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Conocimientos que empoderan Carlos Doviaza durante una capacitación sobre sistemas de información geográfica (Foto: Carlos Doviaza)

¿Cuál es la situación jurídica general de los territorios indígenas en Panamá en la actualidad?

En Panamá hay dos marcos legales: el marco legal de comarca indígena, que es una división política independiente al nivel de provincia, y desde 2008 el de tierras colectivas, en el cuál la ley reconoce aquellas comunidades que están fuera de las comarcas.
A pesar de eso, para los gobiernos locales y de Estado el concepto de tierras indígenas no existe: para ellos hay comunidades indígenas, pero no tierras indígenas. Mientras no se entregue un título de dominio a las comunidades, los territorios colectivos no tienen seguridad jurídica. A pesar de que las comunidades se abren camino, esto no es respetado por los no indígenas. Incluso la comarca Embera-Wounaan ahora tiene un problema de invasión. Si las comunidades no están organizadas y cada una se dedica solamente al cultivo o a la supervivencia, el límite territorial siempre va a tener amenazas.

Usted utiliza tecnología moderna de los drones para proteger mejor los territorios indígenas. ¿Cuál es la idea de todo eso?

Mi trabajo ha sido el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades. Todo empezó en 2015 con un proyecto de monitoreo de bosques con sensores remotos, desarrollado dentro de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (COONAPIP) y en conjunto con la Organización para la Agricultura y la Alimentación dentro de las Naciones Unidas (FAO). Dicho proyecto se llevó a cabo para que los miembros de la COONAPIP pudieran tener a sus propios técnicos de territorio, eramos ocho personas.
La FAO nos enseño el uso de drones, de GPS y sistemas de información geográfica, la elaboración de mapas y monitoreo satelital con el objeto de poder presentar a las autoridades de gobierno documentación georeferenciada al momento de hacer denuncias de tala ilegal, deforestación, quema, etcétera. Las autoridades de gobierno como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio Público no tomaban en cuenta las denuncias cuando se hacían de forma verbal. Dicho proyecto buscaba llenar ese vacío con la ayuda de informes técnicos respaldados con coordenadas, fotos de drones y mapas. El objetivo final era lograr que la autoridad tradicional indígena le entregara dicha información a la autoridad de gobierno y asi denunciar delitos ambientales. Esa era la tesis de todo.

¿Podría contarnos de su trabajo en terreno?

Panamá no es como Brasil, Ecuador o Perú, lugares en los cuales una tala significa devastación en grandes cantidades. Aquí hay robo de madera, pero no se nota mucho la afectación al bosque. Pero si nosotros mostramos el mapa de deforestación, puedes ver las marcas o las cicatrices de cambio de cobertura forestal.
Hace algunas semanas fuimos a Aruza, una comunidad Wounaan en la provincia de Darién. Allí había un proceso de entrega de títulos de dominio de tierras colectivas, pero vinieron alrededor de 70 colonos, contrataron a un abogado y se aprovecharon de que el lado indígena omitió algunos procedimientos. Utilizando instrumentos legales lograron impedir el proceso de titulación colectiva, apropiarse de esas tierras y hacer deforestaciones, incluso con permisos del Ministerio de Ambiente.
La gente de la comunidad decía que los colonos tenían el derecho de posesión y que no se podía hacer nada. Fuimos a las fincas, hicimos los planes de vuelo y sobrevolamos (el dron sobrevuela el área según un patrón sistemático y saca fotos que posteriormente se usan para armar un mapa satelital más grande, nota de redacción). Así nos enteramos de que en el campo habían varias irregularidades. Por ejemplo, se talaron árboles con muy poca distancia hacía el próximo árbol, o hacia una quebrada. Luego seguimos por un camino que no estaba dentro de la finca y habían más talas. Los colonos y su abogado quedaron bastante sorprendidos y súper asustados de esa situación. De hecho, se asustaron ya al momento de verme, no porque yo sea un monstruo, sino porque ellos saben las capacidades que nosotros tenemos al momento de ver la situación y analizar los hechos. La comunidad de Aruza está llevando ahora un proceso legal. Ahora me toca hacer y armar los mapas para la Fiscalía, para que ellos hagan la investigación del caso. Básicamente nos ven a nosotros como un equipo importante para todas estas situaciones que tiene que ver con la madera.
La gente de la comunidad decía que los colonos tenían el derecho de posesión y que no se podía hacer nada. Fuimos a las fincas, hicimos los planes de vuelo y sobrevolamos (el dron sobrevuela el áreas según un patrón sistemático y saca fotos que posteriormente se usan para armar un mapa satelital más grande, nota de redacción). Así nos enteramos de que en el campo habían varias irregularidades. Por ejemplo, se talaron árboles con muy poca distancia hacía el próximo árbol, o hacia una quebrada. Luego seguimos por un camino que no estaba dentro de la finca y habían más talas. Los colonos y su abogado quedaron bastante sorprendidos y súper asustados de esa situación. De hecho, se asustaron ya al momento de verme, no porque yo sea un monstruo, sino porque ellos saben las capacidades que nosotros tenemos al momento de ver la situación y analizar los hechos. La comunidad de Aruza está llevando ahora un proceso legal. Ahora me toca hacer y armar los mapas para la Fiscalía, para que ellos hagan la investigación del caso. Básicamente nos ven a nosotros como un equipo importante para todas estas situaciones que tiene que ver con la madera.

¿De qué manera ha reaccionado el gobierno a su trabajo?

Para el proyecto inicial, COONAPIP recibía fondos directamente de la FAO. Las comunidades comenzaron a empoderarse con respecto al conocimiento y uso de manejo de GPS y drones, razón por la cual el gobierno bloqueó el financiamiento a FAO. Eso es lo que puedo decir, no hay prueba de ello, pero no lo dudo tampoco. Con dicho bloqueo el financiamiento resutaba muy burocrático y COONAPIP ya no pudo acceder a éste. El equipo de trabajo se desintegró, pero nos mantuvimos mi compañero Eliseo Quintero y yo.
Luego nos separamos de COONAPIP, fundamos GeoIndígena y recibimos apoyo de la Rainforest Foundation para seguir capacitando a las comunidades que estaban dentro de COONAPIP, para no perder ese conocimiento.

Al final el gobierno no logró impedir su trabajo…

Un punto clave fue una reunión en 2018 con el ministro de Medio Ambiente, Emilio Sempris. Poco antes, cientos de personas del pueblo Wounaan del este de la provincia de Panamá -una tierra de nadie bastante conflictiva e inaccesible- habían bloqueado la entrada del Ministerio de Ambiente. La idea era protestar por los colonos que estaban invadiendo los territorios colectivos, y exigir que el Ministerio de Ambiente aprobara el visto bueno favorable para la titulación colectiva. Cuando uno quiere titular un territorio colectivo, es necesario dirigirse a ANATI (Autoridad Nacional de Tierras). ANATI a su vez exige una pronunciación del Ministerio de Ambiente sobre la existencia de áreas traslapadas, es decir, si existen áreas que se superponen con un área protegida, y si éstas por lo tanto son aptas o no para la titulación. Desde 2011 no se emitió ninguna resolución. siempre iban postergando, dilatando el proceso de titulación. Al final el mismo ministro dijo, “Está bien, vamos a hablar con los pueblos indígenas a ver qué ustedes quieren”. Nos sentamos con las autoridades tradicionales y el Ministro de Ambiente quería saber cuáles eran los territorios que estaban traslapados con áreas protegidas. Se los mostré con mi computadora, y él empezó a hacerme muchas preguntas: “Muéstrame las cuencas hídricas a nivel nacional”, “Muéstrame la red hídrica a nivel nacional”, “Cuáles son las provincias?”. Yo le mostré todo y él estaba esperando algo en que pudiéramos fallar, pero como no lo hicimos, dijo “Ok, vamos a firmar la resolución”. Dicha resolución no daba el visto favorable, pero si abría un proceso de análisis de expedientes de títulos de dominio por parte del Ministerio de Ambiente, lo que significaba que el proceso no seguiría estancado. El mismo ministro en ese momento me pide mi curriculum para ver si yo podía trabajar con ellos. Eso como anécdota de cómo el Estado te quiere de su lado para que no hagas nada.
En ese momento el gobierno debió darse cuenta que tenemos un equipo especializado, y no solamente a nivel general, sino también un equipo a nivel local que está vigilando los territorios.

¿Eso también les demostró a las autoridades indígenas la importancia de su trabajo?

Sí, en esa reunión nuestras autoridades tradicionales se dieron cuenta de la importancia de tener un equipo técnico al lado y de no estar solos al momento de hablar de territorio. Eso marcó un hito muy importante para nosotros porque luego de eso las autoridades nos reconocían como equipo técnico especializado en sistemas de información geográfica y en temas de defensa territorial. Ahora nos llaman para saber qué es lo que podemos hacer en el tema territorial. Antes de eso no éramos reconocidos, sólo eramos parte de un proyecto, pero a nosotros como juventud nos tocó empoderarnos, empoderarnos de esa tecnología. Esto es una clave importante en todo esto: Yo puedo ser muy técnico, pero si no tengo la capacidad política de poder navegar y manejarme con las autoridades políticas tradicionales, no puedo sobrevivir mucho tiempo.

¿Han habido situaciónes riesgosas en su trabajo?

Una vez nos tocó hacer acompañamiento técnico en el territorio colectivo de otra comunidad Wounaan, Majé Chimán, en el este de la provincia de Panamá. El gobierno local no reconocía esa área como un territorio colectivo y creyó que podía dar territorio a un colono, sin tomar en cuenta el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.
A esa zona sólo se llega en lancha, son cerca de dos a tres horas desde la Panamericana. Nosotros inocentemente abordamos el transporte del representante de la alcaldía. Mientras ibamos en la ruta, nos interrogaban: “Pero ustedes quiénes son?” “Y cuántos son ustedes?” Yo me quedé pensando que es dudoso que me pregunten algo así en medio de la nada. Les dijimos que nosotros eramos unas 40 personas a nivel nacional y que estábamos en constante comunicación. Pero si yo le hubiera dicho que en este momento éramos sólo Eliseo y yo los que estábamos haciendo ese trabajo, yo creo que ahí mismo nos dejan o nos hacen algo. Por un centímetro de tierra te pueden hacer daño.
Al llegar pudimos grabar al colono diciendo: “Esta tierra no es de nadie, el alcalde me puso acá y no puede ser posible que me quieran sacar porque están estos indígenas aquí”. Para una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y de la alcaldía rápidamente preparamos un video mostrando cómo este colono decidió involucrar al alcalde, al ministerio y que ellos eran los culpables. Se quedaron sorprendidos porque siguen pensando que las comunidades indígenas no tienen ese conocimiento fundamental para enfrentar las cosas, y más aún cuando hablan de delitos ambientales.

Mucho parece depender de usted y su equipo. ¿Están también replicando esos conocimientos?

Sí, nosotros estamos en una fase de replicar conocimiento y de instalar conocimiento local. Hace un año, todavía dependía de nosotros. Hacíamos capacitaciones. Ahora tenemos un equipo técnico en el pueblo Naso, por ejemplo. La junta directiva de ellos coordina las capacitaciones internas, la logística y todo lo demás, nosotros como GeoIndígena estamos capacitándolos a ellos para sean nuevos capacitadores. De momento estamos haciendo cosas de oficina. Pero de vez en cuando vamos a terreno.

¿Hay semejantes iniciativas en otro paises?

He estado varias veces en el Petén, Guatemala, haciendo intercambio de experiencias con comunidades (de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, nota de redacción) que tienen concesiones forestales. Éstas cuentan con recursos para que los monitores mantengan a sus familias con un sueldo. En Panamá no sucede así, nosotros dependemos de la cooperación internacional.
De momento estamos capacitando tanto a los compañeros del pueblo Miskito en Honduras como a los del pueblo Mayangna en Nicaragua. Para esto recibimos fondos de la Fundación Ford. Queremos que GeoIndígena sea una plataforma a nivel regional en Mesoamérica, y que tenga como objetivo intercambiar conocimiento más que capacitar todo el tiempo. Las comunidades indígenas necesitan esa voz de aliento de que sí podemos hacer las cosas, el poder empoderarnos de la tecnología. En palabras de un amigo antropólogo, estamos haciendo una descolonización de la tecnología.