DESCONTENTO POLÍTICO
Entrevista con Leander Pérez sobre el proceso electoral en Venezuela
LEANDER PÉREZ
Es miembro del partido de izquierda Patria Para Todos, que participó en las elecciones parlamentarias bajo la Alternativa Popular Revolucionaria. En el 2016 realizó un diplomado en Liderazgo Político y dos años después en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en Caracas. Desde hace un tiempo realiza análisis políticos en varios medios.
Foto: Lexander Pérez
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¿Cuál es su evaluación de las elecciones? ¿Está conforme con los resultados?
Por un lado, el balance que hacemos es positivo. Estratégicamente, dimos un paso hacia la unidad de la izquierda, y logramos el objetivo táctico de producir un deslinde electoral del gobierno. Sin embargo, los resultados electorales no fueron los esperados, no logramos convertirnos en una alternativa real para la gente. En comparación con los resultados electorales de 2018, en los que el Patria Para Todos (PPT) de forma independiente alcanzó 277 mil votos, no logramos la votación mínima esperada.
Lo que hubo en las elecciones fue una gran demonstración de desafiliación política de las masas populares. Mucha gente, no se siente identificada ni con las políticas del gobierno, ni con las políticas de los sectores de la oposición de las elecciones. Sin embargo, tampoco se puede responsabilizar por la gran abstención a los sectores de derecha que la promovían. La abstención de más del 70 por ciento fue una gran declaración de los venezolanos de descontento político.
¿Cree que cambiará la situación del país con estos resultados electorales?
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que gobierna actualmente, ya controlaba la mayoría de las ramas del Poder Público y, además, tenía en funciones la Asamblea Nacional Constituyente, que en la práctica le daba poderes supraconstitucionales. Con todos estos poderes, el gobierno no logró grandes cambios en la vida de la ciudadanía, e incluso, los aprovechó para aplicar una serie de políticas a favor del gran capital, promoviendo un viraje de derecha neoliberal. Con los resultados actuales, el gobierno difícilmente cambie el rumbo.
¿Cómo vivió el día de las elecciones?
Es costumbre para la izquierda venezolana, desde la época en la que el comandante Chávez estaba vivo, salir a votar temprano. Él siempre mandaba a la gente a votar a las seis o siete de la mañana. El 6 de diciembre yo fui a votar a las 10:00 a. m. y se notó una abstención bastante grande. Cuando yo llegué al centro electoral, era la tercera persona votando en este centro. Al momento de efectuar el voto, uno de los requisitos es firmar y colocar la huella como señal de que hemos votado, y las hojas donde se firma estaban vacías. Es decir, se notó una fuerte abstención. Luego, di un recorrido por otros centros electorales y llamé a mis vecinos a votar, pero la receptividad fue poca. Hubo un gran rechazo a involucrarse en las elecciones porque no se conocía que había una alternativa, la gente pensaba que las elecciones estaban totalmente cooptadas por el gobierno.
Al finalizar el día, otra cosa que nos sorprendió muchísimo fue que a las 6 p.m. el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio una prórroga. Fue sorpresivo, porque si no hay personas en cola, la ley establece que se deben cerrar los centros electorales. Sin embargo, el CNE da una prórroga de dos horas, mientras el gobierno llamaba a la “operación remate”, que consistió en usar todos los medios a su alcance para sacar a la gente de sus casas y llevarlos a votar. Esto es una violación grave de la constitución y una irregularidad en las elecciones.
A nivel internacional se cuestiona la validez de las elecciones. ¿Comparte Usted esta opinión?
Nosotros denunciamos públicamente las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral: denunciamos que a varios testigos de la APR no los dejaron entrar a los centros electorales, y que a varios testigos los sacaron a la fuerza de los centros durante la “operación remate”, entre otros aspectos. Lo que no hacemos es desconocer las elecciones. Reconocemos los resultados, pero consideramos que el hecho de prorrogar el proceso electoral crea serias dudas sobre los resultados electorales y sobre la votación que obtuvo el PSUV.
Consejo Nacional Electoral La sede principal en Caracas / Foto: John Mark Shorack
A pesar de estas irregularidades decidieron participar y llamar al voto, ¿por qué?
El proceso electoral nos dio la oportunidad de presentar una alternativa distinta. En años anteriores las organizaciones que formamos parte de la alternativa hemos venido coincidiendo en distintas luchas: de los campesinos, de los trabajadores, de los comuneros y del pueblo, que dan respuestas a los intentos de restauración neoliberal que se están dando en el país, pero faltaba el elemento electoral. Estas elecciones, brindaron la oportunidad de un deslinde desde el punto de vista electoral.
Ya en septiembre (LN 555/556) reportamos como el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la directiva de varios partidos, incluyendo Patria Para Todos (PPT), y asignó juntas ad-hoc para tomar las decisiones del partido. ¿Cuáles han sido los obstáculos a las campañas electorales durante estas elecciones?
El partido Patria Para Todos lleva tiempo discutiendo el apoyo a Nicolás Maduro. En las elecciones presidenciales de 2018, el PPT y el PCV (Partido Comunista de Venezuela) apoyaron su candidatura en base a la firma de acuerdos que el presidente no cumplió. Esto y el evidente viraje a la derecha del gobierno hicieron que la mayoría del partido decidiera un deslinde.
Por su parte, la acción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se da justo en medio de la inscripción de los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria. El tribunal, por medio de un amparo constitucional, designó una junta ad-hoc para intentar impedir que surgiera la APR. La medida cautelar del TSJ debía haber protegido los derechos de ambas partes de la controversia, pero lo que se hizo fue todo lo contrario. Todo el poder para inscribir los candidatos del partido se les dio a tres personas que solicitaron el amparo.
Superando ese obstáculo, la APR participó en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, se siguieron dando casos de acoso contra los candidatos de la alternativa, tales como despidos injustificados y la detención por parte de los cuerpos policiales de varios compañeros y compañeras. Todo esto evidencia que al gobierno no le interesa tener una oposición desde la izquierda en el país, mientras pacta con sectores moderados de la derecha.
La propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria, entre otras, es el “rescate de las conquistas que fueron alcanzadas con Chávez.” ¿Qué políticas del actual gobierno le parecen que han desmontado esas conquistas?
El elemento principal que permite ver una diferencia entre la política de Chávez y la política de Maduro es el tema de la propiedad de los medios de producción. En el gobierno de Chávez se dieron una serie de nacionalizaciones de empresas, y en las empresas mixtas se creó un límite del 40 por ciento al capital privado y el Estado mantenía un 60 por ciento.
El gobierno de Maduro frenó en seco las nacionalizaciones y, en los casos en los que se ocupó alguna fábrica previamente abandonada, se colocó en su dirección a algún burócrata, en vez de a una junta de trabajadores como establece la ley. Todo esto, sin afectar la propiedad de la empresa, que no se nacionalizó o expropió como habría hecho Chávez, sino que la empresa siguió siendo privada y de su dueño, solo fue administrada por la burocracia.
Además de eso se han llevado a cabo una serie de privatizaciones a través de distintos mecanismos. En la tierra, a los campesinos pobres que Chávez otorgó títulos de propiedad se les está persiguiendo y sacando de la tierra. También en la agroindustria, las empresas están siendo privatizadas a través de lo que ellos llaman “alianzas estratégicas”, en donde, la propiedad sigue siendo del Estado, pero la administración pasa al sector privado y las ganancias también. Es una privatización encubierta. Ahora, en la faja petrolífera del Orinoco en varias empresas petroleras se cambió la posición accionaria para favorecer a empresas chinas. Es decir, el 60-40 durante el gobierno de Chávez está siendo revertido al 51-49 por ciento. Lo último es la Ley Antibloqueo, que permite la privatización de empresas nacionales y las convierte en un secreto de Estado sin ningún debate público. Maduro está llevando a cabo una política de liberalización y privatización de la economía.
¿Por qué cree Usted que no ha habido más protestas populares por el salario y la situación actual?
Nosotros venimos de años de intensa lucha, pero en el 2020 el tema del Estado de Alarma, la cuarentena, impidió la movilización de grandes sectores. También hay un gran reflujo de las masas, que han quedado golpeadas durante todos estos años de intensa crisis, hasta tal punto que muchas personas están buscando sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. El tema de la persecución del gobierno también es importante. En estos momentos, trabajadores de la administración pública que protesten son despedidos sin importar la inamovilidad laboral y los derechos de los trabajadores.
La APR recibió solo 2,7 por ciento de los votos. ¿Cuál es la perspectiva de la Alternativa Popular Revolucionario a futuro?
Un primer paso debe ser trascender al ámbito electoral. Hay dos objetivos estratégicos: la unidad de la izquierda chavista que cree en la construcción de una alternativa y de sectores de la izquierda no chavista que también están luchando. El otro, es lograr vincularnos con las luchas populares y los sectores que se están movilizando por sus reivindicaciones: los trabajadores y docentes por sus salarios, los campesinos y las luchas por servicios públicos.
¿Qué tema debe ser discutido en primer plano en la Asamblea Nacional para mejorar la situación de los venezolanos?
Hay distintas cosas que se podrían discutir si realmente se intentara buscar soluciones a los problemas del país. Uno de ellos es el tema de la corrupción, tanto de la derecha, como del gobierno; el tema salarial, que el salario mínimo cubra la cesta básica; y también la política de privatizaciones, el gobierno quiere privatizar en el más absoluto secreto.