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Secuestrados por más de 40 horas

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Los miembros secuestrados del Frayba Victorico Gálvez Pérez y Lázaro Sánchez Gutiérrez (Foto: Frayba)

El 12 de abril, aproximadamente a las siete de la mañana, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victorico Gálvez Pérez salen de la oficina del Frayba en San Cristóbal de Las Casas a bordo de una camioneta blanca hacia Palenque. El motivo del viaje es una reunion con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y con familiares de presos. Cerca de las 21 horas, el Frayba recibe un aviso de que Sánchez Gutiérrez había llamado a su familia desde un número desconocido informando que él y Gálvez Pérez estaban bien, que se encontraban en San Felipe en el municipio de Ocosingo y que pedían que algunx de sus familiares llevara una maleta con dinero en un vehículo particular a las ocho de la mañana del día siguiente.

Gracias a un amplio movimiento de solidaridad entre organizaciones de derechos humanos, grupos políticos, comunidades indígenas e iglesias, se logró liberar a los dos defensores de derechos humanos el 14 de abril por la mañana. Después de más de 40 horas de privación arbitraria de la libertad, los secuestrados regresaron en buen estado de salud. Frayba ya ha tomado medidas de seguridad. Como parte de éstas medidas, los recién liberados y otros miembros de la organización no pueden hacer declaraciones frente a la prensa.

Sin duda, el secuestro  está relacionado con su trabajo. En la zona de Ocosingo, donde fueron secuestrados, el Frayba trabaja visibilizando la violencia ejercida por los paramilitares. Según el portal periodístico Pie de Página, desde agosto de 2020 el Frayba ha documentado por lo menos cinco agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), un grupo armado de cafeticultores, hacia la comunidad zapatista de Moisés Gandhi en el municipio autónomo de Lucio Cabañas. Y el pueblo San Felipe, en el que se llevó a cabo el secuestro , está habitado en su mayoría por integrantes de la ORCAO.

“Desmentimos categóricamente la información difundida por el Estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito en Ocosingo”, escribe el Frayba en su boletín de prensa. La versión oficial no solamente minimiza la violencia y las violaciones de derechos humanos en la región por parte del Estado mexicano, sino que también contribuye a la criminalización del trabajo de lxs defensorxs de derechos humanos.

En el lugar del secuestro, Frayba documentó agresiones por grupos armados

En Chiapas, donde viven en su mayoría poblaciones indígenas, los derechos humanos son violados en gran parte por medio del despojo de la tierra, el territorio y el desplazamiento forzado. Además, proyectos extractivistas y despojo de recursos de agua destruyen el medio ambiente en la zona La política neoliberal del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acepta la destrucción del entorno de comunidades indígenas para el llamado despegue económico en Chiapas que presenta altos niveles de pobreza.

La instalación de la Guardía Nacional en Chiapas, creada en el 2019 (veáse LN 560), empeoró los problemas de violencia estructural y de violencia de género, tanto como el de la impunidad. El esclarecimiento de violaciones de derechos humanos como la desaparición de lxs 43 estudiantes en Ayotzinapa hace seis años y medio (veáse LN 538), ha quedado en gran medida una promesa vacía del gobierno. La militarización de Chiapas es un resultado del discurso de seguridad del Estado y se dirige contra las comunidades indígenas, la población rural y migrantes de Centroamérica, que intentan llegar a México cruzando la frontera con Guatemala.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia las violaciones de derechos humanos en México y la   ausencia de las instituciones del Estado. A finales de abril emitió la Resolución 35/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de familias en 12 comunidades indígenas tsotsiles en Chiapas. La Comisión consideró que las familias se encontraban en riesgo de desplazamiento por las agresiones de grupos armados. Con su declaración la CIDH se dirige al gobierno mexicano y solicita medidas para proteger a las familias tsotsiles.

Según la red TDT son 45 los defensorxs de derechos humanos que fueron asesinados en México entre 2019 y 2020, y 5 de ellxs en Chiapas. La impunidad de los crímenes aumenta el peligro. Mientras intervenciones militares dificultan el trabajo de lxs defensorxs de derechos humanos, las autoridades retrasan el esclarecimiento de los crímenes. En el caso de los miembros secuestrados del Frayba, por ejemplo, “es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales” han tenido “conocimiento de los hechos”, pero no dieron información clara sobre la situación, como dice el comunicado del Frayba.

Aparte de promesas vacías, el gobierno no ha presentado mucho hasta ahora

Frente a este contexto alarmante, la ausencia del Estado mexicano es un boicot al trabajo de los defensorxs de derechos humanos. Además la pandemia de coronavirus ha agravado el discurso de seguridad del gobierno. En nombre de la seguridad nacional se legitimó un aumento de  la presencia militar en Chiapas, la cual intensificó las dinámicas de despojo de tierra, violencia y agresiones en contra de comunidades indígenas. Más que nunca se necesitan a lxs defensorxs de derechos humanos y organizaciones como el Frayba, para luchar al lado del pueblo pobre y organizado, denunciando las injusticias y acompañando a las víctimas de la violencia estatal.

40 STUNDEN ENTFÜHRT

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Wieder frei Die entführten Frayba-Mitarbeiter Victorico Gálvez Pérez (links) und Lázaro Sánchez Gutiérrez (rechts) (Foto: Frayba)

Am 12. April gegen sieben Uhr morgens verlassen Lázaro Sánchez Gutiérrez und Victorico Gálvez Pérez das Frayba-Büro in San Cristóbal de Las Casas, um in einem weißen Pickup in Richtung Palenque aufzubrechen. Anlass der Reise ist ein Treffen mit Mitgliedern der indigenen Menschenrechtsorganisation PADUC und Familienangehörigen von Inhaftierten. Um ungefähr 21 Uhr abends erhält Frayba die Information, dass Sánchez Gutiérrez seine Familie von einer unbekannten Nummer aus angerufen hat. In dem Anruf teilte er mit, dass es ihm und Gálvez Pérez gute gehe, sie sich in San Felipe im Landkreis Ocosingo befänden und dass eine*r ihrer Verwandten am darauffolgenden Tag um acht Uhr morgens einen Koffer mit einer vorgegebenen Summe Geld in einem bestimmten Fahrzeug abliefern solle.

Dank einer breiten Solidaritätsbewegung aus Menschenrechtsorganisationen, politischen Gruppen, indigenen Gemeinden und Kirchen, gelingt es, die beiden Menschenrechtsverteidiger am Morgen des 14. April zu befreien. Nach über 40 Stunden der Freiheitsberaubung kehren die Entführten unversehrt zurück. Frayba hat inzwischen Sicherheitsmaßnahmen zum Selbstschutz eingeleitet. Dazu gehört auch, dass sich die kürzlich Entführten und andere Mitglieder der Organisation nicht persönlich gegenüber der Presse äußern.

Außer Frage steht, dass die jüngste Entführung zweier Menschenrechtsverteidiger mit ihrer Arbeit zusammenhängt. In der Region Ocosingo, in der die Entführung stattfand, macht Frayba die von Paramilitärs ausgeübte Gewalt sichtbar. Laut dem Rechercheportal Pie de Página dokumentierte Frayba seit August 2020 mindestens fünf Angriffe der regionalen Organisation ORCAO, einer bewaffneten Gruppe von Kaffeebauern, auf die zapatistische Gemeinde Moisés Gandhi im autonomen Landkreis Lucio Cabañas. Und das kleine Dorf San Felipe, in dem die Frayba-Mitarbeiter entführt wurden, wird mehrheitlich von ORCAO-Mitgliedern bewohnt.

„Die vom Bundesstaat Chiapas veröffentliche Angabe, bei der Freiheitsberaubung von Lázaro und Vico habe es sich um einen Verkehrsunfall in Ocosingo gehandelt, weisen wir vehement zurück“, schreibt Frayba in einer Pressemitteilung. Die offizielle Version verharmlost nicht nur Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in der Region, sondern trägt auch zur Kriminalisierung der Menschenrechtsarbeit durch den mexikanischen Staat bei.

Frayba dokumentierte am Ort der Entführung Angriffe bewaffneter Gruppen

In Chiapas, wo überwiegend indigene Bevölkerungsgruppen leben, werden Menschenrechte vor allem durch Landraub und Zwangsvertreibung verletzt. Zudem zerstören Extraktivismusprojekte und Raub von Wasserressourcen die Umwelt. Die neoliberale Politik des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador nimmt für den sogenannten wirtschaftlichen Aufschwung im sehr armen Chiapas die Zerstörung des Lebensraumes indigener Gemeinden in Kauf.

Der Einzug der 2019 gegründeten Nationalgarde in Chiapas (siehe LN 560) verschärfte Probleme der strukturellen und sexualisierten Gewalt sowie der Straflosigkeit. Die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen wie dem Verschwinden der 43 Studierenden in Ayotzinapa vor sechseinhalb Jahren (siehe LN 538) blieb hingegen ein weitgehend leeres Versprechen der Regierung. Die an den staatlichen Sicherheitsdiskurs anknüpfende Militarisierung in Chiapas richtet sich stattdessen gegen indigene Gemeinden, Landbevölkerung und zentralamerikanische Migrant*innen, die versuchen, das Land über die Grenze zu Guatemala zu erreichen.

Auch die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH) prangert die Menschenrechtsverletzungen in Mexiko und die Untätigkeit der staatlichen Institutionen an. Ende April verabschiedete sie die Resolution 35/2021, die Familien in zwölf indigenen Tsotsil-Gemeinden in Chiapas Schutzmaßnahmen gewährt. Die Kommission befand, dass die Familien angesichts der Angriffe bewaffneter Gruppen von Vertreibung bedroht sind. Mit ihrer Erklärung richtet sich die CIDH an die mexikanische Regierung und fordert Maßnahmen, um die Tsotsil-Familien zu schützen.

45 Menschenrechtsverteidiger*innen wurden laut dem Netzwerk TDT in Mexiko allein zwischen 2019 und 2020 umgebracht, fünf davon in Chiapas. Die Straflosigkeit der Verbrechen verstärkt die Gefahr. Während Interventionen des Militärs Menschenrechtsarbeit erschweren, verzögern die Behörden die Aufklärung von Verbrechen. Im Falle der entführten Frayba-Mitarbeiter etwa hatten die „(…) zuständigen Landes- und Bundesbehörden von Anfang an exakte Informationen über die Fakten des Geschehens”, kommunizierten diese aber nicht, wie es in der Mitteilung von Frayba heißt.

Außer leeren Versprechen kann die Regierung bis jetzt wenig vorweisen

In diesem alarmierenden Kontext kommt die Untätigkeit des mexikanischen Staates einem Boykott der Menschenrechtsarbeit gleich. Dabei hat die Coronavirus-Pandemie den Sicherheitsdiskurs der Regierung noch verschärft. Im Namen der nationalen Sicherheit wurde eine höhere Militärpräsenz in Chiapas legitimiert, die die Dynamiken von Landraub, Gewalt und Angriffe auf indigene Gemeinden verstärkt. Menschenrechtler*innen und Organisationen wie Frayba werden in Chiapas also mehr denn je gebraucht, wenn es darum geht, an der Seite der indigenen Gemeinschaften und der ärmeren Landbevölkerung zu kämpfen, Ungerechtigkeiten anzuzeigen und Opfern von Menschenrechtsverletzungen beizustehen.

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