DESCONTENTO POLÍTICO

LEANDER PÉREZ

Es miembro del partido de izquierda Patria Para Todos, que participó en las elecciones parlamentarias bajo la Alternativa Popular Revolucionaria. En el 2016 realizó un diplomado en Liderazgo Político y dos años después en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en Caracas. Desde hace un tiempo realiza análisis políticos en varios medios.

Foto: Lexander Pérez

 

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¿Cuál es su evaluación de las elecciones? ¿Está conforme con los resultados?
Por un lado, el balance que hacemos es positivo. Estratégicamente, dimos un paso hacia la unidad de la izquierda, y logramos el objetivo táctico de producir un deslinde electoral del gobierno. Sin embargo, los resultados electorales no fueron los esperados, no logramos convertirnos en una alternativa real para la gente. En comparación con los resultados electorales de 2018, en los que el Patria Para Todos (PPT) de forma independiente alcanzó 277 mil votos, no logramos la votación mínima esperada.
Lo que hubo en las elecciones fue una gran demonstración de desafiliación política de las masas populares. Mucha gente, no se siente identificada ni con las políticas del gobierno, ni con las políticas de los sectores de la oposición de las elecciones. Sin embargo, tampoco se puede responsabilizar por la gran abstención a los sectores de derecha que la promovían. La abstención de más del 70 por ciento fue una gran declaración de los venezolanos de descontento político.

¿Cree que cambiará la situación del país con estos resultados electorales?
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que gobierna actualmente, ya controlaba la mayoría de las ramas del Poder Público y, además, tenía en funciones la Asamblea Nacional Constituyente, que en la práctica le daba poderes supraconstitucionales. Con todos estos poderes, el gobierno no logró grandes cambios en la vida de la ciudadanía, e incluso, los aprovechó para aplicar una serie de políticas a favor del gran capital, promoviendo un viraje de derecha neoliberal.  Con los resultados actuales, el gobierno difícilmente cambie el rumbo.

¿Cómo vivió el día de las elecciones?
Es costumbre para la izquierda venezolana, desde la época en la que el comandante Chávez estaba vivo, salir a votar temprano. Él siempre mandaba a la gente a votar a las seis o siete de la mañana. El 6 de diciembre yo fui a votar a las 10:00 a. m. y se notó una abstención bastante grande. Cuando yo llegué al centro electoral, era la tercera persona votando en este centro. Al momento de efectuar el voto, uno de los requisitos es firmar y colocar la huella como señal de que hemos votado, y las hojas donde se firma estaban vacías. Es decir, se notó una fuerte abstención. Luego, di un recorrido por otros centros electorales y llamé a mis vecinos a votar, pero la receptividad fue poca. Hubo un gran rechazo a involucrarse en las elecciones porque no se conocía que había una alternativa, la gente pensaba que las elecciones estaban totalmente cooptadas por el gobierno.

Al finalizar el día, otra cosa que nos sorprendió muchísimo fue que a las 6 p.m. el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio una prórroga. Fue sorpresivo, porque si no hay personas en cola, la ley establece que se deben cerrar los centros electorales. Sin embargo, el CNE da una prórroga de dos horas, mientras el gobierno llamaba a la “operación remate”, que consistió en usar todos los medios a su alcance para sacar a la gente de sus casas y llevarlos a votar. Esto es una violación grave de la constitución y una irregularidad en las elecciones.

A nivel internacional se cuestiona la validez de las elecciones. ¿Comparte Usted esta opinión?
Nosotros denunciamos públicamente las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral: denunciamos que a varios testigos de la APR no los dejaron entrar a los centros electorales, y que a varios testigos los sacaron a la fuerza de los centros durante la “operación remate”, entre otros aspectos. Lo que no hacemos es desconocer las elecciones. Reconocemos los resultados, pero consideramos que el hecho de prorrogar el proceso electoral crea serias dudas sobre los resultados electorales y sobre la votación que obtuvo el PSUV.

Consejo Nacional Electoral La sede principal en Caracas / Foto: John Mark Shorack

A pesar de estas irregularidades decidieron participar y llamar al voto, ¿por qué?
El proceso electoral nos dio la oportunidad de presentar una alternativa distinta. En años anteriores las organizaciones que formamos parte de la alternativa hemos venido coincidiendo en distintas luchas: de los campesinos, de los trabajadores, de los comuneros y del pueblo, que dan respuestas a los intentos de restauración neoliberal que se están dando en el país, pero faltaba el elemento electoral. Estas elecciones, brindaron la oportunidad de un deslinde desde el punto de vista electoral.

Ya en septiembre (LN 555/556) reportamos como el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la directiva de varios partidos, incluyendo Patria Para Todos (PPT), y asignó juntas ad-hoc para tomar las decisiones del partido. ¿Cuáles han sido los obstáculos a las campañas electorales durante estas elecciones?
El partido Patria Para Todos lleva tiempo discutiendo el apoyo a Nicolás Maduro. En las elecciones presidenciales de 2018, el PPT y el PCV (Partido Comunista de Venezuela) apoyaron su candidatura en base a la firma de acuerdos que el presidente no cumplió. Esto y el evidente viraje a la derecha del gobierno hicieron que la mayoría del partido decidiera un deslinde.

Por su parte, la acción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se da justo en medio de la inscripción de los candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria. El tribunal, por medio de un amparo constitucional, designó una junta ad-hoc para intentar impedir que surgiera la APR. La medida cautelar del TSJ debía haber protegido los derechos de ambas partes de la controversia, pero lo que se hizo fue todo lo contrario. Todo el poder para inscribir los candidatos del partido se les dio a tres personas que solicitaron el amparo.

Superando ese obstáculo, la APR participó en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, se siguieron dando casos de acoso contra los candidatos de la alternativa, tales como despidos injustificados y la detención por parte de los cuerpos policiales de varios compañeros y compañeras. Todo esto evidencia que al gobierno no le interesa tener una oposición desde la izquierda en el país, mientras pacta con sectores moderados de la derecha.

La propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria, entre otras, es el “rescate de las conquistas que fueron alcanzadas con Chávez.” ¿Qué políticas del actual gobierno le parecen que han desmontado esas conquistas?
El elemento principal que permite ver una diferencia entre la política de Chávez y la política de Maduro es el tema de la propiedad de los medios de producción. En el gobierno de Chávez se dieron una serie de nacionalizaciones de empresas, y en las empresas mixtas se creó un límite del 40 por ciento al capital privado y el Estado mantenía un 60 por ciento.
El gobierno de Maduro frenó en seco las nacionalizaciones y, en los casos en los que se ocupó alguna fábrica previamente abandonada, se colocó en su dirección a algún burócrata, en vez de a una junta de trabajadores como establece la ley. Todo esto, sin afectar la propiedad de la empresa, que no se nacionalizó o expropió como habría hecho Chávez, sino que la empresa siguió siendo privada y de su dueño, solo fue administrada por la burocracia.

Además de eso se han llevado a cabo una serie de privatizaciones a través de distintos mecanismos. En la tierra, a los campesinos pobres que Chávez otorgó títulos de propiedad se les está persiguiendo y sacando de la tierra. También en la agroindustria, las empresas están siendo privatizadas a través de lo que ellos llaman „alianzas estratégicas“, en donde, la propiedad sigue siendo del Estado, pero la administración pasa al sector privado y las ganancias también. Es una privatización encubierta. Ahora, en la faja petrolífera del Orinoco en varias empresas petroleras se cambió la posición accionaria para favorecer a empresas chinas. Es decir, el 60-40 durante el gobierno de Chávez está siendo revertido al 51-49 por ciento. Lo último es la Ley Antibloqueo, que permite la privatización de empresas nacionales y las convierte en un secreto de Estado sin ningún debate público. Maduro está llevando a cabo una política de liberalización y privatización de la economía.

¿Por qué cree Usted que no ha habido más protestas populares por el salario y la situación actual?
Nosotros venimos de años de intensa lucha, pero en el 2020 el tema del Estado de Alarma, la cuarentena, impidió la movilización de grandes sectores. También hay un gran reflujo de las masas, que han quedado golpeadas durante todos estos años de intensa crisis, hasta tal punto que muchas personas están buscando sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. El tema de la persecución del gobierno también es importante. En estos momentos, trabajadores de la administración pública que protesten son despedidos sin importar la inamovilidad laboral y los derechos de los trabajadores.

La APR recibió solo 2,7 por ciento de los votos. ¿Cuál es la perspectiva de la Alternativa Popular Revolucionario a futuro?
Un primer paso debe ser trascender al ámbito electoral. Hay dos objetivos estratégicos: la unidad de la izquierda chavista que cree en la construcción de una alternativa y de sectores de la izquierda no chavista que también están luchando. El otro, es lograr vincularnos con las luchas populares y los sectores que se están movilizando por sus reivindicaciones: los trabajadores y docentes por sus salarios, los campesinos y las luchas por servicios públicos.

¿Qué tema debe ser discutido en primer plano en la Asamblea Nacional para mejorar la situación de los venezolanos?
Hay distintas cosas que se podrían discutir si realmente se intentara buscar soluciones a los problemas del país. Uno de ellos es el tema de la corrupción, tanto de la derecha, como del gobierno; el tema salarial, que el salario mínimo cubra la cesta básica; y también la política de privatizaciones, el gobierno quiere privatizar en el más absoluto secreto.

LUCHE Y SERÁ LEY

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“Lo conquistamos. ¡Es Ley!” A las 4 de la mañana, la vicepresidenta Cristina Fernández anuncia el resultado / Fotos: Daniela Cilli

“Hoy es historia, no hay más que decir. Es un derecho ganado, y vamos por más”, le decía entre sollozos a la periodista una de las miles de pibas que esperaban el resultado de la votación afuera del Congreso. Que era un día histórico lo sabían lxs que estaban en las calles de todo el país frente a las pantallas gigantes y lxs que seguían el debate por televisión o por radio. También lo sabían lxs senadorxs que entraban a la sala con un pañuelo, un barbijo o un detalle en la vestimenta que delataba su voto. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, desde el 30 de diciembre, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se dice ley. Su aplicación, de carácter obligatorio en todo el país, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2021.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con el número 27.610 viene a reemplazar el sistema de causales vigente desde 1921 por un sistema mixto (de plazos y causales). La vieja ley consideraba que el aborto era no punible sólo en caso de peligro para la salud o la vida de la persona gestante, malformaciones fetales o violación. La nueva normativa reconoce el derecho a las personas gestantes de interrumpir su embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional, y sólo en caso de estar fuera del plazo estipulado será posible en función de las causales mencionadas. Por otro lado, también determina los derechos y las condiciones mínimas que debe garantizar el personal de salud: un trato digno, privacidad y confidencialidad de la información y respeto de la autonomía de la voluntad. Con esta ley, además, no será juzgadx quien decida abortar (siempre y cuando se respeten los plazos indicados), sino el o la funcionarix públicx o personal de la salud que retrase, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. “Hasta hoy, el Estado respondió con amenaza de cárcel, con procesos penales, con cárceles efectivas, con clandestinidad y con riesgo para la vida y la salud. A partir de ahora cambiamos este paradigma”, sostuvo con la voz quebrada Vilma Ibarra, secretaria de la Presidencia Legal y Técnica y redactora del proyecto, el pasado 14 de enero en el Museo de la Casa del Bicentenario. En este nuevo paradigma, la persona gestante decide, y el Estado y el personal de salud garantizan.

Como toda gran conquista, la IVE es el resultado de numerosas luchas. El primer proyecto de ley fue presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 1992, y tras múltiples negativas recién logró la media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2018. La aprobación de los diputados fue una fiesta, pero la alegría decayó en agosto, cuando fue rechazado en el Senado (LN 531/532).

La marea verde Alzando los pañuelos / Fotos: Daniela Cilli

Durante su campaña electoral, el presidente Alberto Fernández prometió enviar el proyecto de ley IVE antes de que terminase el 2020. Estallada la pandemia, el envío se postergó constantemente, lo que fue celebrado por lxs antiderecho, ese sector de la población que se hace llamar “provida” y porta pañuelos celestes. Celeste “por su parecido con los colores patrios, que está relacionado con nuestra identidad”, le explicó Raúl Magnasco, presidente de la organización +Vida, a la agencia de noticias Télam. “Provida” porque alegan estar a favor de la vida (implicando así que quienes están a favor de la legalización y despenalización del aborto no lo están). “Provida” que hacen caso omiso en sus argumentaciones de las muertes por abortos clandestinos, y que no parecen inmutarse frente a la criminalización y/o violación de los derechos de quienes abortan. Como la senadora Silvia Elías Pérez, quien durante su exposición en el debate del 29 de diciembre señaló que no se olvida “todo lo que tuvo que pasar [Rodríguez Lastra] por salvar una vida”. El ginecólogo había sido juzgado por negarse en el 2017 a practicarle un aborto no punible a una adolescente, obligándola a parir.

Los días pasaban y el proyecto no aparecía. Pero la “marea verde” nunca es baja. “Es urgente”, “la discusión no es “aborto sí o aborto no”, es aborto legal o clandestino”, gritaba en los medios, en las redes sociales, en las calles. Y en el grito aparecían las muertas (al menos 3030 desde el retorno de la democracia) y la cifra de abortos realizados por año, que según registros oficiales de los centros de investigación CENEP y CEDES del año 2005 se estima es entre 370.000 y 520.000 cada año.

En espera En la madrugada del 30 de diciembre anunciaron los resultados / Fotos: Daniela Cilli

En el 2019, 9.366 de esos abortos fueron asistidos por las Socorristas (socorristas.org), una colectiva feminista con núcleos en todo el país que desde el 2014 acompaña a mujeres y personas gestantes en la decisión y en el proceso de intervención de su embarazo (LN 541/542). Porque donde el Estado no está, ahí están ellas. Pero era hora de que el Estado asumiera la responsabilidad que le corresponde.

Donde no hay palabras necias, no puede haber oídos sordos. Así, el 17 de noviembre de 2020, antes de que caducara su promesa, Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias. Junto con la IVE presentó el llamado “Plan de los Mil días”, una ley (nr. 27.611) que procura garantizar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El proyecto de IVE llegó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. El debate duró 22 horas, y su aprobación hizo temblar el suelo del Congreso. Y del país todo. El festejo fue inmenso pero precavido (todavía se sentía el sabor amargo del 2018). Sin embargo, se rumoreaba que esta vez sería distinto.

Desde la aprobación de los diputados hasta la discusión en el Senado no hubo un solo día en el que no se hablara de la IVE. A favor o en contra, estaba en todos lados. Había copado las cenas familiares, la escuela, el trabajo, las redes, los medios. Esa omnipresencia ya era una victoria, pero todavía faltaba que fuera ley. Cuando se anunció la fecha de la sesión en la Cámara, empezaron la cuenta regresiva y los planes para la vigilia.

El senado en sesión Marcha frente al congreso de la nación / Fotos: Daniela Cilli

Dentro del Congreso el debate empezó el 29 de diciembre a las 16 horas. De los 70 senadores presentes, expusieron 59. En la mayoría de los casos, el voto emitido era conocido. En otros la decisión se hizo esperar. Según el recuento no oficial, o “poroteo”, eran siete lxs senadorxs que habían entrado al recinto sin una decisión tomada. La conversión de lxs que en el 2018 habían votado en contra o con una abstención fue clave para el resultado final. Una de las primeras conversas fue Silvina García Larraburu, del Frente de Todos. Casi al borde del llanto, la rionegrina declaró haber comprendido que “más allá de mis creencias estamos ante un tema que requiere un abordaje de la salud pública”. Dijo que su voto era un voto deconstruido y que “deconstruirse es difícil” porque  „tambalean las estructuras”. La radical neuquina Luciana Crexell también logró hacer a un lado sus creencias personales y transformó su abstención en un voto afirmativo alegando que “no se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata y lastima, y que escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos se niegan a ver”.

29 fueron lxs senadorxs que se negaron a ver que el aborto es un derecho de salud pública, y que está comprobado que en aquellos países que lo permiten en su legislación redujeron las complicaciones por prácticas inseguras; que no es el aborto el que mata, sino la clandestinidad. 29 fueron los que se negaron a ver que el aborto es un derecho humano, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal. Entre esos 29, sorprendieron, por insólitas, las intervenciones del senador Dalmacio Mera, quien comparó el proyecto con la matanza de cerdos en la Inglaterra el siglo XIV, y la de la senadora María Belén Tapia, quien afirmó que “los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno los senadores”, y vaticinó una maldición en caso de que el proyecto se legalizase. También estuvieron los que, como el senador Roberto Basualdo, votaron en contra e insistieron en que “tendríamos que estar todos unidos previniendo”, sin percatarse de que nadie nunca negó la necesidad de prevención y educación. En la consigna de la Campaña, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, esa premisa ya estaba clara.

Es Ley El País volvió a temblar / Fotos: Daniela Cilli

Un senador, Guillermo Snopek, no supo qué ver y se abstuvo. Pero otros 38, sí lo vieron. De esos 38, algunos vieron, además, que el aborto legal, seguro y gratuito también es justicia social “porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un Estado presente, preservando la salud de todas”, como sostuvo la senadora del Frente de Todos Ana Claudia Almirón, en uno de los discursos más ovacionados, dentro y fuera del recinto. Todas son esas que abortan y lo hacen pagando en una clínica privada y las que ponen en riesgo su vida o la pierden en el intento por no contar con los medios necesarios. Todas son también esas niñas tantas veces obligadas a parir. “Niñas no madres”, en América Latina es mucho más que un hashtag. Según las cifras del Ministerio de Salud, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son de niñas menores de 15 años.

Almirón también supo ver que lo que se discutía en esa jornada era el producto de algo que había empezado afuera y hace tiempo. “Esta ley es de ellas”, afirmó, “este proyecto es de ellas, lo lograron ellas, lo militaron, lo pusieron sobre la mesa y simplemente nos están pidiendo a nosotros que ratifiquemos lo que ellas ya ganaron en las calles.” Las calles le devolvieron ese reconocimiento con gritos eufóricos y revoleo de pañuelos.

A las 4:12 de la madrugada del día 30, cuando Cristina Fernández anunció el resultado, el país volvió a temblar. La IVE no “le puso fin al patriarcado”, como diría más tarde Alberto Fernández. Pero sí le dio un sacudón.

“La marea verde se volvió un tsunami”, se leía en una de las tantas pancartas. Y este tsunami nunca para. Mientras permanece atento a que la ley se implemente, empieza a preguntarse por el destino de esas mujeres que ya han sido injustamente juzgadas, en un tiempo en que el aborto aún no era ley.

CREANDO, CRIANDO Y REVOLUCIONANDO

Illustrationen: Manai Kowii, @narymanai

Quiero partir desde mi ser como madre, mujer, indígena y cineasta que para muchos, en otros tiempos, sería una combinación impensable, pues, es sabido por todos que el cine ha sido un espacio exclusivo y elitista destinado a hombres blancos y, en el “mejor” de los casos, a mestizos.

Desde hace un poco más de 30 años, lxs realizadores audiovisuales de pueblos indígenas de Ecuador hemos asumido nuestra propia auto representación y determinación, con la esperanza de romper con la lógica con la que se nos ha tratado como objetos de estudio, retratándonos a partir de una interpretación externa y lejana.

Pensaríamos que ya en el Siglo XXI no deberíamos tener la necesidad de exigir nuestros derechos, pero la realidad es otra. En mi experiencia, no conozco películas que hayan seleccionado a algún profesional indígena como cabeza de equipo. En estas películas, lxs indígenas aparecemos en el mejor de los casos como una mancha que se mueve errática, una figurante, un extra, nunca como protagonistas, o si las hay es desde una mirada en la que se nos objetiviza. Creemos que es necesario visibilizar la historia no contada, aquella otra orilla que a todxs por comodidad o desidia se nos ha “olvidado” mencionar.

Con mis propuestas cinematográficas muestro parte de todo lo que los pueblos indígenas vivimos, que en realidad son historias universales, dejando de lado el romanticismo con la que algunxs nos ven y nos tratan. Busco generar sensaciones y emociones que incomoden y disputen la producción de relatos, de discursos, de estéticas, de narrativas que cuestionen la cosificación a la que nos han sometido la dinámica patriarcal y  deconstruyamos el sentimiento de culpa con la que nos han querido silenciar.

Este lente con el que se nos ha mirado y presentado nos ha impulsado a ser nosotras las actoras y directoras de nuestras propias historias, pues no estamos dispuestas a que los medios de comunicación nos continúen folklorizando, infantilizando o despojándonos de toda humanidad. Así, a pesar de que los tiempos y espacios han cambiado y con ello la percepción de la mujer, la carga machista con la que se nos mira sigue siendo la misma, viciada, llena de odio y homogeneizante. Pues, la raíz de todas las demás formas de discriminación e invisibilización con que se nos ha tratado a las mujeres indígenas es el patriarcado.

Han intentado despojar nuestra voz de a poco y de maneras sutiles y brutales dejarla sin corporeidad. Han querido matarnos de todas las formas, imaginables e inimaginables, porque los pueblos indígenas y las mujeres representamos la desobediencia y la rebeldía contra el orden establecido que se asienta sobre estructuras patriarcales y coloniales.

Planteado lo anterior, quisiera comentar un par de experiencias vividas con mis compañerxs. Hace unos diez años atrás, conversando con un líder indígena de la organización nacional, le comentaba que quería hacer un documental sobre gays y lesbianas indígenas. Cuando comenté este deseo mío, el compañero me miro incrédulo y dijo “…como va a hacer un documental de eso si en las comunidades nuestras no hay gays o lesbianas”. A su comentario respondí que el hecho de que él no quisiera mirar la realidad de nuestros pueblos no la haría desaparecer y le expliqué que había leído varios textos que daban cuenta, de que los pueblos originarios del Abya Yala (denominación indígena para el continente americano, nota de la redacción) no aislaban a compañerxs que desde pequeñxs daban cuenta de su diversidad sexual, sino más bien tenían mayor estima y consideración. Él no quiso creerlo, dudaba de que mis palabras fueran ciertas. En todo caso, en mi ser continúa bullendo la necesidad de contar estas y otras historias.

Traigo a colación este relato porque en este compañero, como en muchos, incluso dentro de nuestra familia, aún está incrustada la herencia patriarcal. Es necesario dejar de romantizar la idea de que todo lo que hacemos los pueblos indígenas está bien. Somos culturas vivas, en constante movimiento y transformación, somos seres humanos como todos los demás pueblos, que hemos desarrollado nuestra vida y nuestra relación con el otro y con el entorno asentados sobre una estructura de dominación recurrente. No estamos aislados del mundo real y de sus complejidades, por lo que debemos identificar y cuestionar la violencia de donde provenga.

Otra imagen que tengo en mi corazón y en mi mente como testimonio de la prevalencia de patrones patriarcales y coloniales, es la rebelión de octubre; en octubre de 2019, Ecuador vivió una de las movilizaciones sociales más potentes de la última década. Se produjo por el descontento popular frente al Decreto Presidencial 883 que buscaba eliminar los subsidios de combustibles con lo que encarecía la vida misma de todos los ecuatorianos.

Las mujeres fuimos actoras políticas claves en los 11 días que duró la movilización masiva de todos los sectores populares del país. Mi experiencia personal estaba mediada por un sinnúmero de sensaciones y emociones, no sólo porque tuve que registrar en audio y video los hechos en medio de la brutalidad policial, sino también, porque mi ser militante sentía la necesidad de apoyar en la organización de las acciones. A esto se sumó el hecho de ser madre, preocupada por mi hijo adolescente que por primera vez participaba del levantamiento actuando en la primera línea como “matalacri”, es decir, evitando que las bombas lacrimógenas que nos lanzaban llegaran a ahogarnos por completo.

Todos los seres que me habitan estallaban en indignación, miedo, coraje, ira al mirar que los agentes de la represión no respetaban si eras mujer, niñx o ancianx: con igual saña lanzaban gases a diestra y siniestra. Aquí debo hacer una acotación: la práctica usual de las comunidades es el trabajo colectivo, que busca fortalecer la identidad y los procesos organizativos propios. Así, por ejemplo, cuando hay que hacer una minka (trabajo comunitario, nota de la redacción) todxs participamos, hombres, mujeres, niñxs -ahora menos que antes, pero continúa existiendo esta práctica- y en este caso la insurrección popular de octubre convocó a mujeres, niñxs, ancianxs que permanecieron en esta acción política, en la que sufrimos igual o mayor violencia estatal policial al ser gaseadxs en las “zonas de paz” o cuando encabezábamos marchas pacíficas junto a toda nuestra familia, las mujeres fuimos dispersadas a traición y con crueldad.

Mi ser madre buscaba proteger a mi hijo no sólo de las bombas y las balas, sino del estado de excepción y del toque de queda, pero mi ser militante deseaba que él viviera algo de todo lo que nuestras madres y abuelas han vivido para que su memoria, su cuerpo, sus huesos supieran que todo lo que tenemos ahora ha sido porque lo hemos arrebatado del poder. Nada nos ha sido regalado y esa comprensión no solo podría darse a partir del diálogo, sino de la vivencia de lo que estábamos enfrentando. Mi ser realizadora audiovisual -cineasta- buscaba registrar todo lo que ocurría. No sólo para denunciar lo que estaba pasando y lo que los grandes medios intentaban esconder, sino para que pudiera servir como una herramienta para nuestra  memoria, a pesar, de que el Estado impedía nuestro libre ejercicio de cobertura.

Las mujeres indígenas somos bien recibidas cuando somos parte de un acto cultural (danza, comida y demás) pero somos criminalizadas y violentadas cuando asumimos nuestro accionar político, intentado reducir toda acción nuestra al ámbito doméstico o cultural. Es imprescindible deconstruir todo aquello que han querido normalizar, a través de la legalidad y legitimidad blanco-mestiza que busca anularnos en todos los sentidos.

Pero aquí estamos, hemos vuelto y somos millones. Nuestra energía vital ha sabido resistir y estamos más fuertes y unidas. Nuestra voz silenciada retumba entre ríos, montañas, selvas, resonando como un eco profundo que nace desde lo más íntimo de la tierra, de la vida.