“No es una crisis climática, sino una crisis colonial”
Entrevista con Juan Pablo Gutiérrez, vocero internacional del pueblo indígena Yukpa en Colombia y activista medioambiental
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La Corte Constitucional de Colombia en 2009 declaró que el pueblo Yukpa se encuentra en riesgo inminente de extinción física y cultural. ¿Cuáles son las razones?
Se debe a la pérdida de nuestro territorio ancestral. La llegada de las minas (véase texto explicativo abajo, nota de redacción) sólo fue posible a través de grupos paramilitares que despojaron de esas tierras a pueblos indígenas, a campesinos, a afrodescendientes, a personas que habían vivido ahí durante mucho tiempo. Estos grupos desplazaron y asesinaron a mucha gente.
El pueblo Yukpa como pueblo semi nómada siempre había podido alimentarse mediante la caza y la pesca, pero ahora las minas han desviado y contaminado los ríos. La caza y la pesca se dificultan cada vez más porque toca caminar muchísimo – días prácticamente – para encontrar un animal. El esfuerzo ya no vale la pena. Por eso, hoy en día recurrentemente los niños Yukpa se despiertan en las noches y lloran de hambre porque no se han alimentado bien. El hambre, sumado al polvo de carbón presente en la atmósfera causan la muerte de aproximadamente 40 niños y niñas por año. Dado que el territorio es lo que configura nuestra cultura y cosmovisión, éstas también se ven amenazadas. Muchos animales y plantas sagradas ya se han dejado de pronunciar porque dejaron de existir.
Todo eso sólo ha sido posible a causa de la negligencia y el olvido del Estado, a causa de la complicidad de los gobiernos anteriores con las empresas mineras, apoyados en el concepto del “progreso” – a nuestro parecer el nuevo disfraz del colonialismo.
Los Yukpa de momento tratan de lograr la delimitación de su territorio ancestral, la cual ha sido exigida también por la Corte Constitucional de Colombia desde 2017. ¿Por qué eso es tan importante?
A partir del momento en el que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ejecute las sentencias de la Corte Constitucional y delimite nuestro territorio ancestral, será oficial que las minas a tajo abierto están en territorio Yukpa. Esto a su vez será una ficha de defensa jurídica poderosísima (véase texto explicativo abajo, nota de redacción). Nos va a permitir hacer valer de manera retroactiva nuestros derechos a la consulta previa, la que nunca ocurrió antes del comienzo de la minería. También hará posible hacer cumplir nuestro derecho a una post consulta para obtener las reparaciones por los daños ocasionados. Entonces, llevar a cabo la delimitación es la llave para solucionarle los problemas al pueblo Yukpa.
¿Qué tipo de reparaciones piden los Yukpa?
Nosotros en Colombia desde 2016 estamos en un contexto de construcción de paz y hemos aprendido que para acceder a esta se necesitan tres cosas: la verdad, la justicia y la reparación. La cuestión de la reparación será definida por las autoridades Yukpa localmente en su momento. En mi opinión, lo más importante sería resolver todas las afectaciones. Por ejemplo, el problema del hambre, a través de la descontaminación de los ríos, la liberación de los ríos, el repoblamiento piscícola de los ríos, programas para repoblar de fauna y flora en el territorio.
¿Cómo se explica que en 2021 la empresa Glencore haya devuelto las licencias para sus minas en el departamento del Cesar, mientras sigue con la explotación de la mina El Cerrejón en La Guajira, que es la más conocida?
Después de que la Corte Constitucional fallara en nuestro favor en el 2021, Glencore anunció la renuncia a todos sus títulos mineros en el Cesar. La justificación que ellos dieron mediática y públicamente fue la caída del precio del carbón. Sin embargo, la mina del Cerrejón en La Guajira – que es territorio del pueblo indígena Wayuu – sigue funcionando, lo que demuestra que esa no es la razón verdadera. En realidad, fue porque les dio miedo, porque nosotros como pueblo Yukpa los arrinconamos a través de nuestro litigio estratégico y ellos se dieron cuenta de que tenían que irse, y así evadir las responsabilidades.
El gobierno de Gustavo Petro respeta los derechos indígenas y quiere terminar la explotación del carbón. ¿Por qué decidieron llevar una carta pública a diferentes embajadas en Europa junto a organizaciones de la sociedad civil?
La responsabilidad de todo lo que nosotros denunciamos en esa carta recae en las políticas de los gobiernos anteriores y no tiene nada que ver con el gobierno actual. El gobierno de Petro fue impulsado por sectores sociales, populares y el movimiento indígena en Colombia. El pueblo Yukpa lo apoya y los pueblos están incluso gobernando en la institucionalidad. Hemos convocado a organizaciones de distintos países para reunirse con embajadores con el objetivo de recordarle que esa sentencia existe. Estamos seguros de que el gobierno de Petro ni siquiera conoce esa sentencia, ya que se han incumplido muchísimas sentencias en gobiernos anteriores y esta es una más.
Yo hablo a veces con funcionarios, con los ministros del gobierno de Petro y tienen súper claro que el desafío es sacar a Colombia de esa dependencia de energías fósiles. Por lo tanto, es ahora o nunca. Si esa sentencia no se cumple con Gustavo Petro, no se cumple con nadie más.
Por la invasión rusa en Ucrania, Alemania ahora importa más carbón de Colombia que antes. ¿Qué esperas de los activistas en Europa?
El pueblo Yukpa vive las consecuencias del embargo de carbón que la Unión Europea le impuso a Rusia: En Colombia la exportación de carbón se incrementó en más de 200 por ciento, sin que de estos pagos se beneficien los niños y niñas Yukpa y Wayuu que mueren en la Serranía del Perijá y en el desierto de La Guajira.
Alemania le va a meter presión a Colombia para que no salga del carbón, entonces es fundamental que se fortalezca la voluntad del Gobierno de Colombia de hacerlo. Por otro lado, la sociedad civil movilizada en Alemania debería recordarle también a su propio gobierno la necesidad de acabar con la explotación del carbón.
Me parece fundamental que los activistas centren su narrativa de la crisis más en lo que es para nosotros: No una crisis climática, sino una crisis colonial. La tiene que resolver ese puñado de países que se encargaron de provocarla. Si la narrativa se mantiene únicamente en que se trata de una crisis climática, la reivindicación central va a consistir en pasar de un modo de explotación de la tierra que emite CO² por otro que no emite CO². Y nosotros vamos a seguir en las mismas porque la transición energética va a estar basada otra vez en la explotación de nuestros territorios, solo que ahora con el hidrógeno verde y los paneles solares en vez del carbón.
Otro punto es que, al interior de la lucha, se está pretendiendo avanzar a partir de pequeños nichos, de pequeños grupos y eso al gobierno y a las corporaciones les conviene. Una masa de personas decididas y determinadas a cambiar las cosas es imparable. Y eso es lo que falta acá. El 2024 tiene que ser el año de consolidación de un movimiento de movimientos, de empezar a unir sectores diferentes, también con el sindicalismo. Lo digo también pensando en que el fascismo se está tomando toda Europa. Lo pienso desde la perspectiva de los pueblos indígenas organizados en Colombia. A partir del momento en el que estuvimos organizados a nivel nacional, por ejemplo, en la ONIC, los pueblos indígenas nos convertimos en un poder. Si hubiéramos seguido solos como pueblo Yukpa, ya hubiéramos desaparecido.
JUAN PABLO GUTIÉRREZ
es vocero internacional del pueblo indígena Yukpa y su delegado en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Luego de dos atentados fallidos en su contra, vive en el exilio en Paris desde hace cinco años. Es profesor en estudios decoloniales y parte del movimiento global de justicia climática. Trabaja a tiempo completo en la descolonización del movimiento climático y en la consolidación de un movimiento de movimientos que pueda hacerle frente al sistema capitalista neoliberal y colonial.
Foto: Klaus Sparwasser
LAS MINAS DE CARBÓN EN EL TERRITORIO YUKPA
Los Yukpa son una comunidad indígena de unas 15.000 personas que reside por ambos lados de la Serranía del Perijá, en Colombia y Venezuela. En su territorio ancestral del lado colombiano, en el departamento del Cesar, se encuentran cinco minas de carbón a cielo abierto. Hasta 2021, dos de ellas eran explotadas por Glencore, una multinacional suiza con su subsidiaria colombiana Prodeco: Calenturitas (67 km²) y La Jagua (28 km²). Tres minas siguen siendo explotadas por la estadounidense Drummond: La Loma/Pribbenow (66 km²), El Descanso (428 km²) y El Corozo (60 km²).
Las minas obtuvieron licencias de explotación hace decadas cuando los gobiernos de turno declaraban que no habían pueblos indígenas en la zona y por lo tanto no había necesidad de realizar una consulta previa.
EL LITIGIO ESTRATÉGICO DE LOS YUKPA
En respuesta a una denuncia de autoridades del pueblo Yukpa, la Corte Constitucional de Colombia (CC) en 2017 ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT, una entidad del gobierno adscrita al Ministerio de Agricultura encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia) emprender la delimitación del territorio ancestral Yukpa dentro de un año, para determinar – entre otras cosas – si corresponde realizar un proceso de consulta previa.
En 2020, la ANT declaró no contar con los recursos necesarios para cumplir la sentencia, advirtiendo además el impacto de la misma sobre la minería en la zona. En enero del 2021, la Corte Constitucional reiteró su sentencia anterior y exigió con urgencia fijar el cronograma para una decisión de fondo respecto al territorio Yukpa.
En septiembre del 2023, la Corte Constitucional constató que la tardanza en el cumplimiento de la delimitación del territorio Yukpa era preocupante y ordenó a la ANT finalizar la delimitación del territorio Yukpa dentro de un año. Al mismo tiempo advirtió a sus funcionarios que tendrían la responsabilidad disciplinaria y penal en el caso de un nuevo incumplimiento de la sentencia. Además, ordenó a las empresas Drummond y Prodeco iniciar un proceso de consulta y postconsulta con los Yukpa dentro de un mes, y que asi se establezcan medidas de reparación para el daño causado a los Yukpa.