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En Frankfurt, antes de abordar un tren, dos personas ecuatorianas conversan apoyadas en sus memorias migrantes acerca de las cosas que echan de menos: sus comidas, sus lugares, sus historias. Luego, inevitablemente, terminan refiriéndose a las preocupaciones que devoran su calma. Se desvanece la ternura de los recuerdos y brota, desde sus lugares ocultos, el miedo. El miedo que los medios esparcen, un miedo que emerge, paralizante, acerca de la situación que viven los seres queridos en Ecuador. Desde hace unos meses, la violencia criminal es el pan de cada día: un Estado negligente, bandas criminales apoderadas a sangre y fuego de los territorios, extorsiones a personas privadas y negocios pequeños, llamadas macabramente „vacunas“, que no son otra cosa que el mensaje „debes pagarme para protegerte de mí mismo“; cadáveres expuestos en espacios públicos para generar terror, bombas estalladas en calles, estaciones de servicio, carreteras; asesinatos basados en prácticas crueles. La total deshumanización entroniza a la violencia y la muerte que disputa ser el centro de la vida vecinal, social y política.

El presidente banquero Lasso, en una deriva demagógica que busca el respaldo de los sectores sociales afines al porte de armas, y en el contexto de una tormenta política que le ha llevado a ser acusado por la Asamblea Nacional de corrupción en la contratación pública, ha anunciado un decreto para facilitar el porte de armas. Sin embargo, esta medida parece más encaminada a servir de „cortina de humo” pues, de hecho, antes de emitir el mencionado decreto de porte y tenencia de armas, el Gobierno del banquero ya había emitido el acuerdo ministerial 194 el 6 de mayo del 2022, firmado por el Ministro de Defensa Luis Lara, en el cual se normaban algunos aspectos adicionales sobre el control de armas, explosivos, agentes biológicos y químicos.

Quienes demandan armas de fuego responden a la deseperación desatada en un  contexto social definido por la alta percepción de inseguridad e incremento de la violencia. Sin embargo, el porte y la tenencia de armas por parte de la población civil, en vez de mejorar la calidad de seguridad de la ciudadanía, se ha convertido en una causa más del incremento de la violencia. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, el porte de armas por parte de la población civil es el tema que ha generado más debate en el contexto de la (in)seguridad. Para muchxs, el aumento de la violencia y delincuencia debe combatirse con el uso de armas.

Las armas son una de esas curas que resultan peor que la enfermedad. Según estadísticas, en países ricos mueren alrededor de 200 mil personas por homicidios o sucicidios mediante el uso de armas de fuego. Además existen aproximademente 300 mil conflictos armados en los países empobrecidos. Todos estos datos —a quienes pensamos y sentimos como migrantes— nos reafirman en una convicción: la solución no son más armas.

Necesitamos debatir una política de desarme, y no solo a nivel normativo, sino en el marco de iniciativas de desarme práctico en conjunto con la sociedad civil, lo cual está intimamente vinculado a la justicia social y a la abolición de estructuras de desigualdad social. La crítica situación en la que estamos tiene raíces sociales y económicas que no pueden solucionarse con las armas.

¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue posible que la violencia se convierta en la moneda de pago corriente en un país que, comparado con sus vecinos, era considerado una „isla de paz“? Un grupo de migrantes ecuatorianxs se reúne en un espacio virtual y conversa sobre esto, busca respuestas. En Ecuador —piensan— los traficantes gobiernan, deciden quién vive y quién debe morir; deciden, además, sobre lo que pasa al interior de las cárceles y sobre lo que pasa en los puertos, sobre la (in)seguridad en las ciudades y en los barrios. Pero además, en Ecuador, los gobernantes trafican: la misma embajada yankee retira la visa a generales de alto rango de la Policía, la razón: son „narcogenerales”. Es decir, la Policía no combate al narcotráfico, sino que, al menos en algunas ramas, es parte de él. Aún más: Rubén Cherres, asociado con la mafia albanesa y procesado en el pasado por narcotráfico, tiene influencia directa en la designación de ministros de Estado. Y no de ministerios cualquiera, sino precisamente de aquellos que están relacionados con el control territorial, la seguridad y las salidas marítimas del país. Tal personaje, por intermedio de un amigo suyo, Danilo Carrera, tenía alcance incluso con el presidente. Misteriosamente, este testigo y actor clave como puente entre las mafias y el Gobierno fue torturado y asesinado antes de que inicie un juicio político al presidente Lasso en la Asamblea Nacional. Por supuesto, las “coincidencias” son demasiadas. ¿Es el presidente un narco más? Si ese pensamiento parece temerario, hay que simplemente seguir el hilo: ¿Dónde se lava el dinero del narco? ¿Cómo ese dinero manchado de sangre —que no es para nada poco— circula después? Los bancos son, cabe legítimamente sospechar, enormes lavadoras de dinero. Y algo más: el presidente, el inefable Guillermo Lasso, es, cabe recalcar las veces que sea necesario, un banquero. Su banco y la banca oligarca del país, durante su gestión, tienen utilidades exorbitantes.

En Ecuador quiere gobernar el miedo: la violencia desatada termina por regular nuestros cuerpos y nuestros movimientos, nos dice adonde podemos o no podemos ir, cuando eso es posible o si es posible en lo absoluto. Por otro lado, el miedo se ha encarnado en personajes que, defendiendo los intereses del 1 % y de la banca, han llegado a ocupar los puestos principales de gobierno. Al gobierno del miedo el pueblo le hace resistencia. La resistencia cotidiana, la red de vecinxs, el chat del barrio, el prestarse los ojos y los oídos para cuidarse entre todxs. Además, se opone resistencia al no dejarnos obnubilar pese al miedo que sentimos: vemos con claridad que la violencia no desaparecerá simplemente por la derogación de un decreto, y que tampoco se cederá inmediatamente ante un cambio de gobierno.

La violencia y el miedo son parte de la estructura de desigualdad económica marcada por el capital, el patriarcado y el racismo estructural; por la corrupción del poder político estatal, y la división del trabajo impuesta por un mercado internacional. Tanto aquí, en tierras ajenas, como allá, en nuestro territorio de origen, la organización social y el fortalecimiento del sentido de comunidad nos permitirá identificar las alternativas ante el imperio neoliberal del miedo. Para ello se requiere recuperar el sentido de lo político y salvarlo de los representantes políticos actuales, es decir, necesitamos volver a pensar que lo político es como una planta que crece de abajo para arriba, que se nutre desde la raíz y que requiere ser alimentada. El debate político es un gran alimento. Se requiere, por ello, iniciar un debate político anti punitivista,  sin moralismos, acerca de lo que entendemos por seguridad, (i)legalidad y rehabilitación social. Necesitamos iniciar un debate acerca de temas tabús como las drogas, la criminalidad y su producción en el Sur, su consumo en el Norte, y de las ganancias extraordinarias que provoca esta commodity. Necesitamos rever nuestro sentido común ante lo cotidiano, la muerte y  la vida, y qué mejor que organizadxs en la trinchera del lugar que habitemos.