und es gibt auch einige Arbeiterorganisationen, Gewerkschaften sowie religiöse Organisationen verschiedener Konfessionen. Historisch gab es immer Unterschiede zwischen diesen Gruppen – künstliche Trennungen, denn in Wirklichkeit überschneiden sie sich. Ich bin beispielsweise Mitglied einer Koalition, die sich Community Coalition nennt, und wir sind buchstäblich Black and Brown Unity; (dt. Schwarze und Braune Einheit, Braun als Selbstbezeichnung rassifizierter Personen, Anm. d. Red.). Wir sind eine Einheit, auch wenn wir nicht gleich sind. Damit meine ich folgendes: Hier in Süd-Los Angeles gibt es viele Mexikaner, doch unter ihnen gibt es Angehörige der Nahuas, es gibt Zapoteken, es gibt Mixes… Es gibt auch Leute aus Belize, viele davon afrikanischer Abstammung oder Afromexikaner, die aus der Karibik kommen, aus Nayarit, aus Michoacán, aus Jalisco, Choles, oder auch Afrosalvadorianer, Afroguatemalteken und so weiter. All diese Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen. Der Begriff Latino verschleiert dies. Er ist zu einem verallgemeinernden Euphemismus geworden, wenn man sieht, dass dahinter auch all diese Völker stehen, die unsichtbar bleiben. Doch gleichzeitig ist die gesamte Stadt Los Angeles in irgendeiner Form durch familiäre Bande von der aktuellen Situation betroffen. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist entweder direkt oder politisch in erstem oder zweitem Grad verwandt mit einem Migranten. Ich habe gerade an zwei Familientreffen teilgenommen, und es hat sich herausgestellt, dass es auch in diesen beiden weißen US-amerikanischen Familien mexikanische Verwandte gibt, die von den Abschiebungen betroffen sind. Eine andere Familie, die ich kürzlich besuchte, ist eine jüdische Familie, die in keiner Weise politisch aktiv ist, aber sehr bestürzt ist, weil die Freunde ihrer Kinder Mexikaner sind. Viele sehr unterschiedliche Menschen, vor allem jene, die organisiert sind, beginnen festzustellen, dass dieses Problem ein fundamentales Problem des Staats ist. Es hat auch nicht erst mit Trump begonnen. Wir setzen im Gegensatz zu den von den Medien oft aufgebauschten sogenannten „Stammeskämpfen“ verschiedener, ausdifferenzierter Identitätspositionen darauf, konstruierte Differenzen aufzulösen und an einem Strang zu ziehen.

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Monopoly carcéral: la case prison rapporte gros

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Depuis le lancement des raids contre les migrants et les déportations massives engagées par l’administration Trump dès le 6 juin 2025, l’acronyme ICE est omniprésent. Il désigne l’ « Immigration and Customs Enforcement », autrement dit, la police migratoire des Etats-Unis. L’opération, qui vise principalement les populations latino-américaines (cf. article Protestas), a été annoncée par Donald Trump comme « la plus vaste vague de déportation de l’histoire des États-Unis ». Ce qu’il a omis de préciser en revanche, c’est que sa rhétorique du « Law and Order » cache un business lucratif. À peine deux semaines après sa réélection, les deux plus grandes entreprises carcérales du pays, CoreCivic et GEO Group, ont vu leur valeur en bourse grimper de 50 % (NBC News, 20 novembre 2024). Rien d’étonnant quand on sait que la politique migratoire trumpienne leur promet une manne colossale, avec des milliers de détenus pour des milliards de dollars de contrats fédéraux.

Un système privé

Pour comprendre comment certains acteurs parviennent à capitaliser sur les arrestations migratoires, il faut se pencher sur le système carcéral états-unien, dans lequel la privatisation joue un rôle clé. Selon une étude du centre de recherches TRAC, 86 % des personnes détenues par l’ICE en début d’année se trouvaient dans des centres privés. Pourtant, Joe Biden avait promis lors de sa campagne en 2020 de mettre fin à l’usage de centres de détention à but lucratif pour les services de l’immigration. Une promesse non tenue : en janvier 2025, les 20 plus grands centres de l’ICE sont tous gérés par des entreprises privées, en tête desquelles CoreCivic et GEO Group.

Ces deux entreprises, qui ont versé au moins un million de dollars pour la campagne de réélection de Donald Trump selon ABC News, se réjouissent de son retour au pouvoir. Si leurs bénéfices du premier semestre 2025 sont inférieurs à ceux de 2024 pour la même période, elles investissent massivement dans l’anticipation de nouveaux contrats avec ICE, et comptent sur le second semestre pour relancer leur rentabilité (source : Wall Street Journal, mai 2025). Des contrats ont déjà été signés, en attendant l’application de la « big beautiful bill », texte majeur de l’administration Trump. D’après la dernière analyse du Congressional Budget Office, cette loi prévoit de verser 46,5 milliards de dollars à la Customs and Border Protection (CBP) sur dix ans, dont près de 30 milliards à ICE.

Ces centres, qui sont donc payés par l’Etat pour remplir des fonctions carcérales, sont officiellement tenus de respecter les National Detention Standards (NDS) et les Performance-Based National Detention Standards (PB-NDS), qui encadrent les conditions de détention en établissement privé ou public.

Pourtant, en 2014, plusieurs anciens détenus ont ainsi porté plainte contre GEO Group, accusant l’entreprise de les avoir forcés à travailler, sous menace de représailles ou de privation de biens essentiels. En consultant le PB-NDS, on trouve une section 5.8 consacrée au « Voluntary Work Program ». Présenté comme une opportunité pour les détenus de travailler et « réduire les effets négatifs de l’enfermement », ce programme de travail est sans obligation. Sur le papier, une initiative presque humaniste.

Mais la réalité est bien différente : ce travail, pouvant atteindre 40 heures par semaine, est rémunéré au minimum légal de 1 dollar par jour. Le terme « voluntary » prend alors un double sens cynique : non seulement il masque le caractère quasi-obligatoire du travail dans un contexte de précarité extrême, mais il renvoie aussi à l’aspect quasi-bénévole de ces tâches.

La grande majorité des personnes concernées sont des migrants. Selon le centre de recherches The Sentencing Project, des sociétés comme CoreCivic, qui exploitent à la fois des prisons et des centres pour migrants, ne détiennent que 10 % de la population carcérale totale, mais 70 % des personnes détenues pour des raisons migratoires. En 2017, l’État de Washington a poursuivi GEO Group pour non-respect de la loi. Alors que l’entreprise est estimée à plus de 4 milliards de dollars, elle faisait travailler les détenus pour les repas, la lessive et l’entretien des sanitaires pour 1 dollar par jour dans son centre de Tacoma, qui compte 1 575 lits à Washington. Ces fonctions auraient nécessité 85 salariés à plein temps, selon l’entreprise. Le salaire minimum de l’État était alors de 11 dollars de l’heure, contre 16,66 dollars aujourd’hui. En octobre 2021, un jury fédéral a tranché à l’unanimité en faveur de l’État – décision toujours contestée par le groupe.

La précarité est en outre aggravée par des coupes drastiques dans les conditions d’accueil de base des détenus. L’avocate Nora Ahmed et son équipe ont publié un rapport en 2024 documentant les violations des droits humains et mauvaises conditions d’accueil dans les prisons d’Etat. Ce rapport fait état d’une mauvaise alimentation, d’un manque de personnel, de produits d’hygiène et de médicaments, d’un manque d’accès à l’extérieur, etc.

Une autre pratique interpelle les médias américains : depuis la fin du Covid-19, les détenus doivent payer pour appeler leur famille, alors que 520 minutes gratuites étaient allouées pendant la crise sanitaire. D’après l’ONG Call-Matters, un appel national au centre Golden State Annex coûte 7 centimes par minute – un cout multiplié par cinq pour les appels internationaux, très importants pour la plupart des détenus qui sont issus de l’immigration. Certains centres imposent aussi un dépôt minimum de 5 dollars pour activer le compte téléphonique. De quoi rendre illusoire la prétendue liberté de refuser le travail « volontaire ».

Or, le 13ème amendement de la Constitution américaine interdit l’esclavage et la servitude involontaire, sauf en cas de condamnation pour un crime – malgré les propos déshumanisants et accusateurs constants du gouvernement Trump, l’immigration ne constitue pas un crime. La chaîne CNN rappelle ainsi que moins de 10 % des quelque 185 000 personnes placées en détention par les services de l’immigration et des douanes entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2025 ont été condamnées pour des crimes graves comme le meurtre, le viol, les agressions ou les vols qualifiés.

Et ce n’est peut-être qu’un début. En avril 2025, Amal Bouhabib, avocate principale de l’ONG juridique Farm STAND, et Josh Sbicca, directeur du Prison Agriculture Lab à l’Université d’État du Colorado, ont lancé une alerte dans le média Sentient. Selon eux, le travail carcéral pourrait bientôt sortir des murs des centres pour s’étendre à des fermes ou des abattoirs – lieux connus pour avoir recours à une main d’œuvre immigrée.

Sbicca redoute un recyclage cynique de la main-d’œuvre migrante : arrêtés, enfermés, puis réaffectés à leurs anciens postes — mais cette fois sans contrat, ni droits, ni salaire décent. Le contexte s’y prête : des voix s’inquiètent déjà du manque de main-d’œuvre dans des secteurs qui emploient massivement des sans-papiers, et ce, même dans le camps Républicain. L’agriculture, l’hôtellerie, et la restauration sont particulièrement touchées.

Des intérets locaux

Si les entreprises privées ont donc un grand intérêt à ces arrestations, c’est également le cas de certaines puissances régionales. Les prisons locales sont administrées par les sheriffs, dans les différents « counties » qui forment les états. Plus de 1 300 comtés ont agrandi ou construit de nouvelles prisons locales au cours des 20 dernières années, augmentant la capacité carcérale de près de 40 %. Ce développement est souvent motivé par la possibilité de revenus provenant de la location de lits de prison à d’autres comtés, aux services pénitentiaires des États, ou encore à des agences fédérales comme ICE. Le Sheriff de l’Ohio Richard Jones indique ainsi mettre à disposition de ICE ses 300 lits, pour 68 dollars par jour, ainsi que 36 dollars pour les transports.

Ce système incite les comtés à construire des prisons toujours plus grandes, non pour répondre à une urgence pénitentiaire, mais pour engranger des revenus. Dans certaines régions, l’incarcération est devenue un pilier de l’économie locale. Les budgets publics dépendent désormais du nombre de détenus, transformant l’arrestation de masse en stratégie de croissance. Dans ce Monopoly grandeur nature, les plus riches continuent de ramasser les billets pendant que d’autres perdent bien plus qu’un tour de jeu : des vies brisées, des familles éclatées, et des communautés durablement touchées.

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Das Feld „Gefängnis“ bringt Millionen

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Seit Beginn der Razzien gegen Migrant*innen und den massenhaften Abschiebungen, die am 6. Juni 2025 von der Trump-Regierung eingeleitet wurden, ist das Akronym „ICE“ allgegenwärtig. Es steht für Immigration and Customs Enforcement (dt.: Einwanderungs- und Zollbehörde), also kurz gesagt die Migrationspolizei. Hinter ihren Operation, die sich vor allem gegen lateinamerikanische Bevölkerungsgruppen richten (siehe Seite 9), verbirgt sich ein lukratives Geschäft: Nur zwei Wochen nach der Wiederwahl von Trump stieg der Börsenwert der beiden größten Gefängniskonzerne des Landes, CoreCivic und GEO Group, um 50 Prozent, wie NBC News berichtete. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Trumps Migrationspolitik ihnen gewaltige Einnahmen durch milliardenschwere Bundesverträge sowie die Verhaftung tausender Menschen einbringt.

Ein privatisiertes System

Ein zentraler Aspekt des US-amerikanischen Gefängnisindustrie-Komplexes ist, dass privatwirtschaftliche Akteure eine essenzielle Rolle spielen. Laut einer Studie des unabhängigen Forschungszentrums Transactional Records Access Clearinghouse befanden sich am 6. Januar 2025 etwa 86 Prozent der von ICE festgehaltenen Personen in privaten Einrichtungen. Die zwei größte Unternehmen sind CoreCivic und GEO Group. Beide hatten laut ABC News mindestens eine Million Dollar für Trumps Wahlkampagne gespendet und profitieren nun von seiner Rückkehr an die Macht. Sie investieren massiv in die Vorbereitung neuer Verträge mit ICE. Die ersten wurden bereits in Erwartung der Umsetzung von Trumps neuesten migrationsfeindlichen Gesetzen abgeschlossen. Laut dem Haushaltsbüro des US-Kongresses soll durch das „big, beautiful bill“ in den nächsten zehn Jahren 46,5 Milliarden Dollar an die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) ausgezahlt werden, davon fast 30 Milliarden an ICE. Die Einrichtungen, die vom Staat für ihre Dienstleistungen bezahlt werden, sind verpflichtet, die nationalen Normen für Gewahrsam (NDS) und die leistungsabhängigen nationalen Haftnormen (PB-NDS) einzuhalten. Doch bereits 2014 reichten mehrere ehemalige Häftlinge Klage gegen GEO Group ein und warfen dem Unternehmen vor, sie unter Androhung von Repressalien und dem Entzug lebenswichtiger Güter zur Arbeit gezwungen zu haben. Beim Durchlesen der PB-NDS findet man eine Sektion 5.8, die dem „Voluntary Work Program“ gewidmet ist. Es wird dort als eine Möglichkeit für Inhaftierte dargestellt, zu arbeiten und „die negativen Auswirkungen der Inhaftierung zu verringern“ – ganz ohne Ver­pflich­tung. Auf dem Papier wirkt das fast wie eine hu­manistische Initiative.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus: Diese Arbeit kann bis zu 40 Stunden pro Woche umfassen und wird mit dem gesetzlichen Minimum von ein Dollar pro Tag vergütet. Der Begriff „voluntary“ (freiwillig) ist in diesem Fall letztlich irreführend: Die Arbeit ist für Insass*innen faktisch oft unausweichlich und fast unbezahlt. Zudem sind insbesondere Migrant*innen diesen Bedingungen ausgesetzt sind: Laut der Organisation Sentencing Project betreiben Unternehmen wie CoreCivic zwar nur etwa zehn Prozent der gesamten Gefängniskapazitäten, sind jedoch für 70 Prozent der Migrationshaftplätze zuständig. Im Jahr 2017 verklagte der Bundesstaat Washington die GEO Group, weil im Tacoma Center, einer Haftanstalt mit 1.575 Plätzen, Migrant*innen in Küche, Wäsche und Reinigung für ein Dollar pro Tag arbeiten mussten und dabei Tätigkeiten ausübten, die eigentlich 85 Vollzeitstellen erfordert hätten. Im Oktober 2021 entschied eine Jury einstimmig zugunsten des Staates. GEO bestreitet das Urteil bis heute.
Die prekäre Situation verschärft sich durch die massive Einsparung bei der Grundversorgung von Inhaftierten. Die Anwältin Nora Ahmed und ihr Team veröffentlichten 2024 einen Bericht, der Menschenrechtsverletzungen in US-Haftanstalten dokumentiert: schlechte Ernährung, Personalmangel, fehlende Hygieneprodukte, mangeln­der Zugang zu Medikamenten und Außen­bereichen. Auch das Telefonieren mit Angehörigen ist seit der Corona-Pandemie kostenpflichtig. Während früher 520 Freiminuten pro Monat gewährt wurden, kostet ein Inlandsgespräch Golden State Annex beispielsweise nun sieben Cent pro Minute und internationale Gespräche sind fünfmal so teuer. Einige Einrichtungen verlangen zudem eine Mindestzahlung von fünf Dollar, um ein Konto zu aktivieren. In diesem Kontext, in dem Zugang zu Geld unerlässlich ist, ist die vermeintliche „Freiwilligkeit“ der Arbeit eine Farce. Dabei verbietet der 13. Verfassungszusatz Zwang­sarbeit, mit Ausnahme strafrechtlich verurteilter Personen. Auch wenn Migration im Moment so behandelt wird, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass sie keine Straftat ist.

Kostenlose Arbeitskräfte für prekäre Branchen


Im April 2025 warnten Amal Bouhabib, Chefjuristin der Farm STAND, und Josh Sbicca, Direktor des Prison Agriculture Lab an der Colorado State University, für der NGO Sentient Media vor einer möglichen neuen Entwicklung der Ausbeutung Inhaftierter: der Arbeit außerhalb der Haftanstalten. Inhaftierte könnten künftig auf Feldern oder in Schlachthöfen eingesetzt werden, teilweise an denselben Orten, an denen sie vor ihrer Verhaftung gearbeitet hatten, nun jedoch ohne Vertrag, Lohn oder Rechte. Denn in Sektoren wie Landwirtschaft, Gastronomie oder Hotellerie, in denen viele Personen ohne Visum oder Papiere arbeiten, herrscht bereits heute akuter Arbeitskräftemangel. Trumps aktuelle Abschiebepolitik wird dies noch verschärfen, weshalb es für ihn ein logischer nächster Schritt sein könnte, festgenommene Migrant*innen zwischenzeitlich zur komplett entrechtlichten Arbeit zu ver­donnern.
Derweil profitieren nicht nur private Unternehmen vom Haftgeschäft, sondern auch lokale Behörden. Die Sheriffs der über 3.000 US-Countys verwalten lokale Gefängnisse und haben ein wirtschaftliches Interesse an ihrem Ausbau. In den letzten 20 Jahren haben über 1.300 Countys neue Gefängnisse gebaut oder bestehende erweitert, was zu einer Steigerung der Kapazität um 40 Prozent führte. Durch die Vermietung von Haftplätzen an andere Behörden, darunter ICE, können sie Einnahmen generieren, was Gefängnisse zu einer lukrativen Investitionsmöglichkeit macht. Ein Beispiel dafür findet sich in Ohio, wo Sheriff Richard Jones der ICE-Behörde 300 Betten für je 68 Dollar pro Tag zur Verfügung stellt, zuzüglich 36 Dollar für Transportkosten.


Infolge dieser ökonomischen Logik werden zwar weiterhin neue Gefängnisse gebaut – jedoch nicht etwa, weil es an Platz für Inhaftierte mangelt, sondern für sondern wegen finanzieller Anreize. Solche aus wirtschaftlichem Interesse gebauten Einrichtungen erzeugen wiederum den Druck, sie auszulasten – also mehr Menschen zu verhaften. In manchen Regionen sind Haftanstalten so sogar zu einem zentralen, wirtschaftlichen Standbein geworden, wie die NGO More Perfect Union berichtet. Doch die Kassen klingeln auf Kosten zerrissener Familien und dauerhaft geschädigter Gemeinschaften im ganzen Land.

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// Beharrlich gegen die Grausamkeit

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In Paramount, Kalifornien, gehen seit dem 7. Juni große Gruppen von Einwohner*innen auf die Straße und drängen Panzer der Einwanderungspolizei (ICE), des FBI und anderer Repressionsbehörden zurück. Zu Hunderten umzingeln sie die Einsatzfahrzeuge und verhindern zumindest, dass die Polizei einen Teil der Menschen, die sie verhaften will, mitnimmt – rund 70.000 Migrant*innen, wurden in diesem Jahr bereits abgeschoben. Vor kurzem hat die ICE in Donald Trumps verzweifeltem Bemühen, die Zahl der Abschiebungen früherer Präsidenten zu erreichen, die Strategie übernommen, Personen ohne Haftbefehl zu ergreifen. Verhaftet werden Eltern, die ihre Kinder gerade zur Schule bringen, Personen, die einen Termin in Bezug auf ihren Visumsprozess wahrnehmen, zur Arbeit erscheinen oder in die Kirche gehen. In Paramount, wo sich 80 Prozent der Bevölkerung als latino identifizieren, haben die Menschen unter dieser verschärften Verfolgung nichts mehr zu verlieren. Und sie haben genug.

Die Proteste sind zwar keine organisierte Kampagne, sondern entstanden relativ spontan, doch Zusammenhalt und Widerstand war in den migrantischen und rassifizierten communities der USA auch schon in den letzten Monaten zu beobachten. Seit Trumps Amtsantritt organisierte sich beispielsweise eine Koalition aus 60 Latino-, Schwarzen, asiatischen und jüdischen Organisationen, um ihre Gemeinden auf die Anwesenheit von ICE-Patrouillen aufmerksam zu machen und Migrant*innen ihre Rechte über Lautsprecher aus Handbüchern vorzulesen. Dem Zusammenschluss der Nachbar*innen gelang es, die Apathie zu durchbrechen, die ansonsten vielerorts um sich griff. Das steckt an: Die von Latinx Migrant*innen in Los Angeles angeführten Protestaktionen des zivilen Ungehorsams und der direkten Gegenwehr breiteten sich in wenigen Tagen auf 40 weitere Städte aus.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wurden währenddessen die 12 Besatzungsmitglieder der Madleen Freedom Flotilla entführt. Die Flotilla ist ein Protestschiff, das die Blockade der humanitären Hilfe in der jüngsten Phase des völkermörderischen Besatzungskrieges Israels gegen Palästina durchbrechen wollte. Nachdem die israelische Armee das Schiff in internationalen Gewässern illegal gekapert hatte, wurden die Besatzungsmitglieder angeklagt, bei der Einreise gegen das Gesetz verstoßen zu haben, obwohl sie gegen ihren Willen nach Israel gebracht wurden. Nur wenige Tage später bereitete sich der Soumoud-Konvoi, eine massive Karawane von mehr als 1.500 Menschen, die von Tunis aus in Richtung der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen startete, darauf vor, die Blockade auf dem Landweg zu durchbrechen, mit einer geplanten Ankunft am 15. Juni.

Überall auf der Welt mobilisieren sich insbesondere rassifizierte Bevölkerungsgruppen und durchbrechen die verkrusteten Schichten der Normalisierung der Grausamkeit. Die Migrant*innen in Los Angeles und im Rest der USA wissen, dass, wie in Warsan Shires Gedicht, niemand sein Zuhause verlässt, es sei denn, das Zuhause ist das Maul eines Hais. Doch was, wenn es keinen sicheren Ort mehr gibt, an den man gehen kann?

Nichts an der Gewalt, die wir dieser Tage sehen ist normal. Schiffe, Karawanen, Lautsprecheraktionen, Rechtsklagen und Mobilisierungen auf der Straße sind nur einige Arten, wie Menschen dies nach wie vor erkennen und sich dagegen in Bewegung setzen. Und wir brauchen noch viel mehr Formen der Solidarität mit widerständigen Völkern, der Kämpfe gegen die Entmenschlichung, der Gegenwehr angesichts zunehmend autoritärer Manöver. Wir müssen weiterhin beharrlich auf unser aller Menschlichkeit bestehen und angesichts von Grauen, Frustration und Schmerz Gemeinschaft organisieren.

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Wir sind hier!

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Latino-Kollektive mobilisieren in Deutschland für den 8. März, hier in Frankfurt am Main (Foto: @latinas_unidas_de)

Ni unx menos red – Nürnberg

Existenzrecht jenseits von Nützlichkeitsfragen
Jetzt mehr denn je knüpfen wir Netzwerke in Deutschland. Wir müssen uns organisieren, um Hass, Rassismus und staatlicher Gewalt zu begegnen, denen wir als Migrant*innen ausgesetzt sind. Die Wahlen in Deutschland waren ein wichtiger Moment, um über die Rolle von Migrantinnen in dieser Gesellschaft nachzudenken. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass, Frauen, rassifizierte Menschen und Andersdenkende als erste leiden, wenn der Faschismus auf dem Vormarsch ist. Als Netzwerk NiUnxMenos prangern wir die strukturelle Gewalt an, der wir ausgesetzt sind: Arbeitsplatzunsicherheit, bürokratische Hürden, institutioneller Rassismus und das Fehlen einer Politik, die unsere Realitäten anerkennt. Die Bedürfnisse von Migrant*innen werden systematisch ignoriert und wir befürchten, dass die neue Koalition unsere Existenz weiter erschweren wird.
Lateinamerikanische Migrantinnen leisten einen enormen Beitrag zur Wirtschaft, sowohl in der Lohnarbeit als auch in der unbezahlten Sorgearbeit. Dennoch werden wir weiterhin in rechten Diskursen als Sündenböcke benutzt, während unser Leben abgewertet werden. Wir fordern unser Recht auf Existenz und Widerstand jenseits der Logik der Nützlichkeit, die uns auferlegt wird, um als „gute Migrant*innen“ zu gelten. Wir wollen Zugang zu Wohnraum, Bildung und reproduktiven Rechten, eine umfassende Gesundheitsversorgung und wirksame Maßnahmen gegen alle Formen von Gewalt. Wir haben nicht alle gewählt, aber wir alle leiden unter den Folgen. Redet nicht über uns ohne uns! Nicht eine weniger, nicht ein Recht weniger!

// Übersetzung: Josefina Lehnen

Colectiva Borregas Moradas – Bonn und Köln

Wir weigern uns „die guten, assimilierten Migrant*innen“ zu sein! Am 8. März spannten wir eine Wäscheleine voller migrantischen Geschichten in der Bonner Innenstadt auf. Ein lateinamerikanischer Mann kam zu uns und sagte, sexuelle Belästigung sei die Schuld der Männer, die als Geflüchtete in Deutschland leben. Wir versuchten, ihn dazu zu bringen, die schmerzhaften und komplexen Geschichten von weiblichen und queeren Migrant*innen zu lesen, aber er weigerte sich. Er sagte, er sei nicht wie andere Migranti*nnen, er arbeite und passe sich an. Dieses Gespräch geschieht vor dem Hintergrund des einwanderungsfeindlichen Diskurses, der in der Politik, in den Medien, zwischen den Menschen zu spüren ist und sich in letzter Zeit verstärkt. Als Latinxs werden wir manchmal als die „guten Migrant*innen“ beurteilt, weil viele von uns für ein Studium oder eine formale Arbeit kommen, weil wir nicht so viele sind, weil unsere Länder christlichen Religionen angehören. Wir weigern uns, diese Verkürzung zu akzeptieren. Wir glauben nicht an den Mythos der „guten Migrant*innen“. Wir erleben Rassismus und Prekarität, egal, wie wir in dieses Land gekommen sind, wie viel Deutsch wir sprechen und wie angepasst wir sind. Wenn wir auf die Straße gehen, werden wir exotisiert, gefürchtet und nur dann für gut befunden, wenn wir uns ruhig verhalten und alles, was uns von anderen unterscheidet, auslöschen. In diesem Kontext von Angst und Desillusionierung werden wir weiterhin unsere Solidarität mit anderen Gruppen stärken, die von diesem Rechtsruck betroffen sind.

// Übersetzung: Josefina Lehnen

Conuco – Leipzig

Die Angst transformieren
Conuco ist ein Kollektiv, das an die gemeinschaftliche Kooperation und den Widerstand glaubt. Unser Name („Conuco“ bedeutet kleiner Anbauplatz auf der Sprache der Taínxs. Das Wort wird in der Karibik verwendet, Anm. d. Red.) ehrt den Kampf derer, die das Land schützen und nicht nur Nahrung, sondern auch Unterstützungsnetzwerke sähen. Wir treffen uns, diskutieren, lernen und entwickeln Strategien, um Angst in Chancen zu verwandeln.
Angesichts der Wahlen in Deutschland belastet uns die Instabilität und Unsicherheit. Angst ist in den Gesprächen, im Schweigen der Unterdrückten und in der Vorsicht der über ihren Aufenthalts- und Sicherheitszustand besorgten Migrant*innen fühlbar. In der Arbeit mit Geflüchteten sehen wir, dass sie nicht mehr willkommen sind. Ihr Leben befindet sich in einem Schwebezustand zwischen einem falschen Zukunftsversprechen und einer nicht wiederherzustellenden Vergangenheit. Im Kulturbereich erfahren wir die Kürzungen, die künstlerische Ausdrucksformen ersticken und zensieren. In der Wissenschaft sehen wir, wie die Leugnung des Klimawandels Ökosysteme, Gemeinschaften und Klimagerechtigkeit gefährdet.
Aber Angst kann nicht durch Unterwerfung bekämpft werden, sondern durch Aktion, Zusammenarbeit und die Rückeroberung von Räumen, die uns fast entrissen wurden. Wir können es uns nicht leisten zu erstarren. Die aktuelle Situation ist ein Aufruf zur Stärke und Einheit, aufzustehen, die Angst in Trotz und Motivation zu verwandeln und unsere Geschichten sichtbar zu machen.

// Übersetzung: Daniel Sarmiento


Bloque latinoamericano – Berlin

Ein weiterer Schritt in Richtung Vergangenheit
Die Wahlen haben keinen Zweifel daran gelassen: Wir erleben einen Aufstieg der Rechten (CDU) und der extremen Rechten (AFD). Gleichzeitig strafte die Bevölkerung die Ampelkoalition für ihre kriegstreiberische, wirtschaftlich und sozial nachlässige Politik ab. Diese Entwicklungen kamen jedoch nicht überraschend, überraschend waren vielmehr die Ergebnisse der Partei Die Linke: Eine fast nicht mehr existierende Partei, die ihre Stimmenzahl verdoppeln konnte und Zehntausende neuer Aktivist*innen für den Wahlkampf gewinnen konnte.
Dies zeigt: Die aktuelle institutionelle und wirtschaftliche Krise wirkt sich direkt auf die „gemäßigten“ Parteien aus. Angesichts der tiefgreifenden Probleme entscheidet sich die Bevölkerung für radikale Lösungen. Zweitens war und ist die Migration das zentrale Thema, das herangezogen wird, um den Abbau sozialer Rechte und die Repression gegen die Bevölkerung zu rechtfertigen.
Gleichzeitig gelang es der CDU, in einer expliziten Demonstration von Lobbyismus und politischem Zynismus, ein Maßnahmenpaket zu verabschieden, das darauf abzielt, die Wirtschaft durch die Kriegsindustrie wiederzubeleben. Die Zukunft wird also von Kürzungen in unproduktiven Bereichen und verstärkten Investitionen in die Rüstung geprägt sein. Wie uns die Geschichte bereits gezeigt hat, werden Waffen hergestellt und auch eingesetzt. Aber die Toten werden immer von der arbeitenden Bevölkerung gestellt. Welches Land wird als nächstes die „europäischen Werte“ übernehmen sollen, koste es, was es wolle?

// Übersetzung: Carla Venneri

Unidas por la paz – Berlin

Berlin – Das letzte gallische Dorf?
Die Bundestagswahl endete ohne große Überraschungen. Wir wussten bereits, wer der nächste Kanzler sein wird und dass die Rechtsextremen abräumen werden, denn die Vorwahlkampfzeit war von einem einzigen Thema geprägt: Migration.
In Deutschland wie in der ganzen Welt verschiebt sich die Politik nach rechts. Die AFD hat erfolgreich einen rassistischen, einwanderungsfeindlichen Diskurs normalisiert, in dem jede Person, die nicht zu dem Standardaussehen der Mehrheitsbevölkerung passt, als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft gebrandmarkt wird, ob sie nun einen deutschen Pass besitzt oder nicht. Die zugewanderte Bevölkerung muss sich nach diesem Diskurs den vermeintlichen Normen und Werten einer weißen Mehrheit unterwerfen. Wer sich nicht unterordnet, soll besser gehen. Jede*r Asylbewerber*in ist ein potenzieller Terrorist, der, da er nicht im Mittelmeer ertrunken ist, am besten an der Grenze erschossen werden sollte. Zu diesen faschistischen Tendenzen haben sich Figuren wie die einst kommunistische Wagenknecht gesellt, bei der glücklicherweise die Rechnung nicht aufging. Wir, in den migrantischen Communities, insbesondere jenen unten links, beobachten dieses Phänomen mit Sorge und Angst um unsere Zukunft in diesem Land, auf diesem Kontinent, auf diesem Planeten. Vielleicht ist es deshalb so erfreulich, ein wenig Licht im Dunkel zu sehen – wie die Tatsache, dass in Neukölln oder Kreuzberg Hunderte von deutschen Bürger*innen mit offensichtlichem Migrationshintergrund, z.B. Dutzende von Frauen mit Hidschab, für die einzige wirkliche Alternative zu dieser faschistischen Welle gestimmt haben: Die Linke. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat dieser Teil der Bevölkerung in so großer Zahl gewählt. In Neukölln gewann der kurdischstämmige Ferat Koçak mit 30 Prozent der Stimmen. Es ist das erste Direktmandat für den Bundestag, das Die Linke in Westdeutschland gewinnt. Noch ist nicht alles verloren, auch wenn Berlin das letzte gallische Dorf zu sein scheint.

Asamblea en Solidaridad con Argentina – Berlin

Internationale Solidarität statt Repression und rechte Hetze!
Die Wahlen haben ein alarmierendes Bild hinterlassen: Die extreme Rechte hat zugelegt, mit der AfD als zweitstärkster Kraft. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass traditionelle Parteien wie die CDU, deren einwanderungsfeindlichen Diskurs übernehmen. Die Linke erreichte 8,77 %, teilweise mehr aus Angst, aus dem Parlament ausgeschlossen zu werden, als aufgrund eines bereits konsolidierten Wiederaufstiegs. Dennoch erzeugte dies Enthusiasmus und neue Mitgliedschaften in der Hoffnung, dass die Parteistruktur erneuert werden kann. Während die Bundesregierung die Grenzkontrollen verschärft und soziale Rechte abbaut, hat sie inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise den Militärausgaben Vorrang eingeräumt. Dies folgt dem gleichen Muster, das wir in Argentinien unter der Regierung von Javier Milei sehen: brutale Kürzungen, Abbau des Staates und Repressionen. Wir prangern diese Politik und ihre Auswirkungen an. Der Widerstand ist nicht nur lokal, sondern international: Der Kampf gegen Austerität und Repression erfordert die Artikulation von Kämpfen überall. Die Wahlbeteiligung von 83 % zeigt, dass die Politik wieder im Mittelpunkt steht. Aber das Wachstum der extremen Rechten erfordert den Aufbau echter Alternativen. Es reicht nicht aus, sich der extremen Rechten entgegenzustellen: Wir brauchen Vorschläge, die Rechte verteidigen und soziale Gerechtigkeit garantieren. Von Berlin aus setzen wir unseren Kampf fort, in Solidarität mit Argentinien und mit allen, die sich dem reaktionären Vormarsch entgegenstellen.

// Übersetzung: Josefina Lehnen

Latinas unidas – Frankfurt

Migrantische Feminismen – eine politische Kraft!
Die Wahlergebnisse zwingen uns als Migrant*innen in Deutschland zum Nachdenken. Obwohl Migration im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand, haben die meisten von uns kein Wahlrecht. Stattdessen sind wir mit Rassismus, prekären Arbeitsverhältnissen, fehlendem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Kriminalisierung konfrontiert. Es ist an der Zeit, den Status quo in Frage zu stellen, der die Konstruktion von Bürger*innen erster, zweiter und dritter Klasse normalisiert. Der antifaschistische Schutzwall muss uns alle einschließen, denn die derzeitigen Spielregeln garantieren keine egalitäre und demokratische Gesellschaft.
Deutschland kann seinen multikulturellen Charakter nicht verleugnen. Von den Gastarbeiter*innen bis heute tragen Migrant*innen die Wirtschaft. Wir sind nicht nur Arbeitskräfte, wir sind kulturelles, akademisches und soziales Kapital. Das Narrativ eines bedrohlichen „Anderen“ weitet sich jedoch aus und lateinamerikanische Frauen und disidencias leben an der Schnittstelle von Rassismus, Patriarchat und Gewalt. Der Aufstieg der extremen Rechten bringt uns in Gefahr. Die Krise wird als Vorwand genutzt, um einwanderungsfeindliche und rüstungspolitische Maßnahmen zu verstärken und unser Leben aus einer merkantilistischen Logik heraus zu einem Druckmittel zu machen, wie es auch bei dem Völkermord in Palästina der Fall ist.
Unser Kampf ist feministisch, antirassistisch und antikapitalistisch. Wir wählen nicht, aber wir leisten Widerstand. Wir sind keine Opfer, wir sind eine politische Kraft.

// Übersetzung: Josefina Lehnen

Colombia solidaria – Hamburg

Weiße Vorherrschaft in ihren vielen Schattierungen
Deutschland hat uns in den Wahlen ein unerwünschtes Gesicht gezeigt. War dieses Potential an Gewalt schon immer unter uns? Die Antwort ist in verschiedenen Grautönen schattiert. Die AFD gewinnt an Einfluss und der politische Diskurs verschiebt sich nach rechts. Es gibt immer noch eine funktionierende und alltägliche weiße Vorherrschaft. Um sie loszuwerden, muss man nicht nur die eine oder andere Partei wählen. Es ist eine spirituelle Arbeit vonnöten, die darin besteht, den unendlich langen Faden nachzuzeichnen, der die menschlichen Beziehungen miteinander verwebt und uns alle durch die einfache Tatsache, dass wir leben, gleich macht. An diesem Punkt haben Deutschland, Europa und die weiße Gemeinschaft als solche eine unerledigte Aufgabe mit sich selbst. Dabei besteht glücklicherweise ein großes Potenzial, die koloniale Brutalität, die seit mindestens 500 Jahren fortbesteht, zu beenden und wiedergutzumachen.
Diese alltägliche, verinnerlichte rassistische Vorherrschaft hält den Großteil der Bevölkerung relativ gefügig, trotz grober Menschenrechtsverletzungen innerhalb, außerhalb und an den Grenzen dieses Landes. Ich möchte glauben, dass die Mehrheit der (weißen) Deutschen mit der herrschaftlichen Dynamik von Unterdrückung und Herrschaft nicht einverstanden ist. Aber was sie tun werden, um eine weitere Radikalisierung einer rassistischen Politik zu verhindern, bleibt offen. Deshalb ist die Frage, was wir als Migrant*innen tun können. ColSol organisiert Veranstaltungen, die sich mit dem Kampf gegen Rechts und Rassismus auseinandersetzen. Denn: Nie wieder ist heute!

// Übersetzung: Carla Venneri

Las Cayenas – Marburg

Mit erhobener Faust auf der Straße
Nach den Wahlen stehen wir aufrecht, mit brennenden Erinnerungen und erhobenen Fäusten. Der feministische Kampf ist vielfältig und vereint alle, die Widerstand leisten: feminisierte Körper, Dissidenten, Migrantinnen. Unsere Stärke liegt in der Vielfalt.
Der Feminismus im Süden ruft zum Streik auf, um die Welt daran zu erinnern, dass ohne uns nichts geht. Wir sind eine Flut, die Angst vertreibt und patriarchale sowie koloniale Macht herausfordert. Die Rechte erstarkt weltweit, mit ihrer hasserfüllten Rhetorik und ihren tödlichen Projekten. In Deutschland stellen rechte Kräfte Errungenschaften wie das Selbstbestimmungsgesetz in Frage und verweigern uns unsere Rechte, in dem sie den Paragraf 218 nicht streichen. Sie bedrohen unsere Existenz.
Migrant*innen erleben Prekarität und Ausgrenzung. Hohe finanzielle Hürden für Visa treiben uns in unsichere Arbeit, während wir Steuern zahlen, aber nicht mitbestimmen dürfen. Dazu kommen Sexismus und Gewalt in Alltag und Beruf. Die Rechte errichtet Mauern, schließt Grenzen und verweigert uns Dokumente. Sie können versuchen, uns auszulöschen, aber nicht von der Straße holen. Wir sind da, schreien, kämpfen und gehen vorwärts. Wir sind Wut, wir sind Protest und Widerstand. Unsere Stimmen brechen die Stille. Wir sind hier – und wir bleiben.

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Zwischen Erwachen und Erwachsenwerden

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Foto: Plan B Entertainment

Eines Nachmittags vertraut Cecilia (Andrea Suárez Paz) ihrem Sohn Olmo an, sich um seinen Vater Néstor (Gustavo Sánchez Parra) zu kümmern. Der ist mit Multipler Sklerose bettlägerig und zum Überleben auf seine Familienmitglieder angewiesen. Auch sonst geht es der Familie nicht wirklich gut: Sie sind drei Monatsmieten schuldig, es gibt weder Zeit noch Geld für selbstgekochtes Essen (außer der Tiefkühl-Lasagne, die der Vater nicht essen will) und die Stereoanlage ist kaputt. All das hält den 14-jährigen Olmo aber nicht davon ab, sich für seine Nachbarin Nina (Melanie Frometa) zu interessieren. Seiner älteren Schwester Ana (Rosa Armendáriz) geht es ähnlich wie ihm: Sie will ihre Jugend abseits von Verpflichtungen erleben. Währenddessen versucht ihre überforderte Mutter, ihren häuslichen und finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, indem sie Doppelschichten in einem Restaurant arbeitet.

Fernando Eimbckes Film Olmo wurde in der Sektion Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2025 uraufgeführt. Es ist Eimbckes vierter Film und das zweite Mal, dass der mexikanische Regisseur an der Berlinale teilnimmt. Das erste Mal war er 2008 mit Lake Tahoe vertreten, einem Film, der mit dem Silbernen Bären für den Alfred-Bauer-Preis ausgezeichnet wurde. Sein Regiedebüt gab er 2004 mit Temporada de Patos, der in Cannes uraufgeführt wurde und in seinem Heimatland mehrere Preise gewann. Im Jahr 2013 präsentierte er Club Sandwich, seinen dritten Spielfilm, der beim 61. Internationalen Filmfestival von San Sebastian unter anderem mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde.

Olmo spielt 1979 in New Mexico und schildert auf humorvolle Weise den komplexen Übergang vom Heranwachsen zum Erwachsenwerden in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld. Aivan Uttapa spielt darin den Protagonisten: Olmo ist ein junger Mann, der versucht, den Härten seines Zuhauses zu entkommen, indem er sich in seine Freundschaft mit Miguel (Diego Olmedo) und seine romantischen Träume zurückzieht.Sein Freund nimmt dabei im Laufe des Films die Rolle des treuen Helfers für ihn ein, fast wie Sam Gamdschie für den Helden Frodo in der Fantasy-Saga Herr der Ringe. Unter anderem unterstützt er ihn dabei, seinen Schwarm Nina dazu zu bringen, ihn zu einer Party einzuladen. Aber die Sache hat einen Haken: Die Eintrittskarte dafür ist, sich die Stereoanlage der Familie auszuleihen. So muss sich Olmo zwischen der Verantwortung für seine Angehörigen und dem Wunsch, seine Jugend zu leben, entscheiden. Auf diese Weise zeigt der Film eine unausweichliche Wahrheit: Erwachsenwerden bedeutet, schwierige Entscheidungen zu treffen.

Doch Olmo ist mehr als nur eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern auch ein intimes Porträt einer Migrant*innenfamilie, in der die Eltern auf Spanisch kommunizieren und die Kinder auf Englisch antworten. Einer Familie, die durch die Krankheit von Néstor zerbrochen ist, der als Vater, obwohl körperlich eingeschränkt, immer noch versucht, seiner Rolle mit Anekdoten und Ratschlägen gerecht zu werden, auf die seine Kinder nicht immer hören wollen. Das fehlende Gleichgewicht in seiner Familie hinterlässt Olmo in einem großen Dilemma: Inwieweit soll er mit Aufgaben belastet werden, die seinem Alter nicht entsprechen? Während seine Mutter und seine Schwester versuchen, auf ihre Weise zu entkommen, sehnt auch er sich nach einer solchen Pause. So erinnert uns der Film daran, dass das Erwachsenwerden nicht nur ein Prozess der Selbstfindung ist, sondern auch ein Akzeptieren der familiären Bindungen, mit all der Last, die sie mit sich bringen.

Olmo ist kein effekthascherischer Film, aber wenn er erst einmal angefangen hat, überzeugt er mit seinen Charakteren, einer soliden Geschichte und einem sorgfältigen Setting. Er handelt vom Aufwachsen und von Beziehungen in einer unvollkommenen Familie und erinnert uns daran, dass das Leben wie ein Film sein kann. In dieser Geschichte ist die Familie kein idealisierter Zufluchtsort, sondern ein komplexes Band, das von Opfern und kleinen täglichen Kämpfen aufrechterhalten wird. Jede Figur geht auf ihre eigene Weise mit der Realität um, aber alle sind durch eine gemeinsame Wahrheit verbunden: Trotz ihrer Brüche bleiben sie ein Team, in dem Verantwortung und Zuneigung in einem fragilen Gleichgewicht koexistieren.


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MENSCHENWÜRDE IM MITTELPUNKT

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Bei einem Spaziergang über die Hauptstraße Alameda in der chilenischen Hauptstadt Santiago lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit mit europäischen Städten nicht leugnen – zumindest auf den ersten Blick. Doch ein zweiter Blick in die Seitengassen und rund um die Metrostationen offenbarte lange ein anderes Bild: ein buntes Treiben von Straßenverkäufer*innen aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern – das Herz der Stadt war bunt und lebendig. Die Zeiten haben sich in den vergangenen zwei Jahren drastisch geändert. Viele der Parolen und bunten Graffitis der Revolte von 2019 wurden grau überstrichen, die einst lebendige Alameda wirkt wieder eintönig und kalt. Die Straßenverkäufer*innen wurden vertrieben und liefern sich ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel mit den anrückenden Carabineros.

Das Bild wird zusätzlich durch eine wachsende Zahl von Zelten getrübt, die entlang der Alameda aufgeschlagen sind. Die Zelte stehen dicht beieinander, in denen Migrant*innen aller Altersgruppen Schutz suchen –im kalten Winter wie in der drückenden Sommerhitze der Hauptstadt. Seit einigen Jahren zeigen sich in Santiago Bilder, an die viele Chilen*innen nicht gewöhnt sind: Familien, die im öffentlichen Raum campen oder Eltern, die mit ihren Kindern auf der Straße um Geld bitten oder kleine Dienstleistungen anbieten, um ein paar Münzen zu verdienen.

„Das hat bei den Einheimischen große Empörung ausgelöst“, erklärt die Sozialarbeiterin Perla Scappini. Dieser traurige Zustand verdeutliche, dass die Migrationspolitik im Vorzeigeland Lateinamerikas endgültig versagt hat. Chile zählt zu den Ländern mit der größten sozialen Ungleichheit, was insbesondere auf geflüchtete Menschen erhebliche Auswirkungen hat.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Migrant*innen aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas stark gestiegen. Zwischen 2006 und 2022 hat sich der Anteil von Migrant*innen an der Gesamtgesellschaft in Chile nahezu verneunfacht, von einem auf fast neun Prozent. Derzeit stellen Menschen aus Venezuela mit etwa einem Drittel die größte Gruppe unter Migrant*innen in Chile, gefolgt von Peru mit 15,4 Prozent und Kolumbien mit 11,7 Prozent.

Die in Santiago gestrandeten Familien leben in wachsender Unsicherheit und sozialer Verwundbarkeit – ein Problem, das sich während der COVID-19-Pandemie weiter verschärft hat. Viele Familien leben unter prekären Bedingungen wie Obdachlosigkeit, Unterernährung und einem eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung. Das stark privatisierte Gesundheitssystem Chiles verschärft diese Situation zusätzlich.

Speziell Migrant*innen aus Haiti haben Chile nach kürzerem oder längerem Aufenthalt wieder verlassen, da sie aufgrund von Sprachbarrieren, Diskriminierung und fehlenden Perspektiven keine Möglichkeit für ein besseres Leben sahen. Die haitianische Gemeinschaft, die in Chile geblieben ist, lebt überwiegend im Stadtteil Quilicura, der in der Öffentlichkeit oft als „Mini-Haiti“ bezeichnet wird. Diese Bezeichnung spiegelt die Stigmatisierung wider, die auch in anderen Stadtteilen Santiagos verbreitet ist. So wird die Umgebung der Estación Central aufgrund der hohen Anzahl venezolanischer Migrant*innen abwertend als „Pequeña Caracas“ bezeichnet.

„Leider ist die Diskriminierung von Migrant*innen in Chile Realität“, erklärt Scappini. Ein großer Teil dieses Problems hänge ihrer Meinung nach mit der Berichterstattung in der Presse zusammen. Dort werden häufig Stereotype verstärkt und negative Vorurteile über Migrant*innen verbreitet. Die Diskriminierung zeigt sich im Alltag – sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Markt oder bei Wohnungsanzeigen wie „nur an Chilenen zu vermieten“. An anderen Stellen werde ausgenutzt, dass Migrant*innen, die die zahlreichen Anforderungen nicht erfüllen können, überhöhte Mietpreise in Kauf nehmen. „Das ist ein klares Zeichen für Diskriminierung“, betont die Sozialarbeiterin.

Präsident Boric als Hardliner in Sachen Migration

Auch die vermeintlich linke Regierung unter Präsident Gabriel Boric unternimmt wenig dagegen. Nach Druck aus der rechten Opposition zeigt sich Boric bereits seit 2023 eher als Hardliner in Sachen Migration und zieht klare Grenzen bei der Aufnahme von Geflüchteten, etwa aus Venezuela. Zudem wird derzeit eine Neufassung des Migrationsgesetzes Ley de Migraciones in zweiter Runde im Senat verhandelt, die eine erhebliche Verschärfung der bisherigen Rechtslage vorsieht. So soll sich in Chile zukünftig nur einbürgern können, wer bereits seit zehn Jahren – nicht wie bislang fünf – im Land lebt. Außerdem soll ein sogenanntes Ausländerregister mit biometrischen Daten von Migrant*innen eingerichtet werden. Unbegleitete Minderjährige aus anderen Ländern sollen zukünftig nicht nach Chile einreisen können, außerdem sind höhere Haftstrafen für Schleuser vorgesehen. Kritik am neuen Gesetzesentwurf, insbesondere zum Thema Einbürgerung, kam unter anderem von Rebeca Cenalmor-Rejas, Vertreterin des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR): „Die Staatsangehörigkeit ist ein unverzichtbares Menschenrecht“, so Cenalmor-Rejas und erinnerte an internationale Abkommen, die Chile unterzeichnet hat.

Um die schwierigen Lebensumstände von Migrant*innen zu verbessern, gibt es in Chile verschiedene Initiativen und Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten und die soziale Integration fördern. Eine davon ist die Corporación El Arca, die seit 2018 in der Gemeinde Macul, einem Stadtteil von Santiago, tätig ist. El Arca dient als erste Anlaufstelle für Familien, die oft monatelange und belastende Fluchtwege hinter sich haben. Migrant*innen erhalten hier Unterstützung in Form von Lebensmitteln, Kleidung, rechtlicher Beratung und psychosozialer Betreuung.

Die Einrichtung bietet bis zu zehn Familien gleichzeitig Unterkunft und Verpflegung für maximal zwei Monate. Zusätzlich versorgt sie regelmäßig etwa 60 weitere bedürftige Haushalte mit Lebensmittelpaketen, Hygieneartikeln und Kleidung aus Spendenaktionen. Die Arbeit der Organisation beschränkt sich jedoch nicht nur auf materielle Hilfe, sondern verfolgt das Ziel, Geflüchtete bestmöglich in die chilenische Gesellschaft zu integrieren.  „Wir wollen auch den Geschichten und Beweggründen hinter der Migration Namen und Gesichter geben. Eine wichtige Mission unserer Organisation ist es, migrantische Familien der chilenischen Bevölkerung näherzubringen und ihre enorme Resilienz sichtbar zu machen“, erklärt Scappini, die die Einrichtung seit vielen Jahren leitet.

Immer wieder werde die große Resilienz vieler Migrant*innen deutlich: „Trotz vieler Schwierigkeiten – emotionaler, psychologischer, wirtschaftlicher, sozialer –, geben sie nicht auf. Wir sehen das bei Erwachsenen, die zwei oder drei Jobs haben, die bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, um ihren Familien zu helfen, weiterzukommen“, betont Scappini. „Die Migrant*innen haben eine unglaubliche Arbeitskraft nach Chile gebracht, die jedoch leider wirtschaftlich nicht gewürdigt wird und die – es muss gesagt werden – oft zu Missbrauch und Ungerechtigkeiten durch viele Arbeitgeber geführt hat“, erklärt Scappini.

Neben der grundlegenden Versorgung leistet El Arca gezielte Sozialarbeit, indem Migrant*innen bei der Wohnungssuche, der Vermittlung von Arbeits- und Schulplätzen sowie bei rechtlichen Fragen unterstützt werden. Für traumatisierte Geflüchtete steht eine psychosoziale und therapeutische Betreuung zur Verfügung. Besonders wichtig sind diese Angebote für Kinder, die unter den Belastungen der Flucht besonders leiden.

Die Finanzierung von El Arca erfolgt größtenteils durch Spenden, wobei wichtige Beiträge von Kirchen, Privatpersonen und dem Lebensmittelnetzwerk kommen. Der zunehmende rassistische Diskurs in Teilen der chilenischen Gesellschaft hat die Arbeit der Organisation bislang noch nicht erschwert. Vor allem die Unterstützung von Familien mit Kindern rufe eine besondere Empathie hervor, die die Barriere der Ablehnung überwinde, meint Perla Scappini.

Durch gezielte Kommunikation und die Weitergabe von Erfolgs- und Integrationsgeschichten der Migrant*innen konnte El Arca Unterstützer*innen und Förderer*innen für seine Projekte gewinnen. Dennoch ist sich die Organisation bewusst, dass dies keine repräsentative Erfahrung unter Initiativen ist, die mit Migrant*innen arbeiten. Es zeigt jedoch, dass letztlich die Menschenwürde im Mittelpunkt steht – eine Erkenntnis, die viele Menschen gewinnen, wenn sie die Geschichten derjenigen hören, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden.

Raus aus dem Prekariat

Nach Ansicht von Perla Scappini ist die Regularisierung des Aufenthaltsstatus der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für Migrant*innen in Chile. „Der Zugang zu grundlegenden Rechten setzt die RUT (staatliche Identifikationsnummer, Anm. der Red.) voraus. Der irreguläre Status Hunderttausender Migrant*innen führt dazu, dass sie sich in einer Situation völliger sozialer Verwundbarkeit befinden, da sie sowohl ungerechten Arbeitsbedingungen als auch überhöhten Mietpreisen ausgesetzt sind.“ Ebenso sieht es die landesweite Koordination von Migrant*innen, die Präsident Boric Mitte Januar einen offenen Brief überreichte. Darin fordern 177 Migrant*innen, die in Chile registriert sind, ihre schnellstmögliche Regularisierung in Chile, um das Leben in Prekarisierung beenden zu können.

Langfristig braucht es ein umfassendes Umdenken und, dass die Migrationspolitik an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wird. Scappini betont, dass dafür regionale Maßnahmen zur Migration erforderlich sind – nicht nur auf nationaler Ebene. „Solange die Länder der Region keine gemeinsamen Lösungen für die sozialen Probleme hinter der Migration finden, reguläre Einreisemöglichkeiten schaffen und Maßnahmen einführen, um problematische Aspekte der Migration zu bewältigen, wird die gesellschaftliche Ablehnung dieser Gruppe weiterhin bestehen bleiben.“

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Eine Insel, zwei Realitäten

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Harte Hand gegen die haitianische Migration – das war eines der zentralen Elemente des Wahlkampfes. Doch damit ist der 56-Jährige Luis Rodolfo Abinader Corona nicht alleine. Auch seine Widersacher teilen diesen Diskurs. Staatschef Abinader sagte öffentlich, dass die Krise in Haiti eine direkte Bedrohung der Stabilität und Sicherheit für die Dominikanische Republik darstelle. Die Angst, dass die Krise des Nachbarn in die eigene, prosperierende Nation herüberschwappt – alle drei Kandidaten nutzten sie.
Überraschend kommt Abinaders Sieg daher nicht. Umfragen vor der Wahl sahen ihn als klaren Favoriten. Er gewann mit deutlichem Abstand zu seinen Kontrahenten. Abinader erreichte mit seiner Mitte-links-Partei Partido Revolucionario Moderno (PRM) 57,4 Prozent. Sein Widersacher Leonel Fernández, der in der Vergangenheit bereits zweimal Präsident war, kam auf 29 Prozent der Stimmen. Ein weiterer Herausforderer war Abel Martínez, einst Bürgermeister von Santiago, der zweitgrößten Stadt des Inselstaates.

Im Fernsehen kam es zum Schlagabtausch zwischen den drei favorisierten Amtsanwärtern. Es ging um Bildung, Kriminalität und geschlechtsspezifische Gewalt. Knapp zehn Prozent der Wähler*innen sind Teil der dominikanischen Diaspora im Ausland. Beim Schlagabtausch gingen die Meinungen auseinander – doch beim Umgang mit Migrant*innen sprachen alle drei mit derselben Stimme. Derzeit leben etwa eine halbe Million Menschen aus Haiti in der Dominikanischen Republik, mit oder ohne legalen Aufenthaltsstatus. In seiner ersten Amtszeit begann Abinader damit, eine Mauer an der Grenze zur Dominikanischen Republik zu bauen – ganz im Trump‘schen Stile der Abschottung.

Abinader verkörpert Wandel. Er kam 2020 nach einer Welle von Anti-Korruptionsprotesten an die Macht. Zuvor war die Mitte-links-Partei PLD (Partido de la Liberación Dominicana) 16 Jahre ununterbrochen an der Macht. Abinader hat Abschlüsse in Harvard und dem Darmouth College, eigene Firmen – die in den sogenannten Pandora Papers auftauchen, in denen Steueroasen geleakt wurden – und gilt als der wohlhabendste politische Funktionär der ganzen Nation. Dennoch ist der Betriebswirt kein politisch Unbefleckter: Sein Vater José Rafael Abinader, mit libanesischer Migrationsgeschichte, war in der PRD (Partido Revolucionario Dominicano) aktiv und kämpfte gegen die Diktatur Rafael Trujillos. Auch Luis Abinader war Mitglied der PRD, bis er 2014 die PRM gründete.

Bildung, Kriminalität und Gewalt

Der Umgang mit der Pandemie und die stetig wachsende Wirtschaft werden Abinader hoch angerechnet. Die Dominikanische Republik hat eine der höchsten Wachstumsraten in ganz Lateinamerika. In einem Länderfokus-Bericht hob der Internationale Währungsfonds (IWF) hervor, dass 2022 das Bruttoinlandsprodukt deutlich über dem anderer Länder der Region lag.

Noch in den 1960ern war die Dominikanische Republik ein Agrarstaat, einer der ärmsten der westlichen Hemisphäre. Besonders relevant für die dominikanische Wirtschaft ist der Tourismus. Kurz vor Jahresende 2023 wurde die zehntmillionste Touristin, eine US-Amerikanerin, vom dominikanischen Tourismusminister David Collado persönlich am Flughafen Punta Cana in Empfang genommen. Ein neuer Rekord – das bisher beste Jahr für den Tourismus in der „DomRep“.

In der Wahlnacht trat Abinader vors Mikrofon: „Das Volk hat mit Klarheit gesprochen: Die Dominikanerinnen und Dominikaner wollen den Wandel weiter vorantreiben.“ Das Beste für die Dominikanische Republik werde erst noch kommen. „Die Botschaft, die heute von den Urnen ausging, ist deutlich: Die Veränderungen, die wir hervorgerufen haben, sind für immer. Es gibt keinen Weg zurück“, führte er weiter aus.

Die ungleichen Nachbarn

Die Realitäten der beiden Inselstaaten Dominikanische Republik und Haiti könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der Westseite Hispaniolas: Dauerkrise, extreme Gewalt, Exodus der Bevölkerung. Im östlichen Teil dagegen: Urlaubsparadies, üppige Landschaften, relative Sicherheit, rasantes Wirtschaftswachstum. Dabei ist die haitianische Migration kein neues Phänomen. Haitianer*innen arbeiten im Nachbarland im Tourismus, etwa als Kellner*innen, für Dumping-Löhne auf dem Bau, auf den Zuckerrohrfeldern und, auch ein Kernelement der dominikanischen Schattenwirtschaft: Haitianische Frauen verdingen sich als Sexarbeiterinnen im florierenden Sextourismus der Dominikanischen Republik. Während also Ressentiments gegen die Menschen aus dem Nachbarstaat geschürt werden, würde das dominikanische Wirtschaftswunder ohne die haitianische Migration schlicht nicht funktionieren.

Dabei ist Rassismus und Diskriminierung der Haitianer*innen kein neues Phänomen im dominikanischen Staat. Im Streben nach einer weißen, „aufgehellten“ Gesellschaft ordnete der Hitler verehrende Diktator Rafael Trujillo an, Abertausende Schwarze haitianische Bürger*innen in seinem Land zu ermorden. Im Jahr 1937 ermordete der Staatsapparat Trujillos je nach Schätzung zwischen 18-25.000 Haitianer*innen. Das Vorgehen zur Bestimmung, ob es sich um Menschen aus Haiti handelt, brachte dem Massenmord seinen Namen ein: das „Petersilien-Massaker“. Dominikanische Soldaten führten einen Zweig Petersilie mit sich. Sie zwangen Menschen, allen voran Arbeiter*innen der Zuckerrohrfelder, das spanische Wort für Petersilie („perejil“) korrekt auszusprechen. Die, die den Begriff des Gemüses nicht angemessen aussprechen konnten, wurden als Menschen haitianischer Herkunft abgestempelt und ermordet. Denn Haitis Landesprachen sind Kreolisch und zu einem kleinen Teil Französisch.

Die rassistische Rhetorik, der Bau der Mauer: All das hat dennoch nicht bewirkt, dass der Zustrom an haitianischen Migrant*innen signifikant abebbt. Zum einen sind Grenzbehörden oft korrupt, zum anderen werden die Haitianer*innen als billige Arbeitskräfte benötigt. Das dürfte sich zudem so schnell nicht ändern. Denn die extreme Gewalt und die Staatskrise in Haiti sind Fluchtursachen, die noch lange andauern werden. Ende Februar dieses Jahres eskalierte die Gewalt im Nachbarland, als sich der – nie demokratisch gewählte – Regierungschef Ariel Henry auf einer Auslandsreise befand. Leichen blieben auf der Straße liegen, Polizei und Justiz ließen kriminellen Banden freie Hand.

Der Erfolg von Luis Abinader ist kein Zufall, und auch kein neues Phänomen in Lateinamerika. Rosario Espinal konstatiert in einem Fernsehinterview mit El Día RD, dass das „Parteiensystem in vielen Ländern Lateinamerikas kollabiert“ sei. Die Soziologin schlussfolgert, dass „Figuren“ die traditionellen Großparteien ersetzt haben. Beispiele finden sich dieser Tage zuhauf: Bukele in El Salvador, Milei in Argentinien und eben Abinader in der Dominikanischen Republik. Diese Figuren sind keine Politiker im klassischen Sinne. Doch sie ziehen die Wähler*innen an und können Massen mobilisieren. Laut Soziologin Espinal haben die Bürger*innen Lateinamerikas heutzutage eine „instrumentelle“ Beziehung zu Parteien entwickelt. Das zeigt sich auch in der dominikanischen Republik.

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Der Wald, den Gott nicht betritt

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Grüne Mauer Der Darién zwischen Kolumbien und Panama (Foto: Cruz Roja Panamá)

Es ist kurz nach fünf und die aufgehende Sonne färbt die Wolken über den Baumkronen des Dschungels leuchtend orange. José Membache ist ein kleiner schmächtiger Mann mit runden Gesichtszügen. Er gehört der indigenen Emberá-Wounaan-Gemeinschaft an, die in der Darién-Region lebt. José trägt ein rotes T-Shirt mit dem Aufdruck des Cruz Roja Panamá, des Roten Kreuzes Panama. Mit ein paar anderen Männern der Community steigt er in einen klapprigen Jeep. Gemeinsam fahren sie die letzten Kilometer auf der Panamericana-Fernstraße in Richtung Dschungel bis zu der kleinen Ortschaft Lajas Blancas.

Seit fünf Jahren arbeitet José hier als Freiwilliger in einem Auffangcamp. Die Panamericana verbindet Alaska mit Feuerland. Nur hier im sogenannten Darién Gap ist sie unterbrochen. Einige Kilometer weiter endet die Straße im tiefen Dschungel. Infrastruktur gibt es hier kaum. Wie eine grüne Mauer trennt der Darién Kolumbien von Panama. Gleichzeitig stellt er die einzige Landverbindung zwischen Süd- und Zentralamerika dar. Rund 100 Kilometer geht es durch tiefsten Urwald mit steilen Hängen und reißenden Flüssen. Wer zu Fuß aus Südamerika in die USA möchte, muss eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt auf sich nehmen. Trotzdem haben sich 2023 so viele Menschen wie noch nie für die Flucht durch den Darién entschieden, laut dem US-Thinktank Council on Foreign Relations mehr als 520.000 und damit mehr als 1.400 Menschen am Tag. Ursprünglich hauptsächlich aus Südamerika, kommen inzwischen auch immer mehr Menschen aus asiatischen und afrikanischen Ländern. Ihre Fluchtgründe sind vielseitig.

Für José war es anfangs schwer, den Menschen hier zu begegnen: Kinder, die unterwegs von ihren Familien getrennt wurden oder Flüchtende, die noch im Camp an Flüssigkeitsmangel starben; Frauen und Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden waren und an den Folgen litten; Menschen, denen im Darién alles geraubt wurde, was sie noch besaßen. „Die Verzweiflung der Menschen und ihre Not haben mich sehr traurig gemacht“, erzählt José. Er habe viel geweint und Albträume gehabt. Inzwischen aber, sagt er, habe er sich an die Bilder gewöhnt. „Die schlechten gesundheitlichen und psychischen Zustände der Menschen sind normal geworden und den beißenden Geruch von Menschenschweiß, Fäkalien und eitrigen Wunden, der über dem Camp liegt, nehme ich kaum noch wahr.“

In der Regenzeit sind die ausgetretenen Wege im Darién besonders matschig und glatt und die Flüsse treten über ihre Ufer. Gefährlich sind vor allem die steilen Hängen des Loma de la Muerte, des Todeshügels, von dem die Flüchtenden weit hinab in den Tod rutschen können, sowie die Durchquerung des reißenden Flusses Turquesa, des Todesflusses. Die hohe Luftfeuchtigkeit und das schwierige Terrain zehren an den Kräften der Menschen. Je länger die Reise dauert, desto gefährlicher wird sie. Eine 26-jährige chilenische Frau, die mit wiegenden Bewegungen versucht, ihre Tochter zu beruhigen, erzählt, dass sie seit sechs Wochen mit ihrem Bruder und ihren zwei Kindern zwischen einem und drei Jahren auf der Flucht sei. „Meine Tochter weint viel, weil sie Hunger hat.“ Sie hätten nicht genug Essen und das Geld gehe ihnen aus. „Fünf unserer sechs Rucksäcke haben wir im Darién zurückgelassen“, sagt sie. „Uns fehlte einfach die Kraft zum Tragen“.

„Im Nachhinein bereuen die meisten ihre Entscheidung“

Wassermangel, offene und entzündete Wunden, Fieber, Knochenbrüche und andere Verletzungen, gefährliche Tiere wie Schlangen, Pumas und Alligatoren – die Liste der Gefahren im Darién ist lang. Den Menschen bleibt oft keine andere Möglichkeit, als ungefiltertes Flusswasser zu trinken und das zu essen, was sie unterwegs finden. Nahrungsmittelvergiftungen, die mit Dehydration und Mangelernährung einhergehen, sind an der Tagesordnung. Die matschigen Pfade im Urwald sind gepflastert von zurückgelassenen Habseligkeiten, toten Menschen und deren Überresten. In Videos auf TikTok, Twitter und anderen sozialen Plattformen beschreiben Überlebende den Darién als „riesigen Friedhof“ und als „den Ort, den Gott nicht betritt“. Samuel* (Namen von Flüchtenden geändert) , ein 25-jähriger Kolumbianer, berichtet von mehreren Leichen entlang des Weges, von Angehörigen, die Löcher grüben, um tote Familienmitglieder zu beerdigen, und von Kindern, die vom Fluss mitgerissen wurden und in den Fluten verschwinden. Er erzählt von Verstorbenen in Plastiksäcken am Wegesrand und Personen, die geradewegs in die Arme von Menschenhändlern liefen. Die Durchquerung des Darién ist gefährlich und endet manchmal sogar tödlich – und trotzdem gleichen die matschigen Pfade im Dschungel einer Menschenautobahn. „Die Menschen vertrauen auf Gottes Hilfe“, sagt José. „Aber im Nachhinein bereuen die meisten ihre Entscheidung.“

Die matschigen Pfade im Dschungel gleichen einer Menschenautobahn

Das Camp in Lajas Blancas wird hauptsächlich mit UN-Geldern finanziert. José ist eine der ersten Anlaufstellen für die Flüchtenden, verteilt Simkarten oder verleiht ein Telefon für Anrufe. Hier gibt es auch eine Ladestation für Handys. Javier nummeriert jedes ladende Gerät einzeln. „Im Camp wird viel geklaut“, erklärt er. Die Menschen, die hier ankommen, befinden sich alle in einer Notsituation. In Lajas Blancas treffen Menschen aus über 40 Nationen mit den verschiedensten kulturellen und religiösen Hintergründen aufeinander. Viele sprechen kein Spanisch, die Kommunikation untereinander ist herausfordernd. „Die Not und die verzweifelte Situation führen zu vielen Auseinandersetzungen unter den Flüchtenden, und die Stimmung im Camp ist oft angespannt.“ Vor allem Kinder kämpfen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, ausgelöst durch die schrecklichen Bilder aus dem Dschungel. Abril Staples ist Feldkoordinatorin des Roten Kreuzes in Lajas Blancas. Sie erklärt, dass die Menschen im Camp medizinische Versorgung und psychologische Unterstützung bekommen. „Die Flüchtenden werden registriert und verlorene und vermisste Personen an das Grenzmilitär von Panama übergegeben.“

In seltenen Fällen würden vermisste Personen gesucht, gelegentlich auch Leichen geborgen. Allerdings könne keiner genau sagen, wie viele Menschen im Darién sterben. Die wenigen Leichen, die gefunden werden, sind aufgrund der beschleunigten Verwesung im Dschungel kaum identifizierbar. Die Mitarbeitenden des Roten Kreuzes testen die Menschen auf Mangelernährungserscheinungen und händigen bei Bedarf Nahrungsergänzungsmittel, Erstehilfe- und Hygienekits sowie sogenannte Dignity Kits – also Dinge wie Deo, Wasserflaschen, Zahnbürsten und Zahnpasta – an die Flüchtenden aus. Im Camp gibt es kostenloses Essen und Trinken. Abril erklärt, es sei extrem schwer vorherzusagen, ob am Tag 500 oder doch 1.500 Menschen ankommen. Denn bevor die Menschen in Lajas Blancas eintreffen, gibt es keine offiziellen Zählungen. „Wir arbeiten auf Hochtouren mit den anderen Hilfsorganisationen zusammen, aber es gibt viel zu wenige Mittel.“

Erste Hilfe nach dem Dschungel Im Camp Lajas Blancas wartet das Rote Kreuz auf die Flüchtenden (Foto: Cruz Roja Panamá)

Ein paar Tage bis mehrere Monate bleiben die Menschen in Lajas Blancas, ruhen sich aus und warten, bis ihre Wunden verheilt sind. Viele hoffen darauf, dass Angehörige ihnen Geld schicken, denn die Flucht durch den Darién ist teuer. Die 28-jährige Farah* aus Haiti ist mit ihrem Mann und ihren zwei und sechs Jahre alten Kindern seit zehn Wochen unterwegs. Bisher habe sie rund 3.000 US-Dollar ausgegeben – für Essen, Transport und Unterkünfte. „Am meisten aber“, sagt sie, „kostet der Wegzoll“. An allen Zwischenstationen im Darién hätten sie eine Gebühr zahlen müssen. Wer kein Geld mehr hat, müsse so lange verweilen, bis die Familien Geld schicken. Laut Human Rights Watch kostet die Reise durch den Darién rund 500 US-Dollar pro Person – für viele Menschen auf der Flucht eine finanzielle Herausforderung. Geld können sich die Flüchtenden über eine Western Union-Station in Lajas Blancas schicken lassen – dafür zahlen sie eine Gebühr von 50 Prozent der geschickten Summe.

Die Kontrolle über die kolumbianische Seite des Darién liegt beim sogenannten Golf-Clan. Der Staat übt in dem Gebiet wenig bis keine Kontolle aus. Der Golf-Clan gilt als größte und einflussreichste paramilitärische Gruppe im Norden Kolumbiens. Er kontrolliert das Alltagsleben der Bevölkerung und die wirtschaftlichen Aktivitäten. Mit Hilfe eines raffinierten Systems aus Wegen und Kontrollpunkten überwacht er den Migrationsfluss und reguliert die Routen, welche die Flüchtenden nutzen dürfen. Eine Anwältin schätzt gegenüber Human Rights Watch, dass etwas mehr als 20 Prozent des so eingenommenen Geldes an den Golf-Clan gehen.

Samuel* erzählt, dass keiner den nordkolumbianischen Ort Acandí verlassen drüfe, ohne Wegzoll zu zahlen. „Wer kein Geld hat, wird mit Waffen bedroht.“ Das brutale Vorgehen bestätigen auch Berichte von Human Rights Watch. So lenkt der Golf-Clan von anderen illegalen Aktivitäten im Darién Gap ab: Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. In Acandí, für viele die letzte Station vor der gefährlichen Durchquerung des Dariéns, bieten sogenannte Guides ihre Dienste an. Sie sollen den Flüchtenden helfen, schweres Gepäck zu tragen, und kennen die sichersten Schritte und herausfordernde Stellen auf dem Weg. Auch Samuel* hat sich für einen dieser Guides entschieden. Der habe ihn aber nicht wie ausgemacht bis an die Grenze von Panama gebracht, sondern nach ein paar Kilometern mit seinem Gepäck stehen gelassen. 380 US-Dollar habe er dafür gezahlt.

„Wer kein Geld hat, wird mit Waffen bedroht“ Es gibt drei Routen, die jeweils drei, sieben oder zehn Tage dauern. Je schneller die Route, desto teurer ist sie. Frauen mit Kindern oder große Gruppen brauchen sogar bis zu zwei Wochen. Tabish musste sich für die zehntägige Route entscheiden. „Hauptsächlich aus Geldmangel“, sagt er. „Ich bin schon seit zwei Monaten unterwegs und konnte nicht viel Geld aus Pakistan mitnehmen.“ Alles, was er besitzt, passt in einen Rucksack. Wie die meisten Flüchtenden trägt er sein Handy, Geld und seinen Pass in einer wasserdichten Hülle immer um den Hals. Denn ohne diese Dinge ist der Traum von einem besseren Leben in den USA schnell ausgeträumt. Wie viele der Flüchtenden wimmelt er das Gespräch ab – er sei müde von der Reise und wolle so anonym wie möglich bleiben. Auch das Gespräch mit der Chinesin Lan* ist schnell vorbei, als ihre schüchterne, leise Stimme brüchig wird und sie sich schließlich mit Tränen in den Augen abwendet.

Der Darién ist nur der Anfang einer langen Reise, die viele Gefahren birgt und kein Happy End garantiert
Gegen acht Uhr früh beginnen sich die Menschen mit ihren Rucksäcken vor den Toren von Lajas Blancas in langen Schlangen aufzustellen. In zwei Stunden kommen die ersten Busse, die die Flüchtenden bis an die Grenze von Costa Rica fahren. Die Fahrt kostet 60 US-Dollar pro Person. In Costa Rica werden die Menschen direkt wieder von Bussen bis zur nächsten Grenze gebracht. „Ab Nicaragua“, sagt José, „sind die Flüchtenden wieder auf sich gestellt“. Von Lajas Blancas bis in die USA sind es noch mehr als 5.000 Kilometer, fünf Landesgrenzen müssen passiert werden. Bevor die Menschen das Camp in Lajas Blancas verlassen, verteilt José faltbare Karten, auf denen die sichersten Routen, Hilfspunkte und mögliche Unterkünfte für Flüchtende bis an die Grenze der USA eingetragen sind. „Der Darién ist unglaublich gefährlich“, sagt José. „Aber leider ist er erst der Anfang einer langen Reise, die noch viele weiteren Gefahren birgt und kein Happy End garantiert.“ Denn selbst, wenn die Menschen es bis in den Norden von Mexiko schaffen, stehe ihnen der schwierigste und langwierigste Teil ihrer Reise noch bevor: die Einreise in die USA. Mit der Karte überlässt er die Menschen wieder ihrem Schicksal, mehr kann er nicht für sie tun.

Um fünf Uhr abends kündigt sich die Dämmerung am Horizont an. José und die Anderen steigen in den Jeep, mit dem sie in der Früh gekommen sind. Morgen kommen sie wieder nach Lajas Blancas, um den Menschen, die die Durchquerung des Darién überlebt haben, mit dem Nötigsten zu helfen.

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Reisepässe, aber keine Spur

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Das Karibische Meer Eine Bootsroute führt von Kolumbien über die Corn Islands nach Nicaragua (Landkarte: Datawrapper.de)

Marian Santaella ist auf der Suche nach ihrem Ehemann Rosmer Alberto Mujimac Parra. Im Oktober 2023 war der 42-Jährige mit 38 anderen Venezolaner*innen auf der kolumbianischen Insel San Andrés in ein Boot gestiegen, das sie unbemerkt bis an die nicaraguanische Isla de Maíz bringen sollte. Innerhalb von 8 Stunden hätte das Boot Nicaragua erreichem sollen. Doch eine Textnachricht am 21. Oktober 2023, in der ihr Ehemann die Abreise bestätigt, ist das letzte Lebenszeichen, das Marian von Rosmer und ihrem Cousin Gonzalo erreicht hat.

Rosmer und Marian hatten schon seit längerer Zeit überlegt, Venezuela zu verlassen, um ihren Kindern in den USA ein besseres Leben zu ermöglichen. Obwohl beide seit Jahren in mehreren Jobs gleichzeitig arbeiten, reicht das Einkommen der Familie nicht aus, um einen Kredit für eine eigene Wohnung aufzunehmen und die Ausbildung ihrer Kinder zu bezahlen. In der Region ist es sehr wichtig, ein eigenes Haus zu haben, um bei den Eltern ausziehen und eine Familie gründen zu können, erklärt Marian. Die beiden beschlossen, dass Rosmer in die USA einreisen sollte, um dort nach einer Arbeitsstelle zu suchen und politisches Asyl zu beantragen – keine ungewöhnliche Entscheidung. Mehr als sieben Millionen Menschen sind in den letzten Jahren aus Venezuela geflohen. Ein Verwandter Marians in den USA brachte sie schließlich mit Bootsführern in Kontakt, die Kolumbien heimlich verlassen und Menschen in Nicaragua absetzen, damit sie von dort aus zu Fuß unentdeckt in die USA einreisen können. Von Nicaragua wollte Rosmer möglichst unentdeckt weiter nach Mexiko gelangen. Ein Visum für Mexiko oder die USA zu beantragen, stand für die Familie außer Frage. Für Mexiko etwa kostet ein Visum für Venezolaner*innen derzeit mehrere hundert Euro.

Auf dem Weg in die USA haben 2023 über eine halbe Million Menschen den Darién-Wald zwischen Kolumbien und Panama durchquert. Bewusst entschied sich Rosmer für die Route über die Karibische See und gegen den Fußweg durch Mittelamerika. Der Darién ist ein Streifen von etwa 100 Kilometern unerschlossenen Regenwaldes. Unzählige Berichte beschreiben, wie Migrierende im Darién verschwunden sind, nachdem sie auf Raubtiere und kriminelle Organisationen getroffen waren. Der Familie war bekannt, dass der Weg lebensgefährlich sein kann. Doch auch der Seeweg über San Andrés, den die Bootsführer in kleinen umgebauten Fischerbooten zurücklegen, ist nicht sicher.

Zwischen 900 und 1.400 Dollar kostet ein „Reisepaket” bis an die Grenze der USA. Das Geld der Familie reichte nicht aus, um die Fahrt für 4 Personen zu finanzieren, also reiste Rosmer zunächst allein. Anfang Oktober 2023 brach er mit Marians Cousin, Gonzalo, aus ihrer gemeinsamen Heimatstadt Guanare auf.
Das letzte Mal kommunizierten Rosmer und Marian am Samstag, den 21. Oktober 2023, auf einem geliehenen Telefon. Um 19 Uhr schrieb er auf Whatsapp: „Heute gehen wir auf die Reise, aber ich werde dir später schreiben.“

Mehr als sieben Millionen Menschen sind in den letzten Jahren aus Venezuela geflohen

Zeug*innen zufolge ist die Gruppe schließlich gegen 21 Uhr in See gestochen. Als Marian und ihre Familie auch nach Sonntag keine Nachricht von ihren Verwandten erhielten, schrieben sie erneut Nachrichten an dieselbe Whatsapp-Nummer, die nicht mehr ankamen. Schließlich erreichten sie Nachrichten aus Kolumbien. Zwei Boote seien in San Andrés verloren gegangen, von denen eines sehr voll mit Menschen gewesen sei, was die Behörden im Nachhinein bestätigten.

Inzwischen hat die kolumbianische Behörde für die Verteidigung der Menschenrechte eine Kommission aufgestellt, die den Fall untersuchen soll. Sie forscht nach dem Verbleib von mindestens 4 weiteren Booten, die zwischen 2022 und 2023 verschwunden sind. Die Zahl der Vermissten erreicht mindestens hundert Personen, etwa 900 mussten im selben Zeitraum aus einem Schiffbruch gerettet werden.

Fortwährende Ungewissheit über die Schicksale der Verwandten

Im Oktober 2023 haben die USA Venezuela zum „sicheren Herkunftsland“ erklärt. Caracas und Washington hatten dieses Übereinkommen gefunden, nachdem einige der US-Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela aufgehoben worden waren. Mit dem Argument, Geflüchteten eine Rückkehr in ein sicheres Land zu ermöglichen, hat Caracas von Washington in der Folge einige Unterstützungszahlungen erhalten. Schon seit_Mai führt das Ministerium für Innere Sicherheit wieder direkte Abschiebeflüge nach Caracas durch, über 13.000 Menschen sind bis zum Dezember 2023 deportiert worden. Auch Kolumbien und Peru haben kürzlich Übereinkommen zu beschleunigten Abschiebeverfahren für Venezolaner*innen mit Caracas getroffen. Beispielsweise können venezolanische Staatsangehörige aus Peru nun innerhalb von 48 Stunden abgeschoben werden. 263.000 Venezo­laner*innen überquerten 2023 die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Sie fliehen vor Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt und organisierter Kriminalität. Menschenrechtsorganisationen wie Alerta Venezuela erklären, dass Venezuela alles andere als ein sicheres Herkunftsland ist.

Marian Santaella hat zu Redaktionsschluss noch immer keine Lebenszeichen von ihrem Mann erhalten. Sie wartet auf eine Nachricht der kolumbianischen oder nicaraguanischen Behörden. Inzwischen wurde ein Beutel mit_8 venezolanischen Pässen vor der Küste Nicaraguas angespült. Auch die Pässe von Rosmer Alberto Mujimac Parra und Gonzalo de Jesus Mendez Torres waren darin. Eine weitere seltsame Begebenheit ereignete sich nach dem Verschwinden des Bootes. Marians Familie verfolgte den Online-Status ihrer Verwandten und schrieb Nachrichten auf Facebook. „Mein Mann hat nicht geantwortet, aber mein Cousin schon, und er hat nur mit Emojis auf unsere Fragen geantwortet, nie mit echten Worten“, sagt Marian.

Im Dezember deckten die kolumbianischen Behörden ein Schleppernetzwerk in San Andrés auf, das Migrierenden Überfahrt und Einreise nach Nicaragua organisierte. Dem Netzwerk La Agencia gehörten auch verschiedene Grenzbeamt*innen in Nicaragua und Kolumbien an.

„Wir schließen aus, dass es ein Schiffsunglück gab“, erklärt Marian, „Das Meer spuckt immer aus, was es verschluckt hat. Und wenn es dort Haie gegeben hätte, würden wir mehr Spuren von ihnen finden, ihre Schwimmwesten oder vielleicht weitere Taschen.” Wenn es ein Schiffsunglück gegeben hat und die Telefone ins Wasser gefallen sind, warum war Gonzalo de Jesus dann online und hat mit Emojis auf Nachrichten geantwortet? Was ist mit Rosmer und Gonzalo passiert?

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Raus aus dem Teufelskreis

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Flucht im Innland Zurück bleiben Häuser, die von Kriminellen genutzt werden – Rückkehr ausgeschlossen (Foto: Peg Hunter via Flickr, CC BY-NC 2.0 Deed)

„Meine Tochter war ein glückliches 15-jähriges Mädchen, bis es vom Bürgermeister der Nachbarstadt vergewaltigt wurde.“ So nüchtern wie krude beginnt der Bericht von Sofía Sánchez (Name geändert). Sofía lebte mit ihrem Partner und fünf Kindern in einem Dorf in den Bergen im Osten von Honduras, über drei Stunden mit dem Bus bis zur nächstgrößeren Stadt.

„Wir besaßen ein kleines Haus aus Lehmsteinen und ein Feld, auf dem wir Zwiebeln, Tomaten und Chili anbauten. Manchmal ernteten wir auch Kaffee auf verschiedenen Plantagen. Meine Tochter war in der fünften Klasse, als eine Bekannte sie bat, ihr Kind in der Stadt zu hüten: Eine Woche für 4.500 Lempiras, knapp 170 Euro. Das ist viel Geld für uns, deshalb war ich einverstanden. Aber als meine Tochter – ohne Geld – zurückkam, weinte sie oft und war sehr schweigsam. Erst einige Zeit später vertraute sie einer Freundin an, dass sie von der Bekannten gezwungen wurde, Medikamente einzunehmen und danach vom Bürgermeister in einem Stundenhotel mehrfach vergewaltigt wurde.“

Sexuelle Gewalt ist nur ein Grund für die Binnenflucht. Dazu kommen weitere Gründe, wie Schutzgelderpressung, Zwangsrekrutierungen durch kriminelle Banden, Klima- und Wetterereignisse, Vertreibung durch Landinvasion und Morddrohungen. Dass es oft nicht bei Drohungen bleibt, zeigt die aktuelle Statistik der nationalen Universität UNAH am Beispiel der Femizide. Alle 22 Stunden wird in Honduras eine Frau umgebracht, 95 Prozent dieser Morde bleiben straffrei.

Sofía wollte nicht, dass der Vergewaltiger ihrer Tochter, eine einflussreiche und wohlhabende Person der Nationalpartei, straffrei bleibt. „Ich möchte verhindern, dass weitere Mädchen Opfer dieses Perversen werden. Einige Wochen später rief mich die Bekannte an und sagte, meine Tochter solle in die Stadt kommen, um ihren Lohn abzuholen. Als ich mich weigerte und erklärte, ich würde den Bürgermeister anzeigen, lachte sie mich aus. Nach einiger Zeit ging ich zur Polizei und schließlich zur Staatsanwaltschaft. Kurz darauf begannen die telefonischen Drohungen nach dem Muster ‘Wir werden euer Haus anzünden und euch alle erschießen.‘ Daraufhin flohen wir im Morgengrauen nach Tegucigalpa, ins Haus eines Cousins. Wir konnten nichts mitnehmen außer unseren Kleidern.“

Binnengeflüchtete stehen oft ganz plötzlich vor dem Nichts. Karen Valladares ist die nationale Koordinatorin von Cristosal Honduras, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte der internen Vertriebenen einsetzt und sie bei Behördengängen, aber auch ganz praktisch mit Lebensmitteln, Kleidern und einer Unterkunft unterstützt. „Oft werden intern Vertriebene in ihrem neuen Umfeld mit Argwohn betrachtet und ausgestoßen, was ihre Lage zusätzlich erschwert“, erläutert Karen Valladares. Binnenflucht bedeutet, dass der Kontakt zum gewohnten Umfeld abbricht, der Bildungsprozess oft für lange Zeit unterbrochen wird und, dass Kinder und Erwachsene dringend psychologische Unterstützung benötigen, um ihre Traumata zu behandeln.

Sofía wohnt jetzt in einem Stadtviertel Tegucigalpas mit einer hohen Kriminalitätsrate. „Wir sind hier praktisch gefangen. Als ich zum ersten Mal die Sonderstaatsanwaltschaft für Kinder und Jugendliche suchte, verirrte ich mich, aber ich gab nie auf. Besonders als klar wurde, dass meine Tochter schwanger war. Durch die Kinderschutzbehörde wurde sie gegen meinen Willen in ein Heim eingewiesen, als ich dort die Vergewaltigung anzeigte. Sechs Wochen lang wusste ich nicht, wo sie war. Als das Baby auf die Welt kam, sah ich sie im Krankenhaus wieder. Aber erst nach der Festnahme des Bürgermeisters wurde sie aus dem Kinderheim entlassen, mit der Auflage, das Haus nicht zu verlassen.“

Nach einigen Tagen in einer Militärbasis kam der Bürgermeister jedoch auf Kaution frei. Seine Komplizin, Sofías Bekannte, ist wegen Menschenhandels noch im Gefängnis, denn sie soll Geld für Sofías Tochter erhalten haben. Sofía glaubt, dass drei weitere Mädchen aus ihrem Dorf Opfer des Bürgermeisters wurden, ihre Eltern jedoch aus Furcht schweigen – oder Geld erhalten. Sofía erzählt, dass auch ihr ein Unbekannter Geld für ein neues Haus angeboten habe, um im Gegenzug die Anzeige zurückzuziehen. Das habe sie abgelehnt.

Sofías Mut ist groß, reicht jedoch für die Rückkehr in ihr Dorf nicht aus. Die Gefahr, dass sie oder ihre Familie erneut Gewalt erfahren, ist zu groß. Ihr Haus verfällt, das Feld ist schon verdorrt. Jetzt lebt die Familie vom bescheidenen Gehalt von Sofías Partner und der Hilfe einiger Angehöriger. In der Zukunft möchte die 41-Jährige zu Hause Tortillas und Mittagessen verkaufen und ihrer Tochter eine Lehre als Kosmetikerin ermöglichen.

Kathryn Lo, Repräsentantin des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in Honduras, ist nicht überrascht, dass die Binnengeflüchteten in erster Linie Hilfe bei ihren Familien suchen. „Viele sind auch nach der Flucht im Inland in Gefahr und wollen möglichst unsichtbar bleiben. Sie sind traumatisiert von Gewalt und brauchen Zeit und Unterstützung für einen Neuanfang.“

Dabei soll den Betroffenen das „Gesetz zur Prävention, Betreuung und Schutz der Binnengeflüchteten“ helfen. Dieses wurde bereits im Dezember 2022 vom Nationalkongress verabschiedet und befindet sich jetzt in der Umsetzungsphase. In einem breit angelegten Konsultationsprozess arbeiten 28 staatliche Stellen mit der Zivilgesellschaft zusammen, um die Gewalt, die der Hauptgrund der Binnenflucht ist, zu bekämpfen. Der Schutz und die Betreuung von Opfern ist ein weiteres Ziel. Eine riesige Aufgabe, denn Honduras gehört trotz einer signifikanten Verringerung der Mordrate noch immer zu den gefährlichsten Ländern Lateinamerikas. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zählte zwischen 2004 und 2018 über 247.000 Binnenvertriebene in Honduras. Das entspricht fast fünf Prozent aller Haushalte.

Familien, die wegen der Bandengewalt fliehen müssen, hinterlassen Stadtbezirke, in denen leere Häuser und geschlossene Geschäfte das Straßenbild prägen. Die wenigen Bewohner*innen sind Alte und Kinder, ständig beobachtet von jungen Spähern der Gangs, die an strategischen Stellen sitzen und per Handy alles melden, was auf den Straßen passiert. Die leerstehenden Häuser werden von den Kriminellen besetzt und im schlimmsten Fall als casas locas (verrückte Häuser) benutzt, in denen die Banden foltern und morden. Die Polizei beschränkt sich darauf die Fälle in den Medien öffentlich zu machen. Strafverfolgung gibt es praktisch nicht. Schließlich leben viele Polizist*innen selbst in Gegenden mit Gang-Präsenz. Kinder ab 10 Jahren sind in Gefahr schleichend in Banden rekrutiert zu werden und junge Erwachsene aus diesen Stadtbezirken bekommen oft keine Arbeit, weil sie wegen ihres Wohnorts stigmatisiert sind. Ein Teufelskreis, aus dem oft nur die Flucht hilft.

Im Rahmen des 81 Artikel umfassenden Gesetzes wurde das Nationale Auffangsystem für Binnenflucht gebildet. Es soll sicherstellen, dass die Betroffenen einen rechtlich abgesicherten Weg finden, um Schutz und Unterstützung durch den honduranischen Staat zu erhalten. Binnenvertriebene haben explizit das Recht auf Vorzugsbehandlung in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Unterkunft und Arbeit sowie auf die Rückgabe ihres Eigentums und die Verlängerung von Kreditlaufzeiten. Das Auffangsystem verfügt laut Gesetz über ein jährliches Budget von umgerechnet sechs Millionen Euro. Bisher wurde jedoch kein Cent davon ausgegeben. Wie so oft fehlt es am politischen Willen.

„Leider lässt der Staat bisher seine Bürger allein, das Gesetz muss dringend umgesetzt werden“, bringt es Clarissa Caballero auf den Punkt. Sie ist Anwältin und Sachbearbeiterin für intern Vertriebene von Conadeh, der staatlichen Menschrechtskommission von Honduras. „Allein 2021 erhielten wir 917 Anzeigen wegen interner Vertreibung, welche 2.529 Personen betraf. Viele von ihnen stammen aus Gebieten mit hoher Banden-Präsenz. Mithilfe von Nichtregierungsorganisationen und den Vereinten Nationen helfen wir ihnen mit einer temporären Unterkunft, Jobs und juristischer Beratung.“

Sofía Sánchez kennt den Prozess um das neue Gesetz nicht. Sie glaubt aber, dass der Staat die Aufgabe hat, vertriebene Personen wie sie zu schützen und ihnen zu helfen, ein neues Leben in Honduras zu beginnen. Illegal Honduras zu verlassen ist bisher keine Option für sie, aber sie kann sich vorstellen, im Ausland Asyl zu beantragen. „Die Perspektivlosigkeit der Binnengeflüchteten und die komplizierten Prozesse führen dazu, dass ein Teil von ihnen die Hoffnung verliert und illegal emigriert“, fasst Karen Valladares von Cristosal Honduras zusammen.

Sind Binnengeflüchtete Kandidat*innen für Asyl im Ausland? Ja, sagt Clarissa Caballero von Conadeh, die Gewaltopfer beim Asylgesuch in Ländern wie Guatemala, Mexiko und den USA begleitet und Notpässe beantragt. Mittlerweile ist Honduras das Land mit den meisten Asylsuchenden in Mexiko, über 40.000. Der Vorteil dabei ist, dass sie während des Verfahrens nicht ausgewiesen werden können. Das Ziel der meisten bleiben die USA.

Die Gewalt ist in Honduras auf kriegsähnlichem Niveau. Mädchen, Frauen, Familien in Gebieten unter der Kontrolle von kriminellen Banden, Menschenrechtsaktivist*innen und Journalist*innen leben besonders gefährlich. Die Dynamik der Flucht vor der Gewalt – sei es im Inland oder ins Ausland – ist unaufhaltsam. Die Umsetzung des Gesetzes zur Prävention, Betreuung und Schutz der Binnengeflüchteten wird ein wichtiger Schritt sein, um Tausenden von Gewaltopfern eine Perspektive in Honduras zu geben und zu zeigen, dass sich der Staat um die Menschenwürde seiner verletzlichsten Bürger*innen sorgt.

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Kinder und Alte bleiben zurück

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Wird auch in Berliner U-Bahnhöfen beworben Anbieter zum Verschicken von remesas (Foto: Theresa Utzig)

Alle zwei Wochen fährt Julissa Gómez aus dem Dorf Ticamaya nach San Pedro Sula. Dort holt sie bei einer Bank den Gegenwert von 125 US-Dollars in der honduranischen Währung Lempira ab. Das Geld schickt ihr Mann, Elbin Antony, der vor vier Monaten illegal in die USA gereist ist. Der 26-Jährige lebt dort in New Jersey bei seinem Vater, den er über 20 Jahre lang nicht gesehen hat. Zunächst arbeitete Elbin in einem Supermarkt, jetzt als Tellerwäscher in einem Restaurant. Julissa erzählt: „Das Geld verstecke ich gut in der Hosentasche und kaufe dann sofort Lebensmittel und die Pulvermilch für meine beiden Kinder. Letzten Monat musste ich auch viel Geld für Medikamente ausgeben, weil sie unter Eisenmangelanämie leiden.“

Wie Julissa geben über 80 Prozent der Empfänger*innen ihre remesas für grundlegende Lebenshaltungskosten aus. Kein Wunder, denn in Honduras kosten allein die Lebensmittel für eine fünfköpfige Familie mehr als der Mindestlohn. Darüber hinaus müssen Patient*innen in den öffentlichen Krankenhäusern viele Medikamente selbst bezahlen, Lehrer*innen verlangen Schulmaterial und oft auch Geld von den Eltern. Auch die Mieten sind nach der Pandemie stark gestiegen.

Laut einer aktuellen Studie der honduranischen Zentralbank vom August 2023 sind die Rücküberweisungen das einzige Einkommen für weit über ein Drittel der Familien, die sie erhalten. So auch für Julissa, denn sie arbeitet nicht, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Immerhin lebt sie mietfrei im Haus ihrer Geschwister.

„Das Geld der Auslandshonduraner*innen hält das Land über Wasser“, fasst der junge Ökonom der Arbeitgeberorganisation COHEP, Alejandro Kaffati, die Situation zusammen. Im Jahr 2022 betrugen die remesas 8,68 Milliarden US-Dollars. Das entspricht einem guten Viertel des Bruttoinlandproduktes, was wiederum dem Wert aller Exporte außer Textilien entspricht. Dieses Jahr werden die Überweisungen der Auslandshonduraner*innen vermutlich erneut um gut 7 Prozent wachsen. Fast 24 Millionen US-Dollars werden jeden Tag durch die Rücküberweisungen in die Wirtschaft gepumpt. Das ist ein Segen für den Handel überall im Land: Von kleinen Lebensmittelläden, Kleidergeschäften und Restaurants über Dienstleistungen wie Schönheitssalons und Werkstätten bis hin zu nationalen Ketten, die Haushaltsartikel und elektronische Geräte vertreiben, oft auf Kredit. „Diese wirtschaftliche Dynamik trägt zum Wirtschaftswachstum von rund 4 Prozent bei, denn neben den vielen importierten Artikeln werden auch einheimische Produkte konsumiert. Dazu kommen Löhne für die Angestellten, die ebenfalls konsumieren“, erklärt der Ökonom und Universitätsdozent Rafael Delgado.

Nicht nur für die Empfänger*innen und die Wirtschaft sind die remesas lebenswichtig, sondern auch für den honduranischen Staat: Er kann den Wechselkurs der Landeswährung Lempira gegenüber dem US-Dollars stabil halten, indem er Devisenvorräte anhäuft. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich der Druck auf das öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem verringert. Alejandro Kaffati schätzt, dass ohne die Rücküberweisungen der Anteil der Armen in Honduras von aktuell 71 Prozent auf 80 Prozent steigen würde. Ein Anstieg an Menschen in finanziellen Notlagen hätte unweigerlich noch größere soziale Konflikte zur Folge, in einem Land mit hoher Kriminalität und einem fragilen sozialen Netz.

Obwohl alle Regierungen das Sozialbudget kontinuierlich erhöht haben, lag das Land im Menschlichen Entwicklungsindex der UNO 2022 bloß auf dem 137. Platz von 191 evaluierten Ländern. Eine bessere Zukunft scheint also nur im Ausland möglich.

Sechs von zehn Auslandshonduraner*innen, die remesas an ihre Familie schicken, tun das monatlich und überweisen mit 467 US Dollars etwas mehr als den honduranischen Mindestlohn. Fast die Hälfte von ihnen lebt seit über 20 Jahren in den USA. Ein großer Teil der honduranischen Arbeiter*innen in den USA ist im Service-Sektor tätig: Sie sind Putzpersonal in Hotels oder Angestellte in Restaurants und Altenpflege, Männer arbeiten oft im Baugewerbe. Laut der bereits erwähnten Studie der Honduranischen Zentralbank verdienen Auslandshonduraner*innen durchschnittlich rund 3.000 US-Dollars pro Monat und setzen zwischen 8 Prozent und 14 Prozent ihres Einkommens für Rücküberweisungen an ihre Angehörigen in der Heimat an. Dazu kommen Überweisungen in Notfällen sowie für spezielle Anlässe und große Pakete mit Kleidern und Geschenken zu Weihnachten.

„Wer remesas bekommt, hat meist keine Alternative”

Macht Geld, für das die Menschen nicht selbst arbeiten, faul? „Nein“, sagt José Manuel Pineda, Vizepräsident der Nationalen Entwicklungs-stiftung von Honduras (FUNADEH). „Wer remesas bekommt, hat meist keine Alternative, denn er findet keinen Job, ist alt oder krank oder kümmert sich um die zurückgebliebenen Kinder. Es gibt einfach nicht genug Jobchancen, die wenigen Stellen sind zudem sehr schlecht bezahlt.“

Julissa will nicht illegal emigrieren, weil das Risiko, dass ihr auf dem beschwerlichen Weg durch Mexiko etwas zustößt, zu groß sei: „Unser Ziel ist es, Geld für ein kleines Restaurant zu sparen und es dann gemeinsam zu führen.“ Falls das nicht klappt, ist sie sich bewusst, dass die Familie möglicherweise viele Jahre lang getrennt leben wird, nimmt das aber auf sich. Um sie herum geht es vielen so.

Óscar Bautista ist Kaffeeproduzent und Bürgermeister von Santa Rita, einer Gemeinde im Departamento Santa Bárbara im Westen des Landes. Er schätzt, dass 90 Prozent der circa 4.000 Einwohner*innen von Santa Rita Angehörige im Ausland haben, die ihnen remesas schicken. „Das sieht man an neuen Häusern, mehr Autos sowie Investitionen in die Plantagen. Aber da es fast keine jungen Leute mehr gibt, fehlt es an Arbeiter*innen, besonders für die arbeitsintensive Kaffee-Ernte zwischen November und März. Die Landwirtschaft kann nicht wachsen, das wird in Zukunft zu höheren Lebensmittelimporten führen“, befürchtet Bautista. Zurück bleiben die Älteren, die dank des Geldes der Migrant*innen einigermassen würdevoll leben können.

Getrennte Familien sind der soziale Preis, den Länder bezahlen, aus denen viele Menschen emigrieren. Dazu kommen weitere negative Aspekte der Rücküberweisungen, so dass sie von vielen Ökonomen sogar als Falle bezeichnet werden. In erster Linie sinkt die Produktivität und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgrund fehlender Arbeitskräfte in allen drei wirtschaftlichen Sektoren sowie Investitionen in Firmen aller Art. Besonders junge Leute aus ruralen Gebieten verlassen das Land in Scharen und setzen ihre Arbeitskraft in den Ländern des globalen Nordens ein. Dazu kommen immer mehr Fachkräfte, die aufgrund fehlender Perspektiven – sprich Weiterbildung, adäquate Löhne und bessere Lebensqualität – auswandern. Dank ihnen kommen viele Devisen ins Land, von denen ein Teil in importierte Güter investiert wird. Das erhöht kurzfristig die Lebensqualität, trägt aber nicht zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei, das zusammen mit gerechteren Strukturen den Exodus aus Honduras zumindest etwas verringern würde.

Der Staat ermutigt die Migration dabei durch offizielle Programme

Rafael Delgado bringt es so auf den Punkt: „Die remesas erlauben einer gewissen Bevölkerungsschicht eine Bequemlichkeit, die längerfristig aber fatal ist und immer mehr Personen dazu motiviert, ebenfalls zu emigrieren.“ Der Staat ermutigt die Migration dabei durch offizielle Programme. Fernseh- und Radiospots, die vor den vielen Gefahren auf der Route durch Mexiko warnen und von der Behörde für Entwicklungszusammenarbeit der US-Regierung bezahlt sind, werden praktisch ignoriert. Zu groß sind die Not und der Traum von einer besseren Zukunft und dieser beinhaltet auch die Hilfe an die „daheimgebliebenen“ Familienmitglieder.

Ein konkreter Weg aus der Falle der Rücküberweisungen wären laut Alejandro Kaffati spezifische Kredite für die Empfänger*innen von remesas. Drei Viertel von ihnen verfügen zur Zeit nicht einmal über ein Bankkonto. Dennoch gibt es Personen, die über genug Geld für eine Investition wie ein Grundstück oder sogar ein Haus verfügen. „Durch Kredite mit niedrigeren Zinssätzen könnten Investitionen ermöglicht werden, beispielweise in Immobilien oder Kleinfirmen. Das stärkt Wirtschaftsbranchen wie das Baugewerbe, das bisher nur wenig von den remesas profitiert. So würde die Arbeitslosigkeit bekämpft und das Wohnungsdefizit verkleinert“, so Kaffati. Dafür ist ein gewisses Kapital sowie ein finanzielles Grundwissen nötig und eine klare Vision der Zukunft, die weit über das simple Konsumieren hinausgeht.
Mit größeren Investitionen in Bildung und Anreizen für neue, innovative Firmen kann der Staat die wirtschaftliche Dynamik erhöhen. Das allerdings setzt einen starken politischen Willen voraus, der die vierjährige Amtszeit einer Regierung überschreiten müsste. Nicht sehr wahrscheinlich in diesen Zeiten, wo sich nicht nur in Honduras die politische Rechte und Linke unversöhnlich gegenüberstehen.

Rafael Delgado schlägt daher vor, Modelle aus Mexiko zu übernehmen, wo der Staat auf verschiedenen Ebenen mit den remesa-Empfänger*innen zusammenarbeitet, um ihre Gemeinden zu stärken. So soll weniger konsumiert und mehr investiert werden – in soziale Infrastruktur wie Schulen, Gesundheitszentren, Wege und Trinkwasser, aber auch in ihre Häuser und Kleinstfirmen. Mexiko erhält nach Indien weltweit die meisten Rücküberweisungen.

Das ernüchternde Fazit ist, dass laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds keines der zehn Länder, die zwischen 1990 und 2017 in Relation zu ihrem Bruttoinlandsprodukt die meisten Rücküberweisungen erhielten, sein BIP pro Kopf im Vergleich zu Ländern mit weniger Rücküberweisungen steigerte. In der Mehrheit sind die Wachstumsraten der großen Empfängerstaaten sogar um rund einen Prozent geringer als die der vergleichbaren Länder. Zu den Staaten, die besonders von Rücküberweisungen profitieren, gehören neben Honduras auch Jamaika, Kirgisien, Nepal und Tonga. Es handelt sich also keineswegs um ein rein lateinamerikanisches Phänomen. Doch rund tausend Honduraner*innen verlassen ihr Land fast täglich auf der Suche nach besseren Chancen und diese Dynamik scheint unaufhaltbar.

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Digitale Mauer

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Warten auf eine App-Entscheidung Vor der Migrant*innenherberge Casa Tochan in Mexiko-Stadt (Foto: Lilia Tenango)

Mitten in der COVID-19-Pandemie, im Oktober 2020, führte der US-amerikanische Zoll- und Grenzschutz (CBP) die Smartphone-App CBP One ein, um die Migration stärker zu kontrollieren und zu reduzieren. Die neue Applikation wurde im Kontext zweier bestehender Immigrations- und Grenzmaßnahmen eingeführt, die die Migrationsdynamiken zu dem Zeitpunkt zentral bestimmen: Zum einen das binationale Abkommen Quédate en México („Bleib in Mexiko“, MPP) von 2019 bis 2022, zum anderen das zwischen 2020 und Mitte 2023 verordnete Gesundheitsgesetz, das als Title 42 bekannt ist. Unter dem MPP mussten Asylsuchende monatelang in Mexiko verweilen, während ihr Asylverfahren in den USA verhandelt wurde. Title 42 hingegen erlaubte es der US-amerikanischen Grenzbehörde, vornehmlich mexikanische und zentralamerikanische Menschen, die irregulär die US-amerikanische Grenze überquerten, direkt abzuschieben, ohne ihnen eine Chance auf ein Asylverfahren zu geben. CBP One ist somit ein weiteres Instrument zur Steuerung der Migration sowie zur Reduzierung von irregulären Grenzübertritten und heute das zentrale Tool, das Grenzübertritte reguliert.

Lupe Alberto Flores, Anthropologe an der Rice University in Houston, erklärt gegenüber LN, dass die App seit ihrer Einführung bereits für verschiedene Zwecke eingesetzt wurde. Sie kam schon während des MPP zur Anwendung, um Personen zu verifizieren, die in Mexiko auf ihren US-amerikanischen Asylbescheid warteten. Außerdem wurde die App 2021 zur Evakuierung von Menschen aus Afghanistan oder 2022 für die Einreise von Ukrainer*innen im Rahmen des humanitären Schutzprogramms Uniting for Ukraine genutzt. Venezolaner*innen können über die App unter bestimmten Bedingungen im Rahmen eines anderen humanitären Schutzprogramms ihre Asylanträge sogar schon in Venezuela stellen. Bei einem positiven Bescheid dürfen sie direkt mit dem Flugzeug in die USA einfliegen. Kurzum: Wer als Nicht-US-Amerikaner*in über den Landweg die Grenze überqueren will, braucht einen Termin. Dies ist vor allem für das Stellen eines Asylantrags relevant. Wer sich ohne diesen Termin in die USA begibt, kann mit einer Abschiebung und einem fünfjährigen Wiedereinreiseverbot rechnen.

Die App ist zunächst für jede Person mit Mobiltelefon frei erhältlich. Flores beschreibt die Funktionsweise der App als einen Filter: Sie fragt neben biometrischen Echtzeitfotos und allen persönlichen Daten auch nach Informationen zur bisherigen Reise. Menschen werden auf der Grundlage ihrer Selbstauskunft schon vor ihrem ersten Kontakt von den US-amerikanischen Grenzbeamt*innen auf frühere Verurteilungen oder Straftaten überprüft. Außerdem fragt die App stets den aktuellen Standort ab. Dies ist insofern relevant, da die App grundsätzlich erst nördlich von Mexiko-Stadt funktioniert – was bedeutet, dass Menschen auch erst einmal bis dorthin kommen müssen. Wer einen Termin bekommt, darf Mexiko in der Regel ungehindert durchqueren. Berichten von Betroffenen und Organisationen zufolge fordern mexikanische Beamt*innen dennoch häufig Geld für die Weiterreise auf dem Landweg.

Flores erklärt, dass CBP One somit eine „logistische“ Technologie ist, die zwar einerseits die Einreise erleichtert, gleichzeitig aber eine verschärfte Kontrolle der Immigration bedeutet und umsetzt. Laut Flores konnten, Stand August dieses Jahres, 90 Prozent der Asylsuchenden mit Termin die Grenze überqueren, um ihren Asylantrag in den USA zu stellen. Weil sie ebenjene Möglichkeit zur legalen Einreise in die USA bietet, ist die App unter den Menschen im Transit begehrt. Ein Mann aus Usbekistan sagt gegenüber LN darüber in Tijuana: „Du kannst die App hier einfach herunterladen und damit in die USA einreisen. Das ist cool. Du brauchst kein Visum und sie akzeptieren dich einfach“.

App mit Lotteriecharakter

Problematisch wird es für Personen, die kein Mobiltelefon besitzen oder deren Telefone die technischen Voraussetzungen der App nicht erfüllen. Hinzu kommt, dass viele Menschen im Transit durch verschiedene Städte und Länder oftmals nur eingeschränkten oder gar keinem Zugang zum Internet haben. Flores beschreibt die Terminbeantragung darüber hinaus als ein Labyrinth, bei dem verschiedene Wege zum Ziel führen können. Allerdings können technische Fehler oder fehlerhaft eingegebene Informationen genauso in eine Sackgasse führen. Diese Momente verursachen enorme Stresssituationen, da in solchen Fällen ganze Registrierungen gelöscht und erneuert werden müssen. Die Psychologin der Migrant*innen-Herberge Casa Tochan in Mexiko-Stadt, Janett De Jesús, betont im Interview mit LN, dass sich die CBP One-App erheblich auf die Psyche der Menschen auswirke. Abseits der Zufriedenheit darüber, eine legale Möglichkeit zu haben, in die USA einzureisen, kommen zunehmend Frust und Verzweiflung auf. Hervorgerufen werden diese von vielen technischen und strategischen Unsicherheiten, aber auch von den zahlreichen Gerüchten zur aktuell verbreiteten erfolgreichen Vorgehensweise. Viele Menschen können auch die Tragweite ihrer eingegeben Daten nicht einschätzen. Die App machte zudem schon zu Beginn Schlagzeilen, weil die damit aufgenommenen Echtzeitfotos Menschen mit dunkler Haut oftmals nicht erkennen.

Ein zusätzlicher Frustfaktor ist der willkürliche Lotteriecharakter, der für die Menschen eine große Belastungsprobe bedeuten kann. Flores erklärt, dass die Auswahl für die Termine zweispurig erfolgt: 50 Prozent der Anfragen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, die Logik der Vergabe der anderen 50 Prozent erfolgt nach dem Registrierungsdatum. Die Wartezeiten variieren somit stark und reichen von wenigen Tagen oder Wochen bis hin zu mehreren Monaten – für Menschen in prekären Situationen eine sehr lange Zeit. Darüber hinaus leiden sie unter der täglichen Ungewissheit darüber, wie lange sie noch warten müssen. Die Wartezeit ist daher nicht nur mit Geduld und Nerven, sondern im Zweifel auch mit erheblichen Kosten und Gefahren in Mexiko verbunden.

Wer nicht mehr warten kann, entscheidet sich, irregulär weiter Richtung Norden zu reisen. Die Psychologin De Jesús berichtet: „Der Grad der Verzweiflung ist so groß, dass die Menschen bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, um den Termin tatsächlich zu bekommen. Dies impliziert, wieder auf bekannte Migrationswege wie den Zug zu setzen, auf denen die Personen Gefahren wie Überfällen, Entführungen, oder Unfällen ausgesetzt sind.“ Als Reaktion auf den Anstieg irregulärer Grenzübertritte im September haben die USA und Mexiko gemeinsam weitere Abschreckungsmaßnahmen beschlossen. Unter anderem sollen Menschen, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in den nordmexikanischen Grenzstädten aufhalten, verstärkt in ihre Herkunftsländer abgeschoben und die Nutzung von Güterzügen als Transportmittel unterbunden werden.

Durch die „neue” Situation, die sich durch die App ergibt, müssen auch die Migrant*innenherbergen ihre Arbeit mit und für die Menschen im Transit anpassen. Dazu gehört, dass sich Mitarbeiter*innen und Freiwillige mit der CBP One-App und ihren Funktionen vertraut machen, denn die Nachfrage nach Unterstützung bei der Registrierung ist groß. Maricela Reyes, die in der Casa Tochan arbeitet, betont im Interview mit LN, dass dies gar nicht so einfach sei, da die Funktionsweise der App ständig verändert wird. Weiter führt sie aus, dass die Herberge ständig am Limit arbeite. Denn obwohl Casa Tochan lediglich für 46 Bewohner*innen mit Betten ausgestattet ist, beherbergt sie weit mehr Menschen: Mitte September waren es um die 150 Menschen, für die die Mitarbeiter*innen zeitweise sogar ein großes Zelt vor dem Eingang aufstellen mussten, damit sie die Nacht dort verbringen konnten. Die Direktorin der Migrant*innenherberge, Gabriela Hernández, erklärt gegenüber LN, dass es dringend politische Maßnahmen seitens des mexikanischen Staates brauche, um diesen Menschen während ihrer Wartezeit eine temporäre Aufenthaltserlaubnis zu geben: „Wenn sie ein humanitäres Visum hätten, dürften sie arbeiten. Dann könnten sie in Ruhe arbeiten und sich unabhängig machen, Miete zahlen und auf ihren Termin warten. Das wäre eine weitere Möglichkeit, die Überfüllung der Herbergen zu beenden. Stattdessen setzt die Regierung darauf, Menschen an der irregulären Reise in die USA zu hindern und sie abzuschieben.” Die mexikanische Regierung selbst äußerte sich positiv über die Möglichkeit der legalen Grenzüberquerung mithilfe der CBP One-App. So auch Präsident López Obrador im August in einem Brief an den US-amerikanischen Präsidenten Biden.

Menschenrechtler*innen und Betroffene klagen gegen die App

Wie sich die Situation zukünftig entwickeln wird, ist ungewiss. Erstens bleibt die Frage offen, inwiefern die großen Mengen an gesammelten Daten der CBP One-Nutzer*innen zukünftig verwendet werden. Zweitens wartet auf diejenigen, die mit der App die Grenze überqueren, in den USA der Gerichtsprozess, in dem endgültig über ihr Asylersuchen geurteilt wird. Drittens ist ungeklärt, ob der Einsatz der App im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Asylrechtrechtswidrig ist und in dieser Form überhaupt bestehen bleiben kann. Menschenrechtsorganisationen und Asylbewerber*innen haben gegen dieses Vorgehen gemeinsam Klage eingereicht.

Die neue US-amerikanische Strategie im Namen einer „sicheren, geordneten und regulären Migration” schafft somit zwar eine legale Möglichkeit der Einreise in die USA, doch sie schränkt das Recht auf Asyl ein. Die damit verbundenen Kosten und Risiken tragen die Personen im Transit, die sich gezwungen sehen, im für sie unsicheren Mexiko einen längeren Zeitraum auszuharren. Außerdem fällt die größte Arbeitslast auf zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen in Mexiko, die an vorderster Front für eine menschenwürdige Behandlung und Wahrung der Menschenrechte von Migrant*innen und Geflüchteten kämpfen. Flores zufolge ist mit der App zur physischen Mauer nun noch eine digitale Mauer hinzugekommen, die es erst einmal zu überqueren gilt, um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können. Letztlich handelt es sich um eine weitere Externalisierungsmaßnahme der USA, um die Migrationen Richtung Norden schon in Mexiko zu kontrollieren.

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Abwanderung der Gehirne

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Grafik , CCO 1.0 Universal)

In Honduras ist die öffentliche Gesundheitsversorgung katastrophal. Es fehlt an allem, von Medikamenten über funktionierende Geräte bis hin zu ausreichend Betten und Personal. Die Folgen davon bekommen in erster Linie die Patient*innen zu spüren, die auch teure Medikamente aus eigener Tasche bezahlen (sofern sie oder ihre Familie dazu in der Lage sind) und monatelang auf einen Termin für eine Fachärzt*innenbehandlung in den großen Städten warten müssen. Nicht alle Kranken überleben diese Tortur.

Aber auch Ärzt*innen leiden unter dem defizitären Gesundheitssystem. Sie klagen über zu viele Patient*innen, 24-Stunden-Schichten alle vier Tage im Sozialdienst, niedrige Löhne sowie erniedrigenden Umgang vonseiten ihrer Vorgesetzten. Oft muss das Gesundheitspersonal monatelang auf den Lohn warten. Manchmal ist es dann sogar notwendig, zu streiken, was das Leiden der Bevölkerung zusätzlich vergrößert.

„Das Gesundheitssystem von Honduras liegt mit einer negativen Prognose auf der Intensivstation“, ist das bittere Fazit der Koordinatorin der Studienrichtung Medizin der nationalen Universität in San Pedro Sula, Patricia Elvir.

Kein Wunder, dass die Ärzt*innen, die unter derart schwierigen Umständen Patient*innen behandeln müssen, frustriert sind. Zu den allgemeinen Problemen im System kommen die wenigen Chancen für eine Facharztausbildung. Es gibt nur ganz wenige Stellen für Fachärzt*innen im staatlichen Gesundheitssystem. Immer mehr junge Mediziner*innen, die vor Kurzem an der öffentlichen Universität UNAH promovierten, lernen jetzt Deutsch mit dem Ziel, möglichst bald in Deutschland eine Fachärzt*innenausbildung zu absolvieren und dann in einem Krankenhaus oder einer Klinik zu arbeiten.

Josué Pérez ist ein Arzt aus Santa Rosa de Copán im Westen von Honduras, der vor sieben Monaten den Schritt nach Deutschland gewagt hat. Zuvor führte er eine kleine Klinik für Familienmedizin in der Kleinstadt Quimistán. Am Humboldt-Institut in San Pedro Sula erwarb er das B2-Deutschzertifikat und ist zur Zeit im Approbationsverfahren in Essen. „Schon als Kind wollte ich in einem hochentwickelten Land studieren. Mein Ziel ist es, möglichst bald die Facharztausbildung in Neurochirurgie zu beginnen“, erklärt der 32-Jährige. Rückkehr nach Honduras? Wohl nie mehr. „Meine Frau ist auch Ärztin, wir wollen langfristig in Deutschland bleiben und die Chancen hier nutzen“, fasst Josué zusammen.

Josué ist bei Weitem nicht allein: Die Bundesärztekammer registrierte Ende 2022 insgesamt 121 zugelassene Ärzt*innen aus Honduras, ein Plus von 23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es darf davon ausgegangen werden, dass ihre Zahl in Zukunft weiter steigen wird, denn Dutzende Mediziner*innen aus Honduras befinden sich bereits im Approbationsverfahren, andere sind jetzt auf dem Sprung nach Deutschland.

Ärzt*innen und Pflegepersonal werden aktiv aus Deutschland angeworben

Wer über das notwendige Geld verfügt, wird bei der Einwanderung nach Deutschland von einer Agentur wie Intermed Personal GmbH in Wuppertal umfassend betreut. Ihre Website ist auf Pflegekräfte, besonders Krankenpfleger*innen aus Honduras, spezialisiert und spricht interessiertes „personal de salud“ (Gesundheitspersonal) direkt auf Spanisch an, während die Sektion „Arbeitgeber“ gut ausgebildetes und zuverlässiges Pflegepersonal auf Deutsch anbietet. Patricia Schuler-Hoffmann ist die Geschäftsführerin. In Honduras aufgewachsen, kennt sie die Mentalität und die Schwierigkeiten ihrer Klientel: „Honduraner*innen sind freundlich und empathisch, gut vorbereitet und motiviert. Deshalb kommen sie hier bei Kolleg*innen und Vorgesetzten gut an. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten bei der Integration wie die Sprache, niedriges Selbstbewusstsein und Probleme im Umgang mit der Technologie. Unsere Agentur hat bisher rund 40 Personen aus Honduras hier in Wuppertal vermittelt, 30 Pflegekräfte und zehn Ärzt*innen inklusive ihrer Angehörigen, aber wir könnten leicht das Zehnfache vermitteln.“

Deutschland braucht dringend Pflegekräfte: Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gab es 2022 über 200.000 offene Stellen im Pflegebereich; bis 2030 soll diese Zahl sogar auf 500.0000 steigen. 14 Prozent aller Ärzt*innen in Deutschland haben schon jetzt ausländische Wurzeln, infomiert die Bundesärztekammer.

In der deutschen Humanmedizin herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Ende August 2022 meldete die Bundesagentur für Arbeit 2.300 unbesetzte Stellen für Mediziner*innen, also durchschnittlich vier pro Krankenhaus. Von den 421.000 praktizierenden Ärzt*innen in Deutschland ist ein Drittel bereits über 55 Jahre alt und wird in absehbarer Zeit in Rente gehen. Der demografische Wandel führt gleichzeitig zu einer Zunahme von Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Demenz. Diese Kombination ist ein perfekter Sturm, der Deutschland heimsuchen wird.

Das weiß auch die Bundesregierung, die seit einem Jahrzehnt mit der Website „Make it in Germany“ gezielt Ingenieur*innen, IT-Spezialist*innen, Naturwissenschaftler*innen, Handwerker*innen – und eben auch Ärzt*innen und Pflegekräfte anwirbt. „Als ich zum ersten Mal diese Seite ansah, glaubte ich, dass ich träume“, erinnert sich Karen Baide, eine 52-jährige Anästhesistin aus San Pedro Sula und zweifache Mutter. „In einem modernen Gesundheitssystem zu arbeiten, mich weiterzubilden, die Lebensqualität Deutschlands, das ist mein Wunsch. Deutschland braucht mich, hier in Honduras ist alles viel zu kompliziert.“ Ursprünglich wollte sie nach Kanada auswandern, entschied sich jedoch 2019 für Deutschland. Karen lernte erst online Deutsch und zertifizierte sich auf dem Niveau B1, bevor sie im Januar dieses Jahres nach Berlin reiste, um sich intensiv auf die B2-Prüfung vorzubereiten und erste Kontakte zu knüpfen.

Mit dem Zertifikat in der Tasche erkundigte sie sich vor Ort über die nächsten Schritte, also die Fachsprachprüfung, das Approbationsverfahren und natürlich die Jobchancen auf ihrem Gebiet. „Ich habe 20 Jahre Erfahrung als Anästhesistin, aber in Honduras bin ich Freelancerin ohne jede Jobsicherheit und völlig von den operierenden Chirurgen abhängig. Oft bekomme ich mein Honorar nicht, weil die Klinik argumentiert, dass der Patient nicht bezahle. Es fehlt teilweise sogar in privaten Kliniken am nötigen Zubehör. Ich habe das honduranische Gesundheitssystem satt. Gesundheit ist hier ein Geschäft, keine Dienstleistung.” Karen ist eine Kämpferin, die sich aus einfachen Verhältnissen und unter großen persönlichen Opfern zur Fachärztin heraufgearbeitet hat. Sie ist sicher, ihren Weg in Deutschland zu finden, obwohl sie deutlich älter ist als die meisten emigrierenden Mediziner*innen. Ende dieses Jahres will sie sich in Deutschland niederlassen.

Der massive Exodus junger, gut ausgebildeter Ärzt*innen überrascht Patricia Elvir von der Nationalen Universität UNAH in San Pedro Sula nicht. „Wir sind stolz auf unsere Mediziner*innen, die überall gut ankom´men. Als Dozentin inspiriere ich meine Student*innen, sich weiterzubilden, auch im Ausland. Sie sollen jedoch ihr Heimatland und ihre Leute nicht vergessen, sondern durch ihre Kenntnisse und Ausrüstung unterstützen.“ Aber sie ist sich bewusst, dass die Allermeisten nie zurückkehren werden: „In Honduras gibt es keine soziale Gerechtigkeit, keine Sicherheit und keine Chancen.“ Auf die Frage, ob irgendwann Ärzt*innen in Honduras fehlen werden, antwortet Elvir kategorisch: „Unmöglich! Es gibt zwei Universitäten, die in Tegucigalpa und San Pedro Sula Mediziner*innen ausbilden.“

Zur Zeit gibt es nur 0,5 Ärzt*innen pro 1.000 Honduraner*innen bei nur acht Krankenhausbetten für dieselben 1.000. In Deutschland kümmern sich fast neunmal mehr Ärzt*innen um dieselbe Anzahl Patient*innen – und es gibt über 13 Mal mehr Krankenhausbetten als in Honduras. Damit steht Deutschland im Index der menschlichen Entwicklung auf Position 9 von 188 Ländern − und Honduras an 137. Stelle.

Honduras bildet aus, Deutschland profitiert

Der Demograf und Universitätsdozent Nelson Raudales ist Autor einer 2013 erschienenen Studie zum Thema „Brain Drain aus Honduras“. Diese hält fest, dass zwischen 1996 und 2010 rund 25.000 Akademiker*innen ins Ausland emigrierten. Allein die volkswirtschaftlichen Kosten dafür beziffert Raudales mit 17 Milliarden Dollar, also zwischen fünf und sieben Prozent des damaligen Bruttoinlandsproduktes von Honduras. Ein extrem hoher Preis für ein Entwicklungsland, ein tolles Geschäft für die Empfängerländer? „Honduras investiert in die Ausbildung dieser hochqualifizierten Migrant*innen, die ihr Talent dann in den Empfängerländern anwenden und dort Mehrwert schaffen. In dieser Hinsicht verliert Honduras ganz klar. Dieses Phänomen wird hier jedoch unterschätzt, denn die Migration war schon immer ein Druckventil für Honduras, weil viele Auswander*innen ihren Familien remesas (Geldsendungen) schicken“, erläutert Nelson Raudales. Diese remesas waren 2022 laut der honduranischen Nationalbank mit fast sieben Milliarden Euro für gut ein Viertel des Bruttosozialproduktes verantwortlich und halten das Land sprichwörtlich am Laufen. Je schwieriger die wirtschaftliche Lage, desto stärker steigen die remesas, nämlich 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Lücke wird größer

Wie alle Interviewten versteht Nelson Raudales die Akademiker*innen, die Honduras auf der Suche nach Chancen verlassen. Auch er hält den Wissens- und Technologietransfer für eine Utopie. „Honduras fällt zurück, während die hochentwickelten Länder im Norden wachsen“.

Diese Lücke wird immer größer. Noch ist der Mangel an Fachkräften in Honduras und die sinkende Wettbewerbsfähigkeit praktisch kein Thema, aber das kann sich in Zukunft ändern: Laut dem Ökonomen Rafael Delgado verurteilt die Abwesenheit hochgebildeter Personen das Land zu mehr Armut, denn es gibt wenig technologische und wissenschaftliche Entwicklung, geschweige denn daraus entstehende Unternehmen und Patente. „Das Wissen ist heutzutage einer der wichtigsten Produktionsfaktoren.“

Aber alle diese abstrakten Bedenken werden auch in Zukunft niemanden aufhalten, der*die in Honduras keine professionelle und persönliche Zukunft sieht, besonders die Hochgebildeten mit einer klaren Vision. ¡Adiós cerebros! – Lebt wohl, Spitzenkräfte!

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