Berichte, Analysen und Stimmen aus Lateinamerika und der Karibik

UN PARAÍSO PARA LOS FANÁTICOS DE LA CENSURA

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Documental premiado La pelicula Nuestra Libertad habla sobre mujeres criminalizadas por abortos espontaneos (Foto: @Pråmfilm @Flysofar)

Las invitaciones fueron enviadas y el cine reservado. Sin embargo, en la pantalla del cine de San Salvador no se proyectó la pelicula anunciaba en la noche de este martes. De hecho, se había programado un preestreno muy especial para el 16 de agosto. En el programa estaba Nuestra Libertad (título en inglés: Fly so far), una película salvadoreña que ha ganado premios internacionales. Su tema: la legislación ultrarrestrictiva de El Salvador, que castiga con las más duras penas cualquier aborto. El hecho de que la película no se haya podido proyectar tiene directamente que ver conque toca el nervio de un país cuya jurisprudencia inflige injusticias colosales a las mujeres. Como también tiene que ver con el hecho de que la jurisdicción en general es actualmente completamente incalculable en El Salvador.

Con Nuestra Libertad – Fly so far, la directora salvadoreña-suiza Celina Escher ha realizado una obra cinematográfica que habla sobre las personas más afectadas por la condena absoluta del aborto que se aplica en el país. Durante un periodo de tiempo largo, la cineasta acompañó y filmó al grupo de 17 (Las 17). El Grupo de los 17 son mujeres jóvenes, sin excepción, procedentes de entornos precarios, que fueron condenadas a décadas de prisión por abortos espontáneos y a las que, por diversas razones, se les juzgó mediante procesos cuestionables y no se les dio suficiente oportunidad de demostrar su inocencia. La película de Escher atrajo mucha atención internacional, se proyectó en cines de muchos países y en televisión en algunos. Por ejemplo, en Polonia, un país que tampoco es conocido por su postura liberal en el tema del aborto. Según la directora, esto no fue un problema para el estreno de su obra: “Nunca hubo problemas, nunca nos amenazaron”. 

Celina Escher es la directora de la pelicula “Nuestra Libertad – Fly so far” (Foto: @escher.celina)

La historia del estreno en su natal El Salvador fue diferente, pues hubo resistencia por parte de grupos activistas ultraconservadores que se autodenominan Pro Vida y apoyan la inflexible ley contra el aborto del país, la cual penaliza a mujeres, independientemente cuál ha sido la causa. Según se observa, hay un perfil determinado de las mujeres criminalizadas: jóvenes, solteras, de estrato económico bajo, mujeres súmamente vulnerables que no tienen los medios para costear una defensa legal efectiva. Sus casos parecen sacados de una película de terror en la que se repite constantemente la misma escena: embarazo, aborto espontáneo o parto prematuro en condiciones médicas casi siempre inadecuadas, seguidos poco después de condenas de prisión a niveles absurdos por infanticidio, a pesar de no contar con pruebas físicas ni científicas que respalden las alegaciones sino que al contrario, evidencian irregularidades en los procesos. 30 años de prisión es la sentencia más común. Algunas mujeres quedaron traumatizadas por las situaciones o incluso perdieron el conocimiento durante el aborto. Sin embargo, no podían esperar circunstancias atenuantes. En cualquier caso, no suele haber rastro de los padres de los niños. Nuestra Libertad se presentó en 50 festivales de todo el mundo y la película ganó 18 premios. Un hito para un país como El Salvador con una producción cinematográfica más bien modesta. Debido a su gran éxito, se consiguió el interés de una cadena privada de cineas para su exhibición en salas nacionales

Sin embargo, el equipo de la película esperó hasta una semana antes del estreno para obtener la autorización de una instancia gubernamental. “Este es un procedimiento estándar por el que tienen que pasar todas las películas que se proyectan en los cines de aquí. Aun así, nos preocupaba naturalmente que pudiera haber problemas”, dice Escher. Pero la película se aprobó el 11 de agosto, por lo que el estreno podría haber tenido lugar, como estaba previsto, el 18 de ese mes en San Salvador. Pero los activistas de los grupos Pro-Vida querían impedirlo. Asombrosamente coordinados y bien preparados, salieron a la luz al día siguiente de la decisión con una carta abierta conjunta que contenía calumnias infundadas y recriminaciones al equipo de la película y a las mujeres del Grupo de los 17. Al mismo tiempo, los activistas antiabortistas amenazaron a los propietarios de los cines con emprender acciones legales si la película se proyectaba en sus salas. Un examen jurídico del cine demostró que las acusaciones no se sostendrían en los tribunales, ya que el principio de la prensa libre no es aplicable.

Sin embargo, la cadena decidió retirar la película del programa, al menos hasta que se restablezca la seguridad jurídica en El Salvador que ahora entra en un terreno incierto dado el estado de excepción en que se encuentra el país desde más de medio año

Castigos absurdos Muchas mujeres fueron condenadas a sentencias de 30 años de prisión (Foto: @Pråmfilm @Flysofar)

Celina Escher califica la situación de “compleja”. Dice que no puede hablar de censura estatal directa, ya que la película obtuvo el permiso de exhibición. Hasta el momento, casi ninguna organización que apele a reivindicaciones políticas o sociales en El Salvador puede estar segura de sus derechos. El motivo es el estado de excepción parlamentario que el presidente Nayib Bukele impuso a finales de marzo con el argumento de la lucha contra la delincuencia de pandillas y que se ha ido prorrogando cada mes desde entonces. Esto dió como resultado la suspensión de derechos fundamentales, que no incluyen la libertad de prensa, pero sí importantes derechos de los acusados en los juicios penales. En estas circunstancias, nadie puede garantizar que un posible juicio se lleve a cabo sobre la base de las normas legales válidas según la constitución. La única forma segura de no ser condenado en los tribunales de El Salvador, en este momento, es no ser acusado en primer lugar. Esto es un paraíso para los agresivos y bien financiados aficionados a la censura, como la Alianza Pro Vida, que lanzan amenazas con el objetivo de intimidar a creadores/as e impedir expresiones que no acaten sus líneas de pensamientos. Al menos por ahora. “Por supuesto, seguimos teniendo la intención de proyectar la película en El Salvador”, explica Celina Escher. Sin embargo, el momento en que esto ocurra es incierto.

Muchas preguntas sobre el caso Nuestra Libertad siguen sin respuesta. Por ejemplo, cómo se filtró el lanzamiento de la película desde la instancia reguladora de contenido hacia las organizaciones de la Alianza Pro-Vida con tanta rapidez que ésta pudo organizarse inmediatamente y redactar esta carta que llegó a la gerencia del cine. O por qué el Estado hace tan poco poco o nada para garantizar el derecho a la libertad de prensa establecido en la Constitución. Sin embargo, una pregunta más importante es cuándo se realizará una reforma de Ley que englobe un análisis profundo que evite la  violación a los derechos fundamentales de las mujeres en situación de vulnerabilidad en El Salvador; y también cuándo el Estado salvadoreño se manifestará en contra de las expresiones intimidatorias y la  censura hacia obras y temáticas que requieren ser visibilizadas y discutidas. Sabemos de lo que son capaces estos grupos”, dice Celina Escher, quien está especialmente preocupada por las protagonistas de su película, algunos de ellas ahora libres, otras todavía en prisión. Pero la directora ya ha tomado medidas para su protección también, trasladando su residencia al extranjero de forma permanente y cancelando sus planes de regresar a El Salvador por el momento.

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// GEFEIERT UND GEFÄHRLICH

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Positive Meldungen waren 2020 rar gesät, doch in Argentinien hat das Jahr auf den letzten Drücker noch die Kurve gekriegt: Die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hat eine neue Ära eingeleitet, die Welt ein kleines Stückchen gerechter gemacht und dem scheidenden Jahr zu einer Art Ehrenrettung verholfen. Die Zustimmung des argentinischen Parlaments vom 30. Dezember wird zurecht als historisch bezeichnet, denn sie ist der Erfolg und vorläufige Höhepunkt einer immer stärker werdenden feministischen Bewegung. Sie ist das Ergebnis eines unermüdlichen kollektiven Kampfes, der nach Jahrzehnten einen Meilenstein errungen hat. Einen Meilenstein, der in die Welt hinausstrahlt und vor allem beispielhafte Bedeutung für Zukunftsprojektionen der Kämpfe in der Region hat.

Lucha ama a victoria, schrieb die Aktivistin Verónica Gago in ihren sozialen Medien, „der Kampf liebt den Sieg“. Dieser lang erwartete Sieg bringt in Zeiten der Krise Lichtblicke und für die Kampagne die Bestätigung, dass ein Kampf erst verloren ist, wenn er aufgegeben wird. Denn was noch vor Jahren kaum denkbar war und immer wieder gescheitert ist, wurde gegen alle Widerstände und die mächtige Domäne der christlichen Kirchen durchgesetzt. #EsLey – legale, freie und kostenlose Abtreibung ist ein Recht und nun auch Gesetz in Argentinien.

#EsLey bedeutet auch: Es nuestra Ley, „es ist unser Gesetz“, ein Gesetz, das wir für uns erobert haben. Die Lektion, die darin liegt, ist so lehrreich für unten wie gefährlich für oben: Gemeinsam und auf der Straße können wir politische Realität verändern. Und das bedeutet: Wir werden mehr wollen. Die legale Abtreibung ist zweifellos ein Höhepunkt, aber nur ein vorläufiger, denn ihr folgt keine Ernüchterung. Im Gegenteil: Dieser Erfolg gibt neue Kraft zum Weitermachen. Das Gesetz will implementiert werden, es soll „leben“, auf die Umsetzung der begleitenden politischen Maßnahmen muss geachtet werden. Und die Gegenoffensiven der sogenannten Lebensschützer*innen und ihres einflussreichen Umfelds sind stark.

Der Kampf liebt den Sieg, ist hier aber noch lange nicht zu Ende. Denn legale Abtreibung ist nur ein Baustein einer feministischen Agenda. Die gesellschaftlichen Debatten im Vorfeld haben glasklar gemacht, dass hinter dem Recht auf Abtreibung der Wunsch nach einer anderen sozialen Ordnung ohne Patriarchat steht. Und das bedeutet mehr als nur Parität oder Repräsentation. Der jetzt gesetzte Baustein ist jedoch ein überaus wichtiger, denn die Forderung nach dem Recht auf Abtreibung verhallt nicht nur in dem Ruf „Mein Körper gehört mir“ nach einem liberalem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Sie spricht von Klasse, vom öffentlichen Gesundheitswesen, von Sorge, von Sexualität und vom Recht auf Lust und auf Begehren, von sozialer Gerechtigkeit, von Autonomie. Nicht nur im Sinne einer individuellen Entscheidung, sondern einer gemeinschaftlichen Frage, einem Ausbrechen aus den Ansprüchen, die an unsere reproduktiven Fähigkeiten gestellt werden. Frei entscheiden zu können, beeinflusst die Art und Weise, wie wir uns selbst als mündige Bürger*innen denken können. Legal abtreiben zu können, betrifft nicht nur die Entscheidung, wer gebären will, sondern hinterfragt genau den „Kern dessen, was eine Frau als Bürgerin für den Staat bedeutet“, wie die Aktivistin Marta Dillón sagt. Es hinterfragt die Familie als Institution und die für jede*n klar definierten Geschlechterrollen, die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit – die Grundlagen des Systems.

Die hart erkämpfte legale Abtreibung in Argentinien ist also kein simples liberales Recht, sondern entstanden aus einem gemeinschaftlichen Kampf, einer kollektiven Forderung eines heterogenen multiplen Feminismus, der nicht nur Frauen einschließt. „Die Abtreibung ist nicht das Dach, es ist der Boden.“ Es ist dieser Grundstein, der den Weg für viele weitere Schritte weist. Und genau deswegen ist er so gefeiert und so gefährlich..

KÄMPFE UND ES WERDE GESETZ

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“Wir haben es geschafft – Es ist Gesetz!” Um vier Uhr morgens verkündete Vizepräsidentin Cristina Fernández das Ergebnis (Foto: Daniela Cilli)

„Heute wird Geschichte geschrieben, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben dieses Recht erkämpft und wir werden weitermachen”, sagt eine der Tausenden jungen Frauen und Mädchen, die das Ergebnis der Abstimmung vor dem argentinischen Kongress abgewartet haben, zwischen Jubelrufen und Schluchzern. Dass der 29. Dezember 2020 ein historischer Tag werden würde, war allen bewusst, die der Debatte auf den riesigen Bildschirmen auf den Straßen oder zu Hause im Fernsehen folgten. Auch die Senator*innen, die den Sitzungssaal mit einem Tuch, Mund-Nasen-Schutz oder anderem Accessoire in einer Farbe, die ihre Stimmabgabe erahnen ließ, betraten, wussten es.

Das neue Gesetz zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch (IVE) mit der Nummer 27.610 ersetzt die bislang geltende Regelung der Ausnahmefälle aus dem Jahr 1921 durch eine Bestimmung, die Fristen und Ausnahmefälle kombiniert. Waren Abtreibungen bisher nur in drei Fällen erlaubt – nach Vergewaltigungen, bei erheblicher Gesundheits- oder Lebensgefahr für die gebärende Person oder Missbildungen am Fötus – erlaubt die neue Regelung legale Abtreibungen bis zum Ende der 14. Schwangerschaftswoche. In den drei Ausnahmefällen darf eine Schwangerschaft auch noch danach abgebrochen werden.

Bestraft wird nun, wer Abtreibungen verweigert

Auch weitere Rechte der Gebärenden und die Mindestbedingungen, die das medizinische Personal bei Abtreibungen garantieren muss, sind in dem Gesetz vorgegeben. Dazu gehört eine würdevolle Behandlung, die Gewährung von Privatsphäre und Diskretion im Umgang mit Informationen, sowie Respekt gegenüber der freien Entscheidung. Von nun an wird nicht mehr bestraft, wer sich unter legalen Voraussetzungen für eine Abtreibung entscheidet. Stattdessen können nun Ärzt*innen sanktioniert werden, die eine genehmigte Abtreibung verzögern oder verweigern. „Bis heute hat der Staat auf Abtreibungen mit Gefängnisstrafen, Strafprozessen, dem Zwang zur Verheimlichung und der Gefährdung für Leben und Gesundheit reagiert. Das ändert sich jetzt”, hatte Vilma Ibarra, Staatssekretärin für Recht und Technik und Verfasserin des Gesetzesvorschlags, den Paradigmenwechsel Mitte Januar eingeleitet. Von nun an also bestimmt die gebärende Person. Und Staat und Gesundheitswesen müssen ihr Entscheidungsfreiheit garantieren.

Die Frage war, ob legal oder heimlich abgetrieben wird

Wie jede große Errungenschaft ist das IVE Ergebnis zahlreicher Kämpfe. Den ersten Gesetzesvorschlag hatte die Kampagne für eine legale, sichere und kostenfreie Abtreibung bereits 1992 eingebracht. Nach zahlreichen Absagen erreichte das Projekt 2018 mit der Entscheidung im Abgeordnetenhaus den ersten großen Erfolg. Der Jubel, der nach der Annahme des Gesetzes durch die Abgeordneten im ganzen Land ausgebrochen war, verebbte allerdings unmittelbar nach der dann folgenden Ablehnung des Senats (siehe LN 531/532).

Im vergangenen Wahlkampf hatte der argentinische Präsident Alberto Fernández versprochen, das Gesetz noch vor Ende des Jahres 2020 erneut zur Abstimmung zu stellen. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie musste der Termin immer wieder verschoben werden – ganz zur Freude der Abtreibungsgegner*innen. Doch die marea verde, die „grüne Flut” von Befürworter*innen der legalen Abtreibung, ließ nicht nach. „Es ist dringend” und „die Frage ist nicht, ob Abtreibung oder nicht – die Frage ist, ob legale oder heimliche Abtreibung”, schallte es durch Medien, soziale Netzwerke und in den Straßen.

In diesen Rufen hallten auch die Stimmen der mindestens 3.030 Menschen wider, die nach klandestinen Abtreibungen seit 1983, dem Ende der letzten Militärdiktatur, gestorben waren. Laut Angaben der Forschungsinstitute CENEP und CEDES aus dem Jahr 2005 wird die jährliche Zahl heimlicher Schwangerschaftsabbrüche auf 370.000 bis 520.000 geschätzt. Im Jahr 2019 hat das feministische Kollektiv Socorristas 9.366 solcher Abtreibungen betreut (Interview siehe LN 541/542). Dort, wo der Staat strafte, anstatt zu helfen, war Selbstorganisation gefragt. Nun ist die Zeit gekommen, in welcher der Staat sich dieser Verantwortung annimmt.

Der Jubel war laut, aber vorsichtig

Kurz bevor die Frist seines Versprechens abzulaufen drohte, veranlasste Fernández am 17. November 2020 eine Beratung zum Gesetzesprojekt in einer außerordentlichen Sitzung im argentinischen Abgeordnetenhaus. Gleichzeitig mit dem IVE stellte er auch den sogenannten 1.000-Tagesplan (das Gesetz 27.611) vor, der eine medizinische Basisversorgung während der Schwanger­schaft und in den ersten Lebensjahren garantieren soll. Nach 22 Stunden Debatte am 10. Dezember ließ die Zustimmung der Abgeordneten den Boden des Kongressgebäudes und des ganzen Landes beben. Der Jubel war laut, aber vorsichtig, denn die Situation trug den bitteren Beigeschmack der Enttäuschung von 2018.

Bis zur Debatte im Senat verging kein Tag, an dem nicht über das neue Gesetz gesprochen wurde. Dafür oder dagegen – die Frage war überall präsent. Das Thema Abtreibung hatte den Abendbrottisch der Familie ebenso eingenommen wie den Arbeitsplatz, das Klassenzimmer, die sozialen Netzwerke und die Medien. Zwar war schon diese Omnipräsenz ein großer Erfolg, doch das Gesetz fehlte noch immer. Am 29. Dezember um 16 Uhr lief die entscheidende Debatte an, 59 der 70 anwesenden Senator*innen trugen Redebeiträge vor. In den meisten Fällen war bereits bekannt, für welche Seite sie stimmen würden, die Entscheidung anderer wurde mit Spannung erwartet.

Entscheidende Stimmen der Unentschlossenen

Laut der inoffiziellen Zählung, dem poroteo, erschienen sieben Senator*innen zur Abstimmung, ohne sich für eine Seite entschieden zu haben. Doch die Umwandlung von Gegenstimmen und Enthaltungen war entscheidend für das Endergebnis. Eine der ersten, die sich umentschieden, war Silvia García Larraburu aus dem Regierungsbündnis Frente de Todos. Zu Tränen gerührt erklärte die Politikerin aus der zentral­argenti­nischen Region Río Negro, sie hätte verstanden, dass „das hier weit über meine Glaubensvorstellungen hinausgeht. Es ist ein Thema, welches aus Sicht der öffentlichen Gesundheit angegangen werden muss.” Ihre Stimme hätte sich durch grundsätzliches Hinter­fragen geändert. Auch Carmen Lucila Crexell, Senatorin der neoperonistischen MPN aus Neuquén ließ ihren persönlichen Glauben beiseite und machte aus ihrer Enthaltung eine Stimme für die Legalisierung von Abtreibungen. Sie begründete ihre Wahl mit den Worten: „Es geht hier nicht um Feminismus oder Religion. Heimliche Abtreibungen sind Ursache für Verletzungen oder Tod. Sie schreiben in unserem Land sehr traurige Geschichten, die viele nicht einmal wahrhaben wollen.”

29 Senator*innen blieben bei der Meinung, dass Abtreibungen kein Recht der öffentlichen Gesundheit sein sollten. Die argentinischen Abtreibungsgegner*innen brachten ihre Ansichten wie immer mit hellblauen Tüchern zum Ausdruck. Das Blau „steht für die Farben des Vaterlands und ist mit unserer Identität verbunden”, begründete es Raúl Magnasco, Präsident der Organisation +Vida gegenüber der Presseagentur Telam. Die hohen Zahlen derer, die bei heimlichen Abtreibungen sterben, erwähnten die selbsternannten Lebensschützer*innen mit keinem Wort. Auch die Kriminalisierung von Menschen, die abtreiben, erschüttert sie offenbar nicht. Im Gegenteil: Die Senatorin Silvia Elías Pérez etwa erklärte in ihrem Redebeitrag, man solle nicht vergessen was Rodríguez Lastra „alles hätte durchmachen müssen, um ein Leben zu schützen”. Der Gynäkologe war zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, weil er einer Jugendlichen 2017 eine genehmigte Abtreibung verweigert und sie dazu gezwungen hatte, die Schwangerschaft auszutragen.

Die Senator*innen, die gegen das IVE gestimmt haben, weigern sich einzugestehen, was längst bewiesen ist: In Ländern, in denen Abtreibungen legal sind, sinken die Zahlen von Komplikationen bei unsicheren Eingriffen. Denn es ist nicht die Abtreibung, die tötet, sondern die Heimlichkeit, in der sie stattfindet. Für diese 29 Senator*innen aber ist das Recht auf Abtreibung kein Menschenrecht, ebenso wenig wie ein Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit. Einige Politiker*innen fielen dabei mit besonders harschen Bemerkungen auf. Da war etwa Dalmacio Mera, der das Gesetzesprojekt mit der Tötung von Schweinen im England des 14. Jahrhunderts verglich. Oder María Belén Tapia, die für den Fall der Verabschiedung des Gesetzes einen Fluch vorhersagte und versicherte, „Gottes Augen sehen gerade jetzt in das Herz eines jeden Senators.” Andere wie Roberto Basualdo bestanden darauf, dass „wir alle vereint vorbeugen müssten” – ohne sich einzugestehen, dass Präventions- und Bildungsmaßnahmen immer Teil des Gesetzesprojektes gewesen waren. So lautet auch das Motto der Kampagne: „Sexuelle Bildung, um zu entscheiden; Verhütungsmittel, um nicht abzutreiben; legale Abtreibung, um nicht zu sterben”.

Ein einzelner Senator, Guillermo Snopek, enthielt sich. Aber 38 andere hatten sich für das Gesetz entschieden: Viele sehen die legale, sichere und kostenfreie Abtreibung auch als Schritt hin zur sozialen Gerechtigkeit, „denn es wird in einem Staat, der allen Gesundheit garantiert, die Ungleichheit der Herkunft mit Empathie ausgleichen”, so die Frente de Todos-Senatorin Ana Claudia Almirón. Es war unter anderem ihr Redebeitrag, der am meisten bejubelt wurde – in und vor dem Kongressgebäude. „Alle”, das sind die, die bisher in einer Privatklinik abtreiben und dafür teuer bezahlen mussten. Es sind auch die, die sich in Lebensgefahr begeben oder bei einer klandestinen Abtreibung sterben mussten. „Alle”, das meint auch die Mädchen, die dazu gezwungen wurden, eine Schwangerschaft auszutragen. Denn „Mädchen sind keine Mütter” ist in Lateinamerika mehr als ein Hashtag: Laut Angaben des argentinischen Gesundheitsministeriums sind 3.000 der 700.000 jährlichen Gebärenden unter 15 Jahre alt.

Das Gesetz gehört der Bewegung

Almirón betonte auch, dass die ganze Debatte das Ergebnis einer Entwicklung war, die außerhalb des Parlaments und vor langer Zeit begonnen hatte: „Dieses Gesetz ist ihres, sie haben es geschafft, sie haben dafür gekämpft, sie haben es auf die Tagesordnung gebracht. Das Einzige, worum sie uns jetzt bitten, ist die Bestätigung dessen, was sie auf den Straßen schon längst gewonnen haben.” Diese Anerkennung gab die Straße der Senatorin mit Jubelrufen und dem Schwenken ihrer grünen Tücher zurück.

Es war 4.12 Uhr am Morgen des 30. Dezember, als Vizepräsidentin Cristina Fernández das Ergebnis verkündete. Und das Land bebte. Das IVE bereitet dem Patriarchat kein Ende, wie Präsident Fernández es später ausdrückte – aber es hat ihm eine gewaltige Erschütterung zugefügt. „Die grüne Welle ist zum Tsunami geworden”, stand auf einem der vielen Plakate. Und diese Bewegung ist nicht mehr zu stoppen. Während sie wachsam bleibt, dass das Gesetz implementiert wird, fragt sie auch nach dem Schicksal der Frauen, die zu Unrecht verurteilt wurden, als die legale Abtreibung noch kein Recht war.

LUCHE Y SERÁ LEY

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“Lo conquistamos. ¡Es Ley!” A las 4 de la mañana, la vicepresidenta Cristina Fernández anuncia el resultado / Fotos: Daniela Cilli

“Hoy es historia, no hay más que decir. Es un derecho ganado, y vamos por más”, le decía entre sollozos a la periodista una de las miles de pibas que esperaban el resultado de la votación afuera del Congreso. Que era un día histórico lo sabían lxs que estaban en las calles de todo el país frente a las pantallas gigantes y lxs que seguían el debate por televisión o por radio. También lo sabían lxs senadorxs que entraban a la sala con un pañuelo, un barbijo o un detalle en la vestimenta que delataba su voto. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, desde el 30 de diciembre, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina se dice ley. Su aplicación, de carácter obligatorio en todo el país, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2021.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con el número 27.610 viene a reemplazar el sistema de causales vigente desde 1921 por un sistema mixto (de plazos y causales). La vieja ley consideraba que el aborto era no punible sólo en caso de peligro para la salud o la vida de la persona gestante, malformaciones fetales o violación. La nueva normativa reconoce el derecho a las personas gestantes de interrumpir su embarazo hasta la semana 14 (inclusive) del proceso gestacional, y sólo en caso de estar fuera del plazo estipulado será posible en función de las causales mencionadas. Por otro lado, también determina los derechos y las condiciones mínimas que debe garantizar el personal de salud: un trato digno, privacidad y confidencialidad de la información y respeto de la autonomía de la voluntad. Con esta ley, además, no será juzgadx quien decida abortar (siempre y cuando se respeten los plazos indicados), sino el o la funcionarix públicx o personal de la salud que retrase, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. “Hasta hoy, el Estado respondió con amenaza de cárcel, con procesos penales, con cárceles efectivas, con clandestinidad y con riesgo para la vida y la salud. A partir de ahora cambiamos este paradigma”, sostuvo con la voz quebrada Vilma Ibarra, secretaria de la Presidencia Legal y Técnica y redactora del proyecto, el pasado 14 de enero en el Museo de la Casa del Bicentenario. En este nuevo paradigma, la persona gestante decide, y el Estado y el personal de salud garantizan.

Como toda gran conquista, la IVE es el resultado de numerosas luchas. El primer proyecto de ley fue presentado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 1992, y tras múltiples negativas recién logró la media sanción en la Cámara de Diputados en junio de 2018. La aprobación de los diputados fue una fiesta, pero la alegría decayó en agosto, cuando fue rechazado en el Senado (LN 531/532).

La marea verde Alzando los pañuelos / Fotos: Daniela Cilli

Durante su campaña electoral, el presidente Alberto Fernández prometió enviar el proyecto de ley IVE antes de que terminase el 2020. Estallada la pandemia, el envío se postergó constantemente, lo que fue celebrado por lxs antiderecho, ese sector de la población que se hace llamar “provida” y porta pañuelos celestes. Celeste “por su parecido con los colores patrios, que está relacionado con nuestra identidad”, le explicó Raúl Magnasco, presidente de la organización +Vida, a la agencia de noticias Télam. “Provida” porque alegan estar a favor de la vida (implicando así que quienes están a favor de la legalización y despenalización del aborto no lo están). “Provida” que hacen caso omiso en sus argumentaciones de las muertes por abortos clandestinos, y que no parecen inmutarse frente a la criminalización y/o violación de los derechos de quienes abortan. Como la senadora Silvia Elías Pérez, quien durante su exposición en el debate del 29 de diciembre señaló que no se olvida “todo lo que tuvo que pasar [Rodríguez Lastra] por salvar una vida”. El ginecólogo había sido juzgado por negarse en el 2017 a practicarle un aborto no punible a una adolescente, obligándola a parir.

Los días pasaban y el proyecto no aparecía. Pero la “marea verde” nunca es baja. “Es urgente”, “la discusión no es “aborto sí o aborto no”, es aborto legal o clandestino”, gritaba en los medios, en las redes sociales, en las calles. Y en el grito aparecían las muertas (al menos 3030 desde el retorno de la democracia) y la cifra de abortos realizados por año, que según registros oficiales de los centros de investigación CENEP y CEDES del año 2005 se estima es entre 370.000 y 520.000 cada año.

En espera En la madrugada del 30 de diciembre anunciaron los resultados / Fotos: Daniela Cilli

En el 2019, 9.366 de esos abortos fueron asistidos por las Socorristas (socorristas.org), una colectiva feminista con núcleos en todo el país que desde el 2014 acompaña a mujeres y personas gestantes en la decisión y en el proceso de intervención de su embarazo (LN 541/542). Porque donde el Estado no está, ahí están ellas. Pero era hora de que el Estado asumiera la responsabilidad que le corresponde.

Donde no hay palabras necias, no puede haber oídos sordos. Así, el 17 de noviembre de 2020, antes de que caducara su promesa, Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias. Junto con la IVE presentó el llamado “Plan de los Mil días”, una ley (nr. 27.611) que procura garantizar el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

El proyecto de IVE llegó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. El debate duró 22 horas, y su aprobación hizo temblar el suelo del Congreso. Y del país todo. El festejo fue inmenso pero precavido (todavía se sentía el sabor amargo del 2018). Sin embargo, se rumoreaba que esta vez sería distinto.

Desde la aprobación de los diputados hasta la discusión en el Senado no hubo un solo día en el que no se hablara de la IVE. A favor o en contra, estaba en todos lados. Había copado las cenas familiares, la escuela, el trabajo, las redes, los medios. Esa omnipresencia ya era una victoria, pero todavía faltaba que fuera ley. Cuando se anunció la fecha de la sesión en la Cámara, empezaron la cuenta regresiva y los planes para la vigilia.

El senado en sesión Marcha frente al congreso de la nación / Fotos: Daniela Cilli

Dentro del Congreso el debate empezó el 29 de diciembre a las 16 horas. De los 70 senadores presentes, expusieron 59. En la mayoría de los casos, el voto emitido era conocido. En otros la decisión se hizo esperar. Según el recuento no oficial, o “poroteo”, eran siete lxs senadorxs que habían entrado al recinto sin una decisión tomada. La conversión de lxs que en el 2018 habían votado en contra o con una abstención fue clave para el resultado final. Una de las primeras conversas fue Silvina García Larraburu, del Frente de Todos. Casi al borde del llanto, la rionegrina declaró haber comprendido que “más allá de mis creencias estamos ante un tema que requiere un abordaje de la salud pública”. Dijo que su voto era un voto deconstruido y que “deconstruirse es difícil” porque  „tambalean las estructuras”. La radical neuquina Luciana Crexell también logró hacer a un lado sus creencias personales y transformó su abstención en un voto afirmativo alegando que “no se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa silenciosa que mata y lastima, y que escribe historias muy tristes de nuestro país que muchos se niegan a ver”.

29 fueron lxs senadorxs que se negaron a ver que el aborto es un derecho de salud pública, y que está comprobado que en aquellos países que lo permiten en su legislación redujeron las complicaciones por prácticas inseguras; que no es el aborto el que mata, sino la clandestinidad. 29 fueron los que se negaron a ver que el aborto es un derecho humano, incluyendo el derecho a la autonomía y a la integridad corporal. Entre esos 29, sorprendieron, por insólitas, las intervenciones del senador Dalmacio Mera, quien comparó el proyecto con la matanza de cerdos en la Inglaterra el siglo XIV, y la de la senadora María Belén Tapia, quien afirmó que “los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno los senadores”, y vaticinó una maldición en caso de que el proyecto se legalizase. También estuvieron los que, como el senador Roberto Basualdo, votaron en contra e insistieron en que “tendríamos que estar todos unidos previniendo”, sin percatarse de que nadie nunca negó la necesidad de prevención y educación. En la consigna de la Campaña, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, esa premisa ya estaba clara.

Es Ley El País volvió a temblar / Fotos: Daniela Cilli

Un senador, Guillermo Snopek, no supo qué ver y se abstuvo. Pero otros 38, sí lo vieron. De esos 38, algunos vieron, además, que el aborto legal, seguro y gratuito también es justicia social “porque equipara con empatía esa desigualdad de origen en un Estado presente, preservando la salud de todas”, como sostuvo la senadora del Frente de Todos Ana Claudia Almirón, en uno de los discursos más ovacionados, dentro y fuera del recinto. Todas son esas que abortan y lo hacen pagando en una clínica privada y las que ponen en riesgo su vida o la pierden en el intento por no contar con los medios necesarios. Todas son también esas niñas tantas veces obligadas a parir. “Niñas no madres”, en América Latina es mucho más que un hashtag. Según las cifras del Ministerio de Salud, de los 700.000 nacimientos anuales que ocurren en el país, 3.000 son de niñas menores de 15 años.

Almirón también supo ver que lo que se discutía en esa jornada era el producto de algo que había empezado afuera y hace tiempo. “Esta ley es de ellas”, afirmó, “este proyecto es de ellas, lo lograron ellas, lo militaron, lo pusieron sobre la mesa y simplemente nos están pidiendo a nosotros que ratifiquemos lo que ellas ya ganaron en las calles.” Las calles le devolvieron ese reconocimiento con gritos eufóricos y revoleo de pañuelos.

A las 4:12 de la madrugada del día 30, cuando Cristina Fernández anunció el resultado, el país volvió a temblar. La IVE no “le puso fin al patriarcado”, como diría más tarde Alberto Fernández. Pero sí le dio un sacudón.

“La marea verde se volvió un tsunami”, se leía en una de las tantas pancartas. Y este tsunami nunca para. Mientras permanece atento a que la ley se implemente, empieza a preguntarse por el destino de esas mujeres que ya han sido injustamente juzgadas, en un tiempo en que el aborto aún no era ley.

OB DAS GESETZ KOMMT ODER NICHT: WIR MACHEN WEITER

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CECILIA BRAGA (links im Bild) ist Psychologin aus der Provinz Neuquén, Patagonien (Argentinien), und Mitglied des feministischen Kollektivs La Revuelta. Sie hat ihre Abschlussarbeit über Abtreibung in Argentinien geschrieben und kam deshalb in Kontakt mit La Revuelta, wo sie seitdem engagiert ist. Seit Januar 2018 ist sie Teil des Kollektivs und begleitet Frauen und Queers, die abtreiben wollen.

ROSA MALDONADO ist Krankenschwester. Sie lebt in Barcelona, wo sie als Mitglied der feministischen Organisation Mika für Frauen*rechte kämpft. Außerdem engagiert sie sich im Kampf für ein universelles und kostenloses Gesundheitssystem. Sie arbeitete in Argentinien als Gewerkschaftsdelegierte des Krankenhauses Castro Rendon und unterstützte zwischen 2001 und 2004 die Arbeiter*innen der Fabrik Zanon, die unabhängig die Fabrik wieder in Gang setzten.

 

Abtreibung ist in Argentinien illegal, so wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern. Sie begleiten Frauen und Queers, die sich dazu entscheiden, es dennoch zu tun. Trotzdem treten Sie öffentlich und mit vollem Namen auf?
Cecilia Braga: Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir verstecken uns nicht.
Rosa Maldonado: Wir geben nur Informationen heraus und begleiten Frauen, die abtreiben wollen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.

Haben Sie keine Angst?
C.B.: Unser Aktivismus ist riskant. Wir und die Frauen, die wir begleiten, riskieren viel. Die Abtreibungen an sich sind aber nicht wegen der dabei verwendeten Medikamente riskant, sondern weil sie heimlich stattfinden. Die Frauen sterben nicht an den Medikamenten, sondern an unsicheren Methoden.

Und dort kommen Sie ins Spiel. Wie entstand das Netzwerk der Socorristas?
C.B.: Wir kommen von La Revuelta, der ersten Organisation in Argentinien, die die sogenannte rosa Hilfe (socorro rosa), angewendet hat. La Revuelta gibt es seit 2001 und wendet seit 2013 die rosa Hilfe in Neuquén an. Im gleichen Jahr hat dieses Kollektiv die Entstehung des nationalen Netzwerkes der Socorristas angestoßen. Besagtes Netzwerk wuchs und gewann an Sichtbarkeit. Seitdem gibt es einmal im Jahr ein nationales Plenum. Dort treffen sich alle 52 Gruppen der Socorristas Argentiniens, um verschiedene Themen zu diskutieren.

Sie erwähnten die rosa Hilfe. Was ist das? Wie wird dabei vorgegangen?
C.B.: Die rosa Hilfe haben wir von Aktivistinnen in Frankreich übernommen. Es ist eine Möglichkeit, Frauen mit Abtreibungswunsch zu begleiten. Es gibt vier Schritte: Zuerst werden die Frauen telefonisch beraten. Dabei geht es darum, ihnen die Ängste zu nehmen und sie wissen zu lassen, dass wir sie begleiten und eine Lösung finden werden. Der zweite Schritt ist ein Workshop, in dem wir alle nötigen Informationen zur Abtreibung mit Medikamenten bereitstellen. Die Medikation, eine Kombination aus Misoprostol und Mifepriston, ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Wir wenden das von der WHO herausgegebene Protokoll an und werden dabei von Ärztinnen und Ärzten unterstützt. Wenn wir all diese Informationen an die Frauen weitergeleitet haben, füllen wir einen Vertrag aus, eine politische Vereinbarung des Netzwerks der Socorristas. Dieser Vertrag dient dazu, Informationen über die von uns begleiteten Frauen zu sammeln. Danach folgt die eigentliche Abtreibung und die anschließende medizinische Kontrolle. Außerdem gibt es noch die violette Hilfe (socorro violeta) für Fälle von Gewalt. Wir beraten nicht nur und stellen in Workshops Informationen zur Verfügung, wir begleiten auch den Moment der Abtreibung telefonisch und haben dafür Personen in Bereitschaft.

Wer organisiert die Workshops?
C.B.: Die Socorristas. Ich selbst bin Psychologin, die Mehrheit der Socorristas sind Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen oder arbeiten im Gesundheitswesen. Jede Person, die die Vorgehensweise kennt, kann den Workshop geben. Wir bilden auch Frauen aus, die lernen wollen, Abtreibungen zu begleiten. Letztes Jahr hat uns die marea verde [Anm. d. Red.: Grüne Flut, Bezeichnung der Bewegung für die Legalisierung von Abtreibung, die sich auf das Symbol der grünen Halstücher bezieht] überschwemmt, von 30 sind wir auf 52 Gruppen angewachsen. Es ist eine Herausforderung, Schulen für Socorristas aufzubauen und an abgeschiedene Orte des Landes zu reisen. Manche Frauen können nicht 600 km weit reisen, um den Workshop zu besuchen. Es war eine strategische Überlegung, diese Schulen aufzubauen, damit neue Gruppen entstehen.

Wie oft finden die Workshops statt?
C.B.: In Neuquén, einer der Provinzen, in der am meisten Frauen bei Abtreibungen begleitet werden, geben wir jeden Tag Workshops, manchmal zweimal am Tag. Und wir machen Gruppentreffen mit fünf, sechs oder mehr Frauen. Manchmal, wenn das Telefon heiß läuft, bieten wir sogar noch mehr Treffen an. Andere Provinzen, in denen ebenfalls viel begleitet wird, sind zum Beispiel Córdoba, Buenos Aires und Tucumán.

Wie finden die Personen, die abtreiben wollen, denn zu Ihnen?
C.B.: Es gibt hilfsbereite Ärzte und Ärztinnen, die unseren Kontakt weitergeben. Da gibt es einen Widerspruch, denn in Fällen von Vergewaltigung oder gesundheitlichen Problemen könnten sie einen legalen Schwangerschaftsabbruch gewährleisten. Warum also verweisen sie die Frauen an uns? Wir verlangen deshalb manchmal vom Gesundheitssystem Hilfe, in anderen Fällen wissen wir, dass da nichts geschehen wird und begleiten selbst. In Neuquén haben wir außerdem unglaublich viel Infomaterial verteilt. Zudem werden wir auch zu Gesprächen in Schulen eingeladen und bieten immer wieder Workshops an. In diesem Jahr haben wir eine beeindruckende Anzahl von Workshops in verschiedenen Schulen gegeben.

 

In Argentinien und Berlin: Für legale Abtreibungen (Foto: privat)

Was für ein Widerspruch, oder? Einerseits ist Abtreibung illegal, anderseits bieten Sie Gesprächsrunden in staatlichen Institutionen an….
C.B.: Ja, in Neuquén weiß die Regierung von uns. Wir werden von den Schulen eingeladen, um über Gewalt zu sprechen. Aber die Jugendlichen wollen mehr wissen: Wie wir das machen, wie wir begleiten. Also geben wir ihnen entsprechende Informationen. Es ist beeindruckend, wie sie darüber reden wollen. Da es viele Lehrer gibt, die das Gesetz der Integralen Sexualerziehung nicht anwenden, haben die Jugendlichen viele Fragen.

In Argentinien wird Misoprostol in Apotheken nur auf Rezept herausgegeben, theoretisch also nur in Fällen, in denen eine Abtreibung legal ist. Wie kommen Sie an die Tabletten?
C.B.: Manche Frauen besorgen sich das Medikament auf eigenen Wegen und wenden sich mit der Frage nach der richtigen Anwendung an uns. Denn oft erklären nicht einmal die Ärzte das Vorgehen. Es gibt auch Apotheken, die sich weigern, Misoprostol herauszugeben. Es war klar, dass nach der massiven Mobilisierung letztes Jahr, der grünen Flut, auch eine Gegenbewegung, dieses „Wir retten beide Leben“ entsteht. In vielen Apotheken verweigern sie sogar die Ausgabe der Pille danach, sie sagen dir: „Ich gebe dir das nicht, denn für mich ist das Abtreibung“. Wir haben Allianzen und Netzwerke mit internationalen feministischen Organisationen geschmiedet, die daran mitarbeiten, das Medikament zugänglich zu machen.
R.M.: Es ist wichtig zu betonen, dass dieser Rahmen der Illegalität den Schwarzmarkt fördert. Nicht nur was die Medikation angeht, sondern auch die Praxis der Abtreibung. Es gibt Ärzte, die sich für Abtreibungen teuer bezahlen lassen. Anderseits gibt es auch Beschwerden vom Personal gynäkologischer Abteilungen, denen Misoprostol nicht einmal für die beiden Fälle, in denen Abtreibung legal ist, zur Verfügung steht. Die „Kindermütter“ sind da ein weiteres sehr deutliches Beispiel für die Abwesenheit des Staates. Vor zwei Wochen gab es in einem solchen Fall ein Urteil. Der Fall des Arztes aus Cipoletti, der eine junge Frau, die vergewaltigt wurde, betreut hat. Sie hat sich danach an uns gewendet. Sie wurde von der Polizei ins Krankenhaus geschickt und hat sich dort einem „Pro-Leben-Gynäkologen“ gegenüber gesehen. Dieser hat ihr nicht nur die Abtreibung verweigert, sondern auch noch eine begonnene Abtreibung gestoppt und später eine Geburt eingeleitet. Der Fall ist sehr bekannt, denn es war der erste Fall, in dem ein Arzt verurteilt wurde. [Anm. d. Red.: Der Arzt Leandro Rodríguez Lastra wurde beschuldigt, das Prozedere einer legalen Abtreibung gestoppt zu haben. Gemäß den Angaben der Staatsanwaltschaft verabreichte er einer vergewaltigten jungen Frau ein Medikament, welches den bereits begonnen Prozess rückgängig machte. Nach diesem Eingriff wurde das Opfer gegen ihren Willen bis zur Geburt zwei Monate im Krankenhaus interniert. Am 21. Mai 2019 wurde Rodríguez Lastra schuldig gesprochen].

Jedes Mal, wenn Sie eine Abtreibung begleiten, werden einige Daten erhoben. Erstellen Sie Statistiken über die Zahl der Frauen und Queers, die sich an Sie wenden und die Sie begleiten?
C.B.: Ja, wir systematisieren das. Die Daten und Statistiken sind auf unserer Website abrufbar. Diese Information dienen auch dazu, Mythen zu widerlegen: Zum Beispiel gibt es viele religiöse Frauen, die dennoch abtreiben. All diese Daten haben wir beispielsweise zum Kongress mitgebracht, als dort 2018 über die Legalisierung der Abtreibung debattiert wurde.

Wie funktioniert die Finanzierung des Netzwerkes? Woher kommen die Mittel?
R.M.: Wir finanzieren uns über verschiedene Projekte. In Barcelona zum Beispiel gibt es ein Projekt der Calala-Stiftung zum Thema Arbeit und Informationsverbreitung. Wir finanzieren uns aber auch durch kulturelle Veranstaltungen, die wir selbst organisieren und durch Spenden von Organisationen und anderen feministischen Kollektiven.
C.B.: Die, die schon länger dabei sind, haben uns erzählt, dass sie früher alles aus eigener Tasche bezahlen mussten. Wenn ein Treffen in einer anderen Stadt stattfand, wurden Fahrgemeinschaften organisiert. Heute können wir einen Bus mieten und gemeinsam reisen, und wer wenig hat, kann weniger zahlen.

Sie versuchen aktuell, eine Gruppe der Socorristas in Berlin aufzubauen. Mit welchem Ziel?
R.M.: Wir sind auf der Suche nach Solidarität mit unserem Anliegen, nach Unterstützung für unser Netzwerk. Ein weiteres Anliegen ist das Thema der Ultraschall-Untersuchungen. Wir bitten die Frauen, die abtreiben wollen, sich vorher untersuchen zu lassen. Ein Ultraschall vor der Abtreibung, um zu erkennen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sind und eine abschließende Kontrolluntersuchung. Sehr viele Frauen habe heute keine Krankenversicherung, also gehen sie in die öffentlichen Krankenhäuser, die wegen der Krisensituation, die das Land durchlebt, überfüllt sind. Dort müssen sie oft Monate auf einen Untersuchungstermin warten. Das ist ein heikles Thema, denn es ist nicht das gleiche, nach wenigen Wochen abzutreiben oder erst nach dem ersten Drittel der Schwangerschaft. Darum haben wir ein Projekt gestartet, mit dem wir versuchen, Unterstützung für die Anschaffung von vier Ultraschallgeräten zu gewinnen. Diese wollen wir in verschiedenen Orten des Landes einsetzen, in denen die wir die meisten Abtreibungen begleiten. Auch die bedürftigsten Frauen, ohne Krankenversicherung, sollen Zugang zu einer Ultraschalluntersuchung vor und nach der Abtreibung haben.

Millionen Menschen warten darauf, dass der Gesetzentwurf zur freiwilligen Unterbrechung der Schwangerschaft verabschiedet wird. Was ist die Zukunft der Socorristas, falls dies endlich geschehen sollte?
C.B.: Ob das Gesetz kommt oder nicht, wir machen weiter. Manche Frauen, die auch zu einem Gesundheitszentrum gehen könnten, um abzutreiben, sagen: „Nein, ich mache das lieber mit euch“. Denn sie wissen, dass sie bei uns betreut werden, dass wir da sind, dass wir sie begleiten. Es ist eine andere Art der Begleitung, eine feministische Begleitung.

 

“QUE SALGA O NO LA LEY NO IMPLICA QUE DEJEMOS DE HACER LO QUE HACEMOS”

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CECILIA BRAGA (izquierda) es psicóloga proveniente de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, e integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Escribió su tesis de licenciatura sobre el aborto en Argentina y se contactó por este motivo por primera vez con La Revuelta. Desde enero del 2018 es parte de la colectiva y acompaña mujeres a abortar.

ROSA MALDONADO es enfermera. Radica en Barcelona, donde también milita por los derechos de la mujer en la agrupación feminista Mika y participa en colectivos sociales  por una Sanidad Universal y publica. Participó en Argentina como delegada sindical del hospital “Castro Rendon” y colaboro en el 2001 al 2004 con los trabajadores de la Fábrica Zanon, recuperada por sus trabajadores bajo control obrero.

 

El aborto en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, es ilegal. Ustedes acompañan a las mujeres que, a pesar de esa ilegalidad, deciden abortar. Sin embargo, hoy ustedes se presentan con nombre y apellido…

C.B.: Es una decisión. No nos escondemos.

R.M.: Nosotras sólo damos la información y acompañamos, no hace falta esconderse.

 

¿No tienen miedo?

C.B.: Nosotras siempre decimos que nuestro activismo socorrista es un activismo arriesgado: nosotras nos arriesgamos con las mujeres, estamos ahí y las acompañamos. No es arriesgado por la medicación, que es segura, sino porque estos abortos siguen siendo clandestinos. Las mujeres no fallecen por usar medicación; ellas fallecen por usar métodos inseguros.

 

Y ahí es donde entran ustedes en juego. ¿Cómo nace la red de Socorristas?

C.B.: Nosotras venimos de La Revuelta, una agrupación neuquina que existe desde el 2001. La Revuelta fue el primer grupo en implementar, en el 2010, el socorro rosa en Argentina. En el año 2013, se impulsó desde esta colectiva la creación de la Red Nacional Socorrista. La red creció, y en el año 2014 se hizo más visible: empezamos a tener más reuniones, incluso para semana santa. Desde entonces nos reunimos una vez al año en la llamada “Plenaria nacional”. Allí nos juntamos todas las „grupas“ de Argentina a debatir distintos temas. En este momento somos alrededor de 52.

 

Recién mencionaron el socorro rosa. ¿Qué es? ¿Cómo es el procedimiento?

C.B.: El socorro rosa es algo que tomamos de las compañeras de Francia; es uno de los dispositivos que tenemos para acompañar a las mujeres que desean abortar. Éste se divide en cuatro partes: la primera es cuando la mujer llama al teléfono. Tratamos de bajar mucho las ansiedades, de que sepan que las vamos a acompañar, que no van a estar solas, que tiene solución. De ahí pasamos al segundo momento, el del taller, donde nosotras les brindamos toda la información necesaria para abortar con medicamentos. La medicación, una combinación de Misoprostol y Mifepristona, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nosotras aplicamos el protocolo sacado de la OMS. A su vez, contamos con la ayuda de médicas y médicos. Una vez que les damos toda la información a las mujeres, llenamos una “protocola”, que es un acuerdo político que tenemos en toda la red de Socorristas. La “protocola” sirve para recolectar información de esas mujeres que nosotras acompañamos. El tercer momento es el del aborto en sí y el cuarto es el control médico. También tenemos lo que se llama Socorro violeta, que es para los casos de violencia.

Es importante aclarar que nosotras no sólo atendemos su llamada y ellas van a un taller donde le damos la información, sino que también las acompañamos telefónicamente en el momento del aborto. Hacemos una guardia según el momento en el que deciden abortar y estamos ahí con ellas.

 

Volvamos a ese segundo momento. ¿Quiénes están a cargo de los talleres?

C.B.: Las socorristas. Yo particularmente soy psicóloga, y la mayoría son docentes, trabajadoras sociales y del personal de salud, pero en realidad es un taller que lo puede dictar cualquier persona que conozca el procedimiento. Nosotras también les enseñamos a las mujeres que quieren acompañar, o sea, tenemos escuelas de socorristas.

El año pasado esta “marea verde” [Nota: el movimiento para la legalización del aborto, cuyo nombre se refiere al símbolo de los pañuelos verdes] un poco nos inundó, y pasamos a ser de 30 a 52 „grupas“ nuevas. Entonces se necesitó también plata para poder armar escuelas socorristas: hasta este momento, dictar los talleres implicaba viajar hacia distintos puntos del país, donde el aborto no llega. Porque está claro que hay mujeres que no pueden viajar 600 kilómetros para ir a un taller, obtener la información y enterarse cómo hacer todo. Era estratégico que haya escuelas socorristas para que hayan nuevas „grupas“.

 

Evidentemente, la demanda crece. ¿Con qué frecuencia se dictan los talleres?

C.B.: En el caso de Neuquén, que es una de las provincias que más acompaña, dictamos talleres todos los días, incluso hasta dos por día, y hacemos encuentros grupales de hasta 5 o 6 mujeres, o más. A veces hay que poner talleres extra porque explota el teléfono. Otras provincias que también acompañan mucho son, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

 

¿Cómo llegan las mujeres a ustedes?

C.B.: Hay médicos y médicas amigables que dan nuestro dato. Esto es una contradicción, ya que en muchos casos ellos pueden garantizar una interrupción legal del embarazo [en caso de las dos causales: por violación y por problemas de salud] ¿Por qué dan entonces nuestro dato? Bueno, lo dan igual. Nosotras también acompañamos a esas mujeres. A veces le exigimos al sistema de salud, otras veces sabemos que no va a suceder y acompañamos nosotras. Además, particularmente hablando de Neuquén, empapelamos la ciudad. Después nos invitan a dar charlas a las escuelas. Y siempre estamos dando talleres. El año pasado fue impresionante la cantidad de talleres que dimos en escuelas.

 

En Argentina y Berlín: Por el aborto legal (Foto: Privada)

 

Qué contradición, ¿no? Por un lado el aborto es ilegal, por otro, ustedes dan charlas en instituciones estatales…

C.B.: Sí, por lo menos en Neuquén, el gobierno sabe de nosotras, sabe que existimos. En general nos invitan las escuelas para hablar de violencia. Pero el adolescente quiere saber. Ellas quieren saber qué hacemos, cómo acompañamos, así que damos información. Es impresionante cómo quieren hablar de eso. Y como hay muchos docentes que no aplican la ley de Educación Sexual Integral (ESI), los chicos tienen muchas dudas…

 

En Argentina la venta de Misoprostol en las farmacias exige receta y en teoría sólo puede ser obtenido para la realización de un aborto en los casos que contempla la ley (disp. 946-12/10/2018). ¿Ustedes cómo lo obtienen?

C.B.: A veces hay mujeres que lo consiguen por su cuenta y nos llaman diciendo: “tengo esto, ¿cómo se usa?” Porque ni siquiera los médicos, muchas veces, explican bien cómo es el protocolo. Pero no hay que olvidar que hay farmacias que no lo venden. Ni hablar del hecho de que con todo el movimiento del año pasado, esa “marea verde”, también surgieron los grupos de „salvemos las dos vidas“. En muchas farmacias ni siquiera te dan la pastilla del día después. Ellos dicen: “No, yo no te la doy, porque para mí es abortiva”. Nosotras hemos sabido generar alianzas y redes de cuidado con organizaciones feministas internacionales que colaboran con la tarea de facilitarles el medicamento a las mujeres.

R.M.: Hay denuncias de gente del servicio de ginecología porque no tienen Misoprostol ni siquiera para el uso legal, es decir, bajo las dos causales. Cuando decimos que hay un Estado ausente, que abandona a la mujer, también lo es en las dos causales. Las “niñas madres” son un ejemplo de cómo se han saltado las dos causales. Otro ejemplo es de hace aproximadamente quince días: el caso del médico de Cipoletti, que atendió a una joven violada. [El médico Leandro Rodríguez Lastra fue acusado de haber detenido el proceso de un aborto legal. Según la fiscalía, le aplicó un medicamento a una joven violada para revertir el proceso ya iniciado. Luego de la intervención, la victima fue internada contra su voluntad durante más de dos meses. El 21 de mayo Rodríguez Lastra fue declarado culpable].

Es importante recalcar que en este marco de la ilegalidad se favorece el mercado negro. No solamente de la medicación sino de la práctica del aborto. Hay médicos que cobran por hacer un aborto.

 

Ustedes hablaron de un relevamiento de datos de las mujeres a las que acompañan. ¿Se lleva a cabo algún tipo de procesamiento de esa información obtenida?

C.B.: Sí, hacemos una sistematización que se encuentra en la página de la red. Sacamos estadísticas y cruzamos datos. Esa información la utilizamos para ir derribando mitos: por ejemplo, muchas practican algún tipo de religión y abortan igual. Todos estos datos los llevamos por ejemplo al Congreso cuando se debatió el aborto legal en Argentina en 2018.

 

Crearon una estructura que de algún modo hay que sostener. ¿Tienen algún tipo de financiación? ¿De dónde salen los recursos?

R.M.: Se sostiene con distintos proyectos. En Barcelona, por ejemplo, presentamos un proyecto a la fundación Calala para apoyar el trabajo que hacen las Socorristas y la difusión de la información. Y en el caso de las compañeras de Neuquén, colaboran el fondo María, de México, junto con otras organizaciones.

C.B.: Las que están hace más tiempo nos cuentan que organizar un encuentro e ir hasta Córdoba, por ejemplo, que está en el centro del país, era con plata de ellas. Una ponía el auto y dividían la nafta. Hoy podemos alquilar un colectivo y viajar todas juntas, poniendo una parte o capaz nada. Eso se sostiene con proyectos.

 

Ahora ustedes están buscando armar un grupo de Socorristas en Berlin. ¿Con qué objetivo?

R.M.: Nuestro fin con el contacto en Berlin es un poco la búsqueda de solidaridad con nuestra causa. Acá intentaremos buscar soporte para nuestra red, para las mujeres que están difundiendo en las redes sociales o atrás del teléfono o acompañando. Por otro lado, tenemos otro tema, que es el de las ecografías. Nosotras les pedimos a las mujeres que quieran abortar que se hagan un control antes, una ecografía previa al aborto, para ver de cuantas semanas están, y una después, como control post-aborto. El tema es que hoy en día muchísimas mujeres no tienen obra social [seguro de salud] y tienen que ir a los hospitales públicos, que están sobrepasados por la situación de crisis que está viviendo el país, y no consiguen un turno para la ecografía, o les dan uno para un mes más tarde. Y este es un tema delicado, porque no es lo mismo abortar con unas semanas que hacerlo después del primer trimestre.

Nosotras decidimos traer la propuesta a Berlin con el fin de conseguir apoyo para comprar cuatro ecógrafos que puedan ser instalados en distintos puntos del país donde se acompañan más abortos. Para que las mujeres más necesitadas, sin obra social, puedan acceder a una ecografía tanto pre- como post-aborto. Esto empezamos a charlarlo en Barcelona. Pero lo traemos como propuesta a las distintas “colectivas”, a ver si hacemos una actividad para conseguirlo.

 

Millones de mujeres estamos esperando que se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). ¿Cuál es el futuro de las socorristas si esto finalmente ocurriese?

C.B.: Que salga o no la ley no implica que dejemos de hacer lo que hacemos. Una mujer que puede ir a un centro de salud a hacerse un aborto a veces nos dice: no, yo prefiero ir con ustedes. Porque saben que el acompañamiento es cuidado, que estamos ahí, que es acompañado, que no van a estar solas. Es otro tipo de acompañamiento; un acompañamiento que, como nos gusta decir a nosotras, es un acompañamiento feminista.

 

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