Victoria contra la minería
Después de una masiva ola de protestas, la Corte Suprema de Panamá anula un polémico contrato minero
En los últimos cinco años se han desarrollado tres grandes movilizaciones sociales en lo que va del actual gobierno de Laurentino Cortizo de la alianza entre el Partido Revolucionario Democrático, PRD, y el Movimiento Liberal Republicano Nacional, MOLIRENA. Siendo masivas las protestas del año 2019 que buscaban la modificación a la Constitución, las protestas del año 2022 también tuvieron un impacto muy fuerte en el tejido social panameño producto del aumento del precio del combustible, la canasta básica y la corrupción. Más reciente fue la del 2023 que ha superado en masividad e impacto a las anteriores por la aprobación del contrato ley 406. Ese contrato otorgaba concesiones y derechos ilimitados a la empresa Minera Panamá, concesionaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., como prohibir el sobrevuelo al espacio aéreo de la mina ubicada en el Distrito de Donoso, solicitar tierras más allá de la concesión cedida o tener acceso al lecho marino protegido.
La aprobación acelerada del contrato fue el detonante que originó que más de 50 mil panameños y panameñas por más de 40 días salieran a las calles a protestar sin parar, bloqueando calles en muchas ocasiones, a pesar de la represión policial con gas lacrimógeno y perdigones y la situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad que se estaba generando por los cierres.
Hubo más que 1.000 personas detenidas
Parte de la población y diferentes grupos organizados veían en la paralización de labores y cierres de carreteras el único mecanismo de presión frente a un gobierno que no escuchaba. Organizaciones como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) y organizaciones campesinas e indígenas y estudiantes en la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV), así como la juventud organizada en plataformas digitales como “Sal de las Redes” y el “Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería” lograron convocar uno de los levantamientos sociales masivos jamás visto en los últimos años.
Durante las manifestaciones se dieron incidentes en donde se vieron involucrados manifestantes y personas contrarias al clamor popular que resultaron en cuatro manifestantes muertos. Por otro lado, el fotógrafo independiente del colectivo científico contra el Cambio Climático “YAESYA” perdió uno de sus ojos al recibir el impacto de un perdigón por parte de un policía. Según el diario La Prensa, fueron más de 1,061 personas detenidas durante los tres meses de manifestaciones, a 175 de ellos se les abrieron procesos penales por actos de vandalismo.
Las protestas tienen una historia previa. En el 2017 la Corte Suprema de Justicia de Panamá ya había declarado como inconstitucional el primer contrato aprobado en 1997 que avalaba la explotación de la mina, entonces aún perteneciendo a la extinta empresa Minera Petaquilla Gold, S.A. En el 2021 se renegoció un nuevo contrato con el gobierno, durante cinco años la empresa se mantuvo operando de forma ilegal sin un contrato firmado y pactado entre la nación panameña y la empresa. Además, la empresa no hacia el pago de las regalías y se le exoneraba de todo tipo de impuestos. El 20 de octubre del 2023, luego de diferentes negociaciones durante las que el gobierno no escuchaba a la población panameña, el nuevo contrato entró en vigor con mucha prisa: en un solo día la Asamblea Nacional lo aprobó con una amplia mayoría, se firmó y se subió a Gaceta Oficial. Sin embargo, el nuevo contrato mantenía todos los vicios del viejo contrato.
Como mecanismo paliativo y bastante tardío, el 3 de noviembre la Asamblea aprobó una ley de moratoria minera, sin embargo, esta medida no tocaba en lo más mínimo a la ley 406 del contrato aprobado el 20 de octubre porque no era retroactiva como el pueblo solicitaba. Finalmente, el 28 de noviembre la Corte Suprema de Justicia después de varias semanas a la espera y presión popular, anunció al país que el contrato ley 406 era inconstitucional ya que violaba 25 artículos de la constitución política de la República de Panamá. Así, por segunda ocasión el contrato minero fue declarado inconstitucional.
¿Por qué los panameños se indignaron tanto por un contrato minero? Desde las protestas del 2022 al 2023, la situación en Panamá no ha mejorado, sino que al contrario está peor, con casos de corrupción y poca transparencia entre el ejecutivo y el legislativo. En conversación con LN, el sociólogo y catedrático universitario Jesús Alemancia sostiene que “para entender el origen de lo que sucedió en octubre y noviembre del año 2023, habría que ubicar dos niveles del conflicto. Uno más global, más general que tiene que ver con la economía y el impacto social de la política economía neoliberal de los últimos 30 años…y por otro lado con el hartazgo y el descontento de la población sobre los muchos casos de corrupción”.
Las protestas fueron entonces el detonante de una acumulación de situaciones, ya que detrás de la minería se encuentran los temas de la corrupción, la injusticias y la impunidad. La aprobación de un contrato minero que tendría muchos vicios de corrupción e ilegalidad tuvo el efecto de ser la gota que derramó el vaso y la paciencia de los panameños y panameñas, tomando en cuenta que gran parte del poder económico y político tiene intereses y acciones dentro de la minera y en algunos medios de comunicación se les daba tribuna.
Por ejemplo, el mismo vicepresidente de la república, Gabriel Carrizo Jaén fue en su momento abogado de la extinta empresa minera Petaquilla Gold según el medio digital Mi diario. A su vez, los allegados del exministro de comercio e industria Alfaro Boyd mantenían acciones dentro de la empresa Minera Panamá, según información proporcionada por la organización Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, FRENADESO.
El principal factor para esta eclosión social que puede considerarse como una “primavera revolucionaria socioambiental” es el hartazgo y la rabia social hacia las injusticias que se siguen viviendo en Panamá, debido a ser un país con un PIB de 63,61 miles de millones, de acuerdo con información del Banco Mundial y al ser uno de los países más desiguales Latinoamérica: el índice Gini, que mide el nivel de desigualdad, tiene un valor de 49 respecto a Panamá, frente a sólo 46 respecto a la región. Además, pese al mayor crecimiento económico de Panamá, la desigualdad se ha reducido menos que en la región: 2.4 puntos desde el año 2007 frente a 4.5 en América Latina.
Para el promotor social de la organización eclesiástica Comisión de Justicia y Paz, Alberto Agrazal, se agrega otra razón: “Ha habido en las nuevas generaciones del tejido social panameño un despertar, una toma de consciencia de la importancia ambiental y del cuidado ambiental por la cuestión inédita de la mina y de movilizar a la sociedad, se debe también a un tema del proceso de madurar la consciencia desde distintas organizaciones ambientales distintas movimientos comunitarios”. En una encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales del 2023, dos de cada tres personas encuestadas priorizaban el medio ambiente por encima del crecimiento económico. Pese a ello, la cuestión ambiental pasó desapercibida en los debates parlamentarios hasta que estallaron las protestas a finales de octubre. El señor Ramón Rivera, residente de la misma comunidad de Donoso, cuenta a LN que “nosotros no somos mineros, nosotros somos un país ambientalista, que cree en la conservación del medio ambiente y la gente de nuestra región convive, coexiste pacifica y armónicamente con el medio ambiente”.
„¡No es cualquier victoria!“
Sin embargo, de acuerdo con la comunicadora social y docente universitaria Claudia Figueroa, habría otra razón todavía más importante que es muy específica de Panamá: “más que una conciencia ecológica es ese arraigo al territorio para los que sufrimos por (nota de redacción: la apropriación por parte de EE.UU. de) la zona del Canal… no nos lo vuelvan a quitar, entonces creo que más que un despertar o una toma de conciencia es una idea que gracias a la educación y a la cultura se ha forjado en la población”.
Al final, a pesar de todas esas situaciónes, el gobierno y mucho menos la empresa minera esperaba que el levantamiento popular tuviera tanto efecto, ni fuera tan masivo. Nadie se imaginaría que pleno domingo a las 4 de la tarde, la invitación en las redes sociales fuese “¿Vas a la manifestación? ¡Vamos!” La sensación de victoria se mantiene en la población, puesto que fue una pelea entre una megaempresa transnacional y el pueblo panameño. Fueron muchos frentes de luchas; desde los barrios, áreas comarcales, cierres de vías de forma espontánea en muchas comunidades, sectores organizados y sindicales. De frontera a frontera, se luchó incluso en el mar con los lancheros y pescadores de Donoso quienes hicieron una labor enorme para evitar que los barcos que llegaban al puerto de Punta Rincón, construido para exportar metal desde la mina, continuaran llevándose el oro y el cobre.
El 11 de enero del 2024 se realizó una de las primeras incursiones al área de la mina por parte de una delegación de diferentes instituciones del gobierno y sociedad civil que buscan velar por un cierre ordenado y transparente de la mina. Sin embargo, el pueblo clama por tener una participación más visible en las mesas de trabajo. De acuerdo con uno de los voceros de APUV, Mario Almanza, la visita ha sido un descaro, puesto que no hay acuerdos, ni siquiera una hoja de ruta.
Por otro lado, hay una calma aparente en la primeras semanas del 2024, es una muestra que debe ser leída por los candidatos políticos teniendo en cuenta que el 5 de mayo se celebrarán elecciones políticas para elegir al nuevo presidente del país. Se debe apostar por escuchar a la población, su clamor y la capacidad que tiene de organizarse y exigir mejores condiciones de vida. Es el inicio de un proceso que no tiene vuelta atrás pero que también refleja la necesidad de un proceso de maduración profunda, organización y formación constante de todos los sectores sociales y populares. ¡No es cualquier victoria! Es la victoria de los sectores populares, trabajadores, campesinos e indígenas, juventud y estudiantes contra la minería metálica a cielo abierto en Panamá!