El periodista comunitario Carlos Choc (Foto: Peace Brigades International)

El proceso penal en tu contra está abierto desde 2017, ¿cuál es la situación actual?
En aquel momento, fui acusado junto con otras once personas. Se trataba de mi investigación sobre el cambio de color del Lago de Izabal. Actualmente, cuatro de nosotros seguimos acusados. Los pescadores Tomás Che, Cristóbal Pop, Vicente Rax y yo. Esperamos que el caso se archive por falta de pruebas, ya que los cargos se basan en acusaciones falsas. Tengo que presentarme en la fiscalía local cada 30 días. Lo entiendo como una especie de medida de control que me impide permanecer en otro lugar durante más tiempo y que también me limita en mi trabajo.

En 2021 te demandaron por segunda vez.
Seguí trabajando a pesar de las circunstancias, como por ejemplo en el proyecto “Mining Secrets”, por eso el Estado intentó perseguirme legalmente una vez más. En octubre de 2021, estuve en una manifestación del Consejo Ancestral, que cubrí periodísticamente. La manifestación fue pacífica hasta que la policía agredió a las autoridades del Consejo Ancestral y también a mí. Luego les mismos policías sostuvieron que yo y otras once personas les habíamos agredido y nos denunciaron. En enero de 2022 se dictó una orden de detención contra nosotros. Cuando se publicó “Mining Secrets”, en marzo del mismo año, se iba a ejecutar la orden de detención contra mí. Eso fue muy estresante. En la vista judicial de septiembre de ese mismo año, mis abogados presentaron pruebas de que yo no había agredido a les policías: En un vídeo que mostramos en el tribunal, se puede ver que unes policías se me acercaron mientras yo estaba haciendo una transmisión en vivo. Me quitaron el móvil, me pegaron y me patearon. Recuerdo que cuando me acerqué a elles en el momento de la transmisión, les policías estaban a punto de sacar armas de fuego. Así que ya no iban a disparar gases lacrimógenos, al parecer iban a hacer lo mismo que en 2017 cuando le dispararon a Carlos Maaz. Cuando estaba discutiendo con un policía se acercó otro periodista y fotografió la situación. Eso seguramente evitó que pasara algo más grave.

¿Y qué pasó con la demanda en tu contra?
En la vista judicial de septiembre de 2022, mi abogada pidió a la fiscal los testimonios de los testigos en los que se basaban los cargos contra mí y en los que se mencionaban los nombres de los que supuestamente agredieron a les policías. Pero ni en las declaraciones leídas por la fiscal ni en el correspondiente expediente policial se mencionaban nombres. Así que se inventaron los nombres. Cuando mi abogada preguntó dónde estaban las declaraciones pertinentes en las que se mencionaría mi nombre, la fiscal respondió que ella había leído las declaraciones como se le había pedido. Esto es increíble, pero desgraciadamente posible en Guatemala. El juez Edgar Aníbal Arteaga, que también está designado en la otra causa penal en mi contra, estaba molesto porque no podía proceder contra mí como quería. El juicio duró como mucho ocho minutos y terminó con mi absolución por falta de pruebas, es decir, con la anulación de la orden de detención en mi contra.

Mencionaste el proyecto “Secretos mineros”. ¿De qué se trata?
El periodismo comunitario maya es mi pasión y trabajo en este campo por convicción. Para mí se trata del contenido. Estoy convencido de que mi trabajo contribuirá a hacer historia y que no sólo ayudará a un grupo o a mi comunidad, sino más allá. Como fue el caso de los proyectos “Secretos mineros” y “Sangre verde”.  “Sangre verde” se publicó en 2019 y trata sobre escándalos relacionados con el medio ambiente, la sangre verde por así decirlo. Cuenta cómo viven les periodistas que investigan la degradación medioambiental, especialmente en las industrias extractivas. Participaron periodistas de Tanzania, India y Guatemala. Estos periodistas recibieron amenazas, uno murió quemado y otro tuvo que exiliarse. Y mi historia en Guatemala fue que seguí haciendo mi trabajo en una situación de persecución legal, pero encubierto. Tenía un pie casi en la cárcel y el otro fuera. Seguí con mi trabajo porque es importante hablar, señalar las cosas y tener un impacto. Para que un reportaje sea creíble, hay que aportar pruebas para poder informar sobre temas difíciles. También es importante que las historias no se cuenten solo en un lugar y se queden ahí, sino que se difundan. Creo que la publicación de “Sangre verde” en el 2019 también ha ayudado a eludir la censura de los medios de comunicación sobre el tema.

El 25 de junio se celebraron elecciones en Guatemala. ¿Qué opina de los resultados de las elecciones?
Inicialmente, se supuso que habría disturbios en Izabal y en otros municipios (grandes comunidades). Esto se debe a que una gran parte de la población está insatisfecha con el sistema, con el gobierno actual y con el fraude electoral que ha sido evidente durante mucho tiempo. Esa es la opinión en los municipios. Porque primero la candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera, fue excluida del proceso electoral a través de denuncias en su contra, y luego siguieron otros. Cuando estuve en las comunidades, mucha gente dijo que querían anular su voto de la elección presidencial. Intenté explicarles que las papeletas nulas no nos ayudarían y animé a las personas a votar por la dignidad. Porque todavía había alternativas, como el partido socialdemócrata Semilla o la alianza de izquierdas de URNG y Winaq. Sin embargo, tenía claro que habría fraude electoral. Las elecciones se celebraron, pero con mucho resentimiento hacia el sistema por parte de la población. Luego, a medianoche, se publicaron los resultados preliminares de las elecciones. Sandra Torres, del partido UNE, quedó en primer lugar y el candidato de Semilla, en segundo. Desde ese momento, hay un aliento de esperanza, también de que los exiliados puedan regresar. Porque este candidato tiene carrera política y conocimiento político. Al mismo tiempo, es triste que el MLP quedara excluido del proceso electoral. Además, se quemaron papeletas de voto en tres municipios donde se habían producido desacuerdos durante las elecciones. La intención del Estado era defender los votos por el oficialismo, pero el pueblo salió a las calles contra esto, la gente se enfadó y empezó a organizarse. También se organizaron en la capital, intentando siempre que la protesta fuera pacífica. La gente protesta porque quiere que se respete su elección. Por fin obtuvimos el resultado que esperábamos, porque no podemos seguir así.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno?
Se siguió recurriendo a la policía y al ejército, por ejemplo, donde están las empresas que hacen minería, monocultivos y energía hidroeléctrica. En Alta Verapaz por ejemplo se desplegaron militares, la marina y la fuerza aérea. Las fuerzas armadas no están al servicio del pueblo ni protegen la vida de las personas, sino que protegen al oficialismo. Creo que las cosas están cambiando, pero que hace falta más. Creo que hay esperanza de que los jueces que fueron destituidos arbitrariamente y acusados de falsos delitos puedan volver. El 20 de agosto se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el 21 de agosto tendrá lugar nuestro juicio. Esperamos que se desestime el caso por falta de pruebas y que no se aplace la fecha.