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Protesta en Berlín Manifestación por la toma de posesión del Gobierno de Giammattei en 2020 (Foto: Marcus Tragesser)

En marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó definitivamente la candidatura presidencial de Thelma Cabrera, líder indígena del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) y de su colega Jordán Rodan, anteriormente procurador de los Derechos Humanos. Este acontecimiento cierra la época de un gobierno caracterizado por el incremento de la violencia estatal, el extractivismo a costa de las comunidades indígenas, la corrupción y la impunidad. Todo esto significó ataques constantes al sistema democrático. La obstrucción de la elección a partir de la exclusión del MLP se inscribe como la última etapa de vaciamiento de las funciones de garantía de las instituciones democráticas.

En el contexto de la crisis de salud, las asignaciones irregulares de cargos clave del sistema judicial concretan la subordinación de este último al poder político. Ejemplo de ello ha sido  la reelección en marzo de 2021 en la Corte Constitucional de Dina Josefina Ocha y del abogado Luis Rosales Marroquín, señal clara del rechazo del gobierno a comprometerse en contra de la corrupción y la impunidad.  Mientras Ocha fue acusada de encubrir varios casos de corrupción y propiciar la salida del país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Marroquín ha sido durante muchos años el abogado defensor del ex dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado y luego “declarado inocente” por genocidio en contra el pueblo Maya Ixil de la zona del Quiché.

La confirmación de Consuelo Porras al frente de la Fiscalía General del Ministerio Público, en mayo de 2022, señala el estado generalizado de la corrupción e impunidad, ante el accionar implacable de Porras contra ciertos juristas comprometidos en la lucha contra la mafia. Entre otras irregularidades que se hicieron visibles en la elección del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se inserta la asignación de Bianca Aída Stalling Dávila. Inelegible por ley para un segundo mandato, fue investigada por la CICIG por haber presionado a la justicia a favor de la absolución de su hijo, procesado por corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La cooptación de las instituciones judiciales y del propio Tribunal Supremo Electoral han favorecido el actual panorama político. Éste se caracteriza por la presencia de figuras vinculadas al crimen organizado, a políticos y militares beneficiarios de la impunidad que históricamente ha caracterizado a la política guatemalteca.

Las tres principales candidatas a la presidencia, Zury Ríos, por la coalición Valor-Unionista, hija del ex dictador Rios Montt; Sandra Torres, por el partido UNE y ex esposa del presidente Álvaro Colom Caballeros y Edmond Mulet, por el partido CABAL, se posicionan en el espectro de la derecha/derecha extrema.La cooptación de las instituciones gubernamentales es sólo uno de los muchos legados de la cínica gestión del gobierno de Giammatei. A lo largo de este periodo, el país se ha visto golpeado no solo por una serie de políticas que, bajo la bandera de la crisis pandémica, han incrementado la pobreza y desigualdad, sino también por una espiral de violencia. Misma que, bajo el pretexto del crecimiento económico y del desarrollo, ha llevado a la desaparición de muchas comunidades indígenas (véase LN 585).

#Donde está el dinero

La gestión de la crisis de salud estuvo marcada por la falta de vacunas y la emergencia de un aparato público racionado y con insuficientes recursos. Esto constituyó el marco de las numerosas protestas que caracterizaron la legislatura del Gobierno saliente. Para gestionar la pandemia, el Gobierno recurrió a mayor endeudamiento. El Banco Mundial otorgó un préstamo de 750 millones de dólares durante el bienio 2020-2022, para mitigar los efectos de la crisis en la población más vulnerable e impulsar el crecimiento económico; sin dar cuenta de los préstamos que llegaron desde otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Según datos del Ministerio de Finanzas, la deuda pública se sitúa en el 32% del Producto Interno Bruto. Las protestas del movimiento bajo la consigna #DóndeEstáElDiinero, a pocos meses del inicio de la pandemia, exigieron la renuncia del gobierno y claridad sobre el uso de los fondos para paliar la crisis sanitaria (véase LN 559/2021).

Mientras no ha habido claridad sobre el uso de los préstamos para mitigar la pandemia, se ha observado un claro aumento de la violencia ejercida sobre las comunidades indígenas a partir de políticas extractivistas (LN 569-570/21). El Observatorio de la Industria Minera reporta un incremento enorme a lo largo de la pandemia en la actividad minera, donde para el 2023 se registraron al menos 40 solicitudes más y 4 nuevas concesiones respecto al año anterior. En paralelo, se constituyeron nuevas instituciones públicas con el objetivo de legitimar el desplazamiento forzado bajo la narrativa de la defensa del derecho a la propiedad privada. Entre estas se encuentran la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) y la Fiscalía contra Delitos de Usurpación fundadas respectivamente en 2019 y 2021. Ante el panorama actual resulta difícil hablar de “elecciones democráticas” en Guatemala.

Las irregularidades en la inscripción de candidatos a la presidencia, así como la evidente  eliminación de la oposición de la contienda electoral, son indicios de un fraude electoral. A partir de la cooptación de las instituciones, el Gobierno de Giammattei ha restaurado el clima perfecto para gobernar bajo el manto de la impunidad y la corrupción. ¿Se puede seguir hablando de democracia en un país donde las instituciones democráticas han sido vaciadas de sus funciones primordiales de garantía constitucional? La actual constelación política asemeja más la imposición de una dictadura bajo el manto de la democracia.

En este contexto, el futuro está lleno de incertidumbre para la resiliencia de la democracia misma en el país. Ante este panorama, la elección para diputados del Congreso es probablemente la única medida para poder comenzar a revertir este proceso. El acompañamiento internacional solidario es más importante que nunca.