Für die deutschsprachige Version hier klicken.

Estado de Prevención en Villa Nueva despierta memorias tristes (Foto: Carlos Sebastian)

El 14 de enero de este año, Alejandro Giammattei comenzó su periodo presidencial. El candidato de derecha, del Partido Vamos, ganó las elecciones en agosto del 2019 con tan solo un 25% de los votos (ver LN 543/544). Dos días después de asumir el cargo declara Estado de Prevención en doce municipios hasta el 11 de febrero. En un video oficial, Giammattei anuncia estas medidas como parte de su lucha contra la inseguridad en el país, pero llama la atención que sólo cuatro de los municipios mencionados pertenecen a los de mayor incidencia de inseguridad de acuerdo al Índice de Priorización Municipal presentado en 2019. Según sus declaraciones, el objetivo “es prevenir el delito, pero sobre todo brindar la seguridad a la población”. En ese mismo video el presidente llama a lxs guatemaltecxs a denunciar a delincuentes y criminales. Con esto pretende ganarse la confianza y el apoyo de la población con medidas populistas que apelan a un aspecto sensible de la realidad guatemalteca, como es la inseguridad en la calle.

En la historia de Guatemala el uso del Estado de Prevención tiene una tradición. El politólogo guatemalteco Miguel Ángel Reyes Illescas observa: “Los Estados de Prevención municipales recuerdan al Presidente General Arana a principios de los setentas, quien gobernó todo su período con Estado de Sitio en toda la república e inició la política contrainsurgente, antecedente de las acciones de tierra arrasada y genocidio.”

Este Estado de Excepción no necesita ser aprobado por el Congreso y permite al Ejecutivo tomar medidas para militarizar los servicios públicos, impedir huelgas, limitar el derecho a la libre asociación y expresión por 15 días. Pareciera que se ha convertido en la herramienta favorita del Estado para intervenir en materia de seguridad, pero también en conflictos entre empresas nacionales y transnacionales con las comunidades y la sociedad civil. Esto sucede, por ejemplo, en San Juan Sacatepéquez, donde desde 2005 impera un conflicto no resuelto entre la comunidad kaqchikel y la empresa Cementos Progreso. A pesar de que el 99% de lxs habitantes expresaron su oposición a la planta de cementos en una Consulta Comunitaria realizada en 2007, Cementos Progreso sigue extrayendo recursos respaldado por el gobierno. Más de veinte personas han sido asesinadas en este contexto. En estos casos, las intervenciones militares revelan una intención distinta. En vez de procurar la seguridad de la población son usadas como mecanismo de intimidación. De acuerdo al colectivo guatemalteco Festivales Solidarios los “asesinatos, como el de la hermana Berta Cáceres, Betty Cariño, Macarena Valdez y muchxs defensorxs de la vida, son la muestra de cómo los gobiernos, el poder militar y paramilitar se ha mantenido vigente”.

Jimmy Morales, antecesor de Giammattei, promovió la remilitarización del país involucrando al Ejército en funciones civiles como la atención de desastres y la seguridad interna. En el 2016, por ejemplo, decretó Estado de Prevención en toda Guatemala para atender los efectos de la temporada de lluvias que, sin embargo, no había ocasionado desastres de alcance nacional. Esto generó muchas críticas en la población y al no presentar una explicación lógica quedó al descubierto el abuso de poder del mandatario y sus ministros. En otra ocasión se rodeó de militares para anunciar que no renovaría el contrato de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG).

El actual Presidente Giammattei decide nombrar militares en los principales cargos públicos y en los organismos de seguridad. Al general retirado Édgar Leonel Godoy Samayoa lo designó como Ministro de Gobernación. Éste perteneció al aparato de seguridad ilegal La Cofradía, que en los años 80 empezó a controlar las aduanas y el contrabando, la defraudación tributaria, además del trasiego de drogas, armas y migrantes. En este contexto, sostiene Reyes Illescas que “los militares nunca dejaron de tener influencia directa en el Estado y en particular en el Organismo Ejecutivo. En parte porque las leyes así lo regulan incluyendo la Constitución de la República.” El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID) 2020-2024, presentado por el actual gobierno, hace alusión al artículo 244 de la Constitución, para justificar la ampliación de recursos y capacidades del Ejército. Dicho artículo dispone que “el Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”. No obstante, Giammattei no sólo aprovecha dicha situación legal para justificar y perpetuar la presencia del Ejército en el espacio público, sino que va más allá.

El ejército es fuerte otra vez Ya el ex presidente Jimmy Morales se rodeó de miitares (Foto: Carlos Sebastian)

Asimismo, el mandatario presentó a finales de enero tres iniciativas de ley para reformar ámbitos de la seguridad que preocupan por su ambigüedad y por la presión con la que se busca acelerar su aprobación. La primera iniciativa de ley persigue la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) creada después de los Acuerdos de Paz para sustituir al Estado Mayor Presidencial. La SAAS es un ente civil a cargo de la seguridad presidencial, a diferencia del Estado Mayor que era un ente militar. Giammattei viola los Acuerdos de Paz al proponer la creación de una Guardia Presidencial que esté nuevamente a cargo del Ejército.

La segunda iniciativa de ley apunta al artículo 24 del Código Penal y busca ampliar la “legítima defensa”. Elementos de seguridad y ciudadanxs que usen armas en defensa propia o de alguien más podrían así quedar exentxs de responsabilidad penal. Según datos de la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam), tan sólo en 2019 se registraron 116 armas en promedio por día. Ante este panorama, esta nueva ley podría favorecer la impunidad de quienes cometan delitos con armas de fuego en vez de mejorar la garantía de seguridad.

Por último, la iniciativa 5692 busca reformar el Decreto 17-73 y el artículo 391 Bis del Código Penal, para tipificar el terrorismo con fines de desorden público social. La retórica oficial asegura que el cambio estará destinado a combatir a las pandillas, pero la iniciativa no menciona a las pandillas, sino que tipifica como terrorista a cualquier “grupo o persona que transgreda la paz social o el orden público”. De ahí surge la preocupación de que sea usada en contra de defensorxs de derechos humanos, comunitarios y territoriales, dado el visible incremento en la hostilidad hacia ellxs.

Las tácticas desplegadas por el gobierno, los militares y las élites económicas reviven las heridas del pasado. Para el académico Raúl Molina, cofundador y vicepresidente de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, “las fuerzas armadas, al no haberse transformado esencialmente […] continúan en guerra con sectores de la sociedad guatemalteca que demandan derechos humanos, verdad, memoria histórica y justicia, a los cuales tildan de comunistas o izquierdistas. La represión ha dejado de ser masiva; pero actos de violencia se mantienen, particularmente en las zonas rurales. Es evidente que se pretende dominar la vida política, social y económica mediante el miedo. Los abusos de autoridad y actos de violencia, como los cometidos en los Estados de Sitio declarados por Jimmy Morales en el nororiente del país y los espectáculos militares, al declararse los Estados de Prevención por Giammattei tratan de avivar el miedo en la población campesina y trabajadora, al recordar lo que fue la política de genocidio y tierra arrasada que las fuerzas armadas implementaron durante el conflicto armado interno.”

Para la ciudadanía activa la amenaza no acaba ahí, puesto que hace poco fue aprobada de forma fraudulenta la iniciativa de ley conocida como Ley de ONGs. Una de sus disposiciones establece que: “Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”. De lo contrario “será inmediatamente cancelada y sus directivos responsables, serán imputados.” Vuelve a ser ambiguo el concepto de “alteración del orden público”, observándose el mismo patrón que en las iniciativas de leyes anteriormente descritas.

La ambigüedad en los textos legales abre las puertas a gobiernos autoritarios y a la incursión de los militares en la política interna al permitir que estos textos queden sujetos a la libre interpretación de las autoridades. “Si por ejemplo manifestamos para exigir mejoras en los hogares donde el Estado atiende a lxs niñxs, el presidente podría considerar que estamos alterando el orden público y eso implicaría que nos cancelen la organización,” explica Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, al periódico digital Nómada. La ley ha sido suspendida gracias al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Giammattei intentó desobedecer la resolución de la Corte, como lo hizo Jimmy Morales en el caso de la CICIG, pero tuvo que retractarse ante las presiones de organizaciones nacionales e internacionales. De mala gana ha anunciado que su equipo de gobierno presentará una nueva iniciativa, con un par de cambios.

Paradójicamente el gobierno parece haber declarado a la sociedad civil como su principal enemigo. Llamativo es que el plan de gobierno no oculta las intenciones de la actual administración. Está lleno de alusiones en defensa de las empresas y la propiedad privada, y define explícitamente como “fuente de comisión de delitos” la “conflictividad social en focos como la minería, hidroeléctricas y espacios agrarios”. En contra de la naturaleza de un gobierno democrático, el de Alejandro Giammattei no oculta que principalmente vela por los intereses de la élite. Sólo así se explican los constantes ataques a la institucionalidad democrática en años recientes.

A esto se suma actualmente el Estado de Calamidad declarado para combatir la epidemia del coronavirus COVID-19, que está siendo aprovechado para tomar decisiones importantes a puerta cerrada. Tal ha sido el caso de la elección de lxs magistradxs titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que cumplen un rol vital al regular y vigilar el comportamiento de los partidos políticos, su financiamiento y actividades. Como resalta el periódico Nómada, “lograr un TSE complaciente es uno de los principales intereses de los partidos más oscuros”. Más que en constante Estado de Prevención, Guatemala parece estar pasando por un prolongado Estado de Perversión.