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Solo el pueblo salva al pueblo Protesta de peruanes en Berlin (Foto: Fujimori Nunca Más – Berlin)

Durante el estallido social en el Perú, el régimen de Dina Boluarte, en complicidad con un gran sector de la prensa peruana, inició una campaña de desinformación en la que trató de instaurar una narrativa sobre lo que estaba sucediendo en nuestro país: que las muertes habían sido causadas por lxs propixs manifestantes, que las armas habían sido enviadas desde Bolivia por Evo Morales, que el terrorismo de Sendero Luminoso estaba de vuelta, etc. Sin embargo, esta narrativa ha sido desmentida internacionalmente, y esperamos que la justicia internacional tome cartas en el asunto y pueda ayudar al pueblo peruano a obtener justicia. Ya diferentes presidentes latinoamericanos habían mencionado su preocupación y denunciado las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. Sin embargo, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales del mundo occidental se han pronunciado también y el régimen de Dina Boluarte parece cada vez más aislado, como consecuencia de sus mentiras.

El informe de Human Rights Watch, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado la semana pasada, señala que el ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. Asimismo, el informe documenta otros abusos brutales por parte del ejército y la policía contra manifestantes y transeúntes durante las protestas que se dieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Estos ocurrieron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad y desigualdad persistente.

El informe documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunxs manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada, con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho menores de edad, murieron durante las protestas.

El informe se basa en más de 140 entrevistas a testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas. Human Rights Watch también se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. La organización verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación.

La evidencia recogida establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno.

En los últimos años, en el Perú se han erosionado el Estado de derecho y las instituciones democráticas. Esto se debe en parte a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles a su poder. Hace más de un año la entonces oposición (hoy oficialismo) que controla el Congreso, la prensa concentrada en el grupo empresarial El Comercio, y los sectores más conservadores de la sociedad, socavaron la ya precaria democracia peruana al inventar una narrativa de fraude electoral. Acto seguido bloquearon los proyectos de reforma del gobierno y levantaron una campaña de persecución contra los funcionarios del Ejecutivo – a la que Castillo contribuyó con nombramientos cuestionables de ministros con diferentes acusaciones e investigaciones por corrupción. El entonces presidente profundizó la crisis política el 7 de diciembre de 2022, al intentar disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, como lo establece la Constitución del Perú. Sin embargo, Boluarte no tenía ningún tipo de legitimidad popular, puesto que traicionó todas las promesas de cambio ofrecidas durante la campaña en la que acompañó al profesor Castillo. La legalidad del proceso de vacancia presidencial aún está en cuestionamiento. Como dice el canto popular: “Esta democracia, ya no es democracia” (Este canto, llamado „Dina asesina”, surgió durante las protestas, nota de la redacción).

Miles de personas salieron a las calles—principalmente trabajadorxs rurales e indígenas del sur andino del país—en apoyo a Castillo y en protesta por su destitución. Demandaban elecciones generales y una Asamblea Constituyente. Las movilizaciones se intensificaron en los siguientes días y semanas, y manifestantes bloquearon carreteras y aeropuertos en todo el país. En respuesta, el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia y movilizó a las fuerzas armadas y a la policía nacional para reprimir las protestas. La represión fue brutal: Las fuerzas de seguridad utilizaron munición de guerra y gas lacrimógeno contra lxs manifestantes, muchxs de los cuales eran mujeres y niñxs.

El informe de Human Rights Watch destaca la necesidad de que el Perú aborde la crisis de derechos humanos y de la democracia de manera urgente y efectiva. Esto incluye investigar exhaustivamente los abusos cometidos durante las protestas, identificar a lxs responsables y garantizar que sean llevadxs ante la justicia. También se necesita una reforma significativa de las fuerzas de seguridad del país, incluida la adopción de medidas para garantizar que lxs agentes cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y que rindan cuentas por cualquier abuso cometido. Además, el informe recomienda que Perú debe abordar la corrupción y la desigualdad en su sociedad, que han contribuido a la erosión de la democracia y los derechos humanos en el país.

Este informe coincide con el elaborado por Amnistía Internacional, publicado en febrero de 2023, que señala las violaciones de derechos humanos que se han documentado en el Perú, incluyendo el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas y manifestaciones pacíficas, detenciones arbitrarias de manifestantes, periodistas y activistas sociales sin justificación legal, tortura y malos tratos, y la criminalización de la protesta social, que ha llevado a la detención y procesamiento de activistas y líderes comunitarixs. Amnistía Internacional señala que estas acciones de las fuerzas de seguridad peruanas son contrarias a los derechos humanos fundamentales y pueden tener graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de la población. Además, destaca que esto no es una novedad y que las violaciones de derechos humanos en Perú han sido preocupantes dese hace varios años. La organización hace un llamado al gobierno peruano para que tome medidas inmediatas y efectivas para detener la represión estatal y garantizar el respeto de los derechos humanos. Además, insta a las autoridades peruanas a trabajar en colaboración con la sociedad civil para abordar los problemas estructurales que afectan a la población peruana.

El discurso pronunciado por el Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ante el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación en Perú el 18 de abril, también desmiente la narrativa de la presidenta Boluarte y sus cómplices en el Gobierno peruano. En su discurso expresó su preocupación por las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país, incluyendo la represión violenta de las protestas y las denuncias de corrupción en el sistema judicial.

Por último, un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos condena el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden peruanas en estas manifestaciones y la falta de medidas efectivas para responsabilizar a lxs agentes implicadxs en estas acciones. El informe menciona la preocupación de que los abusos policiales queden impunes y que esto fomente la violencia y la represión. Asimismo, señala la existencia de varios casos de abuso policial documentados por diferentes organizaciones de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria de manifestantes, el uso de gases lacrimógenos y armas de asalto, y el uso de técnicas violentas para dispersar a los manifestantes. En el informe se resalta la necesidad de una reforma efectiva de las políticas y prácticas policiales para garantizar el respeto de los derechos humanos durante las manifestaciones, y subraya la importancia de una investigación independiente y transparente sobre los abusos policiales y de medidas efectivas para evitar su repetición.

El informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado el 3 de mayo, también confirma lo que ya se ha mencionado en todos los informes anteriores y que es necesario repetir: durante las protestas, el gobierno peruano cometió „graves violaciones de los derechos humanos“.

La Corte recomienda que para superar la crisis en el Perú, debe haber un „diálogo amplio, genuino e inclusivo“ en el que estén representados todos los sectores de la sociedad. También considera que las violaciones de derechos humanos citadas en su informe deben ser investigadas y juzgadas.

Todos estos informes dan cuenta del profundo aislamiento internacional al que se enfrentan el régimen autoritario de Dina Boluarte y sus cómplices: Las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo su mando han sido condenadas por organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales del mundo occidental. La extrema derecha peruana contaba con que estos se mantuvieran en silencio y esperaban que fuera posible barrer estas ejecuciones y abusos bajo la alfombra.

Es necesario señalar la importancia de la lucha de los colectivos de la diáspora peruana en el mundo entero y de todxs lxs aliadxs que han tendido una mano solidaria al Perú. En Alemania esto se dio en especial a través de la red de PEX Alemania y en Berlín nuestra tarea específica como colectivo Fujimori Nunca Más – Berlín, fue ejercer una presión fundamental en el exterior, a través de la suma de todos nuestros pequeños esfuerzos, para que la voz de nuestrxs compatriotas pueda escucharse. Pero: que se sepa que nosotrxs no actuamos en solidaridad con el pueblo peruano. Nosotrxs SOMOS el pueblo peruano.

En ese sentido, no pararemos de ejercer presión y de seguir organizándonos hasta que se haga JUSTICIA por estas graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, seguiremos impulsando un proyecto colectivo mayor por la profunda transformación de nuestra sociedad, a través de un proceso constituyente plurinacional y paritario. Simultáneamente fortalecemos también las luchas de nuestrxs hermanxs latinoamericanxs, migrantes y trabajadorxs aquí en Berlín, Alemania y Europa en general, así como la lucha por justicia ambiental y ecológica, las luchas feministas, del movimiento LGTBIQ+, y nuestra apuesta por un amplio proceso de descolonización en el mundo entero. En este proceso, el Perú y el Abya Yala (Latinoamérica) juegan un rol crucial en la lucha por una mayor soberanía de nuestros pueblos y territorios en la búsqueda del Buen Vivir.