// Sichtbarkeit zu welchem Preis?

Dieses Jahr war im Pride-Month eine Veränderung spürbar: Im Gegensatz zu Vorjahren verzichteten viele Marken offen auf Pride-Kampagnen. Dass Großunternehmen wie Google, Meta oder McDonalds ihre Diversitätsprogramme und -gelder streichen, nachdem die Trump-Regierung allen DEI-Strukturen (Diversity, Equity and Inclusion) den Kampf angesagt hat, ist nicht verwunderlich. Doch auch die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat entschieden, die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude künftig nicht mehr zum Berliner CSD zu hissen. Brandgefährlich im Kontext der Offenheit, mit der rechtes Gedankengut wieder ausgelebt wird.

Kampagnen um die Latinidad fangen dagegen gerade erst an. „Latine“ zu sein ist inzwischen nicht mehr nur mit einem negativen Stigma von „Unterentwicklung“ verbunden, sondern wird romantisiert – als exotisch, begehrenswert. Eine Marketing-Rhetorik, die westlichen Marken erlaubt, sich mit einem Anstrich von Inklusion zu schmücken. Dies geschieht zum Beispiel immer wieder, wenn sich der globale Fokus kurzzeitig auf den Amazonas richtet. Marken wie Zara, Anthropologie und Patowl nutzen die mediale Aufmerksamkeit, um traditionelle amazonische Muster zu verwenden – ohne Zustimmung oder Entlohnung von Indigenen Gemeinschaften. Sie eignen sich einmal mehr das „Exotische“ an.

Dieses Jahr ist klar geworden: Wenn sich Symbole der queeren Bewegung nicht mehr gut vermarkten lassen, ziehen sich die Unternehmen zurück – und mit der Latinidad wird es nicht anders sein. Sobald sie nicht mehr als exotisch und schön gilt, wird sie fallen gelassen wie all die anderen Bewegungen, die dem Markt nicht mehr nützen. Während die Rechte der LGBTQ+-Community zurückgedrängt werden und konservative Diskurse weltweit an Stärke gewinnen, schweigen die Unternehmen.

Bisher schienen marginalisierte Gruppen in ihren Kämpfen voranzukommen, weil sie plötzlich auf allen Bildschirmen und in der Werbung auftauchten – aber diese Form der Sichtbarkeit ist nicht mit echter Inklusion oder Unterstützung gleichzusetzen. Sie führt lediglich dazu, dass komplexe Identitäten ihren politischen Kern verlieren. Das Oberflächliche wird gefeiert, das Unbequeme verschwiegen.
Ein wesentlicher Teil der Kämpfe besteht nämlich im anstrengenden Beharren auf existenzielle Rechte, wenn diese zum Beispiel von Regierungen nicht geschützt werden. So müssen sich Indigene Gemeinschaften weiterhin gegen Extraktivismus im peruanischen Regenwald wehren, weil es sonst niemand tut (siehe Seite 28) und auf institutioneller Ebene werden in Peru Kämpfe gegen transfeindliche Politik lauter (siehe Seite 32). Auch in künstlerischen Formen lohnt sich die Auseinandersetzung mit komplexen Themen wie Femiziden, so dass die Menschen und Persönlichkeiten, um die es in diesen Kämpfen geht, in den Vordergrund der Debatten rücken (siehe Seite 50).

Eines darf aber nicht vergessen werden: Weder die queere noch die lateinamerikanische Erfahrung ist homogen. Ihre Kommerzialisierung löscht die Intersektionalität aus, die ihre Realität prägt. Hinter einer bunten Flagge oder einem Karol-G-Song – wie LATINA FOREVA, der als Versuch verstanden werden kann, die Identität der lateinamerikanischen Frau global zu repräsentieren – verbergen sich zutiefst unterschiedliche Geschichten, geprägt von Herkunft, Klasse, Rassifizierung, Geschlecht und Sprache. Doch welche Art von Latinidad wird da gefeiert? Wo bleiben die Afro-Latinidad, die Indigene Latinidad, das queere Landleben?
Diesen marginalisierten Kämpfen einen Sinn zurückzugeben, bedeutet, ihre Komplexität anzuerkennen. Es bedeutet auch, sich gegen ihre Ästhetisierung und performative Vermarktung zu stellen und beides entschieden abzulehnen.


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“Expulsaron a 300 policías”

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Activistas en Los Angeles muestran fotos de sus familiares (Foto: Canek Hernández)

Las redadas ilegales de principios de junio en el Fashion District y Home Depot, así como las escenas de pobladores de Los Ángeles por centenas, haciendo retroceder policías y tanquetas, fueron para muchas personas sorprendentemente esperanzadoras. ¿En qué contexto sucedieron estas acciones?
[El movimiento] nos ha sorprendido a todos, pero no es nuevo. No es que la gente esté de la noche a la mañana saliendo a la calle. Hay una historia de autodefensa, de defensa de las mismas comunidades. De hecho, una de las organizaciones más potentes aquí en Los Ángeles es la Coalición Comunitaria de Autodefensa (Community Self Defence Coalition).
Hay capas, o diferentes dimensiones, en el movimiento: Por una parte están las organizaciones no gubernamentales, con una tarea de enlace y de cabildeo con el gobierno local o federal. Tenemos organizaciones civiles que hoy están jugando un papel muy importante con estrategias legales directas. Por ejemplo, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que está abogando en términos formales y legales en diferentes casos por diferentes comunidades migrantes.
En otra capa están las organizaciones civiles que no necesariamente están registradas como organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, esta coalición que se formó, la Coalición Comunitaria de Autodefensa. En esta coalición están, por ejemplo, Homies Unidos, Unión del Barrio, juntos con aproximadamente 50 organizaciones de base de Los Ángeles. Son educadores, educadoras, que también han participado en el movimiento por el cese al fuego en Gaza. Este combo de organizaciones tienen una red de comunicación con las familias, con diferentes comunidades sobre todo en el este, sur y toda la periferia de Los Ángeles.

¿Cómo opera en campo esta articulación, por ejemplo, cuando se consigue impedir el secuestro de una persona migrante?
La coalición se formó tres meses antes del primer operativo [de deportación], entonces ya hay un antecedente. El primer día ocurrieron las redadas más grandes en el Fashion District, que son maquiladoras de ropa. En un principio se registraron alrededor de 60 federales, que rodearon varios edificios. Ahí había gente adentro que empieza a enviar mensajes de texto a familiares. Por ejemplo, un trabajador del pueblo zapoteca texteó a uno de sus familiares y esa persona, a una compañera, también zapoteca. Luego, estas personas se comunican con alguna de las organizaciones de la coalición, por ejemplo, con Homies Unidos con Unión del Barrio.
Eso no lo esperaban los federales: en un lapso más o menos de una hora ya había comunicación en primer lugar con familiares, amigos, vecinos y, en un segundo grado, con las organizaciones. Llegaron primero algunas como Unión del Barrio, pero también llegó gente del sindicato más importante de trabajadores quizá en todo California, y luego llegaron vecinos. Hay, más o menos, entre vecinos, activistas, defensores o incluso abogados o gente del sindicato, entre 300 y 500 personas que están como observadoras. Llevan megáfonos, están en la puerta, informando: “No den sus datos, tienen que permanecer en silencio, no pueden llevárselos de forma legal y formal sin una orden, no pueden entrar sin una orden de cateo”. Pero llegó un momento en el que no se respetó más ningún protocolo legal.
Entonces los vecinos se empezaron a colocar frente a las filas de coches de las seis agencias federales. No es una estrategia como las del sindicato, donde se sientan en filas de 5 a 8 personas, y las fuerzas federales los van retirando uno por uno, los llevan a detención y ya los está esperando ahí un abogado. No: esta fue resistencia civil espontánea. Los cerca de 300 elementos federales que iban con el objetivo de detener a alrededor de mil personas, fueron expulsados y obligados a irse con 43 detenciones. Estamos hablando de 43 familias que literalmente están destruidas por cinco, diez, quince años. Pero simultáneamente, si lo ves desde afuera, fracasaron. Es decir: 43 personas no es ni el 10 porciento de lo que ellos se habían propuesto, y de acuerdo con mi compañera Michelle, que estaba ahí, fueron los vecinos quienes “los corrieron”.

Parece que lo que describes es una victoria de la comunidad. Quizás parcial, pero sí muy importante ante las detenciones ¿Fue también significativa a nivel simbólico?
Sí, es muy importante. Yo no quiero hablar de modelos, pero creo que lo que se está replicando es llamar a los familiares, llamar a las organizaciones, ya sean no gubernamentales o civiles… Si se hace muy público, lo que pasa es que sí sale un combo de vecinos, de organizadores, de periodistas. Lo que se está diciendo en diferentes talleres que hemos participado es que tenemos que grabar todos. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo en Gaza, respecto de cómo nos llega la información más importante, más cruel, más desgarradora, es a través de gente que tiene un celular. Por eso, la idea aquí es grabar, grabar, grabar.

¿Hay más elementos en la estrategia? ¿Se están replicando ya?
En cada lugar donde sucede un operativo, donde hay deportaciones, a la tarde ya están convocando formalmente rallies, manifestaciones, y después asambleas de las juntas de gobierno local.
Por ejemplo, hay un caso en Downey. Se detecta que hay federales, salen los vecinos, se comunican por SMS, sale en las redes sociales. Los vecinos los expulsan. No detienen las detenciones, valga la redundancia, pero lo que sí consiguen es detener ya el operativo. Luego, se convocan manifestaciones para hacer público que los vecinos no están de acuerdo, y ya hay varias en Santa Ana, en Downey, en diferentes ciudades. Después se convoca a juntas del concejo municipal, adonde van los vecinos y exponen. Allí, básicamente la solicitud es es que los concejales y jefes del gobierno local de estas ciudades tengan que, por lo menos, declarar que no están a favor y realizar alguna acción. Por ejemplo, se ha logrado en Pasadena aprobar el día de hoy (28 de junio) un lineamiento para que los agentes federales no puedan usar máscara, tienen que descubrirse el rostro.

Mencionaste que la solidaridad en el grupo zapoteco de Michelle es comunitaria, es de su pueblo, no institucional. Me interesa tu perspectiva sobre la articulación o desarticulación de distintas formas de lucha, por ejemplo la zapoteca pero también otra, como la lucha negra, que tiene sus propias particularidades.
Esta pregunta es muy importante. Te lo puedo decir de esta forma: hay diferentes bloques sociales que siempre han participado, que son por ejemplo las diversidades sexuales y un grupo muy grande que se fortalece después de Vietnam. Hay diferentes grupos, tanto civiles como organizaciones políticas, de afroamericanos, y también hay algunas organizaciones que tienen que ver con trabajadores donde confluyen todos los anteriores, los sindicatos. También hay organizaciones religiosas de diferentes denominaciones. Es muy importante saber que en este momento están confluyendo.
Históricamente ha habido diferencias, pero son diferencias construidas artificialmente. Yo te puedo decir dos cosas muy concretas: yo participo de una coalición que se llama Community Coalition, y literalmente somos Black and Brown Unity. Aquí en el sur de Los Ángeles hay muchos mexicanos, y dentro de los mexicanos hay nahuas, hay zapotecas, hay mixes. También hay gente de Belice, mucha gente de Belice que es afrodescendiente; mucha gente que yo pensaba que era de Belice, pero que son del Caribe, son mexicanos, afrodescendientes de El Salvador, de Guatemala. De México: de Nayarit, de Michoacán, de Jalisco, mixes, choles, gente que habla diferentes lenguas. Entonces esto de “latinos” también ya se ha convertido en un eufemismo cuando ves que son todos estos pueblos.
Pero pasa otra cosa muy relevante en términos antropológicos, y es que toda la ciudad de Los Angeles está siendo afectada por la filiación o parentesco. Aproximadamente la mitad de la población tenemos en primero o segundo grado un parentesco consanguíneo o político con alguien migrante.
Acabo de ir a dos reuniones familiares y resulta que en estas dos familias que son de güeros (nota de la redacción: estadounidenses blancos), como diríamos, ya tienen familiares, ya tienen nietos, ya tienen una esposa de Guerrero. La otra familia que también visité allá es judía, no es militante de nada pero que está muy afectada, porque las amigas de sus niñas de esta familia son mexicanas.
Toda esta gente diversa, sobre todo desde las organizaciones, ha empezado a ver como un problema fundamental del Estado. No es un problema que nace ahora con Trump. Desde los grandes medios de comunicación se intenta instigar lo que llaman una “guerra tribal” de diferencias, pero de nuestro lado tenemos la apuesta de disolver estas diferencias construidas.


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„Die Militärpolizei existiert nicht, um Bürger zu schützen”

Gegen Repression und Rassismus Sandra Bello wünscht sich Widerstnd in den Favelas (Fotos: Laura Pacheco)

Was passierte mit Herus an jenem Morgen auf der Festa Junina?
Mehr als hundert Menschen feierten in der Gemeinde die Festa Junina, als es plötzlich zu einer Invasion durch die Spezialeinheit BOPE kam – eine Situation, die inzwischen zum Normalfall geworden ist. Herus, das Opfer, war mit seiner Familie unterwegs, um in der Nähe einen Snack zu kaufen. Er kehrte nicht zurück. Die BOPE schoss auf ihn und holte nicht einmal Hilfe.
Dies ist eine gängige Praxis der Militärpolizei bei ihrem Vorgehen in den Gemeinden. Es hat sich die Vorstellung verfestigt, dass jeder in der Favela ein Krimineller ist. Selbst wenn dies der Fall wäre – wenn jemand also etwas tut, was in der brasilianischen Verfassung, im brasilianischen Staat, nicht als legal angesehen wird – die Todesstrafe ist abgeschafft. Allerdings nur auf dem Papier. In der Realität wird sie tagtäglich praktisch angewendet.
Wir müssen den Kampf aufnehmen, um dieser Vorstellung und der damit verbundenen tödlichen Repression entgegenzuwirken.
Die öffentliche Sicherheit muss diskutiert werden. Die Linke muss über den „Krieg gegen die Drogen“ diskutieren. Sie muss die Dringlichkeit einer ernsthaften und tiefgreifenden Debatte über die öffentliche Sicherheit aufgreifen.

Und wie zerstören Sie die Vorstellung, dass die Favela nur von Kriminellen bewohnt wird? Was ist Ihre Vision der Favela?
Man braucht viel Mut, eine Haltung und eine sehr kritische Vision, um der Repression entgegentreten zu können. Denn heute ist die Favela gefährlich, es gibt die Miliz, den Drogenhandel und den repressiven Staat. Verschiedene Kräfte arbeiten gegen eine Entwicklung der Favela, aber trotzdem reagieren die Menschen. Heute gibt es eine Bewegung, zum Beispiel auch durch Musikgenres wie Rap und Trap. Die Menschen leisten Widerstand.
Die Favela ist ein täglicher Kampf. Das alltägliche Leben in der Gemeinde besteht aus Aufbau. Wir gehen raus, um zu arbeiten, um zu studieren, und wir fordern dabei konsequent unsere Rechte ein. Wir schließen uns in Nachbarschaftsvereinen zusammen und lernen, mit Unterschieden umzugehen. Es gibt nicht nur Schwarze in der Gemeinschaft, es gibt nicht nur Heteros. Wir leben mit LGBT-Leuten, weißen, Menschen aus dem Nordosten des Landes, Menschen, die mehr Geld haben, und anderen, die weniger haben. Es ist gleichzeitig ein freudiges Leben, in dem wir unsere Freundschaften aufbauen, weil wir Kultur mitbringen. Diejenigen, die Schwarz sind, bringen die afrikanische Kultur mit; Samba, Capoeira. Die Menschen aus dem Nordosten des Landes bringen Forró (Tanz aus dem Nordosten Brasiliens, Anm. d. Red.) mit. Diese Vielfalt macht die Favela aus.

Hatte die Polizei schon immer eine solche Haltung gegenüber den Favelas?
Ja, das war schon immer so. Die Militärpolizei wurde nicht geschaffen, um die Bürger zu schützen, sondern die gesellschaftliche Elite. Das ist so, seit der brasilianische Staat gegründet wurde. So wurde Capoeira anfangs verboten. Und wer machte Capoeira? Ehemals versklavte Schwarze. Samba wurde verboten, weil es als Landstreicherei galt.
Heute sind Samba und Capoeira ist nicht mehr verboten, aber der Krieg ist jetzt ein anderer. Die Polizei und der Staat wollen diesen Mythos vom Krieg gegen die Drogen aufrechterhalten. Die Favelas wurden schon immer überwacht, um revolutionäre und transformative Aktionen zu verhindern.
Doch selbst in dieser angespannten Situation schaffen wir es, uns zu bewegen. Die Favela wird sich nicht selbst verändern. Sie ist Teil der Gesellschaft, des Staates, der Stadt. Wenn wir also keinen Staat haben, der sich wirklich für das Wohlergehen der brasilianischen Bevölkerung einsetzt, werden wir keine Veränderung erleben.

Fotos: Laura Pacheco

Und welche Art von öffentlicher Politik ist Ihrer Meinung nach wichtig, um diesen Wandel herbeizuführen? Was muss getan werden, um ein menschenwürdiges Leben in der Favela zu garantieren?
Wir brauchen Würde, die volle Staatsbürgerschaft und das Recht, den Mund aufzumachen ohne dabei Gefahr zu laufen, verprügelt oder abgeknallt zu werden. Wir brauchen eine öffentliche Gesundheitsversorgung, die für alle da ist. Eine wirklich gute Bildung, die nicht nur eine leere Versprechung bleibt. Wir haben eine Schule, schön und gut, aber welche Ausstattung hat sie? Wie hoch ist das Gehalt der Lehrer? Wie hoch ist das Gehalt der Eltern der Kinder? All das hängt zusammen.
Die Menschen in den Favelas werden diesen Wandel nicht allein schaffen. Das Weißsein – und damit meine ich nicht die weißen Personen, sondern das Weißsein als Machtverhältnis – muss mitsamt seiner Privilegien diskutiert werden und ein kritisches Bewusstsein etabliert werden.
Wenn wir in der Linken das Thema Ethnie, Sexualität oder Geschlecht zur Sprache bringen, wird gesagt, das sei Identitarismus (politische Ideologie, die kollektive Identität über kulturelle Vielfalt stellt, Anm. d. Red.). Sie sehen nicht, dass ich als Frau aus der Arbeiterklasse schwarz und lesbisch bin und mich in meinem Job als schwarze lesbische Arbeitnehmerin wohlfühlen möchte.
Die Linke kann das nicht ganz begreifen, sie ist da sehr traditionell und sehr eurozentrisch. Sie stützt sich immer noch auf Marx, Engels oder Gramsci. Ihnen zufolge kann nichts die Welt bewegen, wenn es nicht aus der Perspektive dieser Denker geschieht. Und dann schaue ich mir die Quilombola (Nachfahr*innen von Gemeinschaften geflohener versklavter Menschen, Anm. d. Red.) und die Kosmovisionen der Indigenen Völker an. Hier finden sich soziale Artikulationen, Lebensweisen. Warum können wir also nicht etwas anderes neu erfinden? Das soll nicht heißen, dass die linken europäischen Denker nicht wichtig waren, das ist es nicht. Aber sie funktionieren nicht mehr.

Was erhoffen Sie sich für die Favela? Welche Zukunft würden Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir für die Favela, dass sie sich organisiert. Dass sie ihren Geist, der auf der Achtung der Vielfalt beruht, immer beibehält und weiterkämpft. Wir werden Erfolg haben, wenn wir kämpfen. Aber nicht allein. Ich hoffe, dass die Zivilgesellschaft als Ganzes Verantwortung übernimmt und gemeinsam und organisiert einen Ort schaffen kann, an dem man sich wohlfühlen kann.
Ich bin eine Optimistin. Ich hoffe, dass wir die Dinge umkehren können. Aber heute leben wir in der Favela unter militarisierten Verhältnissen. Auch haben wir – ich nenne es mal Linke –, die gegen all diese Formen der Unterdrückung sind, keine Utopie mehr. Doch auch die Kritik muss mit einem Traum einhergehen. Wir müssen für uns selbst eine Utopie schaffen.
Ich glaube nicht mehr an die Demokratie. Sie ist eine Lüge. Die Demokratie, wie sie in der heutigen Welt besteht, begünstigt einige wenige Menschen, einige wenige Gruppen. Ich mache meinen Mund nicht auf, um zu sagen, dass ich Demokratie will. Ich will nicht sterben, ich will ein Leben haben. Ich weiß nicht, wie es genannt werden wird, aber ein Leben in Würde, wo die Menschen gesund sind, wo der Staat handelt, wo es eine soziale Perspektive gibt.
Ich weiß nicht, wie wir unsere Utopie nennen werden, welchen „Ismus“ wir ihr geben werden, aber heute hat das blutgetränkte Tuch der Demokratie seine Kraft verloren. Wir müssen es sehr deutlich, sehr gründlich und sehr ernsthaft überprüfen. Und wir müssen den Mantel des Eurozentrismus aus unserem Leben entfernen. Wir müssen uns davon befreien, um eine andere Weltsicht, eine andere Perspektive zu schaffen.


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Lyrik aus Lateinamerika

Zeichnung eines zerbrochenen Eis neben einem Vogelnest

Un cuerpo negro
no es más que esto:
carne, huesos, silencios.
Peligra,
desaparece en cada esquina.

Cuidado, hijo,
No hay patria que cobije
la piel que habitas.

Un cuerpo negro
no es más que eso:
peligra
cada vez que sale
porque su casa – digo, su cuerpo –
no tiene suelo en este mundo.

Un cuerpo negro
no es más que un río de dolores,
viaje en una gota de cicatrices.

Una mano negra
no es más que un pájaro
al que le arrebataron el nido.

Por eso
amar un cuerpo negro
es tenerle paciencia,
porque en sus ojos llueve,
todos los días,
llueve.

Ein schwarzer Körper
ist nichts weiter als das:
Fleisch, Knochen, Stille.
In Gefahr,
er verschwindet hinter jeder Ecke.

Pass auf, mein Sohn,
es gibt keine Heimat,
die die Haut birgt, in der du lebst.

Ein schwarzer Körper
ist nichts weiter als das:
in Gefahr
wann immer er rausgeht,
denn sein Haus – das heißt: sein Körper –
hat keinen Grund und Boden in dieser Welt.

Ein schwarzer Körper
ist nichts weiter als ein Fluss von Schmerzen,
eine Reise in einem Tropfen von Narben.

Eine schwarze Hand
ist nichts weiter als ein Vogel,
der seines Nestes beraubt wurde.

Deshalb
bedeutet einen schwarzen Körper zu lieben,
Geduld mit ihm zu haben.
Denn in seinen Augen regnet es,
jeden Tag
regnet es.


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Statistik und Genozid

Operación Sofía Das Ixil-Volk wurde von der guatemaltekischen Armee zum “internen Feind” erklärt (Foto: Archiv der NSA)

An dem Morgen, an dem er zum ersten Mal einer der 23 Anhörungen des historischen Prozesses beiwohnte, in dem der ehemalige Diktator Efraín Ríos Montt des Völkermords für schuldig befunden wurde, war der junge Diego Albúrez Gutierrez, ein guatemaltekischer Demograf und heute Forscher am deutschen Max-Planck-Institut, aus zwei Gründen perplex. Zum einen wegen der Härte und des Mutes der Zeugenaussagen der 90 Überlebenden des Genozids – alle Mitglieder des Maya Ixil Volkes. Sie bezeugten Landzerstörung, Zwangsarbeit, Verstümmelungen, Vergewaltigungen und Massenmorde. Der Exgeneral regierte zwischen 1982 und Juli 1983 und war durch einen Putsch an die Regierung gekommen.

„Ich will, dass sie für das Blut meines Mannes und meiner Tochter bezahlen. Wir wollen, dass er ins Gefängnis geht, denn es waren nicht wir, die etwas gestohlen haben. Ich möchte so etwas nie wieder sehen. Eines Tages werde ich sterben, aber auch meine Kinder werden hiermit leben müssen“, spuckte Jacinta Rivera Brito, eine Frau des Ixil-Volkes, die in der Nebaj-Gemeinde ihr Milpa-Feld bestellt, Ríos Montt ins Gesicht. Die Kugel, die das Auge ihres Manns durchdrang, tötete auch ihre Tochter in seinen Armen. Sie blieb tagelang ohne Essen und Kleidung in den Bergen, verängstigt sich den Körpern ihrer Familie zu nähern – es wurde gemunkelt, dass die Soldaten Granaten neben den Toten platzierten. Unter Ríos Montt wurden über 1700 Personen der Ixil in nur zwei Jahren ermordet, die Hälfte davon Kinder.

Am 10. Mai 2013 dann, hörten Jacinta, Diego, die Angehörigen des Ixil-Volkes und ganz Guatemala, wie Ríos Montt zu 50 Jahren Haft wegen Genozids und weiteren 30 Jahren wegen Verbrechen gegen die Pflichten der Menschlichkeit (ein Urteil, das als juristische Figur nur in Guatemala existiert; Anm.d.Red.), verurteilt wurde. Tage später hob das guatemaltekische Verfassungsgericht das Urteil auf, da die Anwälte des Angeklagten parallel einen juristischen Schutzprozess vorangetrieben hatten. Ríos Montt starb ohne Bestrafung während eines neuen Prozesses wenige Jahre später. Das guatemaltekische Volk jedoch hielt an dem Urteil fest. In den Vierteln und Dörfern ist der Satz „das Urteil ist gültig und in Kraft“, etwas, was man noch immer hört. Der zweite Grund der Diego Albúrez überraschte, war, dass die Zeugenaussagen trotz ihrer Überzeugungskraft nicht in Form von quantitativen Daten systematisiert wurden.

„Zeugenaussagen sind notwendig, aber die gesamte Ermittlung schien qualitativ. Wie viele Menschen wurden ermordet, wie waren sie verteilt, in welchen Regionen, zu welchen Gruppen gehörten sie? Mit diesen Daten erkennt man Zusammenhänge, die in den Gerichten konkret behandelt werden.“

Nach der internationalen Definition eines Genozids, wie auch der von Guatemala, ist nicht die Zahl der ermordeten Personen ausschlaggebend, sondern die Absicht eine ethnische, rassifizierte, nationale oder religiöse Gruppe in Teilen oder vollständig auszulöschen. Die „Operación Sofia“ war der Plan der Armee politische Dissident*innen zu ermorden. In diesem Plan ist eine Zahl entscheidend um die Absicht der Vernichtung zu begründen. In den Dokumenten, die von der National Security Agency der Vereinigten Staaten – einem Land, das Ríos Montt den Rücken stärkte – freigegeben wurden heißt es, dass „100 Prozent“ der Ixil-Bevölkerung als Verbündete der Guerilla angesehen wurden. Sie wurden somit in ihrer Gesamtheit zum „interner Feind“ erklärt. Diese Zahl erregte die Aufmerksamkeit der verstorbenen US-amerikanischen Anthropologin Diane Michelle Nelson, die als eine der Expert*innen für den Fall angesehen wird. In einem heißen Sommer, im Juli 2011, besuchte Nelson mit einigen Freund*innen den „La Verbena“ Friedhof in Guatemala-Stadt. An einer Exhumierungsstätte mit menschlichen Überresten stand auf einem Schild: „Mit deiner DNA-Probe kannst du deine im Bürgerkrieg verschwundene Familie wiederfinden. Kostenlos und vertraulich“. Zwischen 1960 und 1996 wurden 200.000 Personen im Land durch Militärregierungen ermordet, etwa 40.000 verschwanden. Das Schild war ein Angebot der Stiftung für forensische Anthropologie in Guatemala, die seit 1997 zur Identifizierung der Opfer beiträgt.

An diesem Tag auf dem Friedhof wurde Diane Nelson klar, wie die Suche nach Fragmenten von Vermissten, das Auffinden von menschlichen Überresten – eine schmerzlich vertraute Realität für die Bevölkerung von Guatemala, Mexiko, Chile und Argentinien – untrennbar mit der Erstellung von Statistiken quantitativer Daten verbunden sein sollte, wie sie in ihrer Publikation „Deshuesadero: Algebra des Genozids“ herausarbeitet. Solche Statistiken stellen wichtige Beweise in Prozessen zur Rechenschaftslegung von Völkermords dar. Genau diese Systematisierung hatte der junge Diego im Prozess gegen Ríos Montt vermisst.

Das Erstellen von Datenbanken, die zur rechtlichen Argumentation des Völkermords und letztendlich zur Identifikation der verschwundenen Personen beitragen, beschreibt Nelson in mehreren Arbeitsschritten: das Sammeln von Körperteilen einer Person, das Integrieren der Person in ein Kollektiv durch die Zusammenfassung der Fälle und das Erkennen bestimmter Teile dieses Kollektivs, um sie dann in einen Zusammenhang des Ganzen zu setzen. So wurde zum Beispiel der prozentuale Anteil der Morde durch das Militär an Indigenen Bevölkerungsgruppen gegenüber nicht-Indigenen Gruppen festgestellt. Abschließend ergibt sich die Möglichkeit mit der Zusammenfassung in den statistischen Datenbanken das ansonsten anonyme, menschliche Skelett mit Namen zu versehen, es einzigartig und individuell zu machen und so wieder zu vermenschlichen. Aber auch die statistische Zusammenfassung an sich ist von hoher politischer Wichtigkeit, mehr noch als das Invididuum selbst.

Verbrechen gegen die Pflichten der Menschlichkeit

Die Kommission zur historischen Aufklärung (Comisión de Esclarecimiento Histórico) hat mehr als 7.000 Interviews systematisiert und dadurch etwa 42.000 Mordopfer festgestellt. Statistische Hochrechnungen wurden hinzugefügt und später die Zahl von 40.000 verschwundenen Personen, wodurch die Gesamtzahl von 200.000 Ermordungen zustande kam. Das beweist das beabsichtigte Vorgehen der guatemaltekischen Armee und des Staates gegen die eigene Bevölkerung des Landes in all ihrer verheerenden Dimension im sogenannten Bürgerkrieg. 83% der Opfer waren Indigene, 93% wurden durch die Armee getötet. Insgesamt wurden zwischen 70 und 90% der Ixil-Bevölkerung ausgelöscht.

Die Anerkennung dieser Kausalität und die damit verbundene politische und historische Verantwortung suchte Diego Albúrez während des Prozesses vergeblich. Und er dachte wie wichtig sie für den Kampf gegen systematisierte Gewalt wäre.

In diesen Momenten der Anhörungen entschied der junge Demograf, sein Leben durch demografische Techniken der Nachforschung zu Menschen, die in Gewaltkontexten getötet worden waren, zu widmen. Seitdem hat er Untersuchungen zu Erinnerungsarbeit und Verlust nach dem Genozid in Guatemala und in 16 anderen Kontexten bewaffneter Konflikte veröffentlicht. Er entwickelte seine eigene Methodik, um abzuschätzen wie viele Angehörige die Opfer zurückließen und welche Auswirkungen das auch nach dem Ausgang des Krieges hat.

Aber außer Schmerz aufzuzeigen, können Zahlen und Daten auch dazu verwendet werden, kämpferische und hoffnungsvolle Narrative zu schaffen. „80% der verbleibenden Biodiversität des Planeten, wird von Indigenen Völkern geschützt und bewahrt“, sagt die Maya K’iche‘-Aktivistin und Journalistin Andrea Ixchiú oft auf Straßendemonstrationen, Vorträgen, Reden und Interviews weltweit. Die Kampagnen des Netzwerks Futuros Indígenas, von dem sie Teil ist, werden von internationalen Medien wie The Guardian, BBC und Democracy Now breit aufgegriffen.

Ohne Frage ist die Produktion dieser Zahlen Teil eines Territoriums umkämpfter Narrative, indem die Dynamiken der Produktion und der Deutungshoheit ständig neu konfiguriert wird. Im heutigen Mexiko beispielsweise erkennt der Staat mindestens 68 verschiedene Indigene Völker an. Trotzdem ist die Selbstzuschreibungskategorie bei Volkszählungen nur in Indigen oder nicht-Indigen aufgeteilt.

Gleichzeitig gibt es auch Fortschritte. Bei der Volkszählung von 2020 wurde erstmals die Kategorie „Afromexikanisch, Afroabstammend oder Schwarz“ eingeführt. Die Erhebung und Nutzung von Statistiken ist jedoch immer ambivalent. „Obwohl Zahlen und Daten vom Staat größtenteils in Form von Militärberichte erstellt werden, ist es relevant für Opfer und Überlebende des Genozids, Teil der Statistik zu sein “, sagt Nelson zu diesem Dilemma. Braucht es mehr oder weniger Daten, um Gewalt zu bekämpfen, die durch Kategorisierungen wie Geschlecht oder Ethnie motiviert ist?

Für Autor*innen wie Nelson oder auch Patrick Ball, Statistiker, der als Sachverständiger an den Prozessen teilnahm, sind nationale Statistiken ein unverzichtbares Werkzeug, um Sachverhalte systematisch zu überprüfen und Absichtlichkeit feststellen zu können. Die täglichen Statistiken des Gesundheitsministeriums von Gaza sind in Gerichtsdebatten Teil der Argumentation darüber, ob die Massenmorde an der palästinensischen Bevölkerung einen Genozid nach der international anerkannten juristischen Definition darstellen und sie waren es auch im Fall des Völkermords am jüdischen Volk.

In „Statistiken zur Population, der Holocaust und Nürnberger Prozesse“, beschreibt der Statistiker William Seltzer, wie die deutsche Volkszählung 1939 wenig zur Identifikation des jüdischen Volks beitrug, obwohl sie zu diesem Zweck konzipiert worden war. Die damals noch gültigen Vertraulichkeitspraktiken führten dazu, dass die Volkszählung mit versiegelten Umschlägen durchgeführt wurde. So wurden einige Daten wie die ethnische Zugehörigkeit von der Bevölkerung, die das Ziel des Holocausts war, nicht ausgefüllt und waren für den geplanten Zweck unbrauchbar. Nichtsdestotrotz fanden nationalsozialistische Statistiker*innen eine aktuellere und funktionsfähigere Informationsquelle: die Meldedaten der jüdischen Gemeindezentren, die von der Sicherheitspolizei übernommen wurden.

Daten für kämpferische und hoffnungsvolle Narrative

In Deutschland gibt es seit 1987 keine vollständigen Volkszählungen mehr, sondern nur Erhebungen, die ausgerechnet auf Verwaltungsunterlagen beruhen – obwohl es solche Daten waren, die von den Nazis für die Erfassung und Verfolgung jüdischer Personen genutzt wurden und eben keine Volkszählung. Das führt zu einer Vielfalt von Problemen: bei der letzten Volkszählung 2022 ergab die Statistik, dass Deutschland 1,4 Millionen weniger Menschen hat, als bei letzten Befragungen geschätzt. Das Thema stellte ein Problem dar, da die Kommunen Gelder erhielten, die teilweise auf der Zahl einer Bevölkerung basierte…die nicht existierte. Aber das ist nur eines der Probleme einer Politik ohne Volkszählungen und ohne die Erhebung von Daten zu Ethnie oder Rassifizierung, die eine Reaktion auf den tödlichen Datenmissbrauch während des Holocaust darstellt.

10 Jahre nach seiner Teilnahme an den Anhörungen in Guatemala, sitzt Diego Albúrez im Garten der Humboldt-Universität in Berlin und recherchiert für das Max-Planck-Institut. Er ist seit 5 Jahren im Land. „Als ich nach Deutschland gekommen bin, schien es mir ein Beispiel für eine Nation zu sein, die weiß wie man mit der Vergangenheit umgeht. Die Datenpolitik als Weg mit dieser Vergangenheit umzugehen, kann ich verstehen, aber sie schafft sehr viele Probleme“, sagt er. „Es gibt eine Vielfalt der Bevölkerung, auf die man keinen Zugriff hat, deswegen liegt der Fokus der Forschung immer auf den Kategorien, zu denen man den Zugriff hat. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Fokus auf Frauen und die Ungleichheit zwischen Geschlechtern. Das ist sehr wichtig zu betrachten, aber es wird in Deutschland losgelöst von anderen Ansätzen, wie man sie in anderen Teilen der Welt kennt, analysiert, wie das Zusammendenken von Ethnizität und Rasse. Das liegt zum Teil am Fehlen von Daten, aber teilweise ist es auch das kulturelle Verständnis, das kulturelle Identität hier keine Rolle spielen würde“, erklärt Diego.

Statistiker wie Seltzer argumentieren, dass obwohl statistische Erhebungen gewisse Risiken bergen, festgestellt werden muss, dass nicht nur die Statistik, sondern alle Institutionen des deutschen Staats während der nationalsozialistischen Regierung versagt haben. Nur wenn man ganz genau erkennt, wo Risiken liegen und welche Instrumente es braucht, um sie zu bekämpfen, kann man ihren Missbrauch verhindern.

Die Dezentralisierung und Unabhängigkeit der Institutionen, die Daten sammeln und verarbeiten, von der Regierung stellt einen wichtigen Fortschritt in der Verfassung des Nationalen Instituts für Statistik und Geografie (INEGI) in Mexiko dar. Die Prozesse in denen Daten anonymisiert werden, können zufällige Fehler in Rohdaten einführen um die Lokalisierung einzelner Personen zu vermeiden, argumentiert Seltzer. So können „synthetische Daten“ hergestellt werden, die statistisch den gleichen Trend wie die Bevölkerung haben, der aber durch „fiktive“ Daten hergestellt wird.

Die letztendliche Frage sei, so Diego, ob staatliche Kategorisierungswerkzeuge wie Statistiken benutzt werden könnten, um Auswirkungen staatlicher Gewalt zu bekämpfen. Es geht auch darum, darüber nachzudenken, wie wir den Staat zu einer vertrauenswürdigen Einheit machen können. „Im Laufe der Zeit ermöglichte mir die Anthropologie die Verbindung herzustellen, dass die materiellen Bedingungen der Ungleichheit von Strukturen stammen, die nach rassistischen Prinzipien organisiert sind. Die Frage ist ob der antirassistische Kampf mit Werkzeugen geführt werden kann, die ein rassistischer Staat zur Verfügung stellt, oder nicht.“


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„Nahrung für die Seele und den Magen“

Kunst, Gesundheit, Gemeinschaft Afrodiverso bietet einen afrofeministischen Raum in Havanna (Foto: Andrea Schmidt)

Ein älteres Ehepaar steht in der Küche und singt. „Seit über 40 Jahren singe ich ihr jeden Tag ein Liebeslied“, erzählt der Ehemann. Sie lächelt und stimmt mit ein. Neben ihnen trinkt Argelia Fellove Hernández aus einer kleinen Tasse Kaffee. Immer sonntags bringt Argelia ihnen eine nahrhafte Mahlzeit. Diese hat Argelia zusammen mit Oyantay in ihrer Küche einige Straßen entfernt gekocht. Auch die beiden verbindet Liebe, neben der romantischen auch die zur Community. Das nicht-binäre Paar hat die Organisation Afrodiverso gegründet.

„Kunst, Gesundheit, Gemeinschaft“ sind die drei Grundsätze der zivilgesellschaftlichen Initiative in dem Wohnviertel Lawton in Havanna. Argelia und Oyantay verfolgen mit der antirassistischen und afrofeministischen Initiative das Ziel, Schwarze Angehörige der LGBTIQ-Community sichtbarer zu machen und zu empowern. Sie organisieren Drag-Performances, klären über sexuelle Gesundheit auf, machen Bildungsarbeit für Kinder und verteilen umsonst Essen an bedürftige Personen. So auch an diesem Sonntag: Argelia verabschiedet sich und geht zur nächsten Adresse. Die Essensübergabe an der Tür ist routiniert, aber freundlich. Während ein älterer Herr seine Portion in der Küche umfüllt und die Dosen zurückbringt, zückt Argelia ein Notizbuch und trägt ein, wer heute versorgt wurde. Inzwischen haben sich 58 Menschen mit Bitten um Unterstützung bei Afrodiverso gemeldet. Weil nicht immer alle da sind, versorgt Afrodiverso jeden Sonntag etwa 50 bis 55 Menschen mit einer gesunden und reichhaltigen Mahlzeit.

Auf der Straße wird Argelia von Nachbar*innen gegrüßt, das Vertrauen und der Respekt sind spürbar. Wie von dem älteren Ehepaar wird Argelia bei einer weiteren Essensübergabe ins Haus hineingebeten. In dem Zimmer sitzt eine ältere Frau auf ihrem Bett und schildert ihre Schmerzen. Argelia erkundigt sich bei der jüngeren Frau, die sie pflegt, welche Medikamente ihnen fehlen. In den staatlichen Apotheken herrscht Mangel und aus den privaten Läden können sich die meisten Menschen nicht einmal normale Schmerzmittel leisten. Von Tür zu Tür zeichnet sich ein immer deutlicheres Bild ab: Die Menschen, die Afrodiverso um Unterstützung gebeten haben, sind vor allem Rentner*innen.

Als alle Portionen verteilt sind, läuft Argelia zurück zum Haus. Oyantay ist dabei, Töpfe zu spülen. Mittags haben sie mithilfe von Unter­stützer*innen aus der queeren Community bereits vor dem Haus Essen ausgegeben. Die Essenslieferung machen sie nur für die 23 bis 25 Menschen, die den Weg durch die Nachbarschaft nicht mehr selbst laufen können. Sie nennen ihr Projekt La Caldoza Diversa (die diverse Caldoza-Suppe), in Anlehnung an das Suppengericht Caldoza Cubana.

Queeres Empowerment trifft Küche für Alle

Es begann 2019 mit einer Art „Küche für alle“. Während der Coronapandemie änderte sich die Funktion ihrer Arbeit und Afrodiverso leistete zudem soziale Hilfe. Allerdings verschlechtert sich die ökonomische Situation in Kuba seit dem Ende der Pandemie weiter. So entschieden Argelia und Oyantay, weiterhin Menschen, die vulnerablen Gruppen angehören, zu unterstützten. Es kommen auch alleinerziehende Mütter oder Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen. Doch ob in der Hauptstadt Havanna oder einem Dorf im Osten Kubas – wenn Menschen auf Kuba von vulnerablen Gruppen sprechen, geht es oft um Rentner*innen.

Die Rente auf Kuba beträgt in der Regel 150 Pesos pro Monat. Nach dem staatlichen Wechselkurs sind das etwa zwölf Euro, nach dem weit verbreiteten Straßenwechselkurs etwa fünf Euro. Die Rentner*innen leiden besonders unter der Inflation, die vergangenes Jahr 30 Prozent betrug, und den kleiner werdenden Mengen an Lebensmitteln, die über das staatliche System der Verteilung, auch libreta genannt, zur Verfügung stehen. Die Situation verschärft sich zusätzlich dadurch, dass immer mehr junge Menschen das Land verlassen. Zurück bleiben die Älteren. Doch in dem Land, das für seine medizinischen Fachkräfte bekannt ist, mangelt es an Pflegeangeboten und -kräften.

Für noch mobile und gesunde Senior*innen bietet der Staat in den „Häusern der Großeltern“ Tagesbetreuung an. Wer jedoch krank ist und Pflege bedarf, lebt zuhause. Das im Jahr 2022 verabschiedete neue Familiengesetz nimmt für die Pflegearbeit Familienangehörige in die Pflicht. Nur wenn es keine Familie gibt, leistet der Staat Sozialhilfe.

„Eigentlich ist es nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft, aber wir machen es trotzdem, aus Empathie” Mit Küche für Alle gegen Altersarmut (Foto: Andrea Schmidt)

Oyantay und Argelia sitzen in ihrem Wohnzimmer. Auf einem Sticker in Regenbogenfarben, der am Kühlschrank klebt, steht: „Christus liebt mich.“ Sie erzählen begeistert vom Familiengesetz, denn es legalisiert die gleichgeschlechtliche Ehe, stärkt die Rechte von Frauen und erhöht den Schutz bei Gewalt. Das Gesetz stärkt auch die Rechte von älteren Menschen und Pflegekräften. Die beiden erklären, dass die pflegende Person oft mit im Haus lebt. Die pflegebedürftige Person habe jetzt das Recht zu entscheiden, wer sie pflegt und auch die Möglichkeit, ihr Haus an die pflegenden Angehörigen zu vererben.

Neues Gesetz bringt teils Verbesserungen für ältere Menschen

Mit dem Gesetz delegiert der Staat allerdings auch die Verantwortung für die Pflegearbeit an die Familien. Das heißt angesichts patriarchaler und sexistischer Arbeitsteilung und Rollenbilder: an Frauen. Das Gesetz habe mit Blick auf die Pflegeverhältnisse nicht groß etwas geändert, sondern vielmehr eine bestehende Situation reguliert. Oyantay und Argelia problematisieren, dass die Verantwortung für die Pflegearbeit viele Frauen dazu zwinge, ihren Beruf aufzugeben. Mit dem Einbruch der Einnahmen steigt auch ihre Vulnerabilität. Die Feminisierung der Fürsorgearbeit erhöht so die Feminisierung der Armut.

Armut trifft afro-kubanische LGBTIQ-Personen besonders stark: Queerfeindlichkeit zwinge viele zum Schulabbruch oder Arbeitsverlust. „Sie werden als Travesti und als Schwarze diskriminiert“, sagt Oyantay. „Der Afrofeminismus hat sichtbar gemacht, dass es auf Kuba Rassismus und Sexismus gibt.“ Argelia und Oyantay diskutieren kritisch die Verantwortung des Staates. Auch mit Blick auf die Bekämpfung von Altersarmut sehen sie grundsätzlich den Staat in der Verantwortung. Sie verstehen die Arbeit von Afrodiverso als Hilfe für den Staat, nicht als Ersatz: „Eigentlich ist es nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft, aber wir machen es trotzdem, aus Empathie.“ „Wir machen das aus Liebe“, bekräftigt Argelia. Trotz ihrer kritischen Perspektiven ist ihnen wichtig, dass die regierungskritische Opposition die Arbeit von Afrodiverso nicht für deren Regierungskritik instrumentalisiert.

Es scheint, dass sich angesichts der sich zuspitzenden sozialen Krisen auf Kuba Räume für sozialen Aktivismus öffnen. Dort wird nicht nur Suppe gekocht, sondern auch antirassistische und feministische Arbeit geleistet. Diese muss sich allerdings in einem Rahmen bewegen, der nach den Protesten gegen die Regierung und die Kommunistische Partei Kubas im Juli 2021 mit Repression gewaltsam abgesteckt wurde.

Afrodiverso hat sich entschieden, Räume der Solidarität und des Empowerments zu schaffen und ist landesweit mit anderen afrofeministischen Gruppen vernetzt. Sie teilen ihre Erfahrungen, damit auch andere Initiativen entstehen. Auch in ihrem Stadtviertel würden sie die Essensausgabe gerne auf zwei bis drei Male die Woche ausweiten. Aus der queeren Community haben sie ein Netzwerk aus Menschen, die sich abwechselnd engagieren. Doch noch fehlen ihnen die Ressourcen. Oyantay zeigt auf einen kleinen Kiosk, der auf der Küchentheke neben der Haustür aufgebaut ist: „Alles, was wir aus dem Erlös nicht selbst zum Leben brauchen, nutzen wir für die Arbeit von Afrodiverso.“ Auch Nachbar*innen spenden manchmal oder sie organisieren Sachspenden.

Doch ihnen geht es immer um mehr als nur um praktische Unterstützung. „Wir wollen auch die Seele ernähren, nicht nur den Magen. Liebe zu spüren, erfüllt die Seele“, sagt Oyantay. Die Menschen im Viertel wüssten, dass sie ein nicht-binäres Paar sind, und sie begegnen bei der Essensausgabe anderen LGBTIQ-Personen. Das seien für viele Menschen neue Begegnungen.

Bisher hätten sie keine Ablehnung erfahren, unter Umständen vorhandene Vorurteile wurden ihnen gegenüber nicht geäußert. Oyantay und Argelia erzählen außerdem, dass einige der Menschen in fundamentalistischen Kirchengemeinden sind, die Homofeindlichkeit predigten. Wer Vorurteile habe, komme nicht zu ihnen. Für die Menschen zähle die Praxis, die positiven Erlebnisse mit Afrodiverso, mehr als die Diskurse aus der Kirche. Und so kommen einige ältere Nachbar*innen nicht nur zur Essensausgabe, sondern auch zu Drag-Shows, die sie anlässlich von Geburtstagsfeiern in der Nachbarschaft organisieren.


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DAS SPIEL DES RASSISMUS GEWONNEN

Kuss von Legende zu Legende Der Streetartkünstler Luis Bueno lässt Pelé in seiner Reihe Pelé Beijoqueiro so manche Persönlichkeit küssen (Foto: Second-Half Travels via Flickr , CC BY-NC 2.0)

Es war ein Mittwoch im Februar 1958, als aus einem Jungen aus den Armutsvierteln im Bundesstaat São Paulo der König des größten Landes in Lateinamerika wurde. Pelé – so der Spitzname, der dem 17-Jährigen vom FC Santos nur aus Spott verpasst worden war, weil er als Kind den Namen eines Spielers seines Lieblingsteams falsch aussprach – nahm an diesem Tag America Rio de Janeiro im Alleingang auseinander und wurde geadelt. Auf den Thron hob ihn Nelson Rodrigues, Theaterschriftsteller und das, was man heute wohl einen unverbesserlichen Fußball-Nerd nennen würde. Seine regelmäßige, vor Polemik und Pathos triefende Kolumne in der Sportzeitschrift Manchete Esportiva trug am nächsten Tag den Titel:„Seine Hoheit Pelé“. Und wie ein echter König gab der Junge aus Santos den Titel nie wieder ab. Es waren andere Zeiten im Fußball, vor allem in Brasilien. Dass ein Schwarzer Spieler von einem Weißen Journalisten als König bezeichnet wurde, war außergewöhnlich in einem Land, das die Monarchie und mit ihr die Sklaverei gerade erst 70 Jahre hinter sich gelassen hatte. Zwar wurden Schwarze Fußballer in den 1950er Jahren geduldet und bestäubten sich nicht mehr, wie noch 20 Jahre zuvor, das Gesicht mit Reismehl, um als Weiße durchzugehen. Aber Niederlagen des Nationalteams wurden der „Unreife“ und „Disziplinlosigkeit“ vor allem der Schwarzen Spieler zugeschrieben: Ihnen fehle im Vergleich mit den Europäern die Widerstandsfähigkeit.

Das alles sollte beim Weltturnier in Schweden 1958 besser werden. Um des gefühlten Mentalitätsproblems Herr zu werden, engagierte die Führung des brasilianischen Fußballverbands einen Psychologen und in der Startformation befand sich neben zehn Weißen nur noch der Superstar Didi. Der musste allerdings schon allein deshalb spielen, weil der einzige Ersatzmann für seine Position ebenfalls Schwarz war. Auf der Bank: Pelé und Garrincha, zwei Namen, die die Fußballwelt in den nächsten 15 Jahren in Angst und Schrecken versetzen sollten. Die Erkenntnis, dass ein Fußballspiel nicht durch die Hautfarbe entschieden wird, setzte sich bei Trainer Vicente Feola aber schließlich doch noch durch. Als Brasilien vor dem letzten Gruppenspiel mit dem Ausscheiden konfrontiert war, stellte er Pelé und Garrincha auf. Brasilien gewann die restlichen vier Spiele dieser WM und wurde auch wegen der sechs Tore von Pelé zum ersten Mal Weltmeister.

Der Rest ist Geschichte. Mit Pelé und Garrincha gemeinsam auf dem Platz sollte die Nationalelf, die Seleção, in den nächsten acht Jahren kein einziges Spiel mehr verlieren. Brasilien stieg mit Pelé zum Rekordweltmeister auf und er selbst wurde zum überragenden Spieler des Weltfußballs. Acht-Monats-Präsident Jânio Quadros ernannte ihn 1962 gar offiziell zum nationalen Kulturgut. Dadurch untersagte er Pelé per Gesetz für zehn Jahre einen Wechsel ins Ausland, in dem vergeblichen Versuch, seine eigenen Popularitätswerte vor dem totalen Verfall zu retten. Pelé akzeptierte diese eigentlich unerhörte Beschneidung seiner Persönlichkeitsrechte klaglos und gab an, er sei „glücklich, weiter für Santos zu spielen“.

Das passte ins Bild von Pelés Umgang mit der Autorität. Seine auch weltweit immer größer werdende Popularität nutzte er, wenn überhaupt, nur sehr vorsichtig, um sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse Schwarzer oder gar gegen die 1964 beginnende Militärdiktatur einzusetzen. Es gibt Fotos, die ihn gemeinsam mit den Diktatoren Geisel und Medici zeigen. Äußerungen, wonach durch harte Arbeit auch Schwarze den Aufstieg schaffen könnten, kamen in der politisierten Black Community Brasiliens nicht gut an – die strukturelle Diskriminierung war allgegenwärtig. Sein Mitspieler Paulo Cezar Caju, der mit Pelé 1970 Weltmeister wurde, warf ihm vor, er benehme sich „wie ein unterwürfiger Schwarzer, der alles akzeptiert und gegen nichts kämpft“. Andere verglichen Pelé mit der brasilianischen Frucht Jabuticaba: Eine Art Kirsche, die außen schwarz, aber innen weiß ist und einen schwer verdaulichen Kern hat.

Pelé war sich bewusst, dass zu klare öffentliche Positionierungen seine Karriere gefährden könnten

Um die Position von Pelé zu verstehen, hilft ein Zitat der Historikerin Ynaê Lopes dos Santos: „Pelé wusste genau, wie er als Schwarzer Mann das Spiel des Rassismus in Brasilien spielt. Und er hat es gewonnen. Es war das Ergebnis einer sehr intelligenten Lektüre davon, wie das Land Brasilien funktioniert.“ Von klein auf war Pelé mit härtestem Rassismus, strukturell wie direkt, konfrontiert. Wie für unzählige brasilianische Kinder seiner Zeit bestanden seine ersten Fußbälle aus mit Zeitungspapier ausgestopften Socken. Seine erste weiße Freundin wurde von ihrem Vater öffentlich verprügelt, als dieser von ihrem Verhältnis erfuhr. Bei einer weiteren Beziehung zu einer Weißen – Pelé war zu diesem Zeitpunkt schon ein bekannter Fußballstar – durfte er immer nur in Begleitung eines Familienmitglieds seiner Freundin mit ihr ins Kino gehen. Bevor er als König gefeiert wurde, hatte er sich schon jahrelang in Stadien und Medien rassistisch beschimpfen lassen müssen. „Wenn ich wegen jedem Affenlaut unterbrochen hätte, hätte ich kein einziges Spiel zu Ende bringen können“, erzählte er vor zwei Jahren in einem Fernsehinterview. Auch dafür wurde er kritisiert, denn heutzutage gilt die Regel, dass ein Match bei anhaltenden rassistischen Schmährufen abgebrochen werden muss.

Pelé war sich immer bewusst, dass zu klare öffentliche Positionierungen seine einzigartige Karriere gefährden könnten. Widerstand hätte sein sportliches und gesellschaftliches Vorankommen verzögert, vielleicht sogar verhindert. Deshalb erduldete er alle Beleidigungen und Diskriminierungen klaglos und zahlte dort zurück, wo ihm niemand etwas anhaben konnte: auf dem Fußballfeld. Der Vorwurf, er hätte sich sozialem Engagement und politischen Äußerungen zeitlebens verweigert, wird ihm allerdings nicht gerecht. Ganz abgesehen von der Vorbildfunktion, die er für Millionen Schwarze Menschen in Brasilien und der ganzen Welt bis heute erfüllt, brachte er bei einigen Gelegenheiten eine klare politische Haltung zum Ausdruck. Das prominenteste Beispiel ist seine Absage, auf Druck der Militärs die WM 1974 zu spielen, worauf ihm die Diktatur eine würdige Abschiedsfeier zu seinem Karriereende verweigerte. Bekannt ist auch das ikonische Foto, auf dem er sich 1984 in einer Favela mit Hut und einem mit den riesigen Buchstaben Diretas Já! (Freie Wahlen jetzt!) bedruckten Trikot des Nationalteams Seleção für die Titelseite der Sportzeitschrift Placar ablichten ließ, womit er die Kampagne zur Beendigung der Militärdiktatur unterstützte. Und schließlich hielt er 1995 im brasilianischen Kongress eine Rede, in der er mit deutlichen Worten einen höheren Anteil Schwarzer Abgeordneter in der Kammer forderte. Im Ausland war Pelé ohnehin eine gefeierte Symbolfigur der Schwarzen Bewegung. Als Bob Marley Brasilien besuchte, trug er Pelés Trikot mit der Nummer 10. Und bei seiner Totenwache im Stadion von Santos sagte der ivorische Konsul Tibe bi Gole Blaise: „Afrika hat einen großen Sohn verloren!“


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VIER FRAUEN, EIN GEMEINSAMER KAMPF

Gerechtigkeit Protestaktion von Me Muevo Por Colombia gegen die Kriminalisierung der ermordeten Mile Martin (Foto: Me Muevo de Colombia)

Während eines dreitägigen Mexikobesuches im September dieses Jahres traf sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem mit Müttern von Verschwundenen. Zu ihnen gehört auch Ana* aus Honduras. Sie ist seit 2012 in Mexiko, um ihren Sohn Óscar Antonio López Enamorado zu finden, der im Jahr 2010 in Jalisco verschwunden ist. Er gehört zu über 100.000 Menschen, die in Mexiko offiziell vermisst werden.

Amtliche Zahlen über gewaltsam verschwundengelassene Migrant*innen existieren nicht. Während nach Angaben des Nationalen Registers verschwundener und vermisster Personen (RNPDNO) 2.414 Einwander*innen als vermisst gelten, geht die zivilgesellschaftliche Organisation Movimiento Migrante Mesoamericano von 80.000 Migrant*innen aus, die in Mexiko verschwunden sind.

Wie die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko in einer Presseerklärung zur Reise von Bundespräsident_Steinmeier kritisiert, stehe die mexikanische Politik und Gesellschaft noch immer vor denselben Herausforderungen wie vor Ló-pez Obradors Amtsantritt im Jahr 2018. Denn obwohl die Regierung die Menschenrechtskrise anerkannt und Reformprozesse eingeleitet hat, fehle der Wille zur konsequenten Umsetzung von Gesetzen. Aus diesem Grund setzt auch Ana bei der Suche nach ihrem Sohn nicht auf die mexikanische Regierung, sondern vor allem auf eigenen Aktivismus. In ihrem täglichen Kampf um Antworten hat sie schon an zahlreiche Türen staatlicher Institutionen geklopft, Suchaktionen gestartet, Berichte verfasst und Anzeigen gestellt. Da sich die Mühlen der mexikanischen Bürokratie nur sehr langsam drehen, Verschwundene aber so schnell wie möglich gefunden werden sollen, hat sich die Honduranerin mit anderen Aktivist*innen zusammengeschlossen und das Netzwerk Red Regional de Familias Migrantes gegründet.

Gemeinsam mit dieser Gruppe unterstützt Ana andere Mütter dabei, ihre verschwundenen Angehörigen in Mexiko zu finden. Hierfür organisieren sie Demonstrationen, errichten und pflegen Denkmäler, starten Petitionen, halten Reden, geben Präventionsworkshops und bauen ein internationales Netzwerk auf, um sich weltweit gegen das Verschwindenlassen von Migrant*innen einzusetzen. Im Gespräch erläutert Ana ihre Devise klar und deutlich: „Nicht schweigen. Weiterhin unsere Stimme erheben. Diese untätigen Behörden weiterhin entlarven. Weiterhin die Familien begleiten. Sobald etwas passiert, weiterhin berichten, was passiert und nicht nachlassen. Mit dem Kämpfen nicht ruhen. Mit anderen Worten: Wir müssen hartnäckig sein, wir müssen eigensinnig sein, damit dies ein Ende hat. Denn wenn wir ruhig und passiv bleiben, wird nichts passieren“. Dass man selbst etwas tun muss, um Veränderungen zu bewirken, weiß auch Yarima. Sie stammt aus Kolumbien und ist zum Studieren nach Mexiko gekommen. Yarima ist Mitbegründerin des Kollektivs Me Muevo por Colombia. Die Gruppe besteht vor allem aus Frauen und Studierenden.

Die massive Protestbewegung der Bauern und Bäuer*innen 2013 in Kolumbien war damals der Ausgangspunkt für die Gründung des Kollektivs. Yarima hat sich daraufhin mit anderen Personen aus Kolumbien in Mexiko zusammengeschlossen, um sich mit den sozialen Bewegungen für den Frieden und gegen die sozialen Ungleichheiten in ihrem Herkunftsland zu solidarisieren.

Seit 2015 ist das Kollektiv auch gegen Feminizide an kolumbianischen Frauen in Mexiko politisch aktiv. In Mexiko werden täglich im Durchschnitt zwischen zehn und elf Frauen Opfer von Feminiziden, also geschlechtsspezifischen Morden. Bezogen auf die Feminizide an kolumbianischen Frauen erzählt Yarima, dass deren Kriminalisierung und Diffamierung durch die Medien und das Justizsystem ein großes Problem darstellt: „Eine Frau kolumbianischer Herkunft wird in Mexiko ermordet – und das Justizsystem, das für Gerechtigkeit sorgen sollte, kriminalisiert und reviktimisiert sie im Einvernehmen mit den Medien. Das ist ein Muster, das wir in mehreren Fällen beobachtet haben. Informationen über den Fall werden an die Boulevardpresse weitergegeben, die versucht, der Frau die Schuld an ihrem Tod zu geben. Diese Presse informiert falsch über Aspekte ihres Lebens. Dies dient dazu, sie zu diskreditieren und nicht zu ermitteln. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Frau oder verwendet die traditionelle Art, von Feminiziden abzulenken, indem sie Geschichten über Drogen und Alkohol erfindet“, erklärt Yarima. Vor allem bei Sexarbeiter*innen komme diese Herabwürdigung vor.

Zwischen zehn und elf Frauen werden in Mexiko täglich Opfer von Feminiziden

Anfangs hatte das Kollektiv es vermieden, sich öffentlich über solche Themen in Mexiko zu äußern, da der Verfassungsartikel 33 Ausländer*innen verbietet, sich in die politischen Angelegenheiten des mexikanischen Staates einzumischen. Doch weil immer mehr Fälle von Feminiziden an kolumbianischen Frauen in Mexiko an sie herangetragen wurden, entschieden sie, sich öffentlich dazu zu positionieren. „Es ist ein Thema, das uns betrifft, weil wir in Mexiko leben. Als Frauen müssen wir uns damit in Mexiko auseinandersetzen, da es sich um eines der gewalttätigsten Länder der Welt handelt. Als Kolumbianerin kommt dann noch die Last der Diskriminierung hinzu; Fremdenfeindlichkeit und Ungerechtigkeit“, sagt Yarima.

Diese Problematik hat Yarima und ihre Mitstreiter*innen auf die Straßen bewegt. Seit jeher gehen sie gegen die Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen vor. Das Kollektiv organisiert Demonstrationen, die Fälle von Diffamierung und Kriminalisierung von immigrierten Kolumbianer*innen bei mexikanischen Behörden melden oder die kolumbianische Botschaft zum Handeln auffordern. Dabei überschneidet sich der Aktivismus von Yarima und dem Kollektiv Me Muevo por Colombia mit vielen Forderungen der mexikanischen feministischen Bewegung, die sich für ein Leben ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen einsetzt. Aus diesem Grund sind bei Protestaktionen oft auch mexikanische Aktivist*innen dabei.

„Wenn wir ruhig und passiv bleiben, wird nichts passieren“

Die von Yarima beschriebene strukturelle Diskriminierung gegen Migrant*innen geht auch von anderen staatlichen Institutionen aus. Insbesondere stehen das Nationale Migrationsinstitut (INM) und die Nationalgarde wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Beide Institutionen werden von der aktuellen Regierung zur Unterbindung der irregulären Migration eingesetzt. Allein im Jahr 2021 gingen bei der Nationalen Menschenrechtskommission (CNDH) 1.239 Beschwerden gegen das INM ein. Unter anderem wurde dem Institut vorgeworfen, Migrant*innen erniedrigend zu behandeln, Personen willkürlich zu inhaftieren oder sie einzuschüchtern. Zivile Menschenrechtsorganisationen gehen allerdings von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus, da viele Migrant*innen aus Angst vor negativen Folgen keine Beschwerden einreichen.

Yesenia (alias Tuty) aus El Salvador kennt diese Diskriminierungen bei Behördengängen nur zu gut und setzt sich als Privatperson für andere Migrant*innen ein. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und lebt seit 32 Jahren in Mexiko. Nachdem Yesenia ihr Jurastudium in Mexiko absolviert und nun durch ihre Arbeit in einem Rathaus in Mexiko-Stadt ein festes Einkommen hat, hilft und begleitet sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich andere Personen aus Zentralamerika und Südamerika bei juristischen Angelegenheiten. Dazu gehören unter anderem die Regularisierungsprogramme für einen Aufenthaltstitel (Regierungsprogramm zur Legalisierung des Aufenthaltsstatus, Anm. d. Red.) oder Registrierungen von in Mexiko geborenen Kindern. Da sie selbst während ihres Regularisierungsverfahrens Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe durch INM-Beamt*innen erfuhr, will sie nun anderen helfen: „Ich tue es, weil ich nicht will, dass sie leiden. (…) Weil ich gelitten habe, möchte ich allen anderen helfen“. Einmal wurden Yesenia die Antragspapiere vor die Füße geworfen – sie solle sich keine Hoffnung auf eine Aufenthaltserlaubnis machen, denn sie sei weder blond noch weißhäutig.

Yesenias Solidarität mit Personen, die nach Mexiko kommen, geht so weit, dass sie oft Unbekannte bei sich übernachten lässt. Es sind meistens Familien, die in keiner Herberge für Migrant*innen unterkommen konnten und sonst auf der Straße hätten schlafen müssen. „Meine Kinder haben schon vorgeschlagen, unsere Wohnung in Herberge Tuty umzubenennen“, scherzt Yesenia. Migrant*innenherbergen werden in Mexiko zum größten Teil von zivilgesellschaftlichen Organisationen verwaltet. Sie unterstützen Migrant*innen, indem sie unter anderem Unterkunft, Essen, Kleidung, aber auch Rechtsbeistand und medizinische Hilfe anbieten. Doch oft sind diese Einrichtungen überbelegt, nicht jede Person kann bleiben. Bei Yesenia haben deswegen schon einige Migrant*innen eine warme Mahlzeit und einen Platz zum Schlafen bekommen.

Yesenia solle sich keine Hoffnung auf eine Aufenthaltserlaubnis machen, sie sei weder blond noch weißhäutig

Obwohl die Diskriminierung von Migrant*innen ein weit verbreitetes Problem ist, betonen Ana, Yarima und Yesenia, dass sie auch Mexikaner*innen kennen, die hilfsbereit und solidarisch sind. Die Venezolanerin Andrea, die vor sieben Jahren mit ihrem Sohn nach Mexiko kam, will sich deshalb mit ihrem sozialen Aktivismus für diese Unterstützung bei der mexikanischen Gesellschaft bedanken. Wie die anderen Frauen hat sie sich im Land ein neues Leben aufgebaut: „Mir geht es jetzt gut und deswegen wollte ich anderen helfen, die weniger haben. Es ist eine Gelegenheit, sich für die Möglichkeiten, die wir hier bekommen haben, dankbar zu zeigen. Außerdem geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen, damit die schwierigen Zeiten nicht so unangenehm sind“.

Spieltag mit der Gruppe Venezolanos al Rescate (Foto: Venezolanos Al Rescate)

Mit anderen Venezolaner*innen hat Andrea 2018 die Gruppe Venezolanos al Rescate gegründet. Gemeinsam unterstützen sie in Mexiko vor allem Kinder und Familien in armen Verhältnissen. Denn laut dem mexikanischen Rat für die Bewertung der sozialen Entwicklungspolitik (CONEVAL) leben immer noch 19,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Aus diesem Grund organisiert Andrea mit ihrer Gruppe in abgelegenen Ortschaften zum Kindertag am 30. April Feiern, bei denen sie auch Essen, Kleidung und Spielzeug verteilen. Außerdem verschenken sie zum Schulbeginn Materialien, die zuvor an die Gruppe gespendet wurden. Neben diesen Aktionen, die sich vor allem an Kinder mit mexikanischer Staatsangehörigkeit richten, unterstützt Venezolanos al Rescate auch Personen aus Venezuela: Venezolaner*innen, die in Mexiko bleiben wollen, sich im Transit durch Mexiko befinden oder die in Venezuela leben. So hat die Gruppe aufgrund der humanitären Krise im Land auch schon Pakete mit Medikamenten nach Venezuela verschickt.

Ein Aktivismus, der von Medien kaum beachtet wird

Die vier hier porträtierten Frauen stehen nicht repräsentativ für alle Migrant*innen aus Zentral- und Südamerika in Mexiko. Sie kommen aus verschiedenen Herkunftsländern und haben sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten. Doch ihre Geschichten geben Einblick in einen Aktivismus, der von den Medien kaum beachtet wird. Diese Seite Mexikos, das zum Ankunftsland für Menschen aus Zentralamerika, Südamerika und der Karibik geworden ist, wird selten zum Thema gemacht.

Doch es sind starke Geschichten von Frauen, die anderen Menschen in Mexiko helfen und dafür keinerlei Gegenleistung einfordern. Ana, Andrea, Yarima und Yesenia haben sich unabhängig voneinander organisiert. Doch ihre vielfältigen und solidarischen Formen von Aktivismus haben eine Gemeinsamkeit: Sie alle richten sich gegen Ungerechtigkeiten in Mexiko, die in neoliberalen, patriarchalen und rassistischen Strukturen wurzeln.

* Auf Wunsch der Protagonistinnen und um ihre Sicherheit zu gewährleisten, werden nur die Vornamen verwendet.


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UMWELTRASSISMUS UND KLIMAKRISE

(Foto: Christian Russau)

Was ist Umweltrassismus? In Deutschland ist der Begriff nicht sehr geläufig, was können wir uns darunter vorstellen?
Thaís Santos: Ein Beispiel ist der Bezirk Perus am nordöstlichen Stadtrand von São Paulo. Dreißig Jahre lang wurde die Hälfte des gesamten Mülls aus São Paulo dorthin transportiert. Außerdem gibt es in Perus eine Zementfabrik, die massive Atemwegserkrankungen bei der Bevölkerung verursacht, die überwiegend Schwarz ist. Mülldeponien, die Entsorgung von gefährlichen Substanzen in unseren Flüssen, fehlende Abwasserentsorgung und Wasserknappheit – all dies ist Umweltrassismus, denn es passiert dort, wo die Schwarze Bevölkerung lebt. In São Paulo ist die Mordrate durch Polizeigewalt sehr hoch, aber die Folgen fehlender staatlicher Politik führen ebenfalls zu hoher Sterblichkeit. Wenn man nicht mit der Kugel tötet, dann eben mit dieser Nekropolitik, die sich als sehr effektiv erwiesen hat.

Eliete Paraguassu: Ich komme aus der Gemeinde Boca do Rio in der Region des Hafens von Aratu. Die Gemeinde ist jahrhundertealt, den Hafen gibt es erst seit den sechziger Jahren. Jetzt wurden seitens der Hafenbetreiber fünf Hektar Mangrovensumpf gerodet, der nicht nur die Bucht von Aratu ernährte, sondern die gesamte Meeresbucht Bahia de Todos os Santos, alle Gemeinden, die vom Fischfang leben. Die verantwortliche Firma heißt Bahia Terminais. Sie setzen Sprengstoff ein, um den Hafen so zu erweitern, dass dort große Schiffe entladen werden können. Der Hafen von Aratu wird immer noch ohne Umweltgenehmigung betrieben und ist unserer Meinung nach für die Belastung der Bucht mit Schwermetallen verantwortlich, zum Beispiel in der Gemeinde Santo Amaro. Umweltrassismus folgt einem Modell des Genozids.

Wie erleben Sie als Aktivistinnen, die sich vor allem mit den Themen Umweltschutz und Rassismus auseinandersetzen, aktuell Brasilien?
Eliete Paraguassu: Brasilien kriminalisiert die sozialen Bewegungen und traditionellen Gemeinschaften. Denn das politische Projekt der Regierung ist eines des Hungerns und des Sterbens der traditionellen Gemeinschaften, wie die der traditionellen Fischer, der Quilombolas, Indigenen und von Gemeinden in den Randgebieten der großen Städte. “Brasilien – ein Land für alle“ lautet der Slogan der Regierung. In Wirklichkeit ist es ein Land, das nur für das Kapital sorgt, nicht für die Menschen.

Ist das eine neue Entwicklung?
Thaís Santos: Die Schwarze Bewegung hat sich immer im Kampf befunden – sei es für unsere Territorien oder gegen die Verletzung von Menschenrechten. Während der Regierungszeit von Lula wurde einiges an Politik der öffentlichen Hand für die Schwarze Bevölkerung umgesetzt, aber im Vergleich zu dem, was uns historisch entgangen ist, war das immer noch sehr wenig. Und es wurde uns nicht geschenkt, sondern von der Schwarzen Bewegung erstritten.

Wieso verdient der Umweltrassismus in Brasilien besondere Aufmerksamkeit?
Thaís Santos: Die Klimakrise ist in ihrem Kern eine humanitäre Krise. Der Umweltrassismus ist ein Teil des strukturellen Rassismus in Brasilien. Man darf die Hauptpersonen der Klimakrise, nämlich diejenigen, die verletzlich gemacht werden und die unter den Folgen des Klimawandels leiden, bei den Lösungen nicht außen vor lassen.

Sie waren zuletzt in Schottland, Frankreich, Spanien und Deutschland unterwegs. Welche Anliegen haben Sie im Gepäck?
Eliete Paraguassu: Mit unserer Reise durch Europa möchten wir vermitteln, dass wir Unterstützung brauchen, um Brasilien international anzuklagen. Es ist ein Land der Schwarzen, sein politisches Projekt besteht aber darin, uns sterben zu lassen oder zu ermorden. Und internationale Firmen haben sehr dazu beigetragen. Wir reisen durch Europa, um das Netzwerk gegen Umweltrassismus und für soziale Umweltgerechtigkeit zu erweitern. Es gibt diesen Trugschluss, dass Brasilien sich im Dialog mit den traditionellen Gemeinschaften befindet. Aber das stimmt nicht.

Welche sind die nächsten Schritte für mehr Umweltgerechtigkeit in Brasilien?
Thaís Santos: Wir brauchen eine Vertretung im Parlament und im Senat, unsere Leute müssen an den Verhandlungstischen sitzen können, damit Umweltrassismus in den Mittelpunkt der Diskussion rückt. Wir brauchen keine Fürsprecher. Wir können für uns selbst sprechen. Wir bilden uns, wenn akademisches Wissen das ist, was sie fordern. Es gibt unzählige Schwarze Menschen, die dafür ausgebildet sind, um an den Diskussionen teilzunehmen. Aber es geht nicht so weiter, dass Umweltrassismus auf Weinerlichkeit reduziert wird, so wie das die brasilianische Regierung tut.


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„WIR SIND GEMACHT AUS MUT UND ZÄRTLICHKEIT“

25. Juli Internationaler Tag der Schwarzen Frauen aus Lateinamerika und der Karibik

Illustration: Denise Silva, @ise_camaleoa


EIN BISSCHEN BRASILIEN

Sie war zehn Jahre alt. Sie hatte weder Mutter, noch Vater. Sie wohnte bei ihrer Großmutter und ihrem Onkel. Ihre Mutter war tot und wo ihr Vater war, wusste man nicht. Immer dann, wenn sich ihm die Gelegenheit bot, vergewaltigte ihr Onkel sie. Seit sie sechs Jahre alt war. In ihrem Körper, der sich selbst erst noch entwickelte, wuchs ein Kind aus der Gewalt eines 32-jährigen Mannes. Ein Schmerz im Unterleib ließ sie zum Arzt gehen. Dort gab es den schmerzhaftesten und unwiderlegbarsten Beweis für die dem Mädchen angetane Gewalt: Sie war schwanger.

Das Mädchen weinte und schrie, sie wollte dieses Baby nicht. Die Schwangerschaft musste in der 24. Woche unterbrochen werden. Das Gesetz gibt ihr dieses Recht. Aber Unterstützer des Präsidenten Jair Bolsonaro und katholische und evangelikale Fundamentalist*innen stellten sich vor das Krankenhaus, in dem der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden sollte. Sie beschimpften sie als Mörderin. Sie nannten sie ein Monster. Sie, ein Mädchen, das die Schlimmste aller Gewalttaten erleiden musste, und das an seinem Körper und seiner Seele Verletzungen hatte, die sehr lange brauchen werden, um zu vernarben.

Ich wartete darauf, im Fernsehen Bilder des Onkels zu sehen, der verhaftet wurde. Ein Schwarzer Mann. Sie war Schwarz. Sie war ein verfügbarer Körper. Sie trug an ihm das Stigma der Unterwürfigkeit: Ihr Schwarzsein. Die Farbe ihrer Haut erklärt auch, warum sich so viele Gläubige im Recht sahen, ihr zu sagen, dass diese Abtreibung ein Verbrechen wäre. In Bezug auf einen entmenschlichten Körper ist alles erlaubt. Sie war Schwarz.

Sechs Jugendliche spielten Computerspiele in einem Haus in der Favela Morro do Salgueiro, in São Gonçalo im Bundesstaat von Rio de Janeiro. Sie waren gemeinsam in Quarantäne. Sie befolgten die Empfehlungen der WHO und die Regeln ihrer Mütter. Ihrer Schwarzen Mütter, die wissen, dass Schwarzsein in einer Favela genug ist, um verdächtigt zu werden. Und – als Konsequenz – um getötet zu werden.

Sie waren zu sechst im Wohnzimmer. Wie in einem Hollywood-Film stürmten bewaffnete Polizisten das Haus. Schüsse fielen. Schreie. Weinen. Alle auf dem Boden. João Pedro versucht, sich vor den Schüssen zu schützen und wird in den Bauch getroffen. João Pedro war vierzehn Jahre alt. Es waren 70 Schüsse. João Pedro wollte Rechtsanwalt werden.

João Pedros Familie sucht ihn, um ihn zu retten. Die Polizei sagt, sie hätten ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Seine Eltern suchen die Krankenhäuser von São Gonçalo und Rio de Janeiro ab, aber sie finden ihn nicht. Am Morgen des Folgetages wird João Pedros Leiche im forensischen Institut identifiziert. João Pedro wurde von der Polizei erschossen, während er sich an die Quarantäneregeln hielt und mit seinen Cousins Videospiele spielte. Die Polizei sagt, es sei ein Haus der Drogenmafia gewesen. Sechs Jugendliche spielten Videospiele. João Pedro war 14 Jahre alt und wollte Rechtsanwalt werden. Er war ein Schwarzer Jugendlicher.

Mirtes ist Hausangestellte und kann sich soziale Distanz zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion nicht leisten. Sie und ihre Mutter arbeiten für die Familie des Bürgermeisters. Wegen der Pandemie hat der Hort geschlossen, in dem Mirtes normalerweise den fünfjährigen Miguel abgibt. Ihren Neguinho, wie sie ihn liebevoll nannte. Mirtes nahm ihn mit zur Arbeit, wo sie auch auf die Tochter und den Hund der Frau des Bürgermeisters aufpasste.

Miguel war ein lebhafter Junge, sprach viel, er war aufgeweckt. Er stellte seine Wünsche über alles andere, drängte sich auf mit der ganzen Großartigkeit eines Schwarzen Jungen aus der Favela, fünf Jahre alt, der Polizist werden wollte. An jenem Tag war Miguel mit seiner Mutter in der Wohnanlage in Recife, Hauptstadt des Bundesstaats Pernambuco. Mirtes ging mit dem Hund raus und ließ Miguel in der Obhut der Hausherrin.
Als Mirtes nach 20 Minuten das Gebäude betrat, hörte sie einen Krach und den Schrei eines Mannes. Es war der Portier, er versuchte jemandem zu helfen, der auf dem Boden lag. Es war Miguel. Er war neun Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Die weiße Hausherrin hatte auf ihn aufpassen sollen. Sie lackierte gerade ihre Nägel. Miguel wollte zu seiner Mutter, sie verlor die Geduld. Sie brachte ihn zum Fahrstuhl und drückte auf den Knopf. Miguel drückte auf weitere Knöpfe und stieg im neunten Stockwerk aus. Er kletterte an einem Geländer hoch und fiel. Der kleine Miguel starb in den Armen seiner Mutter im Krankenhaus. Die Anwälte der Hausherrin werfen Miguel vor, seinen Tod selbst verschuldet zu haben. Miguel war fünf Jahre alt. Er wollte zu seiner Mutter. Träumte davon, Polizist zu werden. Er war ein Schwarzer Junge.

Lass sie tragen, was sie will!
Illustration: Denise Silva, @ise_camaleoa


RASSISMUS ALS RÜCKGRAT BRASILIENS

Diese Geschichten sind alltägliche Ereignisse im Leben Schwarzer Familien aus den brasilianischen Vorstädten. Die Entmenschlichung Schwarzer Körper in Brasilien ist Ausdruck des Rassismus, der die Gesellschaft strukturiert und die Gewalt auf allen Ebenen schürt und legitimiert.

Brasilien ist ein Land, das in seiner DNA den Kolonialismus trägt. Es hat seinen Reichtum auf der Versklavung Schwarzer Körper aufgebaut. Mit dem Ende der Sklaverei wurde europäische Einwanderung gefördert, um Brasilien zu einem weißen Land zu machen. Es gab viele Bestrebungen, die Schwarze Bevölkerung auszurotten. Auch eine Politik der Massensterilisation Schwarzer Frauen gehörte dazu. Die Vernichtungspolitik von damals wird heute auf konsequente und institutionelle Weise fortgesetzt. Das, was sich als struktureller Rassismus festgesetzt hat, ist das Rückgrat im Aufbau Brasiliens. Rassismus ist Teil der Gesetze und der Polizeipraktiken, die nach der Sklaverei entstanden sind. Er liegt in der Abwertung des Wissens, das mit den versklavten afrikanischen Menschen kam, in der Gewalt gegen afro-religiöse Räume, darin festzulegen, dass bestimmte Körper für Gewalt und Tod zur Verfügung stehen.

Alle 23 Minuten wird in Brasilien ein junger Schwarzer Mann ermordet, stellt der Atlas der Gewalt 2020, ein Bericht des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung (IPEA) und des brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit, fest. Die von 2008 bis 2018 erhobenen Daten der Studie zeigen auch, dass 75,7 Prozent aller Mordopfer Schwarz sind. Polizeigewalt ist die Hauptursache für den Genozid an Schwarzen Jugendlichen, die Militärpolizei funktioniert dabei als bewaffneter Arm des Staates. Es sind die Mütter, die den Kampf für Gerechtigkeit für die ihren aufnehmen.

Die Gewalt gegen Frauen, insbesondere gegen Schwarze Frauen, nimmt im Kontext der Corona-Pandemie rapide zu. Zuhause eingesperrt mit ihren Aggressoren, können sie keine Anzeige erstatten oder dem Ort entkommen, an dem ihnen die schlimmsten Straftaten angetan werden. Laut Atlas der Gewalt 2020 wird in Brasilien alle zwei Stunden eine Schwarze Frau ermordet. Im Jahr 2018 waren 68 Prozent der ermordeten Frauen Schwarz. Wenn wir über Schwarze Frauen sprechen, sprechen wir über Menschen, die doppelt diskriminiert werden: weil sie Frauen sind und weil sie Schwarz sind. In Brasilien steht die Schwarze Frau an unterster Stelle. Sie verdient am wenigsten und ist doch diejenige, die Haushalt und Kinder versorgt. Diese Logik ist ein Erbe aus der Zeit der Versklavung, die die soziale und politische Struktur in Brasilien bis heute aufrechterhält. Schwarzsein bedeutet für die Behörden eine totale Entmenschlichung. Das hält Schwarze Frauen davon ab, Unterstützung bei den Institutionen zu suchen, die sie schützen sollten. Stattdessen werden sie kriminalisiert, wenn sie Gewalterfahrungen machen. Bei der Polizei, zum Beispiel. Es gibt spezielle Dienststellen, die Frauen in Gewaltsituationen aufnehmen. Diese sind Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, an Wochenenden geschlossen. An den Wochenenden, wenn die meisten Männer zu Hause sind, wissen diese also, dass sie nicht gestoppt werden. Die Behandlung weißer Frauen auf Polizeistationen unterscheidet sich stark von der Behandlung Schwarzer Frauen. Weiße Frauen werden als verletzlich angesehen, umsorgt, mit Menschlichkeit behandelt und sogar ermutigt, ihre Aggressoren anzuzeigen. Schwarze Frauen, die dieselbe Unterstützung suchen, werden so behandelt, als würden sie die Wut ihres Aggressors provozieren und seien letztlich selbst für die erlittene Gewalt verantwortlich.

Gewalt gegen trans Frauen, Lesben und Travestis wird unsichtbar gemacht, was eine weitere Form der Gewalt darstellt. Der Bundesverband der Transgender und Transsexuellen ANTRA hat Zahlen zur Gewalt gegen den „von der Norm abweichenden” Körper untersucht, um entsprechende politische Maßnahmen des Staates zu fordern: 82 Prozent der ermordeten trans Frauen und Travestis waren Schwarz. Der Bericht, der sich auf die Monate Januar bis August 2020 bezieht, zeigt einen Anstieg der Todesfälle um 70 Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Mehrheit der Trans und Travesti, die von Sexarbeit lebt, ist Schwarz (Travesti ist ein Eigenbegriff, der eine lateinamerikanische politische Identität von transfem transgender Personen beschreibt. Zur ausführlicheren Besprechung dieses Begriffs siehe LN Nr. 525, Anm. d. Red.). Trotz Maßnahmen zur sozialen Isolation während der Pandemie mussten sie weiterhin auf der Straße arbeiten. Weniger belebte Straßen jedoch führen dazu, dass sie neben dem Virus auch der Gewalt der Männer ausgesetzt sind, die gewalttätig und grausam handeln und wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden.

São Paulo ist der brasilianische Staat, der die meisten trans Frauen, Travestis und Lesben im Land tötet. Die Initiative des Zentrums für soziale Eingliederung (NIS) und die Organisation „Wir: Feministische Dissidenzen“ erhebt auf der Grundlage von Zeitungsberichten Daten zum „Lesbozid“. Die Daten zeigen, dass auch dieses Thema unsichtbar gemacht wird und es schwierig ist, Rechte von lesbischen Frauen zu verteidigen. Oft ist es den Medien nicht wichtig genug zu berichten und wenn, dann berichten sie über weiße Opfer. Die brasilianischen Medien spielen sich nicht nur als Richter auf, sie entscheiden auch, welche Körper Aufmerksamkeit verdienen. LBTT-Körper, insbesondere Schwarze Körper, stehen im Zentrum der Gewalt und am Rand der öffentlichen Politik. Gewalt gegen weiße Frauen führt zu gesellschaftlicher Empörung und wird zu einer Nachricht in den Medien. Gewalt gegen Schwarze Frauen taucht nur in den Mordstatistiken auf. Sie werden unsichtbar gemacht und ihre Schmerzen entmenschlicht.

Die Gegenwart ist feministisch
Illustration: Valeria Araya, @onreivni


FRAUEN IN BEWEGUNG: MARSCH DER SCHWARZEN FRAUEN VON SãO PAULO

Angesichts der Vergewaltigung unserer Mädchen, des Missbrauchs und der Gewalt an unseren Körpern, im Kampf um das Recht auf Leben unserer Schwarzen Jungen und Jugendlichen, für das Recht auf Leben von trans Frauen, Travestis und Lesben demonstrieren wir für uns, für uns alle, für das Gute Leben. 2015 marschierten 50.000 Frauen in die Hauptstadt Brasília, wo sie mit Schüssen und Tränengas empfangen wurden. Frauen aus ganz Brasilien eint der Wunsch zu leben und leben zu lassen.

Am Ende des gemeinsamen bundesweiten Marsches der Schwarzen Frauen 2015 organisierten die Gruppen, die sich für den Marsch gebildet hatten, weiter Aktionen in den Bundesstaaten. In São Paulo erkannte die Kerngruppe, die den Aufbruch der Paulistas nach Brasília organisiert hatte, das dort vorhandene politische Potenzial und die konkreten Möglichkeiten eines sozialen Wandels unter effektiver Beteiligung der Frauen. Seit dem 25. Juli 2016, dem Tag der afro-lateinamerikanischen und karibischen Frauen, marschieren wir jedes Jahr gegen alle Formen von Gewalt, Diskriminierung, gegen Faschismus und Kapitalismus, gegen den Genozid an den Schwarzen Jugendlichen, für das Leben.

Die Pandemie hat das Szenario verändert, aber nicht das Ziel. Mit einem virtuellen Protestmarsch haben wir zehn Stunden lang ununterbrochen Inhalte in unseren sozialen Netzwerken gesendet. Unser Ziel waren zwanzigtausend Zuschauer*innen und wir haben eine Million erreicht. Nicht einmal Covid-19 hält uns davon ab, anzuklagen und zu kämpfen.

Um gegen eine Regierung zu kämpfen, die den grausamen Plan eines Genozids in die Tat umsetzt, hilft nur der Zusammenschluss der Protestbewegungen. Dies gilt auch für den Marsch der Schwarzen Frauen in São Paulo. Vereint in den Forderungen für das Gute Leben, bleiben wir in Bewegung. Unter dem Motto „Keinen Knast, keine Schießerei, kein Covid: Schwarze Körper sollen leben! Schwarze und Indigene Frauen! Für uns, für uns alle, für das Gute Leben!” arbeiten wir in Netzwerken und werden den Kampf fortsetzen, den wir seit Generationen kämpfen, der unser ist, der für uns ist.

Wir sind Schwarze cis Frauen, Indigene, lesbisch, bisexuell, trans, wir sind Travestis, Quilombolas, Aktivistinnen und Netzaktivistinnen, Selbstständige, Sexarbeiterinnen, jung, alt, studentisch, Erzieherinnen, Hausfrauen, Künstlerinnen, Arbeitslose, Angestellte im öffentlichen Dienst, Lehrerinnen, Wertstoffsammlerinnen, Gesundheitspersonal, Menschenrechtsverteidigerinnen, Parlamentarierinnen, Journalistinnen, wir sind katholisch, protestantisch, aus afrobrasilianischen Religionen, ohne Religion, aber mit Glauben an die Kraft jeder einzelnen von uns. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Wir sind gemacht aus Kampf, Mut, Widerstand, Kühnheit und Zärtlichkeit.


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KRIEG UM LAND VERSCHÄRFT SICH

Proteste gegen die von Siedlern provozierten Brände in dem Biosphärenreservat, Foto: Jorge Mejía Peralte (CC BY 2.0)

Die Küstenregion der nicaraguanischen Karibik wird von 304 Gemeinschaften bewohnt: den indigenen Mayangna, Miskito, Rama, Garífuna und afrodescendientes, deren Vorfahren aus Afrika verschleppt wurden. Sklav*innen, die sich während des transatlantischen Sklavenhandels nach Schiffshavarien und Sklavenrevolten auf der Karibikinsel Jamaika an die Küste retteten. 2002 verabschiedete das Parlament unter der liberal-konservativen Regierung von Enrique Bolaños das Gesetz 445, wodurch 36.000 Quadratkilometer Land in den Besitz der indigenen Gemeinschaften übergingen, die sich fortan durch eigene lokale Autoritäten selbst verwalteten. Zu dem Gebiet zählen die Biosphärenreservate Bosawás im Norden, das die größten, noch intakten Waldflächen des Landes beherbergt, und Indio Maíz Río San Juan im Süden. Die UNESCO verlieh Bosawás 1997 und Rió San Juan 2003 den Status als Biosphärenreservat, die seitdem zum Welterbe gehören.

Seit mehr als 10 Jahren leiden die indigenen Gemeinschaften unter der Invasion ihres Territoriums durch Siedler*innen, die sich mit Waffengewalt ihr Land aneignen. Hauptaktivitäten der Siedler*innen sind die Abholzung und Brandrodung der Wälder zur Gewinnung von Weideland und Anbauflächen. Der zerstörerische Umgang mit den Ressourcen der Reservate bedroht nicht nur die Artenvielfalt, sondern hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit der dort lebenden Gemeinschaften. Beispielsweise hat die Nichtregierungsorganisation Proyecto Tapir Nicaragua im Reservat Indio Maíz herausgefunden, dass die Siedler*innen verschiedene Arten von Chemikalien zum Fischen verwenden, wobei giftige Substanzen die Flüsse kontaminieren und über Krustentiere und Fische in die Nahrungskette gelangen. Die Einwohner*innen befürchten langfristige gesundheitliche Folgen wie Krebs, Schädigungen des Gehirns oder Hautinfektionen.

Die Coronapandemie hat die Landnahme in indigenen Territorien verschärft

Selmira Flores, Sozialwissenschaftlerin und Forscherin am Institut für Forschung und Entwicklung der Zentralamerikanischen Universität (UCA), weist in einem Beitrag für die Monatszeitschrift Revista Envío darauf hin, dass zu der ohnehin schon drei Jahre anhaltenden Wirtschaftskrise jetzt noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzukämen. „Wir haben festgestellt, dass Kleinbauern und -bäuerinnen ihr Land verkaufen, um Schulden zu begleichen oder um Gesundheitskosten zu decken, wenn sie sich um eine chronische Krankheit oder eine Operation kümmern müssen. Ländliche Familien investieren viel in die Gesundheit, weil das öffentliche System nicht alles für sie löst.” Die Verarmung der Bevölkerung hat sich mit der Covid-19-Krise verschärft und eine massive Bewegung auf der Suche nach Land ausgelöst. Flores zufolge machen sich immer mehr Menschen in dem Glauben auf, es gäbe noch verfügbares Land, wo sie Nahrungsmittel produzieren und Einkommen erzielen könnten. „Aber was es in den Biosphärenreservaten gibt, ist Land, das seit Urzeiten den indigenen Völkern und afrodescendientes gehört, das per Gesetz ‘unveräußerlich, nicht verjährt und unpfändbar’ ist.” Die Landnahme indigenen Gebietes durch die Siedler*innen habe sich jedoch Jahr für Jahr beschleunigt und gehe mit Morden, dem Niederbrennen von Häusern und Parzellen einher − Zerstörungen, welche die indigenen Familien mit nichts zurücklassen.

„Wir müssen verstehen, warum es so viele bewaffnete Menschen gibt”, wird Lottie Cunningham, Miskita und Präsidentin des Zentrums für Gerechtigkeit und Menschenrechte der Atlantikküste Nicaraguas (CEJUDHCAN), in einem Bericht der Online-Zeitung 100%Noticias zitiert. „Das sind keine armen Leute, keine einfachen Bauern. (…) Die meisten Siedler sind ehemalige Militärangehörige, die von Regierungsbeamten unterstützt werden; sie handeln gewaltsam, um ihre Präsenz auszuweiten und indigenes Land zu besetzten.” Cunningham räumt ein, dass sich unter den Siedler*innen möglicherweise auch Familien befinden, die von den Anführer*innen nur angestiftet und missbraucht würden. Dies zu regeln sei aber die Verantwortung des Staates, denn sämtliche Verbrechen blieben bisher straflos.

CEJUDHCAN hat seit 2015 vierzig von Siedler*innen verübte Morde, fünfzig Verletzte, vierundvierzig Entführte und vier Verschwundene in den indigenen Gemeinden sowie tausende Fälle gewaltsam von ihrem Land Vertriebener dokumentiert (Stand Februar 2020). Angaben der Organisation zufolge sind bis März 2020 allein in den Miskito-Gebieten aufgrund der Siedleraktivität 23.243 Hektar Ernten verloren gegangen, was in den betroffenen Gemeinschaften zu einer beispiellosen Nahrungsmittelkrise geführt hat.

„Wir sprechen von Menschen, die sterben, die sich in einem Zustand ständiger Alarmbereitschaft befinden, die nicht schlafen können, die nichts zu essen haben und die Angst haben, angesichts der Möglichkeit bewaffneter Angriffe auf ihre Parzellen zu gehen, um Lebensmittel zu holen. Die größte Angst, die die indigenen Völker haben, ist der Ethnozid”, warnte Cunningham während einer öffentlichen Anhörung zur Untersuchung der Risikosituation der indigenen Miskito-Bevölkerung in der Karibik Nicaraguas, die vom Zentrum für Justiz und Völkerrecht (CEJIL) am 13. März dieses Jahres in der costa-ricanischen Hauptstadt San José veranstaltet wurde.

Allein die Zusammenstellung einiger exemplarischer Ereignisse aus diesem Jahr illustriert eindrucksvoll die existentielle Gefahr, in der sich die indigenen Gemeinschaften Nicaraguas befinden: Am 29. Januar überfielen etwa 80 bewaffnete Siedler*innen eine Gruppe der indigenen Mayangnas, als diese im Biosphärenreservat Bosawás jagten und fischten. Danach drangen sie in das Dorf der Gemeinde Alal ein, wo sie zwölf Häuser niederbrannten und das Feuer auf die Dorfbewohner eröffneten: Sechs Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben.

Am 18. Februar berichtete 100%Noticias über einen Angriff Bewaffneter auf die Gemeinde Santa Clara im Gebiet Wangki Twi Tasba Raya in Waspam, einem von Miskitos bewohnten Gebiet. Gegenüber Voz de América schilderte Susana Marley, indigenes Oberhaupt dieser Gemeinde, einen brutalen Überfall, bei dem eine Familie, die im Fluss badete, unter Maschinengewehrfeuer genommen wurde. Eine Kugel traf eine Jugendliche mitten ins Gesicht und zerschlug ihren Kiefer. „Sie (die Siedler*innen, Anm.d.Red.) haben sich im Bergland niedergelassen und Gemeinschaften mit großen Weideflächen gegründet. Sie nennen ihren Ort Araguas. Von dort aus kommen sie mit ihren Waffen: Sie haben Häuser, Kirchen, Schulen niedergebrannt und Haustiere getötet”, erklärte Marley.

Am 28. Februar beklagte der Menschenrechtsverteidiger Joshwel Martínez einen weiteren Angriff auf die Miskito-Gemeinde Santa Clara. „In den frühen Morgenstunden dieses Freitagmorgens wurde die indigene Gemeinschaft Opfer eines neuen Angriffs, der von den Siedlern mit Kriegswaffen verübt wurde” und versicherte, dass sich die Angreifer*innen wie Paramilitärs verhielten. Mit „Der Krieg hat begonnen” ist auch ein Drohbrief überschrieben, der einen Tag zuvor in der indigenen Miskito-Gemeinschaft in Wisconsin aufgefunden wurde. Am 26. März bestätigten die lokalen Führer der Mayagnas eine Siedler*inneninvasion in der Wasakin-Gemeinde, bei der drei Gemeindemitglieder ermordet und vier durch Schussverletzungen schwer verletzt wurden.

Schon Tausende Indigene wurden gewaltsam von ihrem Land vertrieben

Über das digitale Portal PortaVoz Ciudadano richtete sich Lamberto Chows, indigener Anführer der Gemeinde und Gemeinderichter von Waspam am 12. März mit einem verzweifelten Appell an die internationale Gemeinschaft. „Sämtliche Gemeinden von Waspam werden überfallen. Wir Indigenen können uns nirgendwohin wenden, weil die regionalen Regierungsvertreter und die Polizei die Eindringlinge schützen, die uns töten und unser Land an sich reißen. Wir können nicht einmal pflanzen; wir leben im Chaos und leiden sogar unter Hunger”, sagte Chow.

Angesichts dieser Entwicklung könnten Schicksale wie das der indigenen Sangni Laya-Gemeinschaft zu einem alltäglichen Bild werden: Mit Rucksäcken voller Kleider und Habseligkeiten auf den Schultern, die Kinder an der Hand und ein paar Säcken mit Lebensmitteln flohen am 2. September mehr als dreißig Familien der Sangni Laya im nordkaribischen Twi Yahbra-Gebiet vor der Androhung eines Angriffs durch bewaffnete Siedler*innen.

Juan Carlos Ocampo, Gemeindeführer der Sangni Laya, erklärte gegenüber der Internetzeitung Confidencial, dass die Untätigkeit der Polizeibehörden sowie der regionalen und territorialen Regierung ein Beweis für eine Komplizenschaft des Staates sei. Ihm zufolge gibt es keinen Grund, nicht zu handeln und die Siedler*innen, die in ihr Gebiet eindringen, nicht räumen zu lassen.

Regionale Behörden und die Polizei schützen die Siedler*innen

Neben der ungeheuren humanitären Katastrophe hat die Invasion indigenen Landes auch dramatische ökologische Konsequenzen: Durch die Rodung und Plünderung der Wälder hat eine Verschiebung der Ackerbaugrenze bis weit in die Schutzzonen hinein stattgefunden. Eine vom Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (MARENA) veröffentlichte Karte zeigt, welches Ausmaß der Verlust an Waldfläche in diesen Gebieten angenommen hat. Die Abholzung der Wälder ist Nicaraguas drängendstes Umweltproblem. Die Waldfläche ist von 76 Prozent im Jahr 1969 auf 25 Prozent im Jahr 2020 zurückgegangen. Selmira Flores findet, dass es in diesem Zusammenhang angezeigt sei, die „Nationale Strategie zur Verringerung der Treibhausgasemissionen durch Entwaldung und Waldschädigung“ einer Überprüfung zu unterziehen. Das Projekt hatte die nicaraguanische Regierung im Juli 2019 beim Kohlenstofffonds der Weltbank zur Förderung eingereicht, für das 55 Millionen Dollar in Aussicht gestellt wurden. Der Fonds ist eine Initiative, der neben Kanada und anderen europäischen Staaten auch Deutschland angehört. Für die Umsetzung des Projekts hat Nicaraguas Regierung 23 indigene Gebiete in der nördlichen und südlichen Karibik ausgewiesen, zu denen auch die beiden Biosphärenreservate Indio Maíz und Bosawás gehören. Für die Regierung scheint jedoch eher der finanzielle Aspekt im Vordergrund zu stehen, als das Interesse an einer Lösung der bestehenden Landkonflikte in den Schutzgebieten, die der Erhaltung dieser wertvollen, ursprünglichen Ökosysteme und Wälder dienen.

Für Selmira Flores geht es bei den Konflikten an der Karibikküste jedoch nicht allein um den Umgang mit Ressourcen. Ihrer Ansicht nach sind es auch kulturelle Konflikte zwischen zwei Weltanschauungen, bei denen es um die gegenseitige Wahrnehmung geht. „Da die Ureinwohner der Karibik ihrer Bevölkerungszahl nach in der Minderheit sind, glauben wir, dass sie nicht denkfähig, dass sie rückständig sind, dass sie faul sind, dass sie gerne leben, ohne zu arbeiten.” Der an jene Vorurteile geknüpfte traditionelle Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft befeuert nicht zuletzt auch die Gewalt in den indigenen Territorien. Ein weiterer grundlegender Widerspruch besteht in der Einstellung zum Besitz: Der indigene Grundbesitz ist Gemeinschaftsbesitz, die größten Landflächen sind kommunal und nicht privat.

Rassismus und Konflikte über unterschiedlichen Verhältnisse zum Grundbesitz heizen die Gewalt an

„Die Konflikte zwischen diesen beiden Nicaraguas werden fortbestehen, solange die offizielle Politik die Kosmovision der autochthonen Völker nicht respektiert, für die nicht so sehr Dokumente und Geschriebenes zählen, sondern mündliche Überlieferung und die in der Gemeinschaft vereinbarten Normen”, so Selmira Flores in Revista Envío.

Gehör finden die Indigenen in ihrer Not bislang nur bei Menschenrechts- und Umweltaktivist*innen und ihren Organisationen. Diese sind sich einig in der Bewertung der Rolle des Staates, der Polizei, der Justiz, deren Untätigkeit die Präsenz von Siedler*innen und Unternehmer*innen in den indigenen Gebieten weiter fördert und die Korruption unter Staatsbeamt*innen in der Küstenregion deckt, die in die illegalen Aktivitäten und den Verkauf von indigenem Land verwickelt sind.


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DROHENDER GENOZID IN AMAZONIEN

Schon vor Corona machte Davi Kopenawa auf den Genozid der Yanomami aufmerksam (Foto: Alain GiA via flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Corona-Pandemie bedroht weltweit die Gesundheit und das Leben Hunderttausender, wenn nicht von Millionen von Menschen. Da es sich bei dem SARS-CoV-2 um ein neuartiges Virus handelt, ist die Weltbevölkerung nicht immunologisch auf die Krankheit vorbereitet. Für die globalisierte Welt ist dies eine neue Gefahr, es lebt fast niemand mehr, die oder der sich an die letzte große Pandemie, die Spanische Grippe von 1918 bis 1920, bewusst erinnert.

Weder Herdenschutz noch immunologisches Gedächtnis

Im amazonischen Tiefland ist dies anders. Viele indigene Gemeinschaften erinnern sich noch gut an regionale Grippe- oder Masernepidemien. So sind zum Beispiel die Yanomami im äußersten Norden Brasiliens erst in den 1960er Jahren in Kontakt mit der brasilianischen Gesellschaft getreten. Carlo Zaquini, ein italienischer katholischer Missionar, der seitdem mit den Yanomami arbeitet, erinnerte sich gegenüber dem britischen Guardian an die Epidemien: „Es war wie ein Bulldozer in der Glasfabrik. Alles ging zu Bruch.“ An einem Masernausbruch in den 1960er Jahren sind nach Schätzungen etwa neun Prozent der gesamten Yanomami-Bevölkerung verstorben, in manchen Dörfern starben 50 Prozent der Bevölkerung. Unter den Yanomami ist Anfang April mit dem 15-jährigen Alvanei Xirixana auch der erste Todesfall durch die Lungenkrankheit Covid-19 im Amazonasgebiet registriert worden. Am 14. Mai meldete das Sondersekretariat für Indigene Gesundheit (SESAI) für den brasilianischen Teil des Amazonasgebiets „301 indigene Fälle in ländlichen Gebieten“ und 19 Todesfälle.

Während der Eroberung des amerikanischen Kontinents durch europäische Kolonisatoren rafften Masern-, Grippe- und Pocken-Epidemien einen großen Teil der indigenen Bevölkerung dahin. Aber es gab auch Erreger, die von Amerika nach Europa kamen und dort großen Schaden anrichteten. Der bekannteste Fall ist wohl die Syphilis, die sich im frühen 16. Jahrhundert in ganz Europa ausbreitete.

Nicht nur alte und kranke Menschen zählen zur Covid-19 Risikogruppe

Die jetzige Pandemie, so befürchten viele, könnte für Indigene im amazonischen Tiefland ähnlich katastrophale Folgen wie die Infektionen während der Kolonisation haben. Wie in einem Artikel im US-amerikanischen Wissenschaftsmagazin Science erläutert, sollten Indigene deshalb grundsätzlich, neben Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen, zu den Risikogruppen gezählt werden. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits ist die Gesundheitssituation der indigenen Bevölkerung Südamerikas meist sehr schlecht. Krankheiten wie Dengue, Gelbfieber, Tuberkulose, Malaria und HIV sind weit verbreitet. Aufgrund der Armut und der damit verbundenen Ernährungssituation sind nach Schätzungen der UN etwa die Hälfte aller über 35-jährigen Indigenen an Diabetes Typ 2 erkrankt. Ein großer Teil der Indigenen ist also gesundheitlich vorbelastet und wäre schon aus diesem Grund bei einer Infizierung mit dem neuartigen Corona-Virus besonders gefährdet.

Zum anderen ist die Gesundheitsversorgung für Indigene in entlegenen Regionen unzureichend. In vielen Gebieten Amazoniens haben die Menschen kaum Zugang zu Krankenhäusern. Insbesondere in Brasilien hat sich die Gesundheitsversorgung durch die Politik des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro drastisch verschlechtert. Aus ideologischen Gründen verwies der Präsident im Jahr 2019 rund 8.000 kubanische Mediziner*innen des Landes. Diese hatten in einem Programm der Arbeiterpartei PT in besonders entlegenen und armen Regionen des Landes gearbeitet. Vor allem Indigene hatten von dieser Gesundheitsdienstleistung profitiert, die nun, wo sie am dringendsten benötigt wird, nicht mehr besteht.

Die Regierung Bolsonaro hat die mögliche Gesundheitsgefährdung der Indigenen noch auf andere Weise massiv verstärkt. In einem viel kritisierten Schritt wurde Anfang des Jahres Ricardo Lopes Dias zum Abteilungsleiter der Indigenenbehörde FUNAI berufen, die für in Isolation lebende Indigene zuständig ist. Der neue Chef war früher Missionar der New Tribes Mission. Die 1942 gegründete evangelikale Organisation versucht Indigene – auch solche in freiwilliger Isolation Lebende – zu kontaktieren und zu missionieren. In den 1980er Jahren war sie zum Beispiel im paraguayischen Chaco aktiv und hat mit Gewalt Indigene der Ayoreo Totobiegosode in Lager verschleppt, zu Arbeit gezwungen und evangelisiert. Es gab mehrere Tote aufgrund von eingeschleppten Krankheiten.

Während der Abwesenheit des Staates helfen die Indigenen sich selbst

Die Nachfolgeorganisation der New Tribes Mission, Ethnos 360 – die auch in Deutschland aktiv ist, missionierte zuletzt im Vale do Javari. In dem noch verhältnismäßig ungestörten Regenwaldgebiet in der Grenzregion zwischen Peru und Brasilien leben die meisten unkontaktierten Gruppen. Bislang hatte die FUNAI die Missionar*innen dort immer wieder ausgewiesen, damit sie dort keine Krankheiten verbreiten. Viele befürchten, Ricardo Lopes Dias könnte als neuer Zuständiger für isolierte Indigene bei der FUNAI seinen ehemaligen Missionarskolleg*innen freien Zugang in das entlegene Tal gewähren – und damit praktisch einen Genozid auslösen. Indigene Gemeinden, die bereits Kontakt zur brasilianischen Gesellschaft haben, aber sich als Beschützer der isolierten Indigenen begreifen, zogen vor Gericht. Angesichts der Gefahr durch Covid-19 verwiesen Gerichte Ethnos 360 aus dem Schutzgebiet. Ob die fanatischen Missionar*innen sich an die weltlichen Gesetze gebunden fühlen, ist jedoch fraglich.

Doch nicht nur Brasilien, auch andere südamerikanische Staaten lassen die Indigenen Amazoniens weitgehend im Stich. „Die Situation ist wirklich sehr schwierig. Das Militär versagt bei den Kontrollen der Boote und Transporter. Auch die schleppend anlaufende Belieferung der Gemeinden mit Nahrungsmitteln und medizinischen Materialien geht ohne Schutzvorkehrungen vonstatten“, sagt Lizardo Cauper, Präsident der Indigenen Vereinigung zur Entwicklung im peruanischen Regenwald (AIDESEP) in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Dachverband Indigener des Amazonasbeckens (COICA), des Klima-Bündnisses und des Instituts für Ökologie und Aktions-Ethnologie. Der indigene Verband COICA hat deshalb 14 Forderungen an die Regierungen der Region geschickt, in denen unter anderem eine verbesserte Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen und Lebensmitteln für die indigene Bevölkerung in dieser Notsituation verlangt wird. Zudem müssten die Regierungen das weitere Eindringen von Bergbau-, Erdöl- und anderen nicht-indigenen Arbeiter*innen in die Schutzgebiete stoppen, um die Ausbreitung der Epidemie zu unterbinden.

Viele Gemeinden helfen sich in dieser Situation vor allem selbst. In Ecuador warnen stärker in die Nationalstaaten integrierte Indigene die isolierteren Gemeinschaften vor der Pandemie, über Crowdfunding werden Hilfsleistungen finanziert. Im Gebiet des Tapajós, im brasilianischen Teil des Amazonasbeckens, hat die Frauenorganisation der Munduruku die Informationen zum neuen Corona-Virus selbst übersetzt und über Radio und WhatsApp in den Dörfern verbreitet – eigentlich eine Aufgabe der Indigenenbehörde FUNAI. Die Munduruku haben sich – wie viele andere indigene Gruppen auch – eine Selbstisolation verordnet, um der Epidemie zu entgehen. Eines der größten Treffen indigener Gruppen Brasiliens, das Acampamento Terra Livre („Freies Land-Camp“, Anm. d. Red.), fand zwischen dem 27. und 29. April nur online statt. In dem Abschlussdokument der Veranstaltung werden Krankheiten als „die wichtigste biologische Waffe“ zur Vernichtung der indigenen Bevölkerung Brasiliens genannt und die aktuelle Regierungspolitik Jair Bolsonaros als „institutionalisierter Genozid“ bezeichnet. In 21 Punkten fordern die beiden Dachverbände Artikulation Indigener Völker Brasiliens (APIB) und Indigene Nationale Mobilisierung (MNI) darin unter anderem einen Ausbau der für die Bewältigung der Pandemie notwendigen Infrastruktur, einen verbesserten Zugang zu Schutzmaterial für alle Menschen in indigenen Gemeinschaften und die Rücknahme jüngster Erlasse der Regierung Bolsonaro, die die Invasion indigener Gebiete entkriminalisieren.

Regenwaldschutz bedeutete auch Pandemieschutz

Die Folgen der katastrophalen Amazonaspolitik der Regierung Bolsonaros werden durch die Pandemie noch verstärkt. Bergbau, land- und holzwirtschaftliche Nutzung, der Bau von Wasserkraftwerken – all dies will Bolsonaro in den Regenwaldgebieten Amazoniens erleichtern, um Wirtschaftswachstum und „Entwicklung“ zu bringen, die jedoch wenig Vorteile für die lokale Bevölkerung bietet. In verschiedenen Gesetzesinitiativen hat er die Schutzbestimmungen für indigene Schutzgebiete geschwächt oder aufgehoben. Holzhändler*innen und Garimpeiros – also Menschen, die mit einfachen Methoden Edelmetalle schürfen und fördern – strömen seitdem in die indigenen Gebiete, wo es immer häufiger zu Konflikten kommt. Dabei berufen sich die illegalen Eindringlinge darauf, dass Präsident Bolsonaro auf ihrer Seite stehe.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind nach Angaben der brasilianischen Raumfahrtbehörde INPE um 51 Prozent mehr Waldflächen zerstört worden, als im ersten Trimester der Vorjahre. Aus Angst vor der Epidemie arbeiten auch staatliche Behörden, die die illegalen Rodungen unterbinden sollen, weniger intensiv – was die Arbeit von Kriminellen, die den Wald zerstören, enorm erleichtert. Dabei ist der Schutz indigener Gebiete die beste Garantie für den Erhalt des amazonischen Regenwaldes mit seiner wichtigen Rolle für das Weltklima, wie zahlreiche Studien belegen.

Hinzu kommt: Die Zerstörung von Regenwäldern bringt uns in Kontakt mit neuen Krankheitserregern. Das Corona-Virus ist höchstwahrscheinlich von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden. Einer Studie von 2008 zufolge sind 60 Prozent der neuen Krankheiten zwischen 1960 und 2004 von Tieren auf Menschen übertragen worden, zum Beispiel die Nipah-Krankheit in Südostasien und Ebola in Westafrika. Durch die Verkleinerung ihrer natürlichen Habitate geraten Wildtieren häufiger in Kontakt zu Menschen und übertragen so leichter Krankheitserreger – über Nutztiere, Moskitos oder direkt – auf den Menschen. Die nächste Pandemie könnte aus Amazonien kommen – als Folge der Zerstörung des Regenwaldes.


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EIN TAUZIEHEN

(Foto: Fluxus Foto)

Am Abend des 13. Oktober hatte sich die Regierung Moreno dann doch auf Verhandlungen mit den Indigenen eingelassen. Im Ergebnis der Gespräche, die live übertragen wurden, zog die Regierung das umstrittene Dekret 883 zurück und kündigte an, in einer Kommission mit Protestvertreter*innen an einem Ersatzdekret arbeiten zu wollen. Daraufhin endeten die Proteste, bald strömten die Einwohner*innen von Quito zu einer großen minga (kommunitäre Gemeinschaftsarbeit) zusammen, um die Spuren der Zerstörung zu beseitigen. Bands gaben spontane Konzerte, während in ausgelassener Stimmung aufgeräumt, repariert und gefegt wurde.

Mindestens elf Tote sowie Tausende Verletzte und Inhaftierte nach zehn Tagen Protest

Nach zehn Tagen Protest bilanziert der Ombudsmann mindestens elf Tote sowie Tausende Verletzte und Inhaftierte. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission ist derzeit vor Ort, um Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, lobte hingegen bei einer regionalen Sicherheitskonferenz die Regierung für ihre Dialogbereitschaft und Umsicht während der Krise.

Die Regierung um Präsident Lenín Moreno ist seitdem nicht nur bemüht, den Protest systematisch zu kriminalisieren und zu delegitimieren; sie rüstet für künftige Protestwellen militärisch, polizeilich und geheimdienstlich auf. Mehrere prominente Anhänger*innen von Expräsident Rafael Correa wurden verhaftet oder baten in Botschaften um politisches Asyl. Scharfgemacht von Verteidigungsminister Oswaldo Jarrín spricht man nicht mehr nur von einer Verschwörung der Anhänger*innen Correas und einem gescheiterten, aus Venezuela und Kuba gesteuerten Putschversuch, sondern von einer ganzen Reihe bewaffneter Gruppen, die eingeschleust worden seien und neue Antiterrormaßnahmen notwendig machten. Für die tatsächliche Anwesenheit solcher Gruppen gibt es wenige Indizien, auch während des Aufstands war lediglich improvisierte, meist defensive Bewaffnung zu beobachten.

Die sozialen Netzwerke quillen über von rassistischen Kommentaren

Leonidas Iza, Präsident der Indigenen Organisationen der Provinz Cotopaxi, sieht in den Behauptungen der Regierung einen Vorwand, um die heftige Reaktion der Bevölkerung auf eine verfehlte Wirtschaftspolitik kleinzureden: „Es ging ausschließlich um wirtschaftliche Forderungen. Wenn dahinter eine politische Absicht oder gar eine politische Manipulation aus dem Ausland gestanden hätte, hätten die Leute nach dem Rückzug des Dekrets weiter protestiert“. Die Mobilisierung und dahinterstehende Logistik sei spontan und selbstorganisiert gewesen.

Derweil wird die Legitimität der indigenen Anführer, die seit der Ausstrahlung des Dialogs recht bekannt sind, medial und politisch untergraben. Gegen viele von ihnen wurde Anklage erhoben, etwa wegen Entführung von Polizist*innen. Auch wurden Recherchen über angebliche Reichtümer der indigenen Autoritäten veröffentlicht – diese hätten „sogar Kleinflugzeuge“, obwohl es für indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet lebensnotwendig ist, kollektiv Zugang zu diesem oft einzig möglichen Verkehrsmittel zu haben, dessen hohe Kosten die Mobilität auf ein Minimum beschränken.

Die Diskussion um Subventionen für Treibstoffe wird auf das gesamte Wirtschaftsmodell ausgeweitet

Die sozialen Netzwerke quillen unterdessen von rassistischen Kommentaren einer weißen und mestizischen Mittelschicht über, die vorgibt, eine Demokratie gepachtet zu haben, die den Frieden der Privilegierten und die systematische und allgegenwärtige Diskriminierung von Schwarzen und Indigenen bedeutet. Regionalzeitungen veröffentlichen mitunter Stimmen, die offen zur Gewalt gegen Indigene aufrufen. Die Klassenfrage ist neben dem Wiederaufflammen des Rassismus heute so aktuell wie lange nicht mehr.

Die Indigenen weiten die Diskussion um Subventionen für Treibstoffe auf das gesamte Wirtschaftsmodell aus und thematisieren vor allem die Verteidigung und Anerkennung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. „70 Prozent der in Ecuador konsumierten Lebensmittel werden von Kleinbäuer*innen produziert. Die Agrarunternehmen, die die Bewässerung und das Land auf sich konzentrieren, ernähren uns nicht, die produzieren für den Weltmarkt“, so Leonidas Iza.

Die indigene Konföderation CONAIE berief Ende Oktober alle sozialen Organisationen ein „Parlament des Volkes“ ein. Gewerkschaften, Studierende, Akademiker*innen, Frauenorganisationen und Umweltschützer*innen arbeiteten dort zusammen an Vorschlägen für eine zukünftige Wirtschaftspolitik. Als das Dokument Ende Oktober offiziell der Regierung übergeben wurde, hieß es herablassend, man werde den Vorschlag genauso berücksichtigen wie 60 andere, die man schon erhalten habe. Wurden die Indigenen beim Dialog am 13. Oktober noch als legitime Repräsentant*innen der Bevölkerung behandelt, so degradieren Regierung und rechte Presse sie nun wieder zu unbequemen Hinterwäldler*innen.
Der erarbeitete Vorschlag beansprucht eine tiefgreifende Veränderung. „Es ist uns bewusst, dass die Diskussion um Treibstoffsubventionen in eine langfristige Strategie der Energiewende eingebettet sein muss, um in einer postextraktivistischen Gesellschaft der globalen Erwärmung entgegenzuwirken“, heißt es etwa. Um die Staatskassen zahlungsfähig zu halten und gleichzeitig den im Land produzierten Reichtum gerecht zu verteilen, schlägt man eine progressive Einkommenssteuer vor, die für die 270 größten Unternehmensgruppen im Land um vier Prozent erhöht werden soll, sowie eine Vermögenssteuer von einem Prozent bei gleichzeitiger Senkung der Mehrwertsteuer. Für einen „zivilisatorischen Perspektivwechsel“ soll unter anderem die Gemeinschaftsökonomie gestärkt werden. Alle Bergbaukonzessionen sollen einem Audit unterzogen und die Großkonzessionen zurückgenommen werden. Auch die Ausweitung der Ölförderung im Amazonasgebiet soll gestoppt werden. Neben der Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der traditionellen Fischerei soll auch der Tourismus ausgebaut werden, jedoch umwelt- und sozialverträglich. Zuletzt wird eine Offenlegung der Vereinbarungen mit dem IWF gefordert.

Ein Maßnahmenpaket der Regierung für die Förderung ländlicher Gebiete kritisierte die CONAIE als „unglaublich“. Viele dieser Maßnahmen hätten sie bereits vor zwei Jahren in einem Dialogprozess gefordert, heißt es in einer Presseerklärung. Das Paket sieht u.a. neue Kreditlinien für Bäuer*innen, die landesweite Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, die Registrierung von Fahrzeugen, die der Landwirtschaft und dem Personentransport dienen, sowie die Wiedereröffnung von 500 ländlichen Schulen vor. Auch hat Moreno dem Parlament einen Gesetzentwurf für die „Transparenz der staatlichen Haushaltspolitik“ vorgelegt. Eine Gruppe von Wirtschaftsexpert*innen äußerte in einem Manifest ihre Sorge darüber, dass dieses Gesetz genau den vom IWF gestellten Bedingungen entspricht und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität und die Dollarisierung gefährdet – in Ecuador ist seit der Bankenkrise 1999 der US-Dollar Landeswährung. Moreno möchte die Stabilitätsauflagen für private Banken lockern und so ihren Einfluss auf die staatliche Finanzpolitik und die Zentralbank stärken.

Wie es scheint, hat die Moreno-Regierung aus dem Aufstand nur „gelernt“, dass sie beim nächsten Mal besser vorbereitet sein will. So nimmt sie offenbar auch ein Wiederaufflammen der Proteste in Kauf. Bisher ist das Tauziehen um die künftige wirtschaftspolitische Ausrichtung Ecuadors noch in vollem Gang, genauso wie das um Legitimität in der Öffentlichkeit.

 


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VOM „DRECKSLOCH“ ZUM „SICHEREN DRITTSTAAT“

Botschaft am Grenzzaun von Tijuana „Kein Hindernis kann uns daran hindern, unsere Träume zu erreichen; wir sind Mexikaner und nicht aufzuhalten“ (Foto: Wolf-Dieter Vogel)

Während des mexikanischen Herbstes der Migration vergangenen Jahres standen nicht etwa die Gewalt der organisierten Kriminalität, nicht die von extraktivistischen Projekten ausgelösten Vertreibungen, nicht die von einer strukturellen Armut gebeutelte Bevölkerung im Fokus der Öffentlichkeit. Stattdessen hat der zur Angst konvertierte Rassismus und die mediale und politische Scharfmacherei in den USA die Debatte bestimmt. Weil sich in sogenannten Karawanen von Migrant*innen (Caravanes Migrantes) tausende Menschen aus Zentralamerika gemeinsam auf den Weg gen Norden machten, gab sich der US-amerikanische Präsident Trump aggressiv, drohte und schickte das Militär an die Südgrenze des Landes. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen teilte mit, dass am 19. und 20. Oktober vergangenen Jahres 7.233 Personen aus Guatemala, Honduras und El Salvador registriert wurden, die nach der mexikanischen Grenzbrücke Rodolfo Robles über den Fluss Suchiate eine Regierungsstelle für die Erstversorgung von Migrant*innen aufsuchten. Ein Großteil von ihnen begab sich anschließend auf den Weg durch Mexiko. Es fehlten noch immer tausend Kilometer zur US-Grenze. Trump kündigte an, 5.200 weitere Soldaten an die Grenze zu schicken – zusätzlich zu den bereits stationierten 2.092. Die Größe der ersten, von den Medien so breit rezipierten Karawane ließ sich zu diesem Zeitpunkt auf ungefähr 3.500 Menschen schätzen. Darunter 2.300 Kinder.
Fast zeitgleich kam eine zweite Karawane an die guatemaltekisch-mexikanische Grenze, knapp 2.000 Menschen aus Honduras. Auch aus El Salvador hatten sich mindestens 200 Personen auf den Weg Richtung Mexiko gemacht. Der offizielle Grenzübergang bei Tecún Umán wurde, wie zu erwarten war, auf mexikanischer Seite gesperrt . Die Bundespolizei schoss, obwohl sie es verneinte, mit Gummigeschossen auf die Verzweifelten. Henry Adalid Días Reyes wurde unterhalb des rechten Auges getroffen und starb.
Zwischen Guatemala und Mexiko verläuft der Grenzfluss Suchiate. Viele Migrant*innen versuchen immer wieder den Weg über den Fluss. Was dann passierte ist nur schwer an Maßnahmen der Verachtung für diese Menschen zu übertrumpfen. Die mexikanische Bundespolizei entsandte einen Helikopter, der mit den Rotorblättern die Menschen am Durchschwimmen hinderte. Kaltblütig wurde in Kauf genommen, dass hierbei Menschen, darunter viele Kinder, hätten ertrinken können.

Administrativer Irrsinn

Fast 2.500 Kilometer nördlich, an der Grenze zu den USA, wurde die mexikanische Polizei am Grenzübergang von Tijuana von den Migrant*innen der ersten Karawane ausgetrickst. Sie sprangen über Mauern und durchliefen einen Kanal, abseits des normalen Grenzübergangs. Auf ihren Versuch, die Grenze illegal zu überqueren, wurde mit Gummigeschossen und Tränengas seitens der US-Border Patrol geantwortet. Trump sagte zwei Wochen zuvor, während einer Pressekonferenz: „Wenn sie Steine auf uns werfen, wird unser Militär zurückschlagen. Wir werden die Steine als Waffe betrachten.“ Er zeigte damit, dass auf den rhetorischen Wahnsinn auch menschenfeindliche Akte folgen.
Mexikanische Behörden behaupteten zwar, es gäbe keine Verletzten, was allerdings die USA-Korrespondentin für TeleSur, Alina Duarte, auf ihrer Facebook-Seite dementierte: „Babies und Kinder, die wegen des Tränengases weinten. Frauen, die von den Gummigeschossen verletzt wurden. Mexikanische Bundespolizisten, die auf die Migrant*innen einschlugen. Vor allem aber sah ich Leute, die, wissend dass sie sterben könnten, weiterhin die Grenze zu überqueren versuchten.” Wenn die Not und die Verzweiflung der Antrieb sind, dann schreckt auch die militärisch stärkste Nation der Welt nicht ab.
Während sich die Augen der Welt damals auf die US-mexikanische Grenze konzentrierten, war mit Blick auf die mexikanische Südgrenze ersichtlich, dass sich dort auch zukünftig die Kristallisationspunkte einer verschobenen US-Grenzpolitik und dem Exodus aus Mittelamerika etablieren würden. Denn der Exodus würde weitergehen. Das verdeutlichten schon damals nicht nur die zwei, drei, vier Karawanen, die inzwischen kleiner wurden. Vielmehr zeigt es sich an der Menge der Menschen, die bisher medial und politisch meist unbemerkt fliehen. Von Januar bis September 2018 haben mexikanische Behörden 41.759 Menschen aus Honduras aufgegriffen; zusätzlich zu 9.503 aus El Salvador und 36.708 aus Guatemala. Abgeschoben wurden über 78.000. Und es ist noch lange nicht vorbei. Das ist auch der US-Regierung bewusst. Folglich vollzog sie einen schärferen Kurs in ihrem Migrationsregime und handelte mit Guatemala im Juli, El Salvador Mitte September und Honduras Ende September dieses Jahres Abkommen über eine sogenannte sichere Drittstaaten-Regelung aus. In allen drei Ländern wird zur Zeit heftige Kritik an der neuen Regierungsvereinbarung geübt, die zwar zwischen den Ländern bereits vertraglich festgehalten worden ist, von den gesetzgebenden Instanzen aber noch angenommen werden muss.
Das Konzept des sicheren Drittstaates sagt aus, dass, wenn eine Person ihr Heimatland verlässt, um in einem anderen Land Asyl zu beantragen, sich dieses zweite Land dem widersetzen und die Person stattdessen an einen dritten Staat weiter leiten kann, der als sicher verstanden wird. Zur Folge haben könnte dies, dass eine Honduranerin, die in den USA einen Asylantrag stellen will, an Guatemala oder El Salvador verwiesen wird, die als „sicher“ gelten. An sich grenzt die Regelung an einen administrativen Irrsinn, da aus allen drei „sicheren Drittstaaten“ die Menschen zuhauf fliehen. Gleichzeitig sind die Migrationspolitiken der letzten Jahrzehnte keineswegs dafür bekannt, zugunsten der fliehenden Menschen erarbeitet worden zu sein, sondern um die eigene restriktive Immigrationspolitik zu verschärfen. Nicht verwunderlich also, dass sich Donald Trump nun mit scheinheiliger Wertschätzung an seinen salvadorianischen Amtskollegen wendet.

Über 10.000 Soldat*innen sichern Mexikos Südgrenze

Diejenigen, die sich von der Regelung nicht abschrecken lassen und sich dennoch auf den Weg machen, treffen an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko seit Juni 2019 auf eine militarisierte Zone. Über 10.000 Soldat*innen hat Präsident Andrés Manuel López Obrador in den Süden seines Landes geschickt – und zollte damit seinem nördlichen Nachbarn Tribut, damit er nicht, wie zuvor angedroht, höhere Zöllen auf mexikanische Produkte erhob.
Sollte es dennoch Mittelamerikaner*innen geben, die all die tödlichen Strapazen der Reise überwinden und vor den Toren der USA stehen, dann warten an der über 3000 km langen Grenze, laut Trump, an die 27.000 Militärs, die López Obrador geschickt habe. Nicht umsonst frohlockte Scharfmacher Trump Ende Oktober und gab vor einigen Journalist*innen bekannt, was allen klar war: „Ich benutze Mexiko, um unsere Grenze zu sichern.“ Nebst der militärischen Drohung wartet seit Jahresanfang auch eine neue administrative Hürde auf die Schutzsuchenden. Die Verordnung (Migrant Protection Protocol) dient dazu, dass Personen, die aus Mexiko in die USA einreisen wollen und über keine ausreichenden Dokumente verfügen, in Mexiko auf die Bearbeitung ihres Antrags warten müssen. Der Theorie nach, so das US-Department for Homeland-Security, „wird Mexiko ihnen einen angemessenen humanitären Schutz während ihres Wartens gewähren.“ Diese Zusicherung sind die elektronischen Bytes nicht wert, mit denen sie auf der Internetseite zu lesen sind, bedenkt man die Gewalt- und vor allem Mordrate in den zwei mexikanischen Grenzstädten Tijuana und Ciudad Juárez.
Der Ausbau des Migrationsregimes zahlt sich für die Trumpsche Politik aus. Verhaftete der US-Grenzschutz noch 144.000 Menschen im Mai, waren es 82.000 im Juli und später im August nur noch 64.000, erklärte das Weiße Haus im September dieses Jahres. Dies geht zeitgleich einher mit einer höheren Zahl der Abschiebungen auf mexikanischer Seite. Bereits im Juli 2017 lag die Zahl der Abschiebungen an der Südgrenze Mexikos bei 700 pro Tag.
Wirkte in den vergangenen Jahren das Land Mexiko wie eine Mauer, aufgrund der Gefahren, denen sich die Migrant*innen zu stellen hatten, hat es sich unter dem vermeintlich linken Präsidenten López Obrador in den erweiterten US-Grenzschutz verwandelt.

 


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„IN PERMANENTEM BANKROTT“

Foto: Fischer Verlag

Als Adelaida ihre Mutter beerdigt, bleibt die 38-Jährige einsam zurück. In Caracas hat sie keine Familie mehr, die Tanten wohnen abgelegen an der Karibikküste. Versorgungsmängel, Inflation und Gewalt prägen den Alltag in der venezolanischen Hauptstadt. Nachdem einige Regierungsanhänger*innen auch noch ihre Wohnung besetzen, steht Adelaida plötzlich vor dem Nichts, bis sie hinter der nicht abgeschlossenen Tür nebenan den leblosen Körper ihrer Nachbarin findet. Kurzerhand beschließt Adelaida, die Identität der Toten anzunehmen, deren spanischer Reisepass nur noch verlängert werden muss. Zwischendurch erinnert sie sich an Zeiten, in denen europäische Migrant*innen in Venezuela ein besseres Leben suchten.
Nacht in Caracas ist der Debütroman der venezolanischen Journalistin Karina Sainz Borgo, die seit mehr als zwölf Jahren in Spanien lebt. Bereits vor Erscheinen verkaufte sich das Buch in 22 Länder, das mediale Interesse ist groß. Nach der Lektüre bleibt jedoch vor allem eine Frage zurück: Warum eigentlich?
Jenseits einzelner gelungener Szenen wirkt der Plot um Adelaidas als ambivalent beschriebenen Ausweg aus der Krise arg inszeniert. Die Metaphern und Allegorien versuchen krampfhaft, das Bild einer totalitären Gesellschaft zu zeichnen, in der die Protagonistin im Laufe der Geschichte alles verliert und doch gewinnt. Aus strikt oppositioneller Sicht thematisiert Sainz Borgo allgegenwärtige Themen des polarisierten Landes wie Korruption, Klientelismus, Medikamentenmangel oder staatliche Willkür. Tatsächlich aber offenbart Adelaidas Perspektive jenen Klassismus und Rassismus, den Teile der venezolanischen Mittel- und Oberschicht gegenüber den marginalisierten Teilen der Bevölkerung seit jeher kultivieren. Nun kann ein literarisches Werk seine Kraft auch genau daraus ziehen, kompromisslos aus einer individuellen Position heraus zu erzählen. Doch geht es der Autorin offensichtlich um eine – nur ganz leicht verfremdete – Zustandsbeschreibung des heutigen Venezuelas. Zu keinem Zeitpunkt lässt Sainz Borgo dabei den Verdacht aufkommen, dass es auch andere legitime Sichtweisen als jene ihrer Hauptfigur geben könnte.

Die Anhänger*innen der Regierung werden als ungebildete, fettsüchtige und ungewaschene Horden dargestellt


Jegliche Unterstützung der Regierung basiert laut der Erzählerin auf Zwang, Gewalt oder Privilegien. Die Empfänger*innen staatlicher Lebensmittelkisten müssen in Adelaidas Worten „brav zu jeder regierungsfreundlichen Veranstaltung und Demonstration gehen oder einfache Dienste leisten, wie etwa Nachbarn anzeigen.“ Zwar weist die Lebensmittelverteilung in ihrer heutigen Form in Venezuela durchaus klientelistische Züge auf und Veruntreuung findet auf allen Ebenen statt. Doch wie überlebensnotwendig die subventionierten Lebensmittel angesichts der Hyperinflation für sechs Millionen Familien sind, die dafür keineswegs Spitzeldienste verrichten müssen, erwähnt die Autorin von Nacht in Caracas nicht. Möglicherweise mangelte es an Kontakten in die barrios (ärmere Stadtviertel). Ebenso wenig scheint ihr bewusst, dass der Chavismus als politische Identität weit über die Regierung hinausgeht und auch jenseits materieller Zuwendungen existiert. Das heißt nicht, dass die Erzählerin nicht sensibel gegenüber der Armut um sie herum wäre. „Mit Geld ging alles einfach und schnell“, stellt Adelaida fest, als sie dem Ziel des Identitätsklaus dank wiederholter Bestechung immer näher kommt, „sehr viel schlimmer war, keines zu haben. So lebte die Mehrheit. In permanentem Bankrott.“ Banaler geht es kaum.
Noch ärgerlicher sind die Beschreibungen der Regierungsanhänger*innen selbst. Diese werden zu „Bastarden der Revolution“ und ausschließlich als ungebildete, fettsüchtige und ungewaschene Horden dargestellt. Aus purer Lust und gegen Bezahlung prügeln sie auf Oppositionelle ein, um deren „Köpfe aufplatzen zu lassen wie Melonen.“ Da heben die „engen Jeans“ der korrupten Hausbesetzerinnen „ihre feisten Beine hervor, die in elefantiastische Füße ausliefen, die in Plastiktüten steckten. Sie hatten dunkle Haut und struppiges Haar, das zu einem steifen Stummel gebunden war.“ Selbstredend schwitzten die Frauen „wie die Fernfahrer“ mit einem Geruch, „säuerlich und ekelerregend.“
Die Schilderungen sind oft derart von Hass geprägt, dass sie in Rachefantasien gipfeln. „Niemandem zitterte mehr die Hand, wenn es darum ging, jemandem vom Regime aufzulauern und ihn zu lynchen.“
Dabei werden in der deutschen Übersetzung nicht einmal alle rassistischen Untertöne deutlich. Als Adelaida etwa inmitten gewalttätiger Übergriffe seitens regierungsnaher Schlägertrupps die Leiche ihrer Nachbarin verschwinden lässt, sieht sie sich im spanischsprachigen Original einer merienda de negros gegenüber. Der kolonialrassistische Begriff bezieht sich ursprünglich auf afrikanische Sklav*innen, die während ihrer seltenen Pausen eine Zwischenmahlzeit einnahmen. Im Spanischen hält er sich bis heute als Synonym für unruhige, chaotische Situationen. In der deutschen Übersetzung wurde daraus schlicht „Hexenkessel“.
Und so liegen die eigentlichen Stärken des Buches weder im Plot noch in den Allegorien auf Venezuela. In ihrem Versuch, eine universell gültige Geschichte zu schreiben, zeigt die Autorin vielmehr unfreiwillig deutlich auf, wie problematisch weit verbreitete Denkmuster der rechten Opposition in Venezuela sind.

 


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