Política y poesia

La escritora ecuatoriana Sarawi Andrango (Foto: Sarawi Andrango)

¿Cómo llegó a la poesía?

Escribo desde niña. Siempre he sido muy introvertida, poco sociable. Las condiciones en las que crecí me forzaron a madurar muy temprano. Escribir era una forma de aislarme. Yo sentía que era más grande que los niños de mi edad. Mientras ellos hacían su grupo de  baile, canto, yo prefería escribir y los profesores vieron esa particularidad en mi y en cada actividad escolar me decían  “tú escribe un poema”. Y así me mantuve escribiendo durante mi adolescencia tambien. Publiqué mi primer libro de poesía  en 2017, y desde allí van seis publicaciones. 

¿De qué se trata tu primer libro?

En el 2006 falleció mi padre. Eso ha sido un punto quiebre en mi vida. Después de esto, inicié un proceso de búsqueda conmigo misma. Para lograr un cierto tipo de reconciliación, porque quedaron muchas cosas pendientes con mi papá que hasta ahora me pesan.

Después del fallecimiento de mi papá, inició toda una  búsqueda de identidad, cultural y espiritual.  Eso me lleva a caminar, desde hace diez años, siguiendo los rastros de mis raíces, a conversar con abuelos y abuelas, conocer medicina y sabiduría de varios territorios..  En 2017 salió mi primer libro de poesía,Vibraciones, que se conecta con la espiritualidad, el cuidado de los territorios, la filosofía de los pueblos originarios y a partir de eso  se deriva  una posición política, hacer cuestionamientos al sistema.

Su poesía es muy política y habla mucho de las estructuras del movimiento indígena. ¿Cómo ha conseguido este movimiento imponerse como actor político en Ecuador durante tantos años?

Gracias a la resistencia de más de 539 años y con lucha organizada ha reclamado su actoría en la política del país, frente a la segregación están los referentes como; Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Manuela León, Fernando Daquilema que con su vida abrieron camino hacia los derechos que ha obtenido hoy el movimiento indígena. Esto no  apareció en 2019 o 2022, al contrario estos levantamientos son el resultado de décadas de organización principalmente de Conaie desde 1986.

El movimiento Indígena, abraza todas las luchas sociales y acompaña a estudiantes, obreros, maestros, médicos, campesinos  y a todos los sectores de la sociedad a los cuales se les vulnere sus derechos básicos.  Es el estado y las bases políticas son las que vulneran a diario a los pueblos. Mientras tanto son las nacionalidades que siempre mantienen firmes y presentes al movimiento indígena dentro de la política ecuatoriana y de Abya Yala. Mi poesía lo que hace es acompañar y sostener estás luchas.

Especialmente el presidente acutal, Guillermo Lasso, ha insultado regularmente a Leonidas Iza le ha amenazado, llamándole terrorista. ¿Cómo afecta eso a la gente?

Leónidas Iza, actual presidente de la Conaie es el vocero de los pueblos y nacionalidades. Si el gobierno de Lasso impone una carga de racismo y deslegitimación sobre su nombre, pues igualmente eso afecta igualmente a los runas, campesinos, empobrecidos, racializados y explotados históricamente.

La falta de entendimiento de cómo funciona el sistema comunitario, hace que Lasso vea a Leónidas Iza como un individuo frente a la toma de decisiones cuando no es así. Él es el vocero de un sujeto colectivo, que es la Conaie. 

Las acusaciones caprichosas del presidente le llevan al punto de la desesperación, asegurando que los levantamientos de 2019 y 2022 fueron financiados por el narcotráfico, que es inaudito. Los 12 días en octubre de 2019 y los 18 días de 2022 se sostuvieron con la Minka, con el Ayni y la solidaridad de toda la población. El neoliberalismo, el capitalismo jamás comprenderá estos sistemas.

Cuando tú hablas de condiciones que en estos momentos no hay, ¿cuáles serían las condiciones para mejorar la situación? 

En las elecciones del pasado 2020 desde Pachakutik llegó mucha gente que no es orgánica. Esas personas no responden a las decisiones colectivas, y finalmente la gente que llegó de esta forma a la asamblea nos traicionaron.  Necesitamos gente orgánica, que respete el proceso colectivo y responda como tal a las demandas y necesidades de los sectores populares del pais. Es urgente que suceda una depuración para que existan condiciones que nos permitan tener un candidato propio en siguientes elecciones.

El partido del ex presidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, vuelve a cobrar fuerza en la actualidad. Cómo ve esta situación y la candidatura de Luisa Gonzáles, que podría convertirse en la primera mujer presidenta de Ecuador?

Me viene a la memoria los diez años [la revolución ciudadana] hizo de todo para dividir al movimiento indígena. Sería importante tener una mujer presidenta, cómo resultado de una histórica lucha de igualdad, sin embargo ¿al servicio de quien o quienes va a estar ese gobierno? 

Volviendo a su poesía: ¿Cómo combina poesía y política?

Sostengo que la poesía no es mía. Solamente la estoy transcribiendo y publicando. La poesía se va construyendo a trazos, cómo piezas de un rompecabezas que es el sistema comunitario. La política está implícita pues el mi rol dentro de mi comunidad y pueblo es parte vital de mi cotidianidad, entonces no podría escribir de otras realidades a las que no me corresponda.

¿Qué le motiva a compartir su poesía con personas de todo el mundo?

Yo insisto en que el arte abre otros espacios. Los temas del estractivismo, derechos colectivos, filosofía de vida, cultura de los pueblos, se deben aplicar a un espectro, más allá de quienes ya estamos convencidos de esas luchas. Necesitamos hablar con  gente que desconoce de esas realidades , entonces la poesía busca llegar y conmover  

Al arte lo veo como herramienta,como insrumento aliado. Cuando tengamos eso claro habrá otro brazo en el movimiento Indígena, así como el electoral.

Un aliento de esperanza

El periodista comunitario Carlos Choc (Foto: Peace Brigades International)

El proceso penal en tu contra está abierto desde 2017, ¿cuál es la situación actual?
En aquel momento, fui acusado junto con otras once personas. Se trataba de mi investigación sobre el cambio de color del Lago de Izabal. Actualmente, cuatro de nosotros seguimos acusados. Los pescadores Tomás Che, Cristóbal Pop, Vicente Rax y yo. Esperamos que el caso se archive por falta de pruebas, ya que los cargos se basan en acusaciones falsas. Tengo que presentarme en la fiscalía local cada 30 días. Lo entiendo como una especie de medida de control que me impide permanecer en otro lugar durante más tiempo y que también me limita en mi trabajo.

En 2021 te demandaron por segunda vez.
Seguí trabajando a pesar de las circunstancias, como por ejemplo en el proyecto “Mining Secrets”, por eso el Estado intentó perseguirme legalmente una vez más. En octubre de 2021, estuve en una manifestación del Consejo Ancestral, que cubrí periodísticamente. La manifestación fue pacífica hasta que la policía agredió a las autoridades del Consejo Ancestral y también a mí. Luego les mismos policías sostuvieron que yo y otras once personas les habíamos agredido y nos denunciaron. En enero de 2022 se dictó una orden de detención contra nosotros. Cuando se publicó “Mining Secrets”, en marzo del mismo año, se iba a ejecutar la orden de detención contra mí. Eso fue muy estresante. En la vista judicial de septiembre de ese mismo año, mis abogados presentaron pruebas de que yo no había agredido a les policías: En un vídeo que mostramos en el tribunal, se puede ver que unes policías se me acercaron mientras yo estaba haciendo una transmisión en vivo. Me quitaron el móvil, me pegaron y me patearon. Recuerdo que cuando me acerqué a elles en el momento de la transmisión, les policías estaban a punto de sacar armas de fuego. Así que ya no iban a disparar gases lacrimógenos, al parecer iban a hacer lo mismo que en 2017 cuando le dispararon a Carlos Maaz. Cuando estaba discutiendo con un policía se acercó otro periodista y fotografió la situación. Eso seguramente evitó que pasara algo más grave.

¿Y qué pasó con la demanda en tu contra?
En la vista judicial de septiembre de 2022, mi abogada pidió a la fiscal los testimonios de los testigos en los que se basaban los cargos contra mí y en los que se mencionaban los nombres de los que supuestamente agredieron a les policías. Pero ni en las declaraciones leídas por la fiscal ni en el correspondiente expediente policial se mencionaban nombres. Así que se inventaron los nombres. Cuando mi abogada preguntó dónde estaban las declaraciones pertinentes en las que se mencionaría mi nombre, la fiscal respondió que ella había leído las declaraciones como se le había pedido. Esto es increíble, pero desgraciadamente posible en Guatemala. El juez Edgar Aníbal Arteaga, que también está designado en la otra causa penal en mi contra, estaba molesto porque no podía proceder contra mí como quería. El juicio duró como mucho ocho minutos y terminó con mi absolución por falta de pruebas, es decir, con la anulación de la orden de detención en mi contra.

Mencionaste el proyecto “Secretos mineros”. ¿De qué se trata?
El periodismo comunitario maya es mi pasión y trabajo en este campo por convicción. Para mí se trata del contenido. Estoy convencido de que mi trabajo contribuirá a hacer historia y que no sólo ayudará a un grupo o a mi comunidad, sino más allá. Como fue el caso de los proyectos “Secretos mineros” y “Sangre verde”.  “Sangre verde” se publicó en 2019 y trata sobre escándalos relacionados con el medio ambiente, la sangre verde por así decirlo. Cuenta cómo viven les periodistas que investigan la degradación medioambiental, especialmente en las industrias extractivas. Participaron periodistas de Tanzania, India y Guatemala. Estos periodistas recibieron amenazas, uno murió quemado y otro tuvo que exiliarse. Y mi historia en Guatemala fue que seguí haciendo mi trabajo en una situación de persecución legal, pero encubierto. Tenía un pie casi en la cárcel y el otro fuera. Seguí con mi trabajo porque es importante hablar, señalar las cosas y tener un impacto. Para que un reportaje sea creíble, hay que aportar pruebas para poder informar sobre temas difíciles. También es importante que las historias no se cuenten solo en un lugar y se queden ahí, sino que se difundan. Creo que la publicación de “Sangre verde” en el 2019 también ha ayudado a eludir la censura de los medios de comunicación sobre el tema.

El 25 de junio se celebraron elecciones en Guatemala. ¿Qué opina de los resultados de las elecciones?
Inicialmente, se supuso que habría disturbios en Izabal y en otros municipios (grandes comunidades). Esto se debe a que una gran parte de la población está insatisfecha con el sistema, con el gobierno actual y con el fraude electoral que ha sido evidente durante mucho tiempo. Esa es la opinión en los municipios. Porque primero la candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera, fue excluida del proceso electoral a través de denuncias en su contra, y luego siguieron otros. Cuando estuve en las comunidades, mucha gente dijo que querían anular su voto de la elección presidencial. Intenté explicarles que las papeletas nulas no nos ayudarían y animé a las personas a votar por la dignidad. Porque todavía había alternativas, como el partido socialdemócrata Semilla o la alianza de izquierdas de URNG y Winaq. Sin embargo, tenía claro que habría fraude electoral. Las elecciones se celebraron, pero con mucho resentimiento hacia el sistema por parte de la población. Luego, a medianoche, se publicaron los resultados preliminares de las elecciones. Sandra Torres, del partido UNE, quedó en primer lugar y el candidato de Semilla, en segundo. Desde ese momento, hay un aliento de esperanza, también de que los exiliados puedan regresar. Porque este candidato tiene carrera política y conocimiento político. Al mismo tiempo, es triste que el MLP quedara excluido del proceso electoral. Además, se quemaron papeletas de voto en tres municipios donde se habían producido desacuerdos durante las elecciones. La intención del Estado era defender los votos por el oficialismo, pero el pueblo salió a las calles contra esto, la gente se enfadó y empezó a organizarse. También se organizaron en la capital, intentando siempre que la protesta fuera pacífica. La gente protesta porque quiere que se respete su elección. Por fin obtuvimos el resultado que esperábamos, porque no podemos seguir así.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno?
Se siguió recurriendo a la policía y al ejército, por ejemplo, donde están las empresas que hacen minería, monocultivos y energía hidroeléctrica. En Alta Verapaz por ejemplo se desplegaron militares, la marina y la fuerza aérea. Las fuerzas armadas no están al servicio del pueblo ni protegen la vida de las personas, sino que protegen al oficialismo. Creo que las cosas están cambiando, pero que hace falta más. Creo que hay esperanza de que los jueces que fueron destituidos arbitrariamente y acusados de falsos delitos puedan volver. El 20 de agosto se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el 21 de agosto tendrá lugar nuestro juicio. Esperamos que se desestime el caso por falta de pruebas y que no se aplace la fecha.

LOS CHALECOS ANTIBALAS NO AYUDAN

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SAMUEL ARREGOCES
es uno de los muchos activistas sociales importantes en Colombia que viven bajo amenaza. Él organiza en el Departamento de La Guajira la resistencia de las comunidades afro y Wayuu contra el desplazamiento y la destrucción del medio ambiente a causa de la minería de carbón en la mina El Cerrejón (ver LN 545). El pueblo de Samuel Arregoces, Tabaco, fue destruido en 2005 por la empresa operadora de la mina junto con el Estado colombiano. Éstos borraron del mapa saberes, plantas, animales, arroyos y costumbres. Desde entonces ha estado apoyando otras comunidades en la lucha contra la minería y por el agua en la seca La Guajira. (Foto: Daniel Céspedes)


Durante muchos años ha sido amenazado por su compromiso político ¿cuándo empezó?
En el 2011 cuando hicimos una manifestación por la conmemoración de los 10 años del desplazamiento de Tabaco, recibí una llamada en la que me decían “recuerde que usted tiene familia”. Un año después siguieron las amenazas telefónicas y empecé a recibir mensajes de textos raros. En el 2016 se hicieron más intensas las amenazas, en el desalojo de la comunidad de Roche me llamaron para decirme que podía ser asesinado. Ese año también presenté la primera denuncia pública en la fiscalía. En otra ocasión, un vehículo me siguió hasta mi casa, y una vez una persona también lo hizo pero cuando mi hermana se dio cuenta, salió corriendo.

¿Qué ha hecho para hacer frente a las amenazas? ¿Qué garantías ha tenido?
Tomé precauciones. Entraba temprano a la casa, solo salía cuando tenía reuniones y por la nula respuesta de la fiscalía busqué ayuda en el Centro de Educación Popular y en una organización no-gubernamental que se llama “Somos defensores”. En el estudio de riesgo que hicieron estas organizaciones por los últimos incidentes, me aconsejaron salir de la Guajira, principalmente me recomendaron salir del país, pero si para mí es difícil salir del departamento, imagínese salir del país. Estuve un año fuera de La Guajira. Fue algo muy duro para mí. Salir de mi tierra como un delincuente, cuando los delincuentes se quedan aquí – además el estrés me generó un problema de salud y económicamente fue muy complicado. Tenía una beca por tres meses, otra por dos meses, pero los meses siguientes yo debía costear todo solo, con donaciones de algunos amigos en dinero y en alimentos. Pero yo no tenía trabajo. Por todo lo que yo hago en las comunidades no recibo ningún pago.

¿Recibió apoyo del Estado?
En mayo del 2018 llené un formulario en la UNP (Unidad Nacional de Protección) y me dieron respuesta en noviembre. Me dijeron que no tenía riesgo porque era un ciudadano común. Ese día me sentí muy mal porque me negaron que yo sea líder social. Apelé esa decisión y en marzo del 2019 me hicieron un estudio de riesgo y me respondieron en agosto que yo tenía riesgo extraordinario y que iban a implementar un esquema de seguridad: un botón de pánico, un chaleco antibalas y un celular. Pero yo siento que este esquema lo pone a uno más en riesgo, porque uno no pasa desapercibido con un chaleco antibalas y volví a apelar esta decisión. Tuvieron que hacer otro estudio de riesgo porque intentaron entrar en mi casa doblando las barillas de la ventana y una vecina vio cerca una moto extraña. De este estudio aún no he recibido respuesta.

¿Cómo es vivir con miedo constante?
Vivir con estas amenazas no es fácil, porque te cambia la vida. Vivir todos los días pensando que te pueden asesinar, o que le van a hacer daño a un familiar es traumático. Me tocó hacer una reunión familiar y entre todos nos endeudamos para comprar un carro y alguien de mi familia se prestó para andar conmigo, no tenemos ningún tipo de arma. No es el mejor mecanismo de seguridad, pero es lo mejor que pude implementar. Cada vez que salimos de la casa, no sabemos si vamos a regresar.

Vivir con miedo es difícil, pero llega un momento en que te decides. Estoy seguro que somos nosotros los que tenemos que cambiar esto. El gobierno nacional no va a cambiar el país, muchos de nosotros hemos tenido que dejar la vida en el barro. En este país neoliberal, extractivista, somos objetivo militar y ser líder social es un delito.

¿Tiene alguna idea de dónde provienen estas amenazas?
Yo no estoy seguro de dónde vienen las amenazas, pero de lo que sí estoy seguro es que lo único que hace Samuel Arregoces es denunciar a la empresa minera El Cerrejón y al Estado colombiano. ¿A quién más le puede incomodar lo que yo hago? Muchos líderes que hacen lo mismo que yo han sido asesinado, estas amenazas son sistemáticas.

“QUE SALGA O NO LA LEY NO IMPLICA QUE DEJEMOS DE HACER LO QUE HACEMOS”

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CECILIA BRAGA (izquierda) es psicóloga proveniente de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, e integrante de la colectiva feminista La Revuelta. Escribió su tesis de licenciatura sobre el aborto en Argentina y se contactó por este motivo por primera vez con La Revuelta. Desde enero del 2018 es parte de la colectiva y acompaña mujeres a abortar.

ROSA MALDONADO es enfermera. Radica en Barcelona, donde también milita por los derechos de la mujer en la agrupación feminista Mika y participa en colectivos sociales  por una Sanidad Universal y publica. Participó en Argentina como delegada sindical del hospital “Castro Rendon” y colaboro en el 2001 al 2004 con los trabajadores de la Fábrica Zanon, recuperada por sus trabajadores bajo control obrero.

 

El aborto en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, es ilegal. Ustedes acompañan a las mujeres que, a pesar de esa ilegalidad, deciden abortar. Sin embargo, hoy ustedes se presentan con nombre y apellido…

C.B.: Es una decisión. No nos escondemos.

R.M.: Nosotras sólo damos la información y acompañamos, no hace falta esconderse.

 

¿No tienen miedo?

C.B.: Nosotras siempre decimos que nuestro activismo socorrista es un activismo arriesgado: nosotras nos arriesgamos con las mujeres, estamos ahí y las acompañamos. No es arriesgado por la medicación, que es segura, sino porque estos abortos siguen siendo clandestinos. Las mujeres no fallecen por usar medicación; ellas fallecen por usar métodos inseguros.

 

Y ahí es donde entran ustedes en juego. ¿Cómo nace la red de Socorristas?

C.B.: Nosotras venimos de La Revuelta, una agrupación neuquina que existe desde el 2001. La Revuelta fue el primer grupo en implementar, en el 2010, el socorro rosa en Argentina. En el año 2013, se impulsó desde esta colectiva la creación de la Red Nacional Socorrista. La red creció, y en el año 2014 se hizo más visible: empezamos a tener más reuniones, incluso para semana santa. Desde entonces nos reunimos una vez al año en la llamada “Plenaria nacional”. Allí nos juntamos todas las „grupas“ de Argentina a debatir distintos temas. En este momento somos alrededor de 52.

 

Recién mencionaron el socorro rosa. ¿Qué es? ¿Cómo es el procedimiento?

C.B.: El socorro rosa es algo que tomamos de las compañeras de Francia; es uno de los dispositivos que tenemos para acompañar a las mujeres que desean abortar. Éste se divide en cuatro partes: la primera es cuando la mujer llama al teléfono. Tratamos de bajar mucho las ansiedades, de que sepan que las vamos a acompañar, que no van a estar solas, que tiene solución. De ahí pasamos al segundo momento, el del taller, donde nosotras les brindamos toda la información necesaria para abortar con medicamentos. La medicación, una combinación de Misoprostol y Mifepristona, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nosotras aplicamos el protocolo sacado de la OMS. A su vez, contamos con la ayuda de médicas y médicos. Una vez que les damos toda la información a las mujeres, llenamos una “protocola”, que es un acuerdo político que tenemos en toda la red de Socorristas. La “protocola” sirve para recolectar información de esas mujeres que nosotras acompañamos. El tercer momento es el del aborto en sí y el cuarto es el control médico. También tenemos lo que se llama Socorro violeta, que es para los casos de violencia.

Es importante aclarar que nosotras no sólo atendemos su llamada y ellas van a un taller donde le damos la información, sino que también las acompañamos telefónicamente en el momento del aborto. Hacemos una guardia según el momento en el que deciden abortar y estamos ahí con ellas.

 

Volvamos a ese segundo momento. ¿Quiénes están a cargo de los talleres?

C.B.: Las socorristas. Yo particularmente soy psicóloga, y la mayoría son docentes, trabajadoras sociales y del personal de salud, pero en realidad es un taller que lo puede dictar cualquier persona que conozca el procedimiento. Nosotras también les enseñamos a las mujeres que quieren acompañar, o sea, tenemos escuelas de socorristas.

El año pasado esta “marea verde” [Nota: el movimiento para la legalización del aborto, cuyo nombre se refiere al símbolo de los pañuelos verdes] un poco nos inundó, y pasamos a ser de 30 a 52 „grupas“ nuevas. Entonces se necesitó también plata para poder armar escuelas socorristas: hasta este momento, dictar los talleres implicaba viajar hacia distintos puntos del país, donde el aborto no llega. Porque está claro que hay mujeres que no pueden viajar 600 kilómetros para ir a un taller, obtener la información y enterarse cómo hacer todo. Era estratégico que haya escuelas socorristas para que hayan nuevas „grupas“.

 

Evidentemente, la demanda crece. ¿Con qué frecuencia se dictan los talleres?

C.B.: En el caso de Neuquén, que es una de las provincias que más acompaña, dictamos talleres todos los días, incluso hasta dos por día, y hacemos encuentros grupales de hasta 5 o 6 mujeres, o más. A veces hay que poner talleres extra porque explota el teléfono. Otras provincias que también acompañan mucho son, por ejemplo, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

 

¿Cómo llegan las mujeres a ustedes?

C.B.: Hay médicos y médicas amigables que dan nuestro dato. Esto es una contradicción, ya que en muchos casos ellos pueden garantizar una interrupción legal del embarazo [en caso de las dos causales: por violación y por problemas de salud] ¿Por qué dan entonces nuestro dato? Bueno, lo dan igual. Nosotras también acompañamos a esas mujeres. A veces le exigimos al sistema de salud, otras veces sabemos que no va a suceder y acompañamos nosotras. Además, particularmente hablando de Neuquén, empapelamos la ciudad. Después nos invitan a dar charlas a las escuelas. Y siempre estamos dando talleres. El año pasado fue impresionante la cantidad de talleres que dimos en escuelas.

 

En Argentina y Berlín: Por el aborto legal (Foto: Privada)

 

Qué contradición, ¿no? Por un lado el aborto es ilegal, por otro, ustedes dan charlas en instituciones estatales…

C.B.: Sí, por lo menos en Neuquén, el gobierno sabe de nosotras, sabe que existimos. En general nos invitan las escuelas para hablar de violencia. Pero el adolescente quiere saber. Ellas quieren saber qué hacemos, cómo acompañamos, así que damos información. Es impresionante cómo quieren hablar de eso. Y como hay muchos docentes que no aplican la ley de Educación Sexual Integral (ESI), los chicos tienen muchas dudas…

 

En Argentina la venta de Misoprostol en las farmacias exige receta y en teoría sólo puede ser obtenido para la realización de un aborto en los casos que contempla la ley (disp. 946-12/10/2018). ¿Ustedes cómo lo obtienen?

C.B.: A veces hay mujeres que lo consiguen por su cuenta y nos llaman diciendo: “tengo esto, ¿cómo se usa?” Porque ni siquiera los médicos, muchas veces, explican bien cómo es el protocolo. Pero no hay que olvidar que hay farmacias que no lo venden. Ni hablar del hecho de que con todo el movimiento del año pasado, esa “marea verde”, también surgieron los grupos de „salvemos las dos vidas“. En muchas farmacias ni siquiera te dan la pastilla del día después. Ellos dicen: “No, yo no te la doy, porque para mí es abortiva”. Nosotras hemos sabido generar alianzas y redes de cuidado con organizaciones feministas internacionales que colaboran con la tarea de facilitarles el medicamento a las mujeres.

R.M.: Hay denuncias de gente del servicio de ginecología porque no tienen Misoprostol ni siquiera para el uso legal, es decir, bajo las dos causales. Cuando decimos que hay un Estado ausente, que abandona a la mujer, también lo es en las dos causales. Las “niñas madres” son un ejemplo de cómo se han saltado las dos causales. Otro ejemplo es de hace aproximadamente quince días: el caso del médico de Cipoletti, que atendió a una joven violada. [El médico Leandro Rodríguez Lastra fue acusado de haber detenido el proceso de un aborto legal. Según la fiscalía, le aplicó un medicamento a una joven violada para revertir el proceso ya iniciado. Luego de la intervención, la victima fue internada contra su voluntad durante más de dos meses. El 21 de mayo Rodríguez Lastra fue declarado culpable].

Es importante recalcar que en este marco de la ilegalidad se favorece el mercado negro. No solamente de la medicación sino de la práctica del aborto. Hay médicos que cobran por hacer un aborto.

 

Ustedes hablaron de un relevamiento de datos de las mujeres a las que acompañan. ¿Se lleva a cabo algún tipo de procesamiento de esa información obtenida?

C.B.: Sí, hacemos una sistematización que se encuentra en la página de la red. Sacamos estadísticas y cruzamos datos. Esa información la utilizamos para ir derribando mitos: por ejemplo, muchas practican algún tipo de religión y abortan igual. Todos estos datos los llevamos por ejemplo al Congreso cuando se debatió el aborto legal en Argentina en 2018.

 

Crearon una estructura que de algún modo hay que sostener. ¿Tienen algún tipo de financiación? ¿De dónde salen los recursos?

R.M.: Se sostiene con distintos proyectos. En Barcelona, por ejemplo, presentamos un proyecto a la fundación Calala para apoyar el trabajo que hacen las Socorristas y la difusión de la información. Y en el caso de las compañeras de Neuquén, colaboran el fondo María, de México, junto con otras organizaciones.

C.B.: Las que están hace más tiempo nos cuentan que organizar un encuentro e ir hasta Córdoba, por ejemplo, que está en el centro del país, era con plata de ellas. Una ponía el auto y dividían la nafta. Hoy podemos alquilar un colectivo y viajar todas juntas, poniendo una parte o capaz nada. Eso se sostiene con proyectos.

 

Ahora ustedes están buscando armar un grupo de Socorristas en Berlin. ¿Con qué objetivo?

R.M.: Nuestro fin con el contacto en Berlin es un poco la búsqueda de solidaridad con nuestra causa. Acá intentaremos buscar soporte para nuestra red, para las mujeres que están difundiendo en las redes sociales o atrás del teléfono o acompañando. Por otro lado, tenemos otro tema, que es el de las ecografías. Nosotras les pedimos a las mujeres que quieran abortar que se hagan un control antes, una ecografía previa al aborto, para ver de cuantas semanas están, y una después, como control post-aborto. El tema es que hoy en día muchísimas mujeres no tienen obra social [seguro de salud] y tienen que ir a los hospitales públicos, que están sobrepasados por la situación de crisis que está viviendo el país, y no consiguen un turno para la ecografía, o les dan uno para un mes más tarde. Y este es un tema delicado, porque no es lo mismo abortar con unas semanas que hacerlo después del primer trimestre.

Nosotras decidimos traer la propuesta a Berlin con el fin de conseguir apoyo para comprar cuatro ecógrafos que puedan ser instalados en distintos puntos del país donde se acompañan más abortos. Para que las mujeres más necesitadas, sin obra social, puedan acceder a una ecografía tanto pre- como post-aborto. Esto empezamos a charlarlo en Barcelona. Pero lo traemos como propuesta a las distintas “colectivas”, a ver si hacemos una actividad para conseguirlo.

 

Millones de mujeres estamos esperando que se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). ¿Cuál es el futuro de las socorristas si esto finalmente ocurriese?

C.B.: Que salga o no la ley no implica que dejemos de hacer lo que hacemos. Una mujer que puede ir a un centro de salud a hacerse un aborto a veces nos dice: no, yo prefiero ir con ustedes. Porque saben que el acompañamiento es cuidado, que estamos ahí, que es acompañado, que no van a estar solas. Es otro tipo de acompañamiento; un acompañamiento que, como nos gusta decir a nosotras, es un acompañamiento feminista.

 

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