DESCONTENTO POLÍTICO

LEANDER PÉREZ

Es miembro del partido de izquierda Patria Para Todos, que participó en las elecciones parlamentarias bajo la Alternativa Popular Revolucionaria. En el 2016 realizó un diplomado en Liderazgo Político y dos años después en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en Caracas. Desde hace un tiempo realiza análisis políticos en varios medios.

Foto: Lexander Pérez

 

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¿Cuál es su evaluación de las elecciones? ¿Está conforme con los resultados?
Por un lado, el balance que hacemos es positivo. Estratégicamente, dimos un paso hacia la unidad de la izquierda, y logramos el objetivo táctico de producir un deslinde electoral del gobierno. Sin embargo, los resultados electorales no fueron los esperados, no logramos convertirnos en una alternativa real para la gente. En comparación con los resultados electorales de 2018, en los que el Patria Para Todos (PPT) de forma independiente alcanzó 277 mil votos, no logramos la votación mínima esperada.
Lo que hubo en las elecciones fue una gran demonstración de desafiliación política de las masas populares. Mucha gente, no se siente identificada ni con las políticas del gobierno, ni con las políticas de los sectores de la oposición de las elecciones. Sin embargo, tampoco se puede responsabilizar por la gran abstención a los sectores de derecha que la promovían. La abstención de más del 70 por ciento fue una gran declaración de los venezolanos de descontento político.

¿Cree que cambiará la situación del país con estos resultados electorales?
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que gobierna actualmente, ya controlaba la mayoría de las ramas del Poder Público y, además, tenía en funciones la Asamblea Nacional Constituyente, que en la práctica le daba poderes supraconstitucionales. Con todos estos poderes, el gobierno no logró grandes cambios en la vida de la ciudadanía, e incluso, los aprovechó para aplicar una serie de políticas a favor del gran capital, promoviendo un viraje de derecha neoliberal.  Con los resultados actuales, el gobierno difícilmente cambie el rumbo.

¿Cómo vivió el día de las elecciones?
Es costumbre para la izquierda venezolana, desde la época en la que el comandante Chávez estaba vivo, salir a votar temprano. Él siempre mandaba a la gente a votar a las seis o siete de la mañana. El 6 de diciembre yo fui a votar a las 10:00 a. m. y se notó una abstención bastante grande. Cuando yo llegué al centro electoral, era la tercera persona votando en este centro. Al momento de efectuar el voto, uno de los requisitos es firmar y colocar la huella como señal de que hemos votado, y las hojas donde se firma estaban vacías. Es decir, se notó una fuerte abstención. Luego, di un recorrido por otros centros electorales y llamé a mis vecinos a votar, pero la receptividad fue poca. Hubo un gran rechazo a involucrarse en las elecciones porque no se conocía que había una alternativa, la gente pensaba que las elecciones estaban totalmente cooptadas por el gobierno.

Al finalizar el día, otra cosa que nos sorprendió muchísimo fue que a las 6 p.m. el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio una prórroga. Fue sorpresivo, porque si no hay personas en cola, la ley establece que se deben cerrar los centros electorales. Sin embargo, el CNE da una prórroga de dos horas, mientras el gobierno llamaba a la “operación remate”, que consistió en usar todos los medios a su alcance para sacar a la gente de sus casas y llevarlos a votar. Esto es una violación grave de la constitución y una irregularidad en las elecciones.

A nivel internacional se cuestiona la validez de las elecciones. ¿Comparte Usted esta opinión?
Nosotros denunciamos públicamente las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral: denunciamos que a varios testigos de la APR no los dejaron entrar a los centros electorales, y que a varios testigos los sacaron a la fuerza de los centros durante la “operación remate”, entre otros aspectos. Lo que no hacemos es desconocer las elecciones. Reconocemos los resultados, pero consideramos que el hecho de prorrogar el proceso electoral crea serias dudas sobre los resultados electorales y sobre la votación que obtuvo el PSUV.

Consejo Nacional Electoral La sede principal en Caracas / Foto: John Mark Shorack

A pesar de estas irregularidades decidieron participar y llamar al voto, ¿por qué?
El proceso electoral nos dio la oportunidad de presentar una alternativa distinta. En años anteriores las organizaciones que formamos parte de la alternativa hemos venido coincidiendo en distintas luchas: de los campesinos, de los trabajadores, de los comuneros y del pueblo, que dan respuestas a los intentos de restauración neoliberal que se están dando en el país, pero faltaba el elemento electoral. Estas elecciones, brindaron la oportunidad de un deslinde desde el punto de vista electoral.

Ya en septiembre (LN 555/556) reportamos como el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la directiva de varios partidos, incluyendo Patria Para Todos (PPT), y asignó juntas ad-hoc para tomar las decisiones del partido. ¿Cuáles han sido los obstáculos a las campañas electorales durante estas elecciones?
El partido Patria Para Todos lleva tiempo discutiendo el apoyo a Nicolás Maduro. En las elecciones presidenciales de 2018, el PPT y el PCV (Partido Comunista de Venezuela) apoyaron su candidatura en base a la firma de acuerdos que el presidente no cumplió. Esto y el evidente viraje a la derecha del gobierno hicieron que la mayoría del partido decidiera un deslinde.

Por su parte, la acción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se da justo en medio de la inscripción de los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria. El tribunal, por medio de un amparo constitucional, designó una junta ad-hoc para intentar impedir que surgiera la APR. La medida cautelar del TSJ debía haber protegido los derechos de ambas partes de la controversia, pero lo que se hizo fue todo lo contrario. Todo el poder para inscribir los candidatos del partido se les dio a tres personas que solicitaron el amparo.

Superando ese obstáculo, la APR participó en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, se siguieron dando casos de acoso contra los candidatos de la alternativa, tales como despidos injustificados y la detención por parte de los cuerpos policiales de varios compañeros y compañeras. Todo esto evidencia que al gobierno no le interesa tener una oposición desde la izquierda en el país, mientras pacta con sectores moderados de la derecha.

La propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria, entre otras, es el “rescate de las conquistas que fueron alcanzadas con Chávez.” ¿Qué políticas del actual gobierno le parecen que han desmontado esas conquistas?
El elemento principal que permite ver una diferencia entre la política de Chávez y la política de Maduro es el tema de la propiedad de los medios de producción. En el gobierno de Chávez se dieron una serie de nacionalizaciones de empresas, y en las empresas mixtas se creó un límite del 40 por ciento al capital privado y el Estado mantenía un 60 por ciento.
El gobierno de Maduro frenó en seco las nacionalizaciones y, en los casos en los que se ocupó alguna fábrica previamente abandonada, se colocó en su dirección a algún burócrata, en vez de a una junta de trabajadores como establece la ley. Todo esto, sin afectar la propiedad de la empresa, que no se nacionalizó o expropió como habría hecho Chávez, sino que la empresa siguió siendo privada y de su dueño, solo fue administrada por la burocracia.

Además de eso se han llevado a cabo una serie de privatizaciones a través de distintos mecanismos. En la tierra, a los campesinos pobres que Chávez otorgó títulos de propiedad se les está persiguiendo y sacando de la tierra. También en la agroindustria, las empresas están siendo privatizadas a través de lo que ellos llaman „alianzas estratégicas“, en donde, la propiedad sigue siendo del Estado, pero la administración pasa al sector privado y las ganancias también. Es una privatización encubierta. Ahora, en la faja petrolífera del Orinoco en varias empresas petroleras se cambió la posición accionaria para favorecer a empresas chinas. Es decir, el 60-40 durante el gobierno de Chávez está siendo revertido al 51-49 por ciento. Lo último es la Ley Antibloqueo, que permite la privatización de empresas nacionales y las convierte en un secreto de Estado sin ningún debate público. Maduro está llevando a cabo una política de liberalización y privatización de la economía.

¿Por qué cree Usted que no ha habido más protestas populares por el salario y la situación actual?
Nosotros venimos de años de intensa lucha, pero en el 2020 el tema del Estado de Alarma, la cuarentena, impidió la movilización de grandes sectores. También hay un gran reflujo de las masas, que han quedado golpeadas durante todos estos años de intensa crisis, hasta tal punto que muchas personas están buscando sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. El tema de la persecución del gobierno también es importante. En estos momentos, trabajadores de la administración pública que protesten son despedidos sin importar la inamovilidad laboral y los derechos de los trabajadores.

La APR recibió solo 2,7 por ciento de los votos. ¿Cuál es la perspectiva de la Alternativa Popular Revolucionario a futuro?
Un primer paso debe ser trascender al ámbito electoral. Hay dos objetivos estratégicos: la unidad de la izquierda chavista que cree en la construcción de una alternativa y de sectores de la izquierda no chavista que también están luchando. El otro, es lograr vincularnos con las luchas populares y los sectores que se están movilizando por sus reivindicaciones: los trabajadores y docentes por sus salarios, los campesinos y las luchas por servicios públicos.

¿Qué tema debe ser discutido en primer plano en la Asamblea Nacional para mejorar la situación de los venezolanos?
Hay distintas cosas que se podrían discutir si realmente se intentara buscar soluciones a los problemas del país. Uno de ellos es el tema de la corrupción, tanto de la derecha, como del gobierno; el tema salarial, que el salario mínimo cubra la cesta básica; y también la política de privatizaciones, el gobierno quiere privatizar en el más absoluto secreto.

 

“LAS ELECCIONES SON UNA TRAMPA”

ADRIANA GUZMÁN ARROYO

es aymara, lesbiana y feminista comunitaria. Es parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, una organización que viene de la masacre del gas del 2003. Viene de la lucha contra el patriarcado en la calle y lucha principalmente contra la violencia hacia las mujeres y por la defensa del territorio.

(Foto: privado)


 

¿Cómo caracterizaría la situación actual en Bolivia?

En Bolivia vivimos un golpe de estado, un golpe racista hacia las organizaciones sociales. Es importante para nosotras que se reconozca, porque de lo contrario, estaríamos aceptando un gobierno que se impone con masacre, con balas, con detenciones y procesamientos ilegales, y con presos políticos. El gobierno tiene una campaña con los medios de comunicación para mostrar que en Bolivia hay dos grupos, el grupo de aquellos que quiere la normalidad, la paz, el trabajo, y el grupo de los que queremos el conflicto, o sea el problema somos las organizaciones sociales – principalmente, las mujeres y las indígenas. Y eso no es así. En realidad, las organizaciones queremos justicia, queremos vivir con un gobierno que no sea una dictadura ni un masacrador. El gobierno ha obligado a que los negocios vuelvan a funcionar y a los niños a que vayan a la escuela. Nosotras también necesitamos trabajar para comer, pero no podemos volver a la normalidad con un gobierno de facto, con la impunidad, con la injusticia de 34 personas asesinadas en la masacre, los cuerpos, las personas desaparecidas y los presos políticos.

¿Cómo describiría la ofensiva del gobierno hacia la resistencia?

A pesar de que el gobierno de facto ha dicho que daría garantías a los dirigentes políticos y a pesar de que haya convocado a la paz, los militares no se han retirado del todo. Hay mucho control en determinados barrios, hay muchos policías de civil, que todo el tiempo están siguiendo y fotografiando a quienes somos de organizaciones sociales, a quienes ya hemos hablado públicamente. Aún hoy, 9 de diciembre 2019, hay policías de civil que pueden detenerte, revisar tu celular y llevarte a la celda. Todavía hay muchos dirigentes que están siendo procesados. Se les están inventando causas, juicios. Por distintos motivos la represión sigue en medio de esta cortina de impunidad y desinformación. Hay un miedo permanente a hablar en espacios públicos, miedo de lo que no puedes decir en el bus, de cosas que no puedes hablar en la calle. Esto es un tema principalmente para los indígenas, pero, sobre todo, para las mujeres indígenas.

¿Cómo han sido afectadas las mujeres indígenas en particular?

En este mes de golpe ya ha habido grandes pérdidas. Los ataques, la violencia, el escarmiento, la humillación a las mujeres de pollera, a las mujeres indígenas. Por ejemplo, la cancillera ahora ha sacado un decreto en el que dice que nadie que trabaje en la cancillería puede llevar pollera, ni aguayos, todos tienen que vestir traje y corbata. O sea, no puede haber más indígenas en la cancillería, y si los hay, no pueden vestirse como indígenas.

Han dado escarmiento a las mujeres que pueden posicionarse frente al fascismo, al racismo; principalmente mujeres indígenas, mujeres aymaras, o que se reconocen como tales.  Ya sea que vivamos en la ciudad o en las comunidades, de cualquier manera, ya no podemos andar como andábamos hace dos meses, tranquilas en la calle, porque el racismo se ha profundizado. Antes también había racismo, pero no era impune. Como había un estado plurinacional, una discusión de las organizaciones, no podían humillarte, discriminarte impunemente en la calle. No podían decirte “india de mierda” o “anda a estudiar y después me respondes”. Hoy si pueden hacerlo. Hoy la gente puede mirarte con asco y cambiarse de asiento. Hoy pueden maltratarte en cualquier lugar, porque el golpe ha desatado ese racismo y mucha gente, que tal vez no está directamente apoyando al golpe, aprovecha el momento para mostrar su racismo. Porque su racismo estaba contenido. Entonces le da asco que estemos en la calle. Esta mañana he ido al banco y he tenido una discusión, porque me han dicho que no puedo estar con bultos en el banco. Me dijeron: “¿Por qué no aprendes a ir al banco?” Ahora, la gente puede ser racista impunemente. Nuestra vida ha cambiado.

¿Cuál ha sido el rol del sistema judicial en esta situación?

En este tiempo de golpe, donde ha habido grupos armados, donde hay detenciones ilegales, no hay ley. La ley es el gobierno mismo, el golpe. No tienes a quien recurrir y entonces la justicia comienza a operar con su cara más patriarcal. No tienes con quién quejarte. Por ejemplo, a mí, si me persiguen, ¿a quién voy a denunciar? ¿a la policía que mata? ¿a los militares? ¿a la justicia que ha encarcelado injustamente? Nosotros tenemos dos compañeras en la cárcel procesadas por terrorismo, porque una estaba en una marcha con una wiphala, la bandera de los pueblos indígenas, y otra estaba pasando por ahí, ni siquiera estaba en la marcha.

Esa justicia, por ejemplo, ha encarcelado a las autoridades de la corte electoral. No hay una investigación aún, que haya comprobado que hubo fraude. Pero están encarcelados. La presidenta de la corte electoral, María Eugenia Choque – una mujer indígena, aymara de pollera – ha sido detenida, torturada, exhibida en la televisión con esposas como si fuera una gran delincuente y ha sido transferida directamente a la cárcel sin derecho a la defensa. Por otro lado, a comienzo de diciembre han sido liberados dos femicidas, dos asesinos de mujeres que ya tenían sentencias. Han quedado impunes 12 violadores y estamos en un juicio de otro femicida que está a punto de quedar impune. Los jueces, como no hay ley, son corruptos. Si antes ya era difícil la justicia para las mujeres, hoy es peor. Ya no puedes ni siquiera hacer una denuncia, sino vos terminas detenida.

¿Qué opina sobre las elecciones que anunció el gobierno?

Nosotras como organización creemos que las elecciones son una trampa. Es muy difícil que el actual gobierno de facto vaya a una elección donde tienen la posibilidad de perder. Ellos van a suspender las elecciones o a manipularlas para mantenerse en el gobierno. Si pierden van a generar otra vez una movilización y desestabilización con el fin de no dejar el gobierno. Ahorita ya no hay movilizaciones ni bloqueos, ni cortes de rutas, ni marchas. Ya se ha desmovilizado. El gobierno de facto ha logrado eso diciendo que las elecciones son la solución, haciendo un acuerdo de paz. Pero ese acuerdo se incumple.

 ¿Cuál es la estrategia de las organizaciones sociales para las elecciones?

Hay quienes creen que no se debe ir a elecciones. Otros creen que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene que desaparecer. Ahí hay diferentes posiciones, hay fragmentación evidentemente. Hay ruptura en muchas organizaciones y hay organizaciones indígenas que no están de acuerdo con el MAS. Pero la gran mayoría está pensando en volver a utilizarlo como instrumento político, porque al final es el único que queda. Es la única sigla posible para ir a las elecciones.El primer momento del golpe ha sido de terror generalizado, donde los dirigentes se han escondido. Era muy difícil encontrar dirigentes en la calle. Ahora estamos en un segundo momento, entendiendo que nos vamos a paralizar si nos dejamos comer por el miedo. En este momento hay dos dimensiones de la lucha, una es estar en cabildos permanentes, en discusiones más amplias entre las organizaciones para ir preparando la resistencia. La otra es prepararse también frente a las elecciones. Aunque crea que son una trampa, igual hay que prepararse, buscar candidatos, discutir entre las organizaciones. Nosotras creemos que si se participa en las elecciones, se debe hacerlo con una fórmula indígena. Creemos que ya no son posibles los pactos con la clase media. Cuando fueron candidatos Evo y Álvaro García Linares, Álvaro García representaba a la clase media, a la intelectualidad. Pero es esa clase media la que hoy es racista, no soporta que ya no seamos sus empleadas. Por eso ha salido a protestar diciendo que el Evo era dictador, que quiere tener toda la administración del Estado.

Cuando se anunciaron las elecciones para marzo cesaron las manifestaciones. Pero, ustedes piensan que pueden ser una trampa. ¿Están pensando en volver a manifestar?

Primero, fue un error parar las movilizaciones, pero había una presión muy fuerte y una desunión en nuestras organizaciones sociales. No es como en el 2013 en la masacre del gas, en la que pudimos resistir en las calles. Las organizaciones están más debilitadas, pero pienso que en la calle nos hubiéramos fortalecido.

Yo veo dos momentos de riesgo. El primero, cuando intenten anular las siglas del MAS, porque ese es uno de los planes que tiene el gobierno de facto. Allí habrá movilizaciones. Y si no, el día después de las elecciones cuando ganen, ya sea por los votos o con fraude. Para nosotras esto no se va a poder resolver dialogando, esto se va a tener que resolver en las calles. Yo veo esos dos momentos concretos acompañados por la indignación por los muertos, por la impunidad y por la humillación, humillación causada por el gobierno dando una indemnización de siete mil dólares por muerto y haciendo que las familias firmen que jamás van a hacer una investigación.

¿Cuáles son los grupos en resistencia? ¿Hay unidad?

Las organizaciones que estamos esperando para volver a las manifestaciones son: la Confederación de Campesinos, organizaciones de los pueblos originarios, organizaciones obreras y organizaciones de mujeres. No hay unidad, porque el haber estado en el Estado por más de 13 años ha hecho que esa unidad se rompa. Entre las organizaciones había mucha disputa de poder, mucha competencia, por ejemplo, por cargos de ministros, y había muchos dirigentes que ya no representan a las bases. Pero si hay cosas comunes como, por ejemplo, que no se puede permitir la masacre. Ellos no pueden quedar impunes por los muertos. Nosotras del Feminismo Comunitario Antipatriarcal no somos parte del MAS, pero estamos en lucha y resistencia frente al golpe de estado, frente al fascismo, frente al fundamentalismo, frente a la imposición de la Biblia.

Pero también necesitamos hacer una autocrítica. Como feministas, es importante para nosotras hacer nuestro aporte sobre los pactos patriarcales que ha habido en el gobierno de Evo Morales. No hemos logrado hacer un control del estado, no hemos logrado que se acaben las políticas extractivistas, no hemos logrado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea una prioridad. No hemos logrado nacionalizar la minería, las transnacionales estadounidenses siguen llevándose todo el mineral del país, sin parar, regalado. Digo esto porque a veces hay una mirada reducida del feminismo, como que no se ocupa de los asuntos estructurales.

¿Podría profundizar un poco más en esto?

Yo creo que el feminismo a veces confunde los conceptos del patriarcado y del machismo. Tiene que ver también con la teoría que se ha hecho principalmente en Europa donde se habla, por ejemplo, de violencia machista. Para nosotras la violencia es patriarcal. Por ejemplo, este empresario Luis Fernando Camacho quien encabeza el golpe de estado y representa a los empresarios con más dinero del país, es decir, a los terratenientes, sí es un patriarca. Ellos tienen el capital, tienen tierras, explotan a hombres y a mujeres, fomentan una cultura de violencia que tienen los patrones; evaden impuestos, tienen negocios en el extractivismo, tienen empresas madereras, fomentan el fascismo. Entonces una persona así sí es un patriarca; a pesar de que Camacho en su discurso respeta mucho a las mujeres, no ha hecho ningún comentario machista, pero racista sí. Por otro lado, no es una novedad que Evo Morales sea machista: hace chistes sobre las mujeres, cree que las mujeres tenemos que esforzarnos el doble o el triple para probar que somos capaces. Y eso era aún peor porque Evo no es cualquier hombre, es el presidente. Aun así, esto no lo pone en el mismo lugar que a los fascistas que están haciendo el golpe de estado. Evo no es patriarca. Por último, el patriarcado es estructural y el machismo es una conducta.

¿Cómo ve esta cuestión de la autocrítica en el actual proceso que están viviendo las distintas organizaciones sociales?

Con el golpe de estado las organizaciones nos encontramos en la calle, en la lucha, en la resistencia, en la represión y nos dimos cuenta de que estábamos fragmentadas. Como decía, ser parte del poder y del Estado nos había hecho también daño. Esa autocrítica ha salido de las calles, nos hemos olvidado de nuestros valores: “no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón”. Esos son los principios que tenemos como pueblo, nuestra cosmovisión. Nos hemos olvidado de eso. También ha sido un momento de autonomía, no es que todas las manifestaciones en la calle respondían a Evo. Nos hemos olvidado de rotar la autoridad, porque si bien Evo es importante por ser un símbolo en este proceso – es un presidente indígena que no viene de la universidad, viene de la calle, viene del sindicato – había muchas organizaciones que decían que este ya no es un asunto solamente del Evo, sino de cómo nos reconstruimos como organizaciones. Hay que aprovechar este momento para reconstruir, para sanar esas heridas, para volver a unificarnos entre organizaciones con el fin de revertir el golpe de estado.

¿Qué espera de lxs activistxs y de la política europea en ese proceso?

Al gobierno golpista no le importa si dentro de Bolivia protestamos o nos matan. Sin embargo, el gobierno está conformado por empresarios y ellos tienen intereses madereros, tienen interés en el gas, en el petróleo de empresas transnacionales fundadas con dinero de Europa y de los Estados Unidos. Entonces les va a preocupar la presión internacional. Más que nos apoyen a nosotras aquí, necesitamos que luchen allá para que esos capitales que vienen a nuestros territorios, que devastan los bosques con la minería y las hidroeléctricas ya no lleguen aquí. Se necesita solidaridad internacional para posicionarse frente al golpe. Es importante que los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos políticos a través de sus diputados en la Unión Europea, en el Congreso de los Estados Unidos, denuncien internacionalmente al golpe y a los crímenes y que reconozcan que es un gobierno de facto, no un gobierno democrático. Esa presión va a ser muy importante.

 

UN MUSEO DE GRANDES NOVEDADES

„Ni un voto a las botas“ Protesta en contra un posible giro hacia la derecha, el 14.08.2019 (Foto: rebelarte.info)

Once varones compiten por la presidencia, aunque solo dos tienen posibilidades de ser electos: el candidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez y el del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou. Un poco más lejos quedan las aspiraciones de Ernesto Talvi y su Partido Colorado que gobernó el país por doscientos años, con breves interrupciones. Avanzando en las encuestas se coloca cuarto Cabildo Abierto, un partido creado en el mes de abril cuyo candidato fue comandante en jefe del ejército por cuatro años bajo gobiernos frenteamplistas: Guido Manini Ríos. El resto de los partidos pequeños oscilan en torno al 1% de apoyo y con seguridad al menos dos de ellos no accederán al parlamento.

Hechas estas aclaraciones iniciales, es importante comprender las presentes elecciones nacionales en dos episodios diferenciados. La primera vuelta, el 27 de octubre, marca la conformación del parlamento, mientras el 24 de noviembre, los dos candidatos más votados compiten por la presidencia en el balotaje. Dos encuestadoras han publicado escenarios y en ambas la derecha ganaría en segunda vuelta con entre 47% a 41%, a pesar de que el FA debería tener una ventaja de 10% en la primera vuelta. Sin embargo, es poco probable que Lacalle logre capturar todos los votos de Talvi y de Manini, sobre todo por su perfil altanero, esto es, sus ínfulas y estilo aburguesado. La duda se presenta en torno a si este elemento es suficiente para que Martínez pueda descontar una diferencia tan importante.

El FA muestra nuevas facetas, tomando distancia de su tradición

Gane quien gane, el próximo gobierno será más débil que los tres anteriores y también estará más a la derecha. Ninguna de las fuerzas políticas tendrá mayoría parlamentaria y a priori la conformación de bloques no será tarea sencilla. Aumentará la dispersión partidaria y la incidencia de la derecha en el parlamento. En la actualidad cinco partidos tienen representación parlamentaria, y es probable que entre tres y cuatro más ingresen, uno de ellos con fuerte presencia (Cabildo Abierto). Todo parece indicar que el partido de Manini jugará un papel relevante, incluso por encima de su respaldo electoral (en el mejor de los casos obtendrá cuatro senadores y una decena de diputados). De los restantes partidos, solamente la Unidad Popular tiene una clara orientación de izquierda.

Las cuatro principales opciones en la primera vuelta electoral son Daniel Martínez, un socialdemócrata con retórica emprendedora, Luis Lacalle Pou, el hijo del presidente que impulsó las privatizaciones en los noventa, Ernesto Talvi, un ‘chicago boy’ y Guido Manini, un militar con pedigrí de extrema derecha.

Daniel Martínez asumió el cargo de Ministro de Industria en el primer gobierno del Frente Amplio (2005) y luego fue electo Intendente de Montevideo. En sus participaciones públicas insiste en defender lo hecho por los gobiernos progresistas y critica enfáticamente la negatividad desatada por la oposición. El eslogan de su campaña es “Mantener lo bueno, hacerlo mejor”. Paradojalmente para un candidato de “izquierda”, ha expresado en reiteradas oportunidades que uno de los desafíos estructurales del Uruguay es generar cultura emprendedora y encabeza la renovación generacional del Frente Amplio. Es propenso a armar sus propios equipos sin dar mayor importancia a los equilibrios internos de la coalición, ni a sus referentes históricos (Tabare Vázquez, Pepe Mujica y Danilo Astori). Sorprendió al promover a Graciela Villar, una militante desconocida hasta entonces afuera del partido, a la vicepresidencia. Los movimientos de Martínez están desacomodando la estructura y los equilibrios internos. Las principales propuestas de Martínez están atravesadas por un aura modernizadora y desarrollista, que efectivamente propone dar continuidad al modelo de promoción de la inversión privada para no dejar de crecer. El plan es que el Estado genere los beneficios necesarios para que la actividad económica crezca indefinidamente y una parte muy menor de ese crecimiento pueda ser transferido a los servicios públicos y a políticas compensatorias, siempre focalizadas.

Luis Lacalle Pou es el candidato más joven en competencia y líder actual del sector conservador del PN. Lacalle representa la vuelta a las políticas neoliberales-promercado, aunque su discurso se matiza cuando expresa su apoyo a varias de las políticas sociales frenteamplistas. Propone una reducción del gasto público drástico (shock) para contener el déficit fiscal y flexibilizar las negociaciones salariales por sector atendiendo a las particularidades de cada empresa.

Ernesto Talvi, economista formado en Chicago y asesor del Banco Central entre 1990 y 1995. Desde fines de los noventa dirige CERES, una fundación que asesora productores agropecuarios y empresarios. Talvi se auto identifica como liberal, e intenta conectar con la tradición de la excepcionalidad uruguaya y la idea de la “la suiza de América”.

Guido Manini Ríos es una novedad añeja. Novedad porque irrumpe con su partido Cabildo Abierto hace solo unos meses y reúne 12% del electorado (en ascenso). Añejo, ya que proviene de una familia de políticos del sector riverista (extrema derecha) del Partido Colorado, quienes ocuparon cargos de gobierno durante varias dictaduras. Manini fue comandante en jefe del ejército desde 2015, cuando fuera nombrado por José Mujica, hasta 2019. En este año fue destituido por el presidente Vázquez luego de violentar la inhibición constitucional de los militares de intervenir en asuntos de política nacional: primero opinando sobre la reforma de las jubilaciones militares y posteriormente criticando a la justicia por el tratamiento que realiza a los militares que están involucrados en crímenes de lesa humanidad. En 2017 fue acusado por organizaciones de derechos humanos de dar pistas falsas sobre los desaparecidos. La figura de Manini recuerda a Mario Aguerrondo, un militar que fue jefe de policía de Montevideo a comienzos de los sesenta, ultranacionalista y anticomunista. El uso del artiguismo en su versión militar-nacionalista, la pertenencia al ejército, las posturas de «mano dura» y los sectores sociales que los apoyan vinculan a Aguerrondo y Manini.

Como es notorio, pese al esfuerzo por presentarse como propuestas renovadoras y relativamente ajenas a la “política profesional”, todos los candidatos están familiarizados con diferentes grupos de poder y las principales tradiciones políticas. En este contexto, lo esperable para las próximas elecciones es un giro más o menos leve a la derecha, con o sin progresismo.

El problema de las luchas se encuentra en el terreno propio

Para los militantes sociales, el proceso electoral no levanta mayor expectativa, más bien se intercambian comentarios de preocupación. Unos sostienen que conviene que el progresismo pierda y que ello clarifique la relación de las luchas con el Estado. Otras posiciones entienden que es preferible que haya un gobierno menos hostil a las posiciones de las luchas: una expresión apática de “lo menos malo”.

Más allá de estas especulaciones, el problema de las luchas se encuentra en el terreno propio, y aunque no da lo mismo quien gane, lo relevante es cómo se retoma protagonismo luego de 15 años de conflictividad controlada. ¿Cómo retomamos la mejor tradición de nuestras luchas, de ser fuerza en sí gobierne quien gobierne?

Exceptuando las luchas feministas y ambientales, el resto se desarrolla en un terreno mayormente delimitado por lo que se presenta como posible desde las esferas gubernamentales. El movimiento sindical, muy importante en Uruguay hasta la fecha, restringe su accionar a la defensa de algunas conquistas importantes, pero claramente insuficientes, como por ejemplo el mantenimiento de la negociación colectiva de salarios. Habrá que aprender de las luchas que han logrado desbordar, impulsando una relación no ideológica con el Estado (pragmática), no estadocéntrica: luchas para obligar a que los gobierno y los patrones nos obedezcan. Esa será la manera desacoplar los deseos y anhelos populares de las siempre tibias concreciones gubernamentales.

El Frente Amplio, en sus tres gobiernos, abandonó cualquier atisbo de intentar llevar a cabo transformaciones relevantes de las injusticias y dominaciones que nos atraviesan. Es común que se festejen los grados inversores o las mediciones que demuestran lo buena salud de nuestro capitalismo dependiente. Esto no supone desconocer las mejoras materiales, pero son insuficientes y fundamentalmente insostenibles. Depender de un modelo que requiere de la inversión extranjera y la intensificación del despojo de los bienes naturales para crecer es como comprarse una soga a la medida del cuello.

Entre el progresismo liberal y la restauración conservadora no encontraremos solución a los problemas de nuestras vidas: trabajos precarios y mal pagos, alquileres que se llevan más de la mitad del sueldo el primer día de cobro, servicios públicos caros y de mala calidad, violencia amplificada en todas sus expresiones y variantes, y una extensa lista que tendrá expresiones diferentes y concretas de acuerdo con quien la redacte. Los tiempos que vienen requieren de amplios procesos de composición política de sujetos heterogéneos. Donde nadie deje de ser lo que es para compartir la lucha con otros.

Para encontrar nuestras alternativas, hay que buscar diferente

La crisis de la izquierda en torno a las estrategias de transformación es añeja y profunda. Los desafíos son de largo aliento, siempre es tiempo de recomenzar. En los próximos meses solo elegiremos el próximo gobierno, nuestras alternativas se encuentran en otro lado, para encontrarlas hay que buscar diferente. No se trata solo de querer un mejor gobierno, es necesario dar forma a experiencias políticas que nos permitan hacernos cargo de manera directa de los medios de vida. Fortaleciendo los existentes y creando nuevos procesos organizativos autónomos para la gestión del agua, la vivienda, los servicios educativos y de salud, etc. Formas que nos permitan producir reequilibrios, deformando los modos de gobierno y sus formas de gestión mercantil de la vida.

 

DEMOCRACIA EN CRISIS

Miembros del PRD haciendo campaña para ‚Nito‘ Cortizo (Foto: Alexis Alvarado)

La oposición siempre gana, pero después todo sigue igual – igual de neoliberal. Esta regla empírica de la política panameña ha sido confirmada una vez más cuando el 5 de mayo Laurentino ‚Nito‘ Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ganó las elecciones con un 33.5 por ciento de los votos.

Desde el fin de la dictadura militar (1968-1989), ningún partido ha logrado gobernar más de un período y los tres partidos más grandes se han turnado en el poder. En la teoría estos partidos ocupan lugares diferentes en el espectro político: el Cambio Democrático (CD) vendría a ser un partido del centro, el Partido Panameñista de derecha nacionalista. Mientras que el PRD sería de izquierda moderada, incluso es formalmente miembro de la Internacional Socialista. Por lo tanto, su asunción al gobierno debería suponer un cambio de rumbo. En la práctica, no obstante, los tres partidos principales de Panamá siempre han seguido la misma política neoliberal de derecha – el PRD justamente ejecutó la privatización de la mayoría de las empresas estatales en la década de los 90.

El presidente electo, Nito Cortizo, lo demuestra al ser consultado acerca de su posicionamiento ideológico: „Yo soy pragmático“, el empresario dijo a la emisora Telemetro, „La inversión privada crea puestos de trabajo y, por lo tanto, aumenta el consumo. Esto es muy importante para ayudar a un país con tanta pobreza y desigualdad como Panamá. No se trata de ser de derecha o de izquierda“. Cortizo considera que la mejora de la calidad del sistema educativo se consigue mediante una mayor orientación hacia las necesidades del mercado laboral y quiere que lxs inversionistas „se sientan como en su casa“.

El enojo con la clase política es muy grande

Los únicos temas de importancia en la política panameña parecen ser la economía y, en los últimos años, la corrupción. Los Panama Papers en 2016 demostraron el rol de Panamá como foco de evasión de impuestos y lavado de dinero. Luego se supo que la constructora brasileña Odebrecht – recientemente a cargo de grandes obras como la nueva línea de metro o la ampliación del aeropuerto – había pagado 60 millones de dólares en sobornos en Panamá.  En el parlamento, varixs legisladorxs habían proporcionado a sus familiares contratos de trabajo a gran escala o habían regalado dinero fiscal. Además, desde hace tiempo muchos miembros de la administración pública son considerados como botellas, o sea, llegaron al poder sin calificaciones gracias a favores políticos. La Corte Suprema no es percibida como independiente, ya que cada presidentx nombra cuatro o cinco de sus nueve jueces. Según la encuesta Latinobarómetro, el 83% de la población piensa que el país está gobernado por algunos grupos para su propio beneficio. En consecuencia, el enojo con la clase política es muy grande.

Electoralmente, ese enojo se encauzó hacía el apoyo de un candidato independiente, Ricardo Lombana. Él recibió un notable 19.2 por ciento de los votos con una campaña basada en las redes sociales dirigida a la juventud urbana, pero sin maquinaria partidaria, sin programa electoral elaborado y con poca experiencia política. Respecto a la elección simultánea de legisladorxs, el enojo popular fue articulado por la campaña #NoalaReeleccion y su demanda de no reelegir a los diputados que carecen de integridad. Como resultado de ella, sólo 14 de lxs 50 candidatxs a la reelección fueron reelegidxs, la cuota más baja desde 1994. Cinco legisladorxs ahora serán independientes, cuatro más que antes. Para hacer frente al descontento de la gente, casi toda la clase política se ha pronunciado a favor de cambios en la constitución que prevengan la corrupción.

En todo caso, la preocupación popular por la economía parece pesar aún más que aquella por la corrupción. Del expresidente Ricardo Martinelli (CD), a pesar de su encarcelamiento por corrupción y espionaje ilegal de opositorxs políticxs durante su mandato, muchxs panameñxs siguen teniendo una buena opinión, condensada en la frase: „Robó, pero hizo“. A Rómulo Roux, ex ministro de Martinelli, sólo le faltaron unos 45.000 votos para ganar la elección (obtuvo el 31.15 por ciento de los votos), probablemente porque fue asociado con el legado económico de su mentor.

Juan Carlos Varela (Partido Panameñista), sucesor de Martinelli y presidente saliente, en cambio, hizo un esfuerzo creíble en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en la percepción de la población, no le importó suficientemente la economía, la cual no creció tan fuertemente en su mandato como antes bajo Martinelli.

Hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica

Esto a Varela le valió el apodo de Tortugón, o sea, no robó, pero tampoco ‚hizo‘. A su compañero de partido José Blandón – alcalde de la ciudad de Panamá con algunas ideas ambientalistas y en los años 90 duro crítico de las privatizaciones que realizó el PRD – lo llevó a hundirse en la elección con el 10.5 por ciento de los votos a pesar de sus esfuerzos por distanciarse de Varela. Finalmente Nito Cortizo, con un perfil más autoritario y conservador, ganó las elecciones con el lema „Hacer sin robar“. Los perfiles de Cortizo y Blandón dejan en evidencia que ser de un determinado partido político no dice mucho en Panamá.

¿No hay otros temas relevantes aparte del desarrollo económico y de la prevención de la corrupción? La competencia, propia de una campaña electoral, lleva normalmente a los partidos a expresar sus diferencias políticas. En los debates televisivos, lxs candidatxs de hecho hablaron de varios puntos, como la baja calidad de la educación escolar, la creciente escasez de medicamentos, el inminente colapso del sistema de pensiones o la frustración del sector agrario ante las grandes importaciones de alimentos. No obstante, las controversias sustanciales desempeñaron un papel bastante menor.

„La democracia panameña es débil y está en crisis“, dice el sociólogo y profesor universitario Alonso Ramos en conversación con LN, „hay una falta de representación, hay demasiado consenso y ninguna diversidad ideológica. Aunque se le dio mucha importancia al discurso del cambio de poder regular después del fin de la dictadura, no hay cambios reales. En la campaña electoral no se discutieron temas tan importantes, pero a la vez delicados, como los escándalos, lo que en última instancia toca el estado de nuestra democracia, así como también el cambio climático, al cual Panamá es muy vulnerable. Y finalmente, tampoco se habló de la desigualdad“.

Cambio de figura, pero no de rumbo ‘Nito’ Cortizo en su toma de posesión (Foto: Wikimedia, CC BY-SA 4.0)

La economía de Panamá ha crecido un promedio de 5.6 por ciento en los últimos cinco años y tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Aunque todos lxs políticxs se comprometen a luchar contra la pobreza, la mayoría no habla de que en Panamá el 10 por ciento de la población, los ricos, perciben 30 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Sólo en una docena de países de todo el mundo la desigualdad es aún mayor. ¿No podría esto ser un punto de partida para los movimientos y partidos de izquierda?

Según la encuesta „Barómetro de las Américas“, el 29.5 por ciento de la población panameña se describe a sí misma como políticamente de izquierda. Sin embargo, hay sólo un partido de izquierda, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que surgió del sindicato de trabajadores de la construcción, Suntracs. Su defensa de un estado de bienestar y de un sistema tributario más progresivo parece ser una noción más bien radical para Panamá:

Los representantes de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía

Ya por segunda vez el FAD, que se postuló por primera vez en 2014 a elecciones nacionales, tendrá que disolverse de acuerdo a la ley porque fue el único partido que permaneció por debajo del 2 por ciento de los votos. No obtuvo ningún escaño en el parlamento y sólo el 0.7 por ciento de los votantes votó por su candidato Saúl Méndez (ver LN 415). ¿Por qué el panorama se ve tan difícil para la izquierda en Panamá?

„Se debe a los 150 años de presencia colonial de los EE.UU. en Panamá, después de la construcción del ferrocarril en 1850“, intenta explicar Alonso Ramos. „Esto ha tenido una influencia decisiva en la cultura política. Este trauma sigue marcando a nuestra sociedad actual en lo que somos y en lo que no somos. Desde la década de 1930, todos los que han representado las ideas de la izquierda han sido perseguidos por la oligarquía. Es por eso que hoy en día sólo muy poca gente en Panamá se reivindica de izquierda, ni siquiera el FAD lo hace“.

Esto también tiene un impacto en la sociedad: temas como el aborto o los derechos de personas LGBTIQ* apenas se discuten, casi no hay políticos que critiquen las posiciones conservadoras de la iglesia católica y de los evangélicos. ¿Hay esperanza en los nuevos movimientos políticos? Claudia Cordero, científica especializada en la comunicación y la cultura, está desilusionada: „Desafortunadamente, no hay tales movimientos en este momento“, explicó a LN durante la campaña electoral. „De momento muchos jóvenes están compartiendo la campaña #NoalaReeleccion en las redes sociales o tienen su sticker en sus autos y creen que están participando en un movimiento social. Pero el motor de esta campaña es el grupo Movin. Trata de parecerse a un movimiento ciudadano contra la corrupción, pero de hecho detrás hay principalmente unas 15 a 20 personalidades influyentes en torno al multimillonario Stanley Motta. Ellos son los poderes fácticos del país. Quieren llenar el vacío que deja el desgaste del sistema, quieren canalizar la molestia y proteger al modelo imperante pidiendo que no se reelijan los diputados. Tratan de dar la impresión de que quieren cambiar todo, sólo para que nada cambie de verdad.“

La élite quiere canalizar la molestia y proteger al modelo neoliberal.

Sin embargo, hay un actor que ha demostrado poder protestar de manera eficiente contra las políticas neoliberales de esta oligarquía, ejecutadas por los gobiernos de turno: La última movilización poderosa y masiva fue la resistencia indígena a una nueva ley de minería en 2011 (LN 443). A pesar de la represión y la difamación masiva por parte de los medios, incluyendo un lenguaje racista, la protesta de lxs indígenas Ngäbe Buglé tuvo éxito y la ley fue finalmente retirada. Aunque los liderazgos en su momento fueron captados por los partidos políticos y así neutralizados, es probable que en los próximos años aumenten otra vez los conflictos con grupos indígenas porque los gobiernos siempre han mirado los recursos de las regiones indígenas autónomas con el fin de impulsar el crecimiento económico. No obstante, si los indígenas siguen siendo el único grupo relevante que no está de acuerdo con el gatopardismo panameño, es probable que la regla empírica de la política en Panamá se vuelva a confirmar en cinco años más.