LOS CHALECOS ANTIBALAS NO AYUDAN

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SAMUEL ARREGOCES
es uno de los muchos activistas sociales importantes en Colombia que viven bajo amenaza. Él organiza en el Departamento de La Guajira la resistencia de las comunidades afro y Wayuu contra el desplazamiento y la destrucción del medio ambiente a causa de la minería de carbón en la mina El Cerrejón (ver LN 545). El pueblo de Samuel Arregoces, Tabaco, fue destruido en 2005 por la empresa operadora de la mina junto con el Estado colombiano. Éstos borraron del mapa saberes, plantas, animales, arroyos y costumbres. Desde entonces ha estado apoyando otras comunidades en la lucha contra la minería y por el agua en la seca La Guajira.

(Foto: Daniel Céspedes)


Durante muchos años ha sido amenazado por su compromiso político ¿cuándo empezó?

En el 2011 cuando hicimos una manifestación por la conmemoración de los 10 años del desplazamiento de Tabaco, recibí una llamada en la que me decían “recuerde que usted tiene familia”. Un año después siguieron las amenazas telefónicas y empecé a recibir mensajes de textos raros. En el 2016 se hicieron más intensas las amenazas, en el desalojo de la comunidad de Roche me llamaron para decirme que podía ser asesinado. Ese año también presenté la primera denuncia pública en la fiscalía. En otra ocasión, un vehículo me siguió hasta mi casa, y una vez una persona también lo hizo pero cuando mi hermana se dio cuenta, salió corriendo.

¿Qué ha hecho para hacer frente a las amenazas? ¿Qué garantías ha tenido?

Tomé precauciones. Entraba temprano a la casa, solo salía cuando tenía reuniones y por la nula respuesta de la fiscalía busqué ayuda en el Centro de Educación Popular y en una organización no-gubernamental que se llama “Somos defensores”. En el estudio de riesgo que hicieron estas organizaciones por los últimos incidentes, me aconsejaron salir de la Guajira, principalmente me recomendaron salir del país, pero si para mí es difícil salir del departamento, imagínese salir del país. Estuve un año fuera de La Guajira. Fue algo muy duro para mí. Salir de mi tierra como un delincuente, cuando los delincuentes se quedan aquí – además el estrés me generó un problema de salud y económicamente fue muy complicado. Tenía una beca por tres meses, otra por dos meses, pero los meses siguientes yo debía costear todo solo, con donaciones de algunos amigos en dinero y en alimentos. Pero yo no tenía trabajo. Por todo lo que yo hago en las comunidades no recibo ningún pago.

¿Recibió apoyo del Estado?

En mayo del 2018 llené un formulario en la UNP (Unidad Nacional de Protección) y me dieron respuesta en noviembre. Me dijeron que no tenía riesgo porque era un ciudadano común. Ese día me sentí muy mal porque me negaron que yo sea líder social. Apelé esa decisión y en marzo del 2019 me hicieron un estudio de riesgo y me respondieron en agosto que yo tenía riesgo extraordinario y que iban a implementar un esquema de seguridad: un botón de pánico, un chaleco antibalas y un celular. Pero yo siento que este esquema lo pone a uno más en riesgo, porque uno no pasa desapercibido con un chaleco antibalas y volví a apelar esta decisión. Tuvieron que hacer otro estudio de riesgo porque intentaron entrar en mi casa doblando las barillas de la ventana y una vecina vio cerca una moto extraña. De este estudio aún no he recibido respuesta.

¿Cómo es vivir con miedo constante?

Vivir con estas amenazas no es fácil, porque te cambia la vida. Vivir todos los días pensando que te pueden asesinar, o que le van a hacer daño a un familiar es traumático. Me tocó hacer una reunión familiar y entre todos nos endeudamos para comprar un carro y alguien de mi familia se prestó para andar conmigo, no tenemos ningún tipo de arma. No es el mejor mecanismo de seguridad, pero es lo mejor que pude implementar. Cada vez que salimos de la casa, no sabemos si vamos a regresar.
Vivir con miedo es difícil, pero llega un momento en que te decides. Estoy seguro que somos nosotros los que tenemos que cambiar esto. El gobierno nacional no va a cambiar el país, muchos de nosotros hemos tenido que dejar la vida en el barro. En este país neoliberal, extractivista, somos objetivo militar y ser líder social es un delito.

¿Tiene alguna idea de dónde provienen estas amenazas?

Yo no estoy seguro de dónde vienen las amenazas, pero de lo que sí estoy seguro es que lo único que hace Samuel Arregoces es denunciar a la empresa minera El Cerrejón y al Estado colombiano. ¿A quién más le puede incomodar lo que yo hago? Muchos líderes que hacen lo mismo que yo han sido asesinado, estas amenazas son sistemáticas.

¿POR QUÉ VIVIMOS EN EL PARAÍSO?

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Memo fue comandante de la primera época de la Guardia Comunal de Ostula, es decir desde junio de 2009. Desde entonces ha cobrado una conciencia clara de lo importante que es el territorio para la comunidad. Él ha sido testigo de cómo varios de sus compañeros de la Guardia han sido desaparecidos por los Caballeros Templarios.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, fundada en 1531, se encuentra en la zona costera de Michoacán, dentro del municipio más grande de la zona, y posiblemente, uno de los más ricos en recursos naturales. Invasores, el crimen organizado y diversos partidos políticos impidieron desde comienzos del siglo XX el uso de estas tierras. Durante muchas décadas –por lo menos desde 1964– ha luchado la comunidad por su restitución (1,200 hectáreas de tierras listas para cultivos diversos).

Pedro vive en Xayacalan, construyó su casa junto con su esposa Baudelia, los dos eran muy buenos amigos de don Trino, uno de los luchadores más tenaces contra el doble poder, aquel que es político y criminal al mismo tiempo.
A partir de una resolución presidencial emitida en 1964, la comunidad encuentra el camino legal para demostrar que tiene la facultad y el derecho de ocupar las tierras en disputa; sin embargo, ni los tribunales agrarios ni las autoridades competentes reconocieron este derecho legitimando la presencia de población invasora. Esta misma ha constituido el poder político local a través del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y en fechas recientes el poder del crimen organizado, particularmente a través del grupo conocido como Caballeros Templarios.

Doña Juana mira con desconfianza el hecho fotográfico, lo que la ensayista mexicana Marina Azahua llama retrato involuntario. Pero lo hace también con curiosidad, tal vez preguntando si estas fotografías podrán capturar libremente la historia de su comunidad, la cual es una historia de fortaleza a pesar de lo doloroso que es el miedo y la muerte.

Recién en 2009 logra la comunidad consolidar las condiciones políticas y organizativas necesarias para llevar a cabo la recuperación de sus tierras por la vía de los hechos. Desde entonces, aquellos que codician estas hectáreas (políticos y criminales) desarrollaron una ofensiva violenta contra la comunidad. El resultado fueron 34 asesinados y 6 desaparecidos, además de una férrea resistencia y una experiencia de lucha que hoy es la base fundamental para mantenerse unificados como comunidad.

Felipa y Rosendo sonríen frente a una cámara que trata de retratar la tranquilidad en la que viven, lo mucho que les gusta trabajar la madera y la palma para mantener una tradición: tejer equipales, una suerte de pequeños bancos que son parte del moviliario tradicional de la comunidad. Durante los años violentos este trabajo no se llevó a cabo porque la presencia del crimen organizado prohibió esta actividad.

Tras una ofensiva contra el crimen organizado y contra la corrupción institucional a comienzos de 2014 la comunidad de Santa María Ostula logró organizar a su Guardia Comunal para proteger a las y los habitantes de este lugar. Para ello se basaron en las atribuciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por México a comienzos de los años 90 y elevado a nivel constitucional en 2011.
Mineras, proyectos carreteros y turísticos también amenazan con destruir el medio ambiente. La presencia cercana de la minera Las Encinas, del corporativo italo-argentino Ternium, representa una presión constante para la comunidad indígena, ya que la empresa minera intenta en la actualidad ampliar los terrenos de uso y tomar tierras comunales a cualquier costo.

Trueno es un comunero que ha luchado mucho para que su comunidad mantenga su territorio sin la presencia del crimen organizado. Ha participado en todas las iniciativas de la Ostula desde que en 2009 se recuperaron 1,250 hectáreas que ahora son fuente de cultivos y lugar de vivienda, una de ellas la de Trueno.

Por otro lado, el reciente acuerdo entre el gobierno estatal de Silvano Aureoles y el empresario indio Lakshmi N. Mittal, pone en riesgo la seguridad de la biodiversidad de toda la región sierra-costa michoacana y la estabilidad de las comunidades. El trato firmado consiste en el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y en el desarrollo minero en los casi 300 km de costa.

Ariana sostiene a su pequeña hija en la plenitud de su cocina y es posible notar que la mañana se instala lentamente al calor del fogón. Diez años después de una recuperación de tierras que trajo consigo una ofensiva criminal, que dejó a 38 personas entre desaparecidas y asesinadas, la comunidad se mantiene firme, unida y fuerte, reconstruyendo la vida cotidiana.

Tres condicionantes le puso el empresario y sexto hombre más rico del mundo al gobierno michoacano: la limpieza del crimen organizado, las certezas jurídicas para el uso de las tierras y la no existencia de oposición, ni indígena ni ambiental. Lo anterior tan sólo es el aviso de un desastre ecológico, social y cultural que se puede atender antes de que ocurra.

Todos participan Poco a poco las mujeres jóvenes van cobrando un papel decisivo en la participación política al interior de la comunidad. Su papel de sostén y de cuidado de las familias que luchan por la defensa del territorio, se ha traducido en una transformación a un sujeto social más activo, una herencia que tienen las nuevas generaciones.

A pesar de esta compleja situación, la comunidad nahua se mantiene como un fuerte punto de referencia en la resistencia, contra el crimen organizado y contra los megaproyectos en la búsqueda de una vida en tranquilidad y en total convivencia con el medio ambiente.
En la actualidad, Santa María Ostula también se encuentra consolidando la seguridad de su territorio y respaldando a otras comunidades vecinas para que la región de la sierra-costa sea productiva y pacífica.
En las hectáreas recuperadas, Ostula fundó la población de Xayacalan, lugar donde ahora se siembra papaya, jamaica, melón, tamarindo y maíz, en lugar de marihuana y amapola, o bien, fosas clandestinas, como hacía el crimen organizado.

 

“NINGUNO DE LOS DOS TIENE LEGITIMIDAD POLÍTICA”

EDGARDO LANDER
estudió sociología en Harvard y es profesor emérito en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es uno de los más famosos intelectuales de izquierda en Venezuela y  crítico defensor del proceso bolivariano. Sus temas son entre otros la crítica del eurocentrismo, los movimientos sociales y el neo-extractivismo en Latinoamérica.

Foto: Tilman Vogler


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Desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino el 23 de enero ha estado intentado llegar a la fuerza al poder. Ahora, los dos, tanto el Presidente Maduro y Juan Guaidó, dicen ser legítimos. En su opinión, ¿goza alguno de los dos de legitimidad?

Yo creo que no, ninguno de los dos. Desde las elecciones parlamentarias del año 2015 cuando el gobierno actual perdió muy fuertemente, claramente, se decidió preservar el poder a como diera lugar. Hay realmente una ruptura del orden constitucional muy clara. Hasta el 2015 habían habido elecciones libres, había un proceso electoral extraordinariamente transparente con un sistema electoral, con todo una infraestructura tecnológica electoral, prácticamente a prueba de trampas. Ya cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente se lo hace violando las normas constitucionales porque no se le preguntó a la población si quería derogar la Constitución del año 99. Cuando se nombra una Asamblea Nacional Constituyente cien por ciento del gobierno esta Asamblea se autoproclama una Asamblea Plenipotenciaria, es decir, supraconstitucional, o sea, una Asamblea todo poderosa sin contrapeso alguno, lo que implica la derogación de la constitución del 99. No hay nada que esa Asamblea pudiese hacer que fuera anticonstitucional porque se había asumido como supraconstitucional. Entonces, ya a partir de ese momento no hay Constitución.

Efectivamente hay un gobierno que viene violando paso a paso las elecciones de una forma ya muy sistemática desde el 2015 y cerrando todos los canales posibles de consulta de la población en Venezuela. Por otro lado, con respecto a la postura de Guaidó hay razones también para rechazarlo como una salida viable. Este proyecto de cambio de régimen es un proyecto que está diseñado desde afuera. El sector más de derecha, la actual oposición, en este caso dirigido por Voluntad Popular, supone que el gobierno es un gobierno que está a punto de caer y que para eso sólo hace falta un empujoncito final. Esto efectivamente no es lo que está ocurriendo. La derecha tiene un desconocimiento muy grande de la realidad venezolana. No ven que la mayoría de la Fuerzas Armadas Venezolanas continua apoyando a Maduro y el hecho de que a pesar de que el apoyo popular chavista al gobierno hoy es muy inferior a lo que fue en épocas anteriores, éste, sin embargo, sigue existiendo.

 

Desde el 7 de marzo comenzaron una serie de apagones de luz en todo el país. El gobierno acusa a la oposición y a los Estados Unidos de sabotaje. Por otro lado, la oposición los explica por el mal mantenimiento, descuido y corrupción del gobierno. ¿Qué piensa Usted de estas explicaciones y de las acusaciones mutuas?

En Venezuela la sociedad está tan polarizada, que parecen dos mundos divididos que se retroalimentan y, a la vez, se cierran sobre sí mismo. Cada uno de los sectores vive en su propio mundo con una interpretación de una realidad propia. Entonces, eso hace extremadamente difícil el abordar un asunto tan crítico para la sociedad venezolana como es la crisis eléctrica porque no es solo un asunto de interpretación sino un asunto de los datos mismos.

Durante ya varios años el sistema eléctrico venezolano vive un proceso de franco deterioro. Esto tiene que ver en primer lugar con la corrupción y el nombramiento de militares como jefes de la Empresa Eléctrica, quienes no tienen competencias en el ámbito. Pero, por otra parte, uno también puede suponer que hay un interés claro en aprovechar la situación para generarle dificultades al gobierno, y un sistema eléctrico tan precario es muy fácil de sabotear. Yo por eso no descartó que en algunos de los últimos acontecimientos haya habido saboteo, pero en todo caso, el saboteo se ha dado sobre la precariedad del sistema.

 

¿Cómo ve Usted que la polarización política afecta a los venezolanos?

El tejido social de la sociedad venezolana se ha descompuesto de una forma dramática durante estos años. Hay familias que se han roto como familia, que no pueden convivir como tales. En mi experiencia, por ejemplo, en la vida universitaria, equipos de investigación y colectivos de trabajo que durante muchos años venían trabajando juntos, han llegado al punto de perder la capacidad de trabajar conjuntamente por los enfrentamientos políticos, se ha generado una desconfianza mutua.

 

Usted pertenece junto con otros activistxs, académicxs y exministrxs del Presidente Chavez a La Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es su propuesta como salida a la crisis?

En el contexto actual, nos encontramos, por un lado, con un gobierno que intenta mantenerse en el poder sin importarle a qué precio, usando para ello la represión sistemáticamente y, por otro lado, con la opción de una salida violenta con apoyo militar de parte de los Estados Unidos, sumado a los bloqueos económico. En este momento se está manejando una lógica de amigo-enemigo, dos fuerzas que se oponen e intentan eliminarse entre sí. Por eso, desde la plataforma pensamos que evitar la guerra requiere necesariamente algún acuerdo político. Un acuerdo político que busque una salida que sea democrática, pacífica, electoral y constitucional, lo más cercano que existe es la oportunidad de un referéndum consultivo.

Desde la plataforma pensamos que en lugar de esta lógica de amigo-enemigo y de este intento de eliminar al otro, es necesario partir del reconocimiento del otro. Este reconocimiento implica la aceptación de la existencia del otro, implica reconocer que el otro también tiene intereses, también tiene la necesidad de sobrevivir. Es también reconocer la posibilidad de un referéndum en el que se plantee la pregunta sobre una posible renovación de todos los cargos nacionales. Esto significarían elecciones presidenciales, elecciones para la Asamblea Nacional con el nombramiento, entonces, de un Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que permitan reordenar el juego político y en esas nuevas condiciones, hacer esas nuevas elecciones.

Una salida negociada puede ofrecer al gobierno la posibilidad de una continuidad del proyecto político bolivariano a futuro. Algo, que sería muy difícil si se mantiene esta lógica en la que el cambio de régimen se da a través de la eliminación de una de las partes.

 

¿Qué piensa Usted del rol de la Unión Europea?
A través del reconocimiento de Guaidó por la mayoría de los países de la Unión Europea, lejos de empujar hacia una salida negociada, se están creando obstáculos aún más severos para un posible acuerdo. Están envalentonando a la gente que se organiza en torno a Guaidó, porque con este reconocimiento le otorgan el apoyo internacional para considerar a Guaidó y a los que lo acompañan como gobierno legítimo. Por otra parte, el gobierno de Maduro sigue contando con un apoyo fuerte. No solo el apoyo de China y Rusia, sino que sigue contando con el control de las instituciones del estado y con las Fuerzas Armadas, así como con una militancia chavista que sigue siendo activa, fuerte y con capacidad de movilización. Entonces, estos países que reconocen a Guadió ponen el énfasis en la salida inmediata de Maduro. Con esto hacen mucho daño, porque dificultan cualquier posibilidad de negociación.

 

La Plataforma también se reunió con Juan Guaidó, ¿con qué fin?

Estos dos sectores están representados institucionalmente por un lado el presidente de la República y por otro la Asamblea Nacional. Las políticas de estos dos sectores son las que están generando esta amenaza de guerra. Decidimos plantearle a ambas partes la propuesta del Referéndum llamándoles la atención sobre la responsabilidad que ambos sectores tienen con respecto a la forma en la que están conduciendo estas políticas.

Decidimos pedir una reunión con Guaidó y Maduro por separado. Tuvimos la reunión con Guaidó que fue interpretada por mucha gente de la izquierda, sobre todo de la izquierda fuera de Venezuela, como una especie de reconocimiento de Guaidó. Nosotros nos reunimos con él por su posición como presidente de la Asamblea Nacional pero no en tanto presidente de la República. Esto lo dijimos públicamente.

Igualmente presentamos una carta solicitando la entrevista con Maduro. Durante tres días seguidos llevamos la carta a Miraflores, las tres veces, ¡se negaron incluso a recibir la carta! Ésta es la disposición que tienen para dialogar.

 

En febrero del 2016 fue creado el Arco Minero del Orinoco, una zona de casi ciento doce mil kilómetros cuadrados para la explotación minera. ¿Qué se encuentra detrás de este proyecto?

Como consecuencia de la baja del precio del Petróleo, en primer lugar, y del progresivo colapso del nivel de producción, en segundo lugar, el gobierno venezolano en vez de reconocer el fin de la era del rentismo y buscar otras rutas, otras direcciones de la economía, optó por un nuevo rentismo, el rentismo minero. En esta zona del arco minero hay inmensas reservas de minerales de todo tipo: hierro, aluminio, coltán, tierras raras, minerales radioactivos y sobre todo oro. Entonces el gobierno decidió que esto era como el nuevo “El Dorado” y que era posible sustituir la baja del ingreso petrolero por grandes ingresos a través de esta vía. Ya durante los últimos diez años anteriores, más o menos, ha habido un incremento de la minería ilegal, irregular, en esta zona minera en pequeña escala, la cual había hecho mucho daño ambiental. El uso de mercurio y la devastación ecológica también impactó sobre los pueblos indígenas de la zona. Y ahora el gobierno se decide a convertir esto a gran escala con la participación de empresas transnacionales.

La participación de las transnacionales en este proyecto ha sido bastante limitada. Y esto no por las condiciones que ofrece el gobierno, sino por el hecho de que hay una extrema inseguridad jurídica. En primer lugar, porque todo esto representa una violación de la constitución: de la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley Laboral, las Leyes Ambientales, y, en segundo lugar, por la inestabilidad política del país obviamente.

 

¿Considera que la creación de esta zona económica especial está en contradicción con la política oficial del Gobierno?

Hay una contradicción muy fuerte entre el contenido de la constitución y lo que efectivamente es la política que está llevando a cabo en el gobierno. Las condiciones con la que se creó el Arco Minero, así como la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de protección de la inversión extranjera son claramente decisiones neoliberales. Entonces, la orientación general del gobierno en términos del extractivismo, claramente no representa una ruptura con el modelo económico global, no representa una ruptura con la intercesión colonial y no representa tampoco un quiebre con el rol clásico que se le atribuye a América Latina como exportadora de materias primas.

Quiero insistir que hoy hay un proceso de devastación muy, muy severo. Hay unos niveles de violencia increíble en una especie de terreno de nadie donde todos los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Hay un atropello muy violento sobre las comunidades indígenas de la zona y hay muchos indígenas que están metidos a la minería porque sus condiciones de vida están siendo devastadas y no les va quedando más remedio. Hay niñas indígenas que son raptadas y llevadas a la prostitución en los campos mineros.

 

¿Cuáles manifestaciones o grupos de resistencia se han formado en contra?

Existe por ejemplo la “Plataforma en contra del Arco Minero” que es un colectivo de gente fundamentalmente joven que viene de luchas ambientales, pero que también luchan por la democracia y por los derechos de los pueblos indígenas. Esta gente ha venido realizando campañas sistemáticamente para analizar esta situación. Sin embargo, el día a día de la situación venezolana y la sobre-determinación de la polarización política hacen muy muy cuesta arriba que exista la posibilidad de una consciencia política más ampliamente compartida en este asunto.