„UN GOLPE QUE NO SE ACABA“

ADRIANA GUZMÁN ARROYO

es Aymara, lesbiana y feminista comunitaria. Es parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, una organización que surge a partir de la masacre del gas de 2003, y lucha contra el patriarcado en la calle y, principalmente, contra la violencia hacia las mujeres y por la defensa del territorio. (Foto: privado)


 

Muchxs en los movimientos sociales pensaban que las elecciones de 2020 eran una trampa del ex gobierno de facto. ¿Qué análisis haría del triunfo del MAS?
Se ha logrado sacar a la presidenta de facto Jeanine Añez, pero el resultado de las elecciones no se puede llamar una victoria del MAS. Hay mucha gente que ha votado en contra del fascismo, pero no a favor del MAS. Quien ha ganado es el pueblo. Lastimosamente, el MAS no ha recogido este aprendizaje. Con poca capacidad de autocrítica han asumido que el 55 por ciento de los votos es de apoyo al MAS, a Luis Arce. Eso es imposible de creer, porque Luis Arce no es un personaje político, no tiene un perfil que represente a los pueblos originarios. Por muchos años ha sido ministro de economía, de una economía liberal, capitalista. La matriz productiva del país, los acuerdos con la banca y con las transnacionales no se han transformado. Y parte de la autoría de todo eso la tiene Luis Arce.

¿Cómo evalúa el trabajo del nuevo gobierno del MAS después de las elecciones?
Siento que en este año de gobierno del MAS no hay un proyecto político ideológico, ni nuevo ni antiguo, ni nada. Lastimosamente, no se ha hecho gestión, excepto en salud, donde se ha logrado que lleguen las vacunas y las pruebas. No podemos ver una gestión en educación, ni una reactivación económica. Le han llamado reactivación económica a condonar los intereses de la importación de insumos para la minería, pero si había alguien a quien había que reducirle o eliminarle los impuestos era al pueblo, no a las empresas mineras.

En Bolivia ha habido un golpe al pueblo que ha terminado con un golpe de Estado. Este golpe ha articulado de manera muy fuerte a una derecha fascista, a la oligarquía económica y política junto con algunos sectores sociales. Las elecciones y el Estado no han sido suficientes para acabar con ese golpe. El compañero Luis Arce no tiene un gabinete ministerial que pueda enfrentar este movimiento difícil. Las y los ministros no tienen un perfil político, no vienen de las organizaciones sociales, ni siquiera tienen un perfil técnico. Hay un vacío de discurso y de liderazgo importante. La política se está construyendo en los grupos económicos, las transnacionales. Entonces para mí, eso se va a tener que definir en las calles.

¿Se ha hecho justicia por los crímenes cometidos bajo el gobierno de facto?
Respecto a las masacres de 2019, por ejemplo, no se han iniciado los procesos ni hay un juicio de responsabilidades. Principalmente, hay una gran impunidad con respecto a los crímenes contra las mujeres. En 2019 se profundizó la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, pero desde la pandemia, todo el sistema judicial está cerrado. Ya se ha acabado la cuarentena en el mundo, los lugares para hacer fiesta y beber alcohol están abiertos, pero los juzgados no.
Hay heridos que todavía necesitan tratamiento y que han quedado con discapacidad. Entonces, una cosa importante para nosotras como organización, para mí como feminista, es la lucha por la justicia. No puede haber paz y no se puede construir ninguna estabilidad política si no hay justicia y no se llega a la verdad histórica de los hechos, porque va haber una permanente inconformidad dentro de las organizaciones sociales. Deseamos que haya sanción y justicia para los autores intelectuales, los instigadores, los autores materiales y un gran plan de reparación para las víctimas. Para mí es una gran frustración que no se haya iniciado un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez, cuando ella ya está detenida desde hace nueve meses. El pueblo quiere justicia y justicia es lo que no hay.

¿Como es la vida ahora en Bolivia bajo el nuevo gobierno del MAS?
Si bien ha cambiado desde 2019, aún es difícil estar en la calle. Ahora no hay masacres, pero hay un asedio permanente, amedrentamiento a quienes tenemos este color de piel y a quienes nos reconocemos como Aymaras. Hay un permanente racismo en las calles, en las instituciones, en la política, en la eduación y en los medios de comunicación. Ellos fomentan una cultura del odio, donde se juzga las declaraciones de una autoridad, o de quien sea, por el color de su piel y no por lo que está diciendo.

El racismo se está profundizando. No en esta forma de masacre y represión, porque no lo está haciendo el mismo Estado, pero los agresores pueden ser fascistas de la Union Juvenil Cruceñista (grupo de extrema derecha, nota de redacción), o pueden ser tu vecina o tu vecino que te escupa o te dice ladrona en la calle. Lo vivo en mi vida personal también. Hace poco me han rodeado y golpeado en la calle. Por supuesto, los he denunciado por fascistas y los he grabado. Eso se puede ver en todas las esquinas, donde haya mujeres y hombres indígenas, aymaras, quechuas, migrantes y vinculados al MAS. Ya seamos afiliados o cercanos a las organizaciones sociales, somos acusados de ladrones, de corruptos en todas las ciudades. Es muy dificil pasar dos horas en la calle sin pelear con alguien. Yo no lo llamaría polarización, porque no es una mitad y otra mitad. Es un pequeño grupo que está generando esta cultura del odio.

¿Cómo se explica que este pequeño grupo pueda seguir intoxicando el clima de la sociedad?
Los grupos paramilitares no se han desarmado. Cuando quieren, hacen un paro. En octubre Luis Fernando Camacho, el Comite Cívico de Santa Cruz, la Plataforma 21F y todas las instancias que han hecho el golpe, convocaron a un paro nacional. Los grupos paramilitares deberían haberse desarticulado, deberían estar en la carcel o escondidos, pero nuevamente han estado en la calle. Entonces, yo siento en el cuerpo que hay un golpe que no se acaba.
En las elecciones no ganó solo el MAS. La derecha con los grupos paramilitares está haciendo una desestabilización permanente, ha ganado lugares en el Parlamento y Luis Fernando Camacho es gobernador de Santa Cruz, uno de los departamentos con mayores ingresos económicos. Entonces, él ahora tiene la maquinaria estatal para generar estos tipos de movilizaciones. Creo que están alistando un segundo golpe, pero en términos de un referendum revocatorio. El colegio médico, un sector profundamente racista y muy complice del golpe, también está desde hace tres o cuatro semanas de paro, como en el año 2019.

¿Qué papel juega la situación económica?
La crisis económica es terrible, sobre todo para las mujeres. Una de las medidas de reactivación económica, que ha tomado el gobierno, es devolver los aportes de jubilación. Es decir, que tú puedas sacar tu jublicación en efectivo y gastártela para no morirte de hambre. Para mí, eso es un terribe atentado contra el pueblo. Las mujeres no tenemos ni jubilación. Pero pienso en muchos hermanos que son mineros, obreros, que están desempleados y ahora se van a comer sus ahorros y no van a tener jubilación.
El hecho de que se profundice el racismo en Bolivia tiene que ver con la profundización del capitalismo, de la explotación y de la crisis económica que con la pandemia ha sido peor. A través del racismo nos quieren dominar, humillar y explotar. Así lo único que nos queda es ser sus sirvientas. Eso es lo que no queremos, contra eso nos resistimos.

¿Cómo ve la situación de los movimientos sociales indígenas?
Creo que hay dos dimensiones para analizar esto. Por un lado, el golpe al pueblo en 2019 se ha dado porque los movimientos sociales estaban fragmentados. Las organizaciones se han roto peleando por un puesto de trabajo en el Estado. El MAS ha dejado cada vez mas de ser un instrumento político para convertirse en un partido tradicional con una cúpula que decide y se sustenta en el aparato público, en la generación de empleos para sus propios militantes. Pero no para buscar la solución de los problemas del país y de los pueblos. Eso ha sucedido ya antes de 2019 y por esta debilidad ha habido este golpe. Pero no solo es responsabilidad del MAS. Depende también de que los movimientos sociales puedan presionar y exigir la reconducción y profundización del proceso de cambio. Lastimosamente, están fragmentados por su relación con el Estado. La segunda dimensión tiene que ver con la pandemia que ha generado aislamiento, paralización y miedo en muchos casos. Pero sobre todo, se ha llevado algunos lideres importantes. Eso ha dejado también desarticulados a los movimientos. Lamentablemente, venimos de una cultura un poco caudillista y tiene que haber una voz que se sigue. Hay un gran vacío político e ideológico y hay una fragmentación en los movimientos, y yo siento que eso está pasando en gran parte de la Abya Yala. La pandemia también ha sido una estrategia desde los Estados y los partidos para desmovilizarnos, para paralizar a las organizaciones. Sin embargo, por lo menos como feministas estamos en las calles y permanentemente movilizadas exigiendo justicia.

¿Nos puedes explicar más sobre la fragmentación en los movimientos sociales?
Los movimientos sociales están divididos en tres vertientes. Algunos están con el Evo. Esta vertiente es en mi entender la menos autocrítica y está dejando guardado el tema de la justicia para cuando al Evo le toque ser candidato. Hay mucho cuestionamiento y mucha diferencia con esta vertiente, porque la mayor parte se ha ido a la Argentina durante el golpe. Yo puedo entender que se haya ido el Evo, porque estaban intentando acabar con su vida, pero que se hayan ido los diputados, los viceministros, y que estuviesen mirando desde allá como masacran, eso no lo puedo entender. La segunda vertiente está con el vicepresidente David Choquehuanca, con quienes nosotras nos identificamos más, quien está más apoyado por las comunidades, por los pueblos originarios, pero no logra tener una fuerza contundente dentro del gobierno. La tercera vertiente es Luis Arce, quien más que ser una vertiente dentro del MAS, intenta tener algo de fuerza para hacer gobierno, hacer gestión, porque lastimosamente no la tiene. No tiene tampoco el respaldo suficiente para tomar decisiones, para que salgamos todos a enfrentar a la derecha.
La fragmentación, frustración y desconfianza se profundizan por la poca capacidad de autocrítica que tienen las tres vertientes. Se han quedado mucho en los discursos políticos, en la campaña electoral, pero hoy necesitamos comer, justicia y salud.

¿Qué rol juega el movimiento feminista en la actualidad? ¿Hubo algún avance respecto a los pactos patriarcales dentro del MAS?
No han habido muchos avances. Es dificil levantarse después de un golpe. Un golpe político, pero además físico, ideológico y emocional. Y recién nos estamos levantando. El feminismo no ha tenido una posición clara en ese golpe. En muchos casos feministas, como Maria Galindo o Silvia Rivera, incluso han dicho que no había golpe. Yo diría que no ha habido un rol trascendental del feminismo en ese momento importante en 2019, si no para desinformar. El feminismo es diverso, pero hay feminismos que le hacen juego a esta derecha fascista que desgasta sistemáticamente al gobierno y a las organizaciones sociales, y que está polizarizando permanentemente a la sociedad.

Mencionaba que el racismo tiene que ver con asuntos económicos, ¿ve la posibilidad de nuevos conflictos con el gobierno por el extractivismo?
El gobierno no ha cambiado su perfil extractivista, pero las organizaciones sociales que podrían denunciar el extractivismo no lo van a hacer. En este momento es muy dificil salir a marchar y presionar al Estado, porque todo eso es instrumentalizado por la derecha para generar una desestabilización política. Hace dos semanas ha terminado una marcha indígena que tenía una demanda legítima, que es que no se ha respondido a las demandas de los pueblos de tierras bajas, de los pueblos de la Amazonia, el pueblo Guaraní y el pueblo Chiquitán. Pero para tener fuerzas, se han aliado con grupos de la derecha y con el partido de Carlos Mesa. Eso les ha quitado toda legitimidad. Por eso creo que no van a haber grandes movilizaciones ahora. Si bien eso limita la desestabilización política, no le permite la autocrítica al gobierno.

¿Hay alguna palabra de esperanza para Bolivía a pesar de todo?
Yo creo que es una situación difícil. En toda la región hay un ataque permanente. En la Argentina, por ejemplo, es impresionante que la gente de Macri siga retomando espacios. En Chile hay gente que está en contra del estallido. Lo que sí es esperanzador para mí, es la capacidad que hemos tenido de sacar a un gobierno de facto muy rápido. Porque las movilizaciones de julio y agosto de 2020 han garantizado las elecciones del 18 de octubre. En esas movilizaciones han estado principalmente los pueblos indígenas que han cortado las rutas de todo el país, que hemos estado en las calles y que hemos hechos cabildos y huelga indefinida.

Esa capacidad de organización, de resistencia, esa negación permanente a vivir dominados, sometidos, todo esto es esperanzador. A pesar de que ahora hay divisiones en los movimientos sociales, esas divisiones son coyunturales. Somo un pueblo rebelde, el pueblo Aymara, el pueblo Quechua, ha sido siempre un pueblo autoorganizado. Frente a esta experiencia de golpe, creo que hemos retomado la tarea de construirnos como movimientos y como pueblos. De no dejar todas las esperanzas en el Estado. Eso ya lo hemos intentado y es difícil que el Estado transforme todo. Para mí es esperanzador eso: Volver a creer en nosotras como organizaciones y pueblos y tener al Estado como una variable más, pero sobre todo autoorganizándonos. Retomar esta capacidad de organizarnos frente al fascismo. Ya no por un partido y una persona, sino porque no queremos vivir con patrones nunca más. Nunca más con patrones. Nunca más como sirvientas.

„HAY UN QUIEBRE INSTITUCIONAL“

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NADESDHA GUEVARA OROPEZA

es activista por los derechos humanos y abogada de algunas de las víctimas de la masacre de Senkata, Bolivia, cometida por el ejército boliviano en noviembre del 2019. Realizó una serie de denuncias de violaciones a los Derechos Huma- nos ante las Naciones Unidas y coopera con la Asociación de Derechos Huma- nos en Bolivia, una organización que lucha por los Derechos Humanos desde una perspectiva descolonizadora y que apoya a los sectores más vulnerables, indígenas y campesinos. Guevara se ve en la tradición de la resistencia de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y Tupac Katari (líderes indígenas que se rebe- laron contra el poder colonial español en el siglo XVIII) y su meta de una patria grande. Además Guevara utiliza su profesión como abogada para alcanzar el Suma Qamaña (Aymara) o Sumak Kawsay (Quechua), en español El buen vivir, concepto indígena que fue acogido en la constitución de Bolivia.

(Foto: privado)


¿Nos puede contar sobre el contexto político del golpe de Estado en Bolivia?

El golpe de Estado se da en diferentes escenarios. Uno de los escenarios principales es del sector agroindustrial ubicado en Santa Cruz de la Sierra, la burguesía agroindustrial, que no solamente quería tener el poder económico sino también el poder político que por 14 años les había sido arrebatado. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) formó una alianza táctica con este sector y empezó a hacer grandes concesiones de poder político.

Otro escenario es el proceso que se estaba viviendo en el interior del MAS y el proceso de cambio donde había una necesidad de consolidar el estado plurinacional y de hacer una renovación de dirigentes. En ese escenario tuvimos errores estratégicos y eso fue un argumento para una clase media que ya no se sentía pobre y quería sentirse rica. Otro de los errores que se han cometido fue cambiar al sujeto histórico de la lucha. En el último periodo el sujeto histórico ya no era el movimiento indígena, campesino y obrero, el sujeto histórico eran las clases medias.

Otro escenario es geopolítico. Los intereses por nuestros recursos naturales, especialmente por el litio, van cobrando fuerza. Entonces en Bolivia habían empezado a influenciar a las clases medias, las cuales tomaron el discurso de que en estos 14 años de proceso de cambio se había vivido una dictadura, que no vivíamos en democracia y que estaban luchando por su libertad. Y eso nosotros lo identificamos como un efecto, no como una causa. La causa está en esas pugnas de poder y en la coexistencia política con los sectores oligárquicos.


¿ Cómo condujo esto a un golpe de Estado?

En febrero del 2018 habíamos ido a un referendo para decidir si Evo Morales continuaba o no postulándose a la presidencia. Ganó el „No“. Se vuelve a repostular Evo Morales a partir de un control de convencionalidad y sale favorable en el tribunal constitucional plurinacional, lo que le permite ser nuevamente candidato. Y ahí nuevamente el rol geopolítico. Gana Evo Morales, pero bajo el rol nefasto de la Organización de Estados Americanos se da a entender de una manera difusa que hubo un fraude electoral.

Ahí fue donde los grupos paramilitares empezaron a ejercer actos de racismo y de violencia contra el pueblo. El golpe de Estado empieza a crear miedo a partir del ejercicio de la violencia contra los representantes del MAS en la Asamblea Legislativa. Empiezan a quemar las casas, a secuestrar a sus familiares, lo que provocaba la renuncia de muchos ministros, gobernadores y diputados. Después de la renuncia de Evo Morales, que había causado un vacío de poder, y después de la renuncia de la segunda presidenta del senado, Adriana Salvatierra, los policías y los militares dan el poder a Jeanine Áñez para que asuma la presidencia.

Lo primero que hacen al tomar el poder es realizar la quema de la Wiphala, la bandera símbolo de las naciones indígenas, originarias y campesinas. Es decir, demostrar que los pueblos indígenas, originarios y campesinos habían vuelto al lugar „que les correspondía”, fuera del poder. En noviembre de 2019 el ejército y la policía cometen masacres contra la población civil, denunciadas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esas denuncias no han sido investigadas hasta ahora por el Ministerio Público.


¿Cuáles fueron los resultados del golpe en relación a la persecución política y al funcionamiento de las instituciones judiciales en Bolivia?

Hubo un pacto político que garantizaba la realización de las elecciones como único objetivo. Después vino un periodo mucho más complicado con la pandemia del Covid-19. Ahí se hizo mucho más clara esta lucha de clases, se revelaron más aspectos racistas y no se pudo resolver ninguna de las problemáticas estructurales.

Tenemos nueve meses de un gobierno transitorio donde hay un quiebre institucional, donde todo se mueve a partir del poder ejecutivo y de la instrucción del Ministerio de Gobierno. Tenemos perseguidos políticos tanto del MAS como de personas que no son del MAS y que han osado criticar al gobierno. Hay detenidos y aprehendidos de manera ilegal y arbitraria desde las masacres. Muchos de ellos han hecho las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales. Tenemos testimonios de mujeres de pollera (falda, vestimenta típica de la mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, nota de la redacción) que han sido violentadas por militares y policías. Sigue aprehendido Facundo Molares hasta el día de hoy, está perdiendo su vista en los dos ojos y tiene problemas renales. También siguen aprehendidas muchas mujeres.

La ruptura institucional en Bolivia hace posible que estos grupos paramilitares se refugien bajo el consentimiento y permisibilidad del Estado, porque es el Estado el que financia los grupos paramilitares y mercenarios. Desde el Ministerio de Gobierno se dice que lo políticamente correcto es meter bala a todos los que están movilizados. Hasta el día de hoy se estima que hay tres millones de desempleados en Bolivia y hay personas que están volviendo a la pobreza extrema. Se ha privatizado la salud, se comete corrupción con la salud. El año escolar ha sido clausurado dejando sin escuela a todas nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema económico no se ha podido resolver. Entendemos que es una situación muy difícil. Sin embargo, no hay ninguna política social por parte del Estado para mitigar este problema.

Esos son los efectos del golpe, del quiebre institucional del Estado de no-derecho. A quien le provoque cuestionar los problemas estructurales no resueltos se le aplica el derecho penal del enemigo, el que ve a estas personas como no-ciudadanos, tipificándolos como terroristas, como sediciosos o como financiadores de terrorismo. Por eso, los movimientos sociales, el movimiento indígena, campesino, obrero, están asumiendo que tienen que pronunciarse. El gobierno es un precursor del odio, esas personas siempre hacen esas distinciones, estigmatizan a las personas que ejercen su derecho a la protesta como Masistas. Todo eso engloba un quiebre institucional en Bolivia y tiene como resultado un pueblo insatisfecho y movilizado, pero también profundamente golpeado porque en nueve meses no se ha podido encontrar un pacto social en Bolivia (un convenio social y político para superar la polarización de la sociedad, nota de la redacción).


¿Cuál es la situación actual en Bolivia y cómo es que empezaron de nuevo las movilizaciones?

Para muchos la salida política eran las elecciones que se iban a dar el 6 de septiembre, sin una seguridad real de qué partido vaya a ganar, pero sí con la idea de que se vaya realizando un pacto social que pueda afrontar de mejor forma esta situación. El Tribunal Electoral dio el anuncio de que se trasladará la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre. Y eso lleva a un nuevo escenario de confrontación. Se llamó a un Cabildo, un encuentro, en la ciudad de El Alto, y se determinó dar 72 horas al Tribunal Electoral para que vuelva a declarar la fecha de elecciones el 6 de septiembre. De lo contrario se realizarían bloqueos nacionales.

En 72 horas se realizaron los bloqueos nacionales. Los bloqueos empezaron a cobrar más fuerza a partir de las declaraciones de sectores afines a este gobierno, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, que señalaban al movimiento indígena como “unas bestias que no merecemos ser ciudadanos y que mordemos la mano de quien nos da de comer”. Los indígenas representan más del 80% de este país, además se reconocen en la Constitución Política del Estado más de 36 naciones indígenas. Miembros del Comité Cívico y también personas afines al gobierno han expresado que deberíamos volver a la república (se refiere a volver a la constitución vigente antes del gobierno del MAS, nota de la redacción). Esos discursos han ido calando en la población y han profundizado las contradicciones, a tal nivel que la consigna del movimiento popular ya no eran las elecciones, sino la renuncia de Jeanine Áñez.

Los bloqueos han empezado a ser satanizados por el gobierno con el argumento de que estos influyen en la falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19, a pesar de que el oxígeno hacía falta aquí en Bolivia ya hace dos meses atrás y que la crisis de salud la tenemos ya desde hace nueve meses. Sin embargo, la Asamblea Legislativa donde tiene la mayoría el MAS, aprobó las elecciones para el 18 de octubre. En estos momentos se ha dado la instrucción de desbloqueo, pero con un estado de alerta permanentemente.


¿Cómo va a seguir la situación después de que la nueva fecha para las elecciones sea aceptada y después de que los bloqueos se terminen?

Nosotros estamos monitoreando y denunciando que se está ejerciendo una persecución política a los dirigentes que han llamado a estas manifestaciones. Ya han salido denuncias admitidas por el Ministerio Público. Tenemos 43 aprehendidos de manera ilegal y arbitraria en Samaipata, de los cuales tres están con detención preventiva. Tenemos tres heridos de bala en San Ignacio de Moxos por estos grupos paramilitares y tenemos un pueblo herido en su dignidad. Hoy afrontamos la resistencia popular, afrontamos también la necesidad de organizarnos porque sabemos que el Estado desde los policías, los militares y sus grupos paramilitares están preparados para golpear al pueblo Y hoy, en toda esta agudización del problema solamente nos queda asumir el planteamiento de un poder popular. Tenemos la incertidumbre de si se van a realizar o no las elecciones. No es algo certero para el pueblo, pero de lo que sí tenemos certeza es de la necesidad de organizarnos, unirnos y luchar.

“LAS ELECCIONES SON UNA TRAMPA”

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Adriana Guzmán Arroyo
es aymara, lesbiana y feminista comunitaria. Es parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, una organización que viene de la masacre del gas del 2003. Viene de la lucha contra el patriarcado en la calle y lucha principalmente contra la violencia hacia las mujeres y por la defensa del territorio. (Foto: privado)


¿Cómo caracterizaría la situación actual en Bolivia?
En Bolivia vivimos un golpe de estado, un golpe racista hacia las organizaciones sociales. Es importante para nosotras que se reconozca, porque de lo contrario, estaríamos aceptando un gobierno que se impone con masacre, con balas, con detenciones y procesamientos ilegales, y con presos políticos. El gobierno tiene una campaña con los medios de comunicación para mostrar que en Bolivia hay dos grupos, el grupo de aquellos que quiere la normalidad, la paz, el trabajo, y el grupo de los que queremos el conflicto, o sea el problema somos las organizaciones sociales – principalmente, las mujeres y las indígenas. Y eso no es así. En realidad, las organizaciones queremos justicia, queremos vivir con un gobierno que no sea una dictadura ni un masacrador. El gobierno ha obligado a que los negocios vuelvan a funcionar y a los niños a que vayan a la escuela. Nosotras también necesitamos trabajar para comer, pero no podemos volver a la normalidad con un gobierno de facto, con la impunidad, con la injusticia de 34 personas asesinadas en la masacre, los cuerpos, las personas desaparecidas y los presos políticos.

¿Cómo describiría la ofensiva del gobierno hacia la resistencia?
A pesar de que el gobierno de facto ha dicho que daría garantías a los dirigentes políticos y a pesar de que haya convocado a la paz, los militares no se han retirado del todo. Hay mucho control en determinados barrios, hay muchos policías de civil, que todo el tiempo están siguiendo y fotografiando a quienes somos de organizaciones sociales, a quienes ya hemos hablado públicamente. Aún hoy, 9 de diciembre 2019, hay policías de civil que pueden detenerte, revisar tu celular y llevarte a la celda. Todavía hay muchos dirigentes que están siendo procesados. Se les están inventando causas, juicios. Por distintos motivos la represión sigue en medio de esta cortina de impunidad y desinformación. Hay un miedo permanente a hablar en espacios públicos, miedo de lo que no puedes decir en el bus, de cosas que no puedes hablar en la calle. Esto es un tema principalmente para los indígenas, pero, sobre todo, para las mujeres indígenas.

¿Cómo han sido afectadas las mujeres indígenas en particular?
En este mes de golpe ya ha habido grandes pérdidas. Los ataques, la violencia, el escarmiento, la humillación a las mujeres de pollera, a las mujeres indígenas. Por ejemplo, la cancillera ahora ha sacado un decreto en el que dice que nadie que trabaje en la cancillería puede llevar pollera, ni aguayos, todos tienen que vestir traje y corbata. O sea, no puede haber más indígenas en la cancillería, y si los hay, no pueden vestirse como indígenas.

Han dado escarmiento a las mujeres que pueden posicionarse frente al fascismo, al racismo; principalmente mujeres indígenas, mujeres aymaras, o que se reconocen como tales.  Ya sea que vivamos en la ciudad o en las comunidades, de cualquier manera, ya no podemos andar como andábamos hace dos meses, tranquilas en la calle, porque el racismo se ha profundizado. Antes también había racismo, pero no era impune. Como había un estado plurinacional, una discusión de las organizaciones, no podían humillarte, discriminarte impunemente en la calle. No podían decirte “india de mierda” o “anda a estudiar y después me respondes”. Hoy si pueden hacerlo. Hoy la gente puede mirarte con asco y cambiarse de asiento. Hoy pueden maltratarte en cualquier lugar, porque el golpe ha desatado ese racismo y mucha gente, que tal vez no está directamente apoyando al golpe, aprovecha el momento para mostrar su racismo. Porque su racismo estaba contenido. Entonces le da asco que estemos en la calle. Esta mañana he ido al banco y he tenido una discusión, porque me han dicho que no puedo estar con bultos en el banco. Me dijeron: “¿Por qué no aprendes a ir al banco?” Ahora, la gente puede ser racista impunemente. Nuestra vida ha cambiado.

¿Cuál ha sido el rol del sistema judicial en esta situación?
En este tiempo de golpe, donde ha habido grupos armados, donde hay detenciones ilegales, no hay ley. La ley es el gobierno mismo, el golpe. No tienes a quien recurrir y entonces la justicia comienza a operar con su cara más patriarcal. No tienes con quién quejarte. Por ejemplo, a mí, si me persiguen, ¿a quién voy a denunciar? ¿a la policía que mata? ¿a los militares? ¿a la justicia que ha encarcelado injustamente? Nosotros tenemos dos compañeras en la cárcel procesadas por terrorismo, porque una estaba en una marcha con una wiphala, la bandera de los pueblos indígenas, y otra estaba pasando por ahí, ni siquiera estaba en la marcha.

Esa justicia, por ejemplo, ha encarcelado a las autoridades de la corte electoral. No hay una investigación aún, que haya comprobado que hubo fraude. Pero están encarcelados. La presidenta de la corte electoral, María Eugenia Choque – una mujer indígena, aymara de pollera – ha sido detenida, torturada, exhibida en la televisión con esposas como si fuera una gran delincuente y ha sido transferida directamente a la cárcel sin derecho a la defensa. Por otro lado, a comienzo de diciembre han sido liberados dos femicidas, dos asesinos de mujeres que ya tenían sentencias. Han quedado impunes 12 violadores y estamos en un juicio de otro femicida que está a punto de quedar impune. Los jueces, como no hay ley, son corruptos. Si antes ya era difícil la justicia para las mujeres, hoy es peor. Ya no puedes ni siquiera hacer una denuncia, sino vos terminas detenida.

¿Qué opina sobre las elecciones que anunció el gobierno?
Nosotras como organización creemos que las elecciones son una trampa. Es muy difícil que el actual gobierno de facto vaya a una elección donde tienen la posibilidad de perder. Ellos van a suspender las elecciones o a manipularlas para mantenerse en el gobierno. Si pierden van a generar otra vez una movilización y desestabilización con el fin de no dejar el gobierno. Ahorita ya no hay movilizaciones ni bloqueos, ni cortes de rutas, ni marchas. Ya se ha desmovilizado. El gobierno de facto ha logrado eso diciendo que las elecciones son la solución, haciendo un acuerdo de paz. Pero ese acuerdo se incumple.

 ¿Cuál es la estrategia de las organizaciones sociales para las elecciones?
Hay quienes creen que no se debe ir a elecciones. Otros creen que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene que desaparecer. Ahí hay diferentes posiciones, hay fragmentación evidentemente. Hay ruptura en muchas organizaciones y hay organizaciones indígenas que no están de acuerdo con el MAS. Pero la gran mayoría está pensando en volver a utilizarlo como instrumento político, porque al final es el único que queda. Es la única sigla posible para ir a las elecciones.El primer momento del golpe ha sido de terror generalizado, donde los dirigentes se han escondido. Era muy difícil encontrar dirigentes en la calle. Ahora estamos en un segundo momento, entendiendo que nos vamos a paralizar si nos dejamos comer por el miedo. En este momento hay dos dimensiones de la lucha, una es estar en cabildos permanentes, en discusiones más amplias entre las organizaciones para ir preparando la resistencia. La otra es prepararse también frente a las elecciones. Aunque crea que son una trampa, igual hay que prepararse, buscar candidatos, discutir entre las organizaciones. Nosotras creemos que si se participa en las elecciones, se debe hacerlo con una fórmula indígena. Creemos que ya no son posibles los pactos con la clase media. Cuando fueron candidatos Evo y Álvaro García Linares, Álvaro García representaba a la clase media, a la intelectualidad. Pero es esa clase media la que hoy es racista, no soporta que ya no seamos sus empleadas. Por eso ha salido a protestar diciendo que el Evo era dictador, que quiere tener toda la administración del Estado.

Cuando se anunciaron las elecciones para marzo cesaron las manifestaciones. Pero, ustedes piensan que pueden ser una trampa. ¿Están pensando en volver a manifestar?
Primero, fue un error parar las movilizaciones, pero había una presión muy fuerte y una desunión en nuestras organizaciones sociales. No es como en el 2013 en la masacre del gas, en la que pudimos resistir en las calles. Las organizaciones están más debilitadas, pero pienso que en la calle nos hubiéramos fortalecido.

Yo veo dos momentos de riesgo. El primero, cuando intenten anular las siglas del MAS, porque ese es uno de los planes que tiene el gobierno de facto. Allí habrá movilizaciones. Y si no, el día después de las elecciones cuando ganen, ya sea por los votos o con fraude. Para nosotras esto no se va a poder resolver dialogando, esto se va a tener que resolver en las calles. Yo veo esos dos momentos concretos acompañados por la indignación por los muertos, por la impunidad y por la humillación, humillación causada por el gobierno dando una indemnización de siete mil dólares por muerto y haciendo que las familias firmen que jamás van a hacer una investigación.

¿Cuáles son los grupos en resistencia? ¿Hay unidad?
Las organizaciones que estamos esperando para volver a las manifestaciones son: la Confederación de Campesinos, organizaciones de los pueblos originarios, organizaciones obreras y organizaciones de mujeres. No hay unidad, porque el haber estado en el Estado por más de 13 años ha hecho que esa unidad se rompa. Entre las organizaciones había mucha disputa de poder, mucha competencia, por ejemplo, por cargos de ministros, y había muchos dirigentes que ya no representan a las bases. Pero si hay cosas comunes como, por ejemplo, que no se puede permitir la masacre. Ellos no pueden quedar impunes por los muertos. Nosotras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal no somos parte del MAS, pero estamos en lucha y resistencia frente al golpe de estado, frente al fascismo, frente al fundamentalismo, frente a la imposición de la Biblia.

Pero también necesitamos hacer una autocrítica. Como feministas, es importante para nosotras hacer nuestro aporte sobre los pactos patriarcales que ha habido en el gobierno de Evo Morales. No hemos logrado hacer un control del estado, no hemos logrado que se acaben las políticas extractivistas, no hemos logrado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea una prioridad. No hemos logrado nacionalizar la minería, las transnacionales estadounidenses siguen llevándose todo el mineral del país, sin parar, regalado. Digo esto porque a veces hay una mirada reducida del feminismo, como que no se ocupa de los asuntos estructurales.

¿Podría profundizar un poco más en esto?
Yo creo que el feminismo a veces confunde los conceptos del patriarcado y del machismo. Tiene que ver también con la teoría que se ha hecho principalmente en Europa donde se habla, por ejemplo, de violencia machista. Para nosotras la violencia es patriarcal. Por ejemplo, este empresario Luis Fernando Camacho quien encabeza el golpe de estado y representa a los empresarios con más dinero del país, es decir, a los terratenientes, sí es un patriarca. Ellos tienen el capital, tienen tierras, explotan a hombres y a mujeres, fomentan una cultura de violencia que tienen los patrones; evaden impuestos, tienen negocios en el extractivismo, tienen empresas madereras, fomentan el fascismo. Entonces una persona así sí es un patriarca; a pesar de que Camacho en su discurso respeta mucho a las mujeres, no ha hecho ningún comentario machista, pero racista sí. Por otro lado, no es una novedad que Evo Morales sea machista: hace chistes sobre las mujeres, cree que las mujeres tenemos que esforzarnos el doble o el triple para probar que somos capaces. Y eso era aún peor porque Evo no es cualquier hombre, es el presidente. Aun así, esto no lo pone en el mismo lugar que a los fascistas que están haciendo el golpe de estado. Evo no es patriarca. Por último, el patriarcado es estructural y el machismo es una conducta.

¿Cómo ve esta cuestión de la autocrítica en el actual proceso que están viviendo las distintas organizaciones sociales?
Con el golpe de estado las organizaciones nos encontramos en la calle, en la lucha, en la resistencia, en la represión y nos dimos cuenta de que estábamos fragmentadas. Como decía, ser parte del poder y del Estado nos había hecho también daño. Esa autocrítica ha salido de las calles, nos hemos olvidado de nuestros valores: “no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón”. Esos son los principios que tenemos como pueblo, nuestra cosmovisión. Nos hemos olvidado de eso. También ha sido un momento de autonomía, no es que todas las manifestaciones en la calle respondían a Evo. Nos hemos olvidado de rotar la autoridad, porque si bien Evo es importante por ser un símbolo en este proceso – es un presidente indígena que no viene de la universidad, viene de la calle, viene del sindicato – había muchas organizaciones que decían que este ya no es un asunto solamente del Evo, sino de cómo nos reconstruimos como organizaciones. Hay que aprovechar este momento para reconstruir, para sanar esas heridas, para volver a unificarnos entre organizaciones con el fin de revertir el golpe de estado.

¿Qué espera de lxs activistxs y de la política europea en ese proceso?
Al gobierno golpista no le importa si dentro de Bolivia protestamos o nos matan. Sin embargo, el gobierno está conformado por empresarios y ellos tienen intereses madereros, tienen interés en el gas, en el petróleo de empresas transnacionales fundadas con dinero de Europa y de los Estados Unidos. Entonces les va a preocupar la presión internacional. Más que nos apoyen a nosotras aquí, necesitamos que luchen allá para que esos capitales que vienen a nuestros territorios, que devastan los bosques con la minería y las hidroeléctricas ya no lleguen aquí. Se necesita solidaridad internacional para posicionarse frente al golpe. Es importante que los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos a través de sus diputados en la Unión Europea, en el Congreso de los Estados Unidos, denuncien internacionalmente al golpe y a los crímenes y que reconozcan que es un gobierno de facto, no un gobierno democrático. Esa presión va a ser muy importante.