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¿Cómo es la situación actual de las desapariciones forzadas en América Latina?
Graciela Martínez (GM): La desaparición forzada es una grave violación de los derechos humanos que se produce en América Latina desde hace décadas. Puede que este fenómeno no sea tan visible internacionalmente cuando pasa en nuestra región, pero sigue ocurriendo. A nosotros como a Amnistía Internacional nos parecía importante tratar este tema, y por eso el año pasado lanzamos la campaña Buscar sin Miedo. Esta pretende apoyar a las mujeres que buscan a personas desaparecidas forzadamente en las Américas para que puedan realizar su labor sin temor a represalias y con dignidad. Nos hemos enfocado principalmente en México y Colombia. Eso no significa que esto no suceda en otros países latinoamericanos, pero nos parecen dos países bastante emblemáticos para dar un ejemplo de las situaciones que viven estas personas.
¿Cómo es particularmente en México y Colombia?
Mariano Machain (MM): Las desapariciones de México comenzaron en las décadas del 60, 70 y 80 con la represión de movimientos disidentes. A partir del 2006, con la fuerte militarización de la seguridad pública y la llamada guerra contra el narcotráfico, las desapariciones empezaron a subir muchísimo. Hoy en día existen oficialmente al menos 120 mil personas desaparecidas o no localizadas en México y alrededor de 10.000 nuevos casos cada año. Estas son solo las cifras oficiales; hay indicios de que el número real es mayor. Al mismo tiempo, existen solamente 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada y más de 72 mil personas fallecidas no identificadas en los servicios forenses mexicanos.
GM: En Colombia es también un tema que persiste, que sigue sucediendo, a pesar de que se ha firmado un acuerdo de paz.
¿Por qué desaparecen tantas personas? ¿Qué factores contribuyen a esta situación?
MM: En el pasado la represión política era el principal factor estructural detrás de las desapariciones. Periodistas y defensores de los derechos humanos siguen siendo asesinados y silenciados mediante desapariciones forzadas, pero eso afortunadamente ha bajado muchísimo. Lo que ha subido mucho es el caos de la seguridad pública y las políticas que apuntan a la militarización del país. Muchas personas pueden sufrir desaparición forzada por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Por supuesto, hay fuertes células o agrupaciones de crimen organizado que tienen los medios, las armas y la logística para desaparecer gente por sí solas, eso es posible, pero en nuestra experiencia la gran mayoría de estos casos tiene algún elemento de colusión y complicidad estatal.
GM: Un aspecto que es muy importante que señalamos en el informe, tiene que ver con la impunidad. Esta es una constante y en general hay pocos avances en la investigación de las desapariciones. Es decir, si no hay castigo a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, no hay forma de que se puedan parar.
¿Quiénes son las personas que buscan y a qué peligros se exponen?
MM: Las personas que se organizan para buscar son 99% mujeres y están sufriendo ataques por esta labor. Cada vez es más peligroso buscar. Tenemos registradas desde el 2019 14 personas asesinadas por buscar, de las cuales 9 son mujeres.
GM: Las mujeres buscadoras en la región han jugado un papel histórico. Ellas asumen las tareas que el Estado no está llevando a cabo. Además de la desaparición forzada como violación a los derechos humanos, se producen otro tipo de violaciones asociadas a la búsqueda: se producen ataques que van desde la estigmatización, el robo de información e incluso pueden llegar a la desaparición de las mujeres buscadoras y de sus familiares. Ellas no reciben la protección que necesitan y a menudo destinan muchos de sus muy escasos recursos económicos para la búsqueda.
El 15 y 16 de enero se llevó a cabo en Ginebra el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas. ¿Qué se discutió ahí?
MM: El congreso reunió un amplio conjunto de actores: colectivos de víctimas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de más de 80 países, las comisiones de Derechos Humanos de las Américas, las comisiones Interamericana y Africana de Derechos Humanos, y los diferentes organismos de Naciones Unidas que trabajan en el tema de las desapariciones forzadas. Su objetivo era ver qué se puede hacer a nivel internacional para que este tema se vuelva una prioridad de una amplia gama de gobiernos, entre estos el alemán y el mexicano.
En concreto, el congreso llegó a seis principales conclusiones y puntos de acción. Un punto importante, por ejemplo, habla de fortalecer las conexiones entre mujeres buscadoras en todo el mundo. Otro compromiso mundial es fortalecer a la sociedad civil para fortalecer la conexión entre diferentes organizaciones de base, las familias y la ONU. A nivel latinoamericano es importante crear una red de solidaridad y apoyo entre organizaciones de familiares y organizaciones civiles para impulsar acciones conjuntas.
¿Qué importancia tienen los foros internacionales, por ejemplo como al que asistieron en Ginebra y este actualmente en Berlín, en el avance de políticas públicas sobre las desapariciones forzadas?
GM: Estos espacios son muy buenos para compartir los avances que hay en cada uno de los países. Por ejemplo, Andrea Torres de la Fundación Nydia Erika Bautista compartió en Ginebra su experiencia con la Ley de Mujeres Buscadoras que se aprobó en Colombia el año pasado. Esto permite que otras mujeres buscadoras en otros países conozcan de esta ley, que es única en la actualidad, y así avanzar en sus esfuerzos por sus derechos.
MM: Nos interesa movilizar a la sociedad y al gobierno alemán para que le planteen al gobierno mexicano que no se puede ser un socio comercial de primer nivel de Alemania y al mismo tolerar violaciones a los derechos humanos. Ser amigos y socios implica tener los mismos valores y luchar por las mismas causas, es decir, no permitir violaciones a los derechos humanos de manera generalizada.
Juan Carlos y Andrea, miembros de su familia han sufrido desapariciones forzadas. ¿Pueden contarnos más al respecto?
Juan Carlos Lozada (JCL): Soy hijo de Juan Carlos Lozada Mahuem, quien desapareció en el año 2009 en el estado de Hidalgo, México. A partir de su desaparición tuve que luchar para encontrarlo. Mi papá desapareció hace 15 años… La mayoría de las búsqueda fueron iniciadas por nuestras abuelas o nuestras madres, pero ahora estamos en este cambio generacional y a los hijos y a las hijas nos toca seguir lo que nuestras madres iniciaron.
Andrea Bautista (AB): Soy sobrina de Nydia Erika Bautista, quien fue desaparecida forzadamente por el Ejército de Colombia el 30 de agosto de 1987. Fui testigo de su detención el día de mi primera comunión. Desde el momento que fue desaparecida mi familia se dedicó a la labor de buscarla, a hacer la denuncia por lo que le había ocurrido.
¿Cómo es su activismo actualmente? ¿Cuáles son sus objetivos?
JCL: Yo fundé el colectivo Juntos por Hidalgo. Cuando desapareció mi papá no existía en México ningún mecanismo de protección física y jurídica para los familiares de personas desaparecidas. No existía ninguna institución para la búsqueda, investigación e identificación especializada en el tema de desaparición. Entonces las familias nos empezamos a juntar para hacer incidencia en los ámbitos políticos, para llamar a las instituciones a impulsar estas políticas públicas en materia de desaparición, y para luchar por una ley general en materia de desaparición forzada para las familias y por una declaratoria de ausencia especial. Lo que hacemos en Juntos por Hidalgo es luchar por los temas de identificación y por leyes que nos protejan en nuestra búsqueda.
AB: Soy abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista. Mi madre la fundó con un premio de derechos humanos que ganó en Alemania. Como ella estaba en el exilio, su trabajo desde la fundación consistía en brindar acompañamiento humanitario a las familias y ayudarles con cubrir sus necesidades básicas, ya que uno de los impactos más graves de la desaparición es el empobrecimiento. Con la fundación instalada en Colombia después de su regreso al país, empezamos un trabajo más amplio de acompañamiento jurídico a los diferentes casos que acompañamos, así como también de lobbying frente a diferentes instituciones y al estado para promover políticas públicas en prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. Creamos también una escuela de liderazgo en la que involucramos a las familias que acompañamos y hacemos varias labores de capacitación para el empoderamiento.
¿Hay algún progreso en particular del que estén muy orgullosos?
JCL: El gran logro es haber redactado la ley de desaparición en el estado de Hidalgo. Para nosotros fue un gran avance porque la ley mandata distintos mecanismos y herramientas que facilitan la búsqueda de las personas desaparecidas.
AB: Hemos tenido participación en la creación de todas las leyes que hay en Colombia para la prevención y atención de la desaparición forzada, desde la ley 589 del 2000 de tipificación hasta la reciente ley de mujeres buscadoras, aprobada en 2024. Esta ley al comienzo recibió mucha resistencia por parte del gobierno y por eso buscamos el apoyo internacional; así logramos posicionar el tema en la agenda política. Ahora estamos iniciando el proceso de implementación de esta ley, que es el reto más fuerte que tenemos en Colombia.
¿Cómo se puede apoyar y proteger mejor a lxs buscadorxs en su peligrosa tarea? ¿Cuáles son sus deseos para el futuro?
JCL: Nosotros lo que más necesitamos de México es voluntad política, porque las herramientas ya están. Países como Alemania nos pueden ayudar demasiado porque uno de nuestros grandes se dio precisamente gracias a la cooperación internacional.
AB: El deseo es que se erradiquen las desapariciones forzadas. En este momento tenemos un incremento de esta problemática, con el agravante de que la mayor parte de desaparecidos recientes son jóvenes y niños. Es el futuro de Colombia el que está desapareciendo. Y a pesar de los altos niveles de impunidad que se tienen en Colombia, soñamos con que la justicia ordinaria y los nuevos tribunales transicionales que fueron creados mediante el acuerdo de paz investiguen de manera eficiente, diligente y sancionen a los responsables.