Por el agua y por la vida

Los alrededores parecen una zona de guerra Mina de carbón en La Guajira colombiana (Foto: Tininiska Zanger Montoya)

¿Una nueva mina de carbón en tiempos de crisis climática? Lo que suena absurdo podría convertirse pronto en realidad en Cañaverales, Colombia. El pueblo se encuentra al pie de la Serranía del Perijá, en la Guajira. A la comunidad se llega por una carretera destapada que atraviesa el bosque seco tropical. A menos de 800 metros de la entrada del pueblo, se ven tanques militares en la carretera. Detrás de un alambrado hay un campamento de las fuerzas armadas colombianas. Lo que parece una zona de guerra es la entrada a un terreno de 350 hectáreas comprado en 2008 por la multinacional MPX Energía. Aquí se planea extraer hasta 12 millones de toneladas de carbón.

En las últimas décadas, la Guajira se ha convertido en una de las regiones carboníferas más importantes de Colombia. Cañaverales, una comunidad de casi 3.000 habitantes, se ha librado hasta ahora de la explotación del mineral. Esta es una de las razones por las que la comunidad es considerada la „despensa agrícola“ de la región. Las personas de la región aún pueden vivir de la agricultura y la ganadería, una rareza en la Guajira. Los y las habitantes de Cañaverales también abastecen a comunidades vecinas con los alimentos que producen.

Esto se debe a que Cañaverales tiene agua. Varios arroyos pequeños nacen de un manantial cercano al pueblo, que abastecen a la comunidad. Esto es „un privilegio“, dice Yólgica Gámez, habitante de Cañaverales y miembro del Consejo comunitario los negros de Cañaverales. Gracias al manantial, hay agua suficiente los 365 días del año para cultivar alimentos, para los animales y para el conumo humano. El acceso a agua potable no es algo normal en la Guajira. La región, ya de por sí poco lluviosa, sufre desde hace más de 40 años el exceso de explotación minera, sobre todo por parte de El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Ésta desde el año pasado pertenece en su totalidad a la multinacional suiza Glencore.

Las consecuencias de la minería del carbón se sienten en casi toda la región. Muchas fuentes de agua se han secado, el medio ambiente y la naturaleza han quedado parcialmente destruidos, privando a muchas personas de sus medios de subsistencia. Pueblos enteros han sido reasentados y desalojados forzosamente, o sus habitantes desplazados. Los y las habitantes de Cañaverales han aprendido de las experiencias de las comunidades aledañas, explica Lorena Fuentes. La joven de 21 años afirma que personas de otras comunidades han acudido a Cañaverales para solidarizarse con su lucha. „No quieren que haya más minería en la Guajira, no quieren que cometamos los mismos errores que ellos“. Así se ha creado conciencia en Cañaverales, „eso es lo que más nos ha ayudado“.

Pintando la resistencia Mural en el pueblo vecino El Rocío (Foto: Tininiska Zanger Montoya)

La comunidad afrocolombiana lleva resistiendose con éxito a la apertura de la mina desde 2009. Sus habitantes están convencidos de que, a largo plazo, la extracción de carbón llevaría a que se secara el manantial. Esto imposibilitaría la agricultura y la ganadería, y ya no habría agua potable. Yólgica Gámez no cree en las promesas del gobierno y de la empresa, quienes dicen que la apertura de la mina mejorará la situación de todos y traerá „progreso“. Cañaverales vive de la agricultura desde hace 200 años y la comunidad no necesita de la minería para „sobrevivir y vivir en paz“. „Tenemos cerca la mina a cielo abierto más grande de América Latina. ¿Y qué beneficios ha traído a las comunidades y a nosotros en el sur de la Guajira? Ninguno“.

Desde 2014, los terrenos cercanos a Cañaverales bajo los cuales se va a extraer el carbón son propiedad de la empresa turca Yildirim Group, que opera en Colombia bajo el nombre de Best Coal Company (BCC). Anteriormente, el Grupo MPX (posteriormente rebautizado CCX) ya había solicitado las licencias necesarias para la explotación. Debido a su implicación en el escándalo de corrupción internacional Lava Jato, CCX quebró. Aunque el Grupo Yildirim pudo adquirir los derechos mineros de Cañaverales, con la compra se perdió la licencia medioambiental necesaria para la explotación del carbón.

Las comunidades étnicas en Colombia tienen derecho a ser consultadas antes de que se lleven a cabo proyectos mineros u otros proyectos extractivistas en los territorios que habitan. La llamada Consulta Previa es, por tanto, una herramienta importante para los pueblos indígenas y afrocolombianos en la lucha contra la explotación de recursos naturales en sus territorios. Según la ley, el mecanismo también se debe aplicar en Cañaverales. La Best Coal Company está intentando llevar a cabo la consulta por la vía rápida. Quiere obtener las licencias necesarias lo antes posible para poder empezar a extraer carbón el año que viene.

Hasta ahora, la comunidad se ha negado a realizar la Consulta Previa en las condiciones fijadas por la empresa. Los y las habitantes de Cañaverales argumentan que la BCC se niega a facilitar información suficiente sobre el proyecto minero y sus consecuencias para el medio ambiente de la región y el suministro de agua, una de las condiciones para llevar a cabo la consulta. Cañaverales es la única de un total de nueve comunidades potencialmente afectadas por la mina que hasta ahora no se ha sometido a las reglas del juego de la empresa. Las otras ocho ya dieron su visto bueno al proyecto en Consultas Previas, aunque se han denunciado circunstancias dudosas durante las consultas. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la denegación arbitraria de información y la presión ejercida sobre la población. Los vecinos de Cañaverales exigen una „Consulta Previa fundamentalmente diferente“, explica Geania Gámez, miembro del Consejo Comunitario. Dicha consulta debe planificarse „de acuerdo con la ley“. Orangel Moya, también miembro del consejo comunitario, está seguro de que ellos pueden „demostrar que la empresa miente“.

El año pasado, antes de que se posesionara el nuevo gobierno, el Ministerio del Interior colombiano ordenó que se realizara un „test de proporcionalidad“ en Cañaverales. Este test consistía en determinar, sin consultar a los posibles afectados, si los beneficios de una mina a cielo abierto para la población legitimaban la restricción de sus derechos fundamentales. La razón esgrimida para llevar al cabo el “test de proporcionalidad” fue que los pobladores no habían mostrado „disposición al diálogo“.

Orangel Moya rechaza esta acusación por „paradójica“. Por supuesto que los habitantes de Cañaverales querían ser consultados, porque: „El test de proporcionalidad le quita a la gente el derecho a defenderse y a justificar por qué una mina de carbón a sólo unos cientos de metros de la comunidad no es viable“. En octubre, un juez de Riohacha, la capital de la Guajira, obligó al Estado colombiano a realizar una consulta previa a la población. Pero en noviembre, la autoridad Nacional de Consultas Previas, dependiente del Ministerio del Interior, apeló la decisión.

Hugues Martínez, quien se presenta como el cantante de Cañaverales, desconfía fundamentalmente de la BCC. „No sabemos qué estrategias van a utilizar las multinacionales y el Gobierno“. Ambos „al final vienen siendo los mismos, porque los gobiernos en Colombia no son garantes de la vida ni el medio ambiente“. Más bien actúan como garantes de los intereses de las multinacionales que explotan los territorios, generando dividendos. „Y estos dividendos ni siquiera se invierten en los territorios que están desangrando“.

El gobierno de Petro quiere alejarse de la extracción de combustibles fósiles

Existe una gran desconfianza hacia el Estado colombiano. En el pasado, instituciones corruptas, incluido el Ministerio del Interior, han demostrado en repetidas ocasiones que no les interesan los derechos de lis grupos étnicos. La elección del presidente de izquierda Gustavo Petro el año pasado hasta ahora no ha llevado a cambios fundamentales en esta situación, al menos no de forma inmediata. Los funcionarios locales y regionales suelen representar intereses diferentes a los del gobierno central de Bogotá.

Petro, quien gobierna el país como primer presidente de izquierdas desde el 7 de agosto de 2022, ya había prometido en la campaña electoral alejarse de la extracción de combustibles fósiles. En su lugar, el jefe de Estado quiere centrarse en la expansión de las energías renovables y promover la protección del medio ambiente. Las subvenciones al consumo de combustibles fósiles líquidos se suprimirían gradualmente y la minería y la producción de energía pasarían a ser neutras en carbono. En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza) a principios de año, Petro promovió un „capitalismo descarbonizado“ que „reduzca el consumo de carbón, petróleo y gas para alcanzar el objetivo de cero emisiones en poco tiempo“. Sin embargo, cabe preguntarse si una transición energética de este tipo supondrá algún cambio en las estructuras económicas neocoloniales. Actualmente se están construyendo varios parque eólicos en el norte de la Guajira, en territorios de comunidades indígenas wayuu. Representantes de los Wayuu denuncian que las Consultas Previas se llevaron a cabo en circunstancias cuestionables y que los proyectos provocarían el desplazamiento de la población.

Actualmente se está haciendo evidente lo difícil que es un cambio real de rumbo. La alianza de partidos de Petro, el Pacto Histórico, sólo tiene alrededor del 25 por ciento de los escaños del Congreso. Por ello, en los primeros meses de su gobierno contó con el apoyo de los partidos de centroderecha. El 25 de abril, sin embargo, Petro disolvió esta coalición, lo que probablemente dificultará aún más en el futuro la aprobación de proyectos legislativos en el Senado y la Cámara de Representantes.

En Cañaverales (todavía) no es escasa el agua

La prohibición de nuevas minas a cielo abierto, que debía consagrarse en el Plan Nacional de Desarrollo, se considera fundamental para el alejamiento progresivo de los combustibles fósiles. Sin embargo, en marzo, el Congreso anuló el párrafo correspondiente, una muestra de lo poderosos que siguen siendo ciertos círculos empresariales en Colombia. A esto hay que añadir que en el transcurso de la guerra de Ucrania y del embargo de carbón contra Rusia decidido por la Unión Europea, Colombia aumentó drásticamente su volumen de exportación de hulla – entre otros a Alemania. La Asociación de Importadores de Carbón cifró recientemente en un 16,3 por ciento la cuota de la hulla colombiana en las importaciones a Alemania en 2022. Un año antes, esta cifra era todavía del seis por ciento. El carbón que llega a Alemania a través de los Países Bajos, por ejemplo, no se incluye en esta cifra, por lo que las importaciones reales serían mucho más elevadas.

No obstante, son visibles algunos cambios en el relacionamiento del gobierno con las comunidades afectadas por proyectos mineros. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, los y las habitantes de Cañaverales se reunieron con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en Tamaquito 2. Durante la reunión, exigieron la cancelación del proyecto minero y una política minera orientada a los intereses de las comunidades afectadas. Vélez prometió que el gobierno revisaría las licencias mineras y redactaría un nuevo código minero.

El nuevo código minero se presentará en el segundo semestre de este año y sustituirá al que data de 2001. Aún no se conocen muchos detalles. Sin embargo, según políticos del gobierno, estipulará, entre otras cosas, que la minería no deberá afectar fuentes hídricas. Para determinar esto, se revisarán los títulos ya concedidos. No está claro, sin embargo, qué ocurrirá con los títulos otorgados de minas en las que se hayan encontrado infracciones. El cierre de las minas que ya están en funcionamiento es bastante improbable.

Los y las habitantes de Cañaverales tienen esperanza en la reforma del código minero. En una audiencia con congresistas el 26 de noviembre de 2022, pudieron expresar su opinión, cuenta Lorena Fuentes. „Para nosotros fue especialmente importante que vinieran aquí a nuestra comunidad“. Orangel Moya también mantiene la esperanza de que „si el Estado realmente piensa en sus ciudadanos, no se ponga del lado de las multinacionales sino del pueblo“. „Aquí está la parte verde de la Guajira. ¿Por qué convertirla en otro desierto?“

Cañaverales es un pueblo tranquilo, nos cuentan sus habitantes. La mayoría se conoce, muchos son familiares. Por las tardes, suelen sentarse frente a sus casas y hablar hasta tarde. Quieren que esto siga siendo así en el futuro y por eso resisten. Hugues Martínez a través de su música llama la atención sobre los peligros de la minería. El cantante de Cañaverales espera que esto cambie algún día y que pueda hacer música que trate „temas bonitos como el amor“. Por desgracia, eso no es posible por el momento.

“SIEMPRE VAMOS A ESTAR AQUÍ RESISTIENDO EN EL TERRITORIO”

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Narlis Guzmán Angulo

es activista ambiental y de derechos humanos del corregimiento La Sierra del municipio de Chriguaná en el departamento Cesar, Colombia. Es parte del colectivo “mujeres guerreras” que lucha contra las minerías de carbón a cielo abierto y contra el monocultivo de los terratenientes. (Foto: privat)


¿Cuándo empezaron a sentir los primeros efectos de la pandemia en su región, y cuáles fueron?
Al comienzo, la gente en mi territorio no le prestaba mucha atención. No lo tomaba en serio porque pensaban que era algún cuento, que no era tan complicado. Pero a medida que a Colombia le empezaron a llegar tantos casos de Coronavirus y que se empezó a difundir por todos los medios lo peligroso que es esa enfermedad, todo el mundo incluso mi pequeño pueblo empezó a emperiscarse. Se cerraron las vías de acceso al pueblo. Es una enfermedad que nos tiene muy preocupados. No tenemos ningún caso de coronavirus aquí y Cesar tiene 35 casos [dato de mediados de abril 2020, nota de la redacción]. Eso no quiere decir que no nos esté afectando la Pandemia. Un problema muy grande es que estamos desempleados. Hay gente que no tiene nada de dar de comer a sus hijos. A la pandemia también tenemos que sumarle que tenemos agua que no es apta para el consumo, que nos esta generando conjuntivitis y también infecciones en la piel. Por lo general, nosotros somos campesinos. Una fuerte brisa vino y nos destruyó nuestras parcelas y productos como plátanos o mafufo. Todo eso nos ha generado mucha carencia.

¿Qué relación tiene la minería con los problemas que están enfrentando ustedes en la crisis del Coronavirus?
Como pueblo del corredor minero no hemos tenido ninguna clase de beneficios. Sus regalías no son repartidas. Nosotros vivimos en una miseria absoluta. No hay ni siquiera un puesto de salud, no hay agua potable, no tenemos gas natural. Mientras que no tengamos fuente de empleo, la misera va a seguir estando. Las minerías nunca han estado al tanto de nuestras problemáticas, ni siquiera en estos momentos difíciles.

¿La gente en las minas sigue trabajando?
Los trabajadores en las minas están laburando, no de la misma manera, pero algunos siguen. Algunas comunidades más cercanas a las minas han intentado parar la entrada y la salida de los buses. Eso generó mucho conflicto en el territorio. No se paró el tránsito, pero se disminuyó.

Las minas en el departamento Cesar pertenecen a grandes empresas como Drummond o Glencore. ¿Cómo reaccionan las empresas mineras a esa crisis? ¿Qué dicen al respecto de los problemas de su pueblo?
A las empresas nunca les ha interesado enfrentar las problemáticas de las comunidades.  Dicen que el Estado, según la nueva ley, les permite laburar. Siguen laburando sin importarles las diferentes problemáticas que hay en la comunidad, ni siquiera las que se han generado en los empleados, ni en las de la población.

¿Cómo es la atención médica? ¿Hay personal médico suficiente?
La atención medica es muy mala. De La Sierra tenemos que ir a Chiriguaná para ser atendidos. Teníamos un hospital de tercer nivel, pero debido a la politiquería perdimos nuestro hospital. En la lucha, en nuestra defensa para proteger el hospital el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios, nota de la redacción] fue asesinado un líder de nuestra comunidad. Hoy se dice que se está recuperando el hospital, pero todavía no, según el alcalde tiene acondicionadas 20 camas y un sitio para UCI [unidad de cuidados intensivos, nota de la redacción]. Pero en realidad, no tenemos esa cantidad de especialistas y médicos profesionales y tampoco tenemos el hospital tan bien dotado como antes. Nuestra salud es pésima. Si necesitamos ver a un especialista nos toca ir a cualquiera de las ciudades, lo que es muy complicado y nos cuesta tres horas o más.

¿Cómo imagina que va a seguir esta situación?
La cuarentena se extendió hasta el 12 de mayo. La pandemia está en su peor crisis. No se están dando a las comunidades las ayudas. Por lo menos nosotros que vivimos en un corredor minero pensamos que íbamos a tener la ayuda suficiente para subsistir esta pandemia, pero no, resulta que la ayuda alimentaria no cubre ni siquiera 60 mil pesos. En mi caso somos once personas, ¿qué podemos hacer con una ayuda de 60 mil pesos? Es muy difícil. La gente por no morirse de hambre va a querer trabajar, exponiendo su vida para no dejar morir a su familia. En nuestro territorio va a sifgnificar muchas muertes, incluso sólo por la miseria. Ya hoy, las familias no tienen nada de comer para sus hijos. Es muy complicada la situación.

La organización latino-alemana Red de Iniciativas Comunitarias (RICO e.V.) quiere establecer estructuras a largo plazo para el tiempo pos-carbón en las regiones colombianas que se ven afectadas por la minería. Su comuna es una de las que RICO e.V. ayuda con una campaña de recolección de fondos. ¿De qué tipo de proyecto se trata?
No solamente tenemos la problemática de la pandemia, sino también la del agua que nos genera infecciones y conjuntivitis. De ahí nace el proyecto de unos filtros manuales. A través del proyecto de RICO están recogiendo unos fondos para donarnos 200 filtros manuales para nuestra población. Sabemos que 200 filtros no alcanzan para todos pero por lo menos podemos solventar la situación de las personas más vulnerables.

¿Cómo imagina el futuro de su pueblo sin minería? ¿Sería posible?
A mí y a mis “mujeres guerreras” nos gustaría que fuera posible. Por naturaleza y por convicción somos completamente campesinos. Nos gustaría comernos nuestros productos sanos sin contaminación. Tenemos todos los motivos del mundo para que se cierre la minería. La Sierra es un pueblo muy pequeño, sin embargo, hemos tenido siete casos de malformaciones genéticas. Eso lo atribuimos a la minería. A nosotros nos gustaría vivir como vivían nuestros ancestros, cultivando sus productos y consumiendo lo que producen, que no nos genere ninguna enfermedad ni se mate a nadie, ni mucho menos mate a nuestro ambiente, lo que hoy vemos por causa de la minería. La minería que nos ha generado una cantidad de problemas: la prostitución infantil, la drogadicción, el desempleo, la corrupción política, el encarecimiento de la canasta familiar, las fuentes hídricas secas, las contaminación ambiental, desplazados, desaparecidos, muertos. Recuperar un espacio tranquilo, de paz, como el que teníamos sería un gran privilegio. Sabemos que está difícil, pero de igual manera nosotros siempre vamos a estar aquí resistiendo en el territorio. No se lo vamos a dejar muy fácil.

 

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