PANDEMIA Y EXTRACTIVISMO EN LOS ANDES

No es suficiente Día 22 del paro… y continúan las asambleas (Foto: DHSF Cusco)

 

La población de Espinar, al igual que muchas provincias del Perú, se vio afectada por las medidas de restricción impuestas por el gobierno ante la emergencia del Covid-19. Después de cumplir una cuarentena estricta de más de 100 días, declarada por el presidente Martín Vizcarra, la ganadería y la agricultura –las cuales representan un tercio de las actividades de la provincia– fueron las más perjudicadas. De acuerdo a su programa de reactivación económica publicado en abril, el gobierno determinó sólo a la actividad minera como la más elemental y otorgó permiso de continuar con sus trabajos en la zona.

Por esta complicada situación el 14 de mayo, lxs representantes de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar de la cuenca del río Salado, el Frente Único de Defensa y el representante de los alcaldes distritales acordaron en una asamblea realizar una demanda para mitigar la situación precaria de muchos habitantes de la provincia. Demandaron la entrega de un bono de 1000 soles (aproximadamente 240 euros) para 44 mil personas afectadas. Este dinero debía provenir del fondo económico del convenio que mantiene la provincia con la empresa minera Antapaccay, perteneciente a la empresa multinacional Glencore.

Este convenio existe desde 2003 y tiene como objetivo principal el desarrollo económico de la región. De acuerdo con este convenio, el fondo de desarrollo debe ser administrado por distintas entidades urbanas, campesinas, estatales y también por la misma empresa minera. El fondo “no es dinero de la empresa minera, sino dinero y fondos del convenio”, explicaba el presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, al medio de comunicación peruano OjoPúblico. Del mismo modo, el representante Jaime Borda sostenía que éste “es un acuerdo de buena fe entre dos partes. Los fondos no son un regalo o un donativo de la minera, sino un compromiso de transferencia de un porcentaje de las utilidades de la minera hacia la provincia, y por eso es que la población ahora solicita que se respete ese acuerdo”.

„Los fondos no son un regalo de la minera“


No obstante, tras una serie de reuniones, los representantes de la minera Antapaccay se negaron una y otra vez a entregar el bono. La minera alegaba que este reclamo no formaba parte de los objetivos del convenio. En contrapropuesta, la minera planteó brindar medicinas y alimentos a la población damnificada, dar acceso a internet gratuito a ocho distritos de la provincia y crear un fondo de préstamo en créditos para campesinxs y empresarixs.

La contrapropuesta fue para muchxs habitantes inaceptable porque poco aliviaba las necesidades urgentes. Y como muy pocas familias recibieron la subvención del gobierno nacional, el llamado “Bono Universal”, los dirigentes de Espinar piden que los bonos del convenio se hagan en efectivo. Con este fin y sin que ambas partes lleguen a un acuerdo concreto, los miembros del Comité de Lucha Provincial de Espinar y el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) decidieron convocar una huelga indefinida el 14 de julio. Numerosos efectivos policiales se hicieron presentes en la provincia y los conflictos entre las fuerzas del orden y lxs comunerxs campesinxs no tardaron en producirse. “El pueblo se ha autoconvocado de manera pacífica. Ellos [los policías] han arremetido con todo. Hubo muchas personas de Lima en el lugar. Nuestras protestas sociales son pacíficas”, se defendía Rolando Condori cuando denunciaba los abusos policiales contra lxs manifestantes.

„El gobierno no ha dejado de ceder a las presiones de las grandes empresas privadas“

De acuerdo al reporte elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), la represión contra lxs comunerxs dejó más de 30 afectadxs, incluyendo a dos menores de edad: tres heridxs de bala, ocho heridxs por perdigones y bombas lacrimógenas, ocho dirigentes hostigadxs por la Fiscalía y varios testigxs que denuncian haber presenciado casos de tortura contra veinte detenidxs. Adicionalmente, lxs manifestantes no fueron los únicos damnificadxs por la violencia de las fuerzas del orden. A fines de julio, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que el periodista Vidal Merma, quien se encontraba cubriendo la represión en Espinar, también fue agredida y amenazada por la policía. Además de las demostraciones y los bloqueos de las carreteras, los manifestantes desafiaron el 28 de julio, día de la fiesta nacional del Perú, la actual prohibición de reunirse y marcharon en la capital de la provincia. Mientras el presidente Vizcarra elogiaba en Lima la expansión de los proyectos mineros (incluyendo los de Glencore) como motor de la recuperación económica, la gente de Espinar se mostraba combativa. Si el presidente no responde a las demandas de los manifestantes “la pobración tomará medidas para cerrar la mina”, afirmó Rolando Condori. El paro concluye 24 días después, el 7 de agosto, al acordar una tregua donde el Consejo de Ministros del gabinete de Pedro Cateriano actuó de moderador. Su gabinete permaneció tan solo veinte días en el cargo, al ser relevado por el exmilitar Walter Marcos.

Por otra parte, es importante recordar que el conflicto entre la población campesina de Espinar y las empresas mineras de la zona no es nada nuevo. Hace 17 años, solo después de varias protestas contra la minera, la provincia accedió firmar un convenio con el proyecto minero. Luego, en el año 2012 estalló un nuevo conflicto socioambiental entre la compañía minera y lxs campesinxs de Espinar, quienes denunciaron la presencia de metales pesados en áreas naturales a causa de la actividad extractiva. El resultado de este enfrentamiento fueron cuatro personas fallecidas. A pesar de varios años de actividad minera en la zona, según las cifras oficiales del Plan Regional del Cusco 2018-2021, el 40 por ciento de la población rural de Espinar no tiene acceso al agua potable y el 38 por ciento vive en la pobreza. El Estado nacional hasta ahora ha defendido en numerosas oportunidades los intereses de las industrias extractivas, sin tener realmente en cuenta las demandas de los sectores rurales.

El conflicto en Espinar se agudiza con el programa de reactivación económica impulsado por el gobierno peruano. Desde hace un tiempo, el gobierno de Martín Vizcarra no ha dejado de ceder a las presiones de las grandes empresas privadas del país, agrupadas en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). En los primeros meses de este año, el gobierno de Vizcarra parecía haber tomado cierta distancia del gran empresariado, sin embargo, desde finales de mayo, el gobierno ha seguido al pie de la letra casi todas las recomendaciones de la Confiep, a través de la joven ministra de Economía María Antonieta Alva. Desde entonces, el principal objetivo del gobierno ha sido reactivar la economía de una manera algo forzada, por medio de la reapertura de diversos negocios, grandes industrias y centros comerciales, aun cuando las muertes por el Covid-19 aumenten aceleradamente y los hospitales siguen colapsados. Al momento de la publicación, se registraron más de 29.400 muertes por o con una infección de Sars-Cov-2, de acuerdo con las cifras oficiales.

„Los conflictos relacionados al extractivismo no dejan de estallar“

Una de las primeras actividades económicas que el gobierno y los grupos de poder impulsan en la reactivación fue, precisamente, la industria extractiva. El anterior y breve gabinete dirigido por Pedro Cateriano fue una muestra de ello. En su discurso de presentación ante el Congreso de la República, Cateriano revivió uno de los aforismos coloniales más utilizados por la derecha neoliberal peruana: “Perú, país minero”. Esa enfatización fue una de las tantas razones por las que distintos grupos parlamentarios no respaldaron al gabinete en la votación del Congreso: las bancadas de los partidos populistas Podemos y Unión por el Perú, así como los agraristas del FREPAP y el bloque de izquierda del Frente Amplio, votaron en contra. Por ello, el presidente se vio obligado a organizar un nuevo gabinete, ahora liderado por Walter Marcos, un exmilitar que hasta el momento prefiere no generar demasiada polémica sobre el tema de la industria extractiva.

El programa de reactivación económica ha sido el motivo principal por el cual los conflictos relacionados al extractivismo no dejan de estallar, ni siquiera durante la pandemia. Aún existen reclamos pendientes contra proyectos mineros, tales como Tía María y Las Bambas en los departamentos de Arequipa y Apurímac. Asimismo, el pasado 9 de agosto tres integrantes de la comunidad indígena Kukuma murieron a causa de la represión policial en el departamento amazónico de Loreto. La población Kukuma pedía el cese de actividades de la compañía petrolera canadiense Petrotal en su territorio y el envío urgente de medicamentos para resistir el Covid-19.

En Espinar ha transcurrido más de un mes desde el inicio del conflicto. La tregua entre el campesinado de la provincia y los representantes de la minera Antapaccay parece agotarse. De acuerdo con cifras oficiales, en Espinar hay más de 1500 personas contagiadas por el virus y diez fallecidos. Mientras tanto, muchos campesinxs cusqueños esperan justicia por lxs heridxs en la huelga y las propiedades de la empresa minera siguen siendo protegidas por efectivos policiales.

 

„SIEMPRE VAMOS A ESTAR AQUÍ RESISTIENDO EN EL TERRITORIO“

 

NARLIS GUZMÁN ANGULO

es activista ambiental y de derechos humanos del corregimiento La Sierra del municipio de Chriguaná en el departamento Cesar, Colombia. Es parte del colectivo “mujeres guerreras” que lucha contra las minerías de carbón a cielo abierto y contra el monocultivo de los terratenientes. (Foto: privat)


 

¿Cuándo empezaron a sentir los primeros efectos de la pandemia en su región, y cuáles fueron?

Al comienzo, la gente en mi territorio no le prestaba mucha atención. No lo tomaba en serio porque pensaban que era algún cuento, que no era tan complicado. Pero a medida que a Colombia le empezaron a llegar tantos casos de Coronavirus y que se empezó a difundir por todos los medios lo peligroso que es esa enfermedad, todo el mundo incluso mi pequeño pueblo empezó a emperiscarse. Se cerraron las vías de acceso al pueblo. Es una enfermedad que nos tiene muy preocupados. No tenemos ningún caso de coronavirus aquí y Cesar tiene 35 casos [dato de mediados de abril 2020, nota de la redacción]. Eso no quiere decir que no nos esté afectando la Pandemia. Un problema muy grande es que estamos desempleados. Hay gente que no tiene nada de dar de comer a sus hijos. A la pandemia también tenemos que sumarle que tenemos agua que no es apta para el consumo, que nos esta generando conjuntivitis y también infecciones en la piel. Por lo general, nosotros somos campesinos. Una fuerte brisa vino y nos destruyó nuestras parcelas y productos como plátanos o mafufo. Todo eso nos ha generado mucha carencia.

 

¿Qué relación tiene la minería con los problemas que están enfrentando ustedes en la crisis del Coronavirus?

Como pueblo del corredor minero no hemos tenido ninguna clase de beneficios. Sus regalías no son repartidas. Nosotros vivimos en una miseria absoluta. No hay ni siquiera un puesto de salud, no hay agua potable, no tenemos gas natural. Mientras que no tengamos fuente de empleo, la misera va a seguir estando. Las minerías nunca han estado al tanto de nuestras problemáticas, ni siquiera en estos momentos difíciles.

 

¿La gente en las minas sigue trabajando?

Los trabajadores en las minas están laburando, no de la misma manera, pero algunos siguen. Algunas comunidades más cercanas a las minas han intentado parar la entrada y la salida de los buses. Eso generó mucho conflicto en el territorio. No se paró el tránsito, pero se disminuyó.

 

Las minas en el departamento Cesar pertenecen a grandes empresas como Drummond o Glencore. ¿Cómo reaccionan las empresas mineras a esa crisis? ¿Qué dicen al respecto de los problemas de su pueblo?

A las empresas nunca les ha interesado enfrentar las problemáticas de las comunidades.  Dicen que el Estado, según la nueva ley, les permite laburar. Siguen laburando sin importarles las diferentes problemáticas que hay en la comunidad, ni siquiera las que se han generado en los empleados, ni en las de la población.

 

¿Cómo es la atención medica? ¿Hay personal médico suficiente?

La atención medica es muy mala. De La Sierra tenemos que ir a Chiriguaná para ser atendidos. Teníamos un hospital de tercer nivel, pero debido a la politiquería perdimos nuestro hospital. En la lucha, en nuestra defensa para proteger el hospital el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios, nota de la redacción] fue asesinado un líder de nuestra comunidad. Hoy se dice que se está recuperando el hospital, pero todavía no, según el alcalde tiene acondicionadas 20 camas y un sitio para UCI [unidad de cuidados intensivos, nota de la redacción]. Pero en realidad, no tenemos esa cantidad de especialistas y médicos profesionales y tampoco tenemos el hospital tan bien dotado como antes. Nuestra salud es pésima. Si necesitamos ver a un especialista nos toca ir a cualquiera de las ciudades, lo que es muy complicado y nos cuesta tres horas o más.

 

¿Cómo imagina que va a seguir esta situación?

La cuarentena se extendió hasta el 12 de mayo. La pandemia está en su peor crisis. No se están dando a las comunidades las ayudas. Por lo menos nosotros que vivimos en un corredor minero pensamos que íbamos a tener la ayuda suficiente para subsistir esta pandemia, pero no, resulta que la ayuda alimentaria no cubre ni siquiera 60 mil pesos. En mi caso somos once personas, ¿qué podemos hacer con una ayuda de 60 mil pesos? Es muy difícil. La gente por no morirse de hambre va a querer trabajar, exponiendo su vida para no dejar morir a su familia. En nuestro territorio va a sifgnificar muchas muertes, incluso sólo por la miseria. Ya hoy, las familias no tienen nada de comer para sus hijos. Es muy complicada la situación.

 

La organización latino-alemana Red de Iniciativas Comunitarias (RICO e.V.) quiere establecer estructuras a largo plazo para el tiempo pos-carbón en las regiones colombianas que se ven afectadas por la minería. Su comuna es una de las que RICO e.V. ayuda con una campaña de recolección de fondos. ¿De qué tipo de proyecto se trata?

No solamente tenemos la problemática de la pandemia, sino también la del agua que nos genera infecciones y conjuntivitis. De ahí nace el proyecto de unos filtros manuales. A través del proyecto de RICO están recogiendo unos fondos para donarnos 200 filtros manuales para nuestra población. Sabemos que 200 filtros no alcanzan para todos pero por lo menos podemos solventar la situación de las personas más vulnerables.

 

¿Cómo imagina el futuro de su pueblo sin minería? ¿Sería posible?

A mí y a mis “mujeres guerreras” nos gustaría que fuera posible. Por naturaleza y por convicción somos completamente campesinos. Nos gustaría comernos nuestros productos sanos sin contaminación. Tenemos todos los motivos del mundo para que se cierre la minería. La Sierra es un pueblo muy pequeño, sin embargo, hemos tenido siete casos de malformaciones genéticas. Eso lo atribuimos a la minería. A nosotros nos gustaría vivir como vivían nuestros ancestros, cultivando sus productos y consumiendo lo que producen, que no nos genere ninguna enfermedad ni se mate a nadie, ni mucho menos mate a nuestro ambiente, lo que hoy vemos por causa de la minería. La minería que nos ha generado una cantidad de problemas: la prostitución infantil, la drogadicción, el desempleo, la corrupción política, el encarecimiento de la canasta familiar, las fuentes hídricas secas, las contaminación ambiental, desplazados, desaparecidos, muertos. Recuperar un espacio tranquilo, de paz, como el que teníamos sería un gran privilegio. Sabemos que está difícil, pero de igual manera nosotros siempre vamos a estar aquí resistiendo en el territorio. No se lo vamos a dejar muy fácil.