Argentina | Español | Nummer 560 - Februar 2021

LUCHE Y SERÁ LEY

De cuando Argentina le dijo adiós a los abortos clandestinos

A finales de diciembre de 2020, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en ley en el Senado argentino. Desde el 24 de enero, la aplicación de la ley es obligatoria en todo el país. LN hace una crónica del debate que mantuvo al país en vilo durante años.

Von Belén Marinato

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“Lo conquistamos. ¡Es Ley!” A las 4 de la mañana, la vicepresidenta Cristina Fernández anuncia el resultado / Fotos: Daniela Cilli

“Hoy es historia, no hay más que decir. Es un derecho ganado, y vamos por más”, le decía entre sollozos a la periodista una de las miles de pibas que esperaban el resultado de la votación afuera del Congreso. Que era un día histórico lo sabían lxs que estaban en las calles de todo el país frente a las pantallas gigantes y lxs que seguían el debate por televisión o por radio. También lo sabían lxs senadorxs que entraban a la sala con un pañuelo, un barbijo o un detalle en la vestimenta que delataba su voto. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, desde el 30 de diciembre, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se dice ley. Su aplicación, de carácter obligatorio en todo el país, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2021.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con el número 27.610 viene a reemplazar el sistema de causales vigente desde 1921 por un sistema mixto (de plazos y causales). La vieja ley consideraba que el aborto era no punible sólo en caso de peligro para la salud o la vida de la persona gestante, malformaciones fetales o violación. La nueva normativa reconoce el derecho a las personas gestantes de interrumpir su embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional, y sólo en caso de estar fuera del plazo estipulado será posible en función de las causales mencionadas. Por otro lado, también determina los derechos y las condiciones mínimas que debe garantizar el personal de salud: un trato digno, privacidad y confidencialidad de la información y respeto de la autonomía de la voluntad. Con esta ley, además, no será juzgadx quien decida abortar (siempre y cuando se respeten los plazos indicados), sino el o la funcionarix públicx o personal de la salud que retrase, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. “Hasta hoy, el Estado respondió con amenaza de cárcel, con procesos penales, con cárceles efectivas, con clandestinidad y con riesgo para la vida y la salud. A partir de ahora cambiamos este paradigma”, sostuvo con la voz quebrada Vilma Ibarra, secretaria de la Presidencia Legal y Técnica y redactora del proyecto, el pasado 14 de enero en el Museo de la Casa del Bicentenario. En este nuevo paradigma, la persona gestante decide, y el Estado y el personal de salud garantizan.

Como toda gran conquista, la IVE es el resultado de numerosas luchas. El primer proyecto de ley fue presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 1992, y tras múltiples negativas recién logró la media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2018. La aprobación de los diputados fue una fiesta, pero la alegría decayó en agosto, cuando fue rechazado en el Senado (LN 531/532).

La marea verde Alzando los pañuelos / Fotos: Daniela Cilli

Durante su campaña electoral, el presidente Alberto Fernández prometió enviar el proyecto de ley IVE antes de que terminase el 2020. Estallada la pandemia, el envío se postergó constantemente, lo que fue celebrado por lxs antiderecho, ese sector de la población que se hace llamar “provida” y porta pañuelos celestes. Celeste “por su parecido con los colores patrios, que está relacionado con nuestra identidad”, le explicó Raúl Magnasco, presidente de la organización +Vida, a la agencia de noticias Télam. “Provida” porque alegan estar a favor de la vida (implicando así que quienes están a favor de la legalización y despenalización del aborto no lo están). “Provida” que hacen caso omiso en sus argumentaciones de las muertes por abortos clandestinos, y que no parecen inmutarse frente a la criminalización y/o violación de los derechos de quienes abortan. Como la senadora Silvia Elías Pérez, quien durante su exposición en el debate del 29 de diciembre señaló que no se olvida “todo lo que tuvo que pasar [Rodríguez Lastra] por salvar una vida”. El ginecólogo había sido juzgado por negarse en el 2017 a practicarle un aborto no punible a una adolescente, obligándola a parir.

Los días pasaban y el proyecto no aparecía. Pero la “marea verde” nunca es baja. “Es urgente”, “la discusión no es “aborto sí o aborto no”, es aborto legal o clandestino”, gritaba en los medios, en las redes sociales, en las calles. Y en el grito aparecían las muertas (al menos 3030 desde el retorno de la democracia) y la cifra de abortos realizados por año, que según registros oficiales de los centros de investigación CENEP y CEDES del año 2005 se estima es entre 370.000 y 520.000 cada año.

En espera En la madrugada del 30 de diciembre anunciaron los resultados / Fotos: Daniela Cilli

En el 2019, 9.366 de esos abortos fueron asistidos por las Socorristas (socorristas.org), una colectiva feminista con núcleos en todo el país que desde el 2014 acompaña a mujeres y personas gestantes en la decisión y en el proceso de intervención de su embarazo (LN 541/542). Porque donde el Estado no está, ahí están ellas. Pero era hora de que el Estado asumiera la responsabilidad que le corresponde.

Donde no hay palabras necias, no puede haber oídos sordos. Así, el 17 de noviembre de 2020, antes de que caducara su promesa, Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias. Junto con la IVE presentó el llamado “Plan de los Mil días”, una ley (nr. 27.611) que procura garantizar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El proyecto de IVE llegó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. El debate duró 22 horas, y su aprobación hizo temblar el suelo del Congreso. Y del país todo. El festejo fue inmenso pero precavido (todavía se sentía el sabor amargo del 2018). Sin embargo, se rumoreaba que esta vez sería distinto.

Desde la aprobación de los diputados hasta la discusión en el Senado no hubo un solo día en el que no se hablara de la IVE. A favor o en contra, estaba en todos lados. Había copado las cenas familiares, la escuela, el trabajo, las redes, los medios. Esa omnipresencia ya era una victoria, pero todavía faltaba que fuera ley. Cuando se anunció la fecha de la sesión en la Cámara, empezaron la cuenta regresiva y los planes para la vigilia.

El senado en sesión Marcha frente al congreso de la nación / Fotos: Daniela Cilli

Dentro del Congreso el debate empezó el 29 de diciembre a las 16 horas. De los 70 senadores presentes, expusieron 59. En la mayoría de los casos, el voto emitido era conocido. En otros la decisión se hizo esperar. Según el recuento no oficial, o “poroteo”, eran siete lxs senadorxs que habían entrado al recinto sin una decisión tomada. La conversión de lxs que en el 2018 habían votado en contra o con una abstención fue clave para el resultado final. Una de las primeras conversas fue Silvina García Larraburu, del Frente de Todos. Casi al borde del llanto, la rionegrina declaró haber comprendido que “más allá de mis creencias estamos ante un tema que requiere un abordaje de la salud pública”. Dijo que su voto era un voto deconstruido y que “deconstruirse es difícil” porque  „tambalean las estructuras”. La radical neuquina Luciana Crexell también logró hacer a un lado sus creencias personales y transformó su abstención en un voto afirmativo alegando que “no se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata y lastima, y que escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos se niegan a ver”.

29 fueron lxs senadorxs que se negaron a ver que el aborto es un derecho de salud pública, y que está comprobado que en aquellos países que lo permiten en su legislación redujeron las complicaciones por prácticas inseguras; que no es el aborto el que mata, sino la clandestinidad. 29 fueron los que se negaron a ver que el aborto es un derecho humano, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal. Entre esos 29, sorprendieron, por insólitas, las intervenciones del senador Dalmacio Mera, quien comparó el proyecto con la matanza de cerdos en la Inglaterra el siglo XIV, y la de la senadora María Belén Tapia, quien afirmó que “los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno los senadores”, y vaticinó una maldición en caso de que el proyecto se legalizase. También estuvieron los que, como el senador Roberto Basualdo, votaron en contra e insistieron en que “tendríamos que estar todos unidos previniendo”, sin percatarse de que nadie nunca negó la necesidad de prevención y educación. En la consigna de la Campaña, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, esa premisa ya estaba clara.

Es Ley El País volvió a temblar / Fotos: Daniela Cilli

Un senador, Guillermo Snopek, no supo qué ver y se abstuvo. Pero otros 38, sí lo vieron. De esos 38, algunos vieron, además, que el aborto legal, seguro y gratuito también es justicia social “porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un Estado presente, preservando la salud de todas”, como sostuvo la senadora del Frente de Todos Ana Claudia Almirón, en uno de los discursos más ovacionados, dentro y fuera del recinto. Todas son esas que abortan y lo hacen pagando en una clínica privada y las que ponen en riesgo su vida o la pierden en el intento por no contar con los medios necesarios. Todas son también esas niñas tantas veces obligadas a parir. “Niñas no madres”, en América Latina es mucho más que un hashtag. Según las cifras del Ministerio de Salud, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son de niñas menores de 15 años.

Almirón también supo ver que lo que se discutía en esa jornada era el producto de algo que había empezado afuera y hace tiempo. “Esta ley es de ellas”, afirmó, “este proyecto es de ellas, lo lograron ellas, lo militaron, lo pusieron sobre la mesa y simplemente nos están pidiendo a nosotros que ratifiquemos lo que ellas ya ganaron en las calles.” Las calles le devolvieron ese reconocimiento con gritos eufóricos y revoleo de pañuelos.

A las 4:12 de la madrugada del día 30, cuando Cristina Fernández anunció el resultado, el país volvió a temblar. La IVE no “le puso fin al patriarcado”, como diría más tarde Alberto Fernández. Pero sí le dio un sacudón.

“La marea verde se volvió un tsunami”, se leía en una de las tantas pancartas. Y este tsunami nunca para. Mientras permanece atento a que la ley se implemente, empieza a preguntarse por el destino de esas mujeres que ya han sido injustamente juzgadas, en un tiempo en que el aborto aún no era ley.

 

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