Por el agua y por la vida

Los alrededores parecen una zona de guerra Mina de carbón en La Guajira colombiana (Foto: Tininiska Zanger Montoya)

¿Una nueva mina de carbón en tiempos de crisis climática? Lo que suena absurdo podría convertirse pronto en realidad en Cañaverales, Colombia. El pueblo se encuentra al pie de la Serranía del Perijá, en la Guajira. A la comunidad se llega por una carretera destapada que atraviesa el bosque seco tropical. A menos de 800 metros de la entrada del pueblo, se ven tanques militares en la carretera. Detrás de un alambrado hay un campamento de las fuerzas armadas colombianas. Lo que parece una zona de guerra es la entrada a un terreno de 350 hectáreas comprado en 2008 por la multinacional MPX Energía. Aquí se planea extraer hasta 12 millones de toneladas de carbón.

En las últimas décadas, la Guajira se ha convertido en una de las regiones carboníferas más importantes de Colombia. Cañaverales, una comunidad de casi 3.000 habitantes, se ha librado hasta ahora de la explotación del mineral. Esta es una de las razones por las que la comunidad es considerada la „despensa agrícola“ de la región. Las personas de la región aún pueden vivir de la agricultura y la ganadería, una rareza en la Guajira. Los y las habitantes de Cañaverales también abastecen a comunidades vecinas con los alimentos que producen.

Esto se debe a que Cañaverales tiene agua. Varios arroyos pequeños nacen de un manantial cercano al pueblo, que abastecen a la comunidad. Esto es „un privilegio“, dice Yólgica Gámez, habitante de Cañaverales y miembro del Consejo comunitario los negros de Cañaverales. Gracias al manantial, hay agua suficiente los 365 días del año para cultivar alimentos, para los animales y para el conumo humano. El acceso a agua potable no es algo normal en la Guajira. La región, ya de por sí poco lluviosa, sufre desde hace más de 40 años el exceso de explotación minera, sobre todo por parte de El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Ésta desde el año pasado pertenece en su totalidad a la multinacional suiza Glencore.

Las consecuencias de la minería del carbón se sienten en casi toda la región. Muchas fuentes de agua se han secado, el medio ambiente y la naturaleza han quedado parcialmente destruidos, privando a muchas personas de sus medios de subsistencia. Pueblos enteros han sido reasentados y desalojados forzosamente, o sus habitantes desplazados. Los y las habitantes de Cañaverales han aprendido de las experiencias de las comunidades aledañas, explica Lorena Fuentes. La joven de 21 años afirma que personas de otras comunidades han acudido a Cañaverales para solidarizarse con su lucha. „No quieren que haya más minería en la Guajira, no quieren que cometamos los mismos errores que ellos“. Así se ha creado conciencia en Cañaverales, „eso es lo que más nos ha ayudado“.

Pintando la resistencia Mural en el pueblo vecino El Rocío (Foto: Tininiska Zanger Montoya)

La comunidad afrocolombiana lleva resistiendose con éxito a la apertura de la mina desde 2009. Sus habitantes están convencidos de que, a largo plazo, la extracción de carbón llevaría a que se secara el manantial. Esto imposibilitaría la agricultura y la ganadería, y ya no habría agua potable. Yólgica Gámez no cree en las promesas del gobierno y de la empresa, quienes dicen que la apertura de la mina mejorará la situación de todos y traerá „progreso“. Cañaverales vive de la agricultura desde hace 200 años y la comunidad no necesita de la minería para „sobrevivir y vivir en paz“. „Tenemos cerca la mina a cielo abierto más grande de América Latina. ¿Y qué beneficios ha traído a las comunidades y a nosotros en el sur de la Guajira? Ninguno“.

Desde 2014, los terrenos cercanos a Cañaverales bajo los cuales se va a extraer el carbón son propiedad de la empresa turca Yildirim Group, que opera en Colombia bajo el nombre de Best Coal Company (BCC). Anteriormente, el Grupo MPX (posteriormente rebautizado CCX) ya había solicitado las licencias necesarias para la explotación. Debido a su implicación en el escándalo de corrupción internacional Lava Jato, CCX quebró. Aunque el Grupo Yildirim pudo adquirir los derechos mineros de Cañaverales, con la compra se perdió la licencia medioambiental necesaria para la explotación del carbón.

Las comunidades étnicas en Colombia tienen derecho a ser consultadas antes de que se lleven a cabo proyectos mineros u otros proyectos extractivistas en los territorios que habitan. La llamada Consulta Previa es, por tanto, una herramienta importante para los pueblos indígenas y afrocolombianos en la lucha contra la explotación de recursos naturales en sus territorios. Según la ley, el mecanismo también se debe aplicar en Cañaverales. La Best Coal Company está intentando llevar a cabo la consulta por la vía rápida. Quiere obtener las licencias necesarias lo antes posible para poder empezar a extraer carbón el año que viene.

Hasta ahora, la comunidad se ha negado a realizar la Consulta Previa en las condiciones fijadas por la empresa. Los y las habitantes de Cañaverales argumentan que la BCC se niega a facilitar información suficiente sobre el proyecto minero y sus consecuencias para el medio ambiente de la región y el suministro de agua, una de las condiciones para llevar a cabo la consulta. Cañaverales es la única de un total de nueve comunidades potencialmente afectadas por la mina que hasta ahora no se ha sometido a las reglas del juego de la empresa. Las otras ocho ya dieron su visto bueno al proyecto en Consultas Previas, aunque se han denunciado circunstancias dudosas durante las consultas. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la denegación arbitraria de información y la presión ejercida sobre la población. Los vecinos de Cañaverales exigen una „Consulta Previa fundamentalmente diferente“, explica Geania Gámez, miembro del Consejo Comunitario. Dicha consulta debe planificarse „de acuerdo con la ley“. Orangel Moya, también miembro del consejo comunitario, está seguro de que ellos pueden „demostrar que la empresa miente“.

El año pasado, antes de que se posesionara el nuevo gobierno, el Ministerio del Interior colombiano ordenó que se realizara un „test de proporcionalidad“ en Cañaverales. Este test consistía en determinar, sin consultar a los posibles afectados, si los beneficios de una mina a cielo abierto para la población legitimaban la restricción de sus derechos fundamentales. La razón esgrimida para llevar al cabo el “test de proporcionalidad” fue que los pobladores no habían mostrado „disposición al diálogo“.

Orangel Moya rechaza esta acusación por „paradójica“. Por supuesto que los habitantes de Cañaverales querían ser consultados, porque: „El test de proporcionalidad le quita a la gente el derecho a defenderse y a justificar por qué una mina de carbón a sólo unos cientos de metros de la comunidad no es viable“. En octubre, un juez de Riohacha, la capital de la Guajira, obligó al Estado colombiano a realizar una consulta previa a la población. Pero en noviembre, la autoridad Nacional de Consultas Previas, dependiente del Ministerio del Interior, apeló la decisión.

Hugues Martínez, quien se presenta como el cantante de Cañaverales, desconfía fundamentalmente de la BCC. „No sabemos qué estrategias van a utilizar las multinacionales y el Gobierno“. Ambos „al final vienen siendo los mismos, porque los gobiernos en Colombia no son garantes de la vida ni el medio ambiente“. Más bien actúan como garantes de los intereses de las multinacionales que explotan los territorios, generando dividendos. „Y estos dividendos ni siquiera se invierten en los territorios que están desangrando“.

El gobierno de Petro quiere alejarse de la extracción de combustibles fósiles

Existe una gran desconfianza hacia el Estado colombiano. En el pasado, instituciones corruptas, incluido el Ministerio del Interior, han demostrado en repetidas ocasiones que no les interesan los derechos de lis grupos étnicos. La elección del presidente de izquierda Gustavo Petro el año pasado hasta ahora no ha llevado a cambios fundamentales en esta situación, al menos no de forma inmediata. Los funcionarios locales y regionales suelen representar intereses diferentes a los del gobierno central de Bogotá.

Petro, quien gobierna el país como primer presidente de izquierdas desde el 7 de agosto de 2022, ya había prometido en la campaña electoral alejarse de la extracción de combustibles fósiles. En su lugar, el jefe de Estado quiere centrarse en la expansión de las energías renovables y promover la protección del medio ambiente. Las subvenciones al consumo de combustibles fósiles líquidos se suprimirían gradualmente y la minería y la producción de energía pasarían a ser neutras en carbono. En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza) a principios de año, Petro promovió un „capitalismo descarbonizado“ que „reduzca el consumo de carbón, petróleo y gas para alcanzar el objetivo de cero emisiones en poco tiempo“. Sin embargo, cabe preguntarse si una transición energética de este tipo supondrá algún cambio en las estructuras económicas neocoloniales. Actualmente se están construyendo varios parque eólicos en el norte de la Guajira, en territorios de comunidades indígenas wayuu. Representantes de los Wayuu denuncian que las Consultas Previas se llevaron a cabo en circunstancias cuestionables y que los proyectos provocarían el desplazamiento de la población.

Actualmente se está haciendo evidente lo difícil que es un cambio real de rumbo. La alianza de partidos de Petro, el Pacto Histórico, sólo tiene alrededor del 25 por ciento de los escaños del Congreso. Por ello, en los primeros meses de su gobierno contó con el apoyo de los partidos de centroderecha. El 25 de abril, sin embargo, Petro disolvió esta coalición, lo que probablemente dificultará aún más en el futuro la aprobación de proyectos legislativos en el Senado y la Cámara de Representantes.

En Cañaverales (todavía) no es escasa el agua

La prohibición de nuevas minas a cielo abierto, que debía consagrarse en el Plan Nacional de Desarrollo, se considera fundamental para el alejamiento progresivo de los combustibles fósiles. Sin embargo, en marzo, el Congreso anuló el párrafo correspondiente, una muestra de lo poderosos que siguen siendo ciertos círculos empresariales en Colombia. A esto hay que añadir que en el transcurso de la guerra de Ucrania y del embargo de carbón contra Rusia decidido por la Unión Europea, Colombia aumentó drásticamente su volumen de exportación de hulla – entre otros a Alemania. La Asociación de Importadores de Carbón cifró recientemente en un 16,3 por ciento la cuota de la hulla colombiana en las importaciones a Alemania en 2022. Un año antes, esta cifra era todavía del seis por ciento. El carbón que llega a Alemania a través de los Países Bajos, por ejemplo, no se incluye en esta cifra, por lo que las importaciones reales serían mucho más elevadas.

No obstante, son visibles algunos cambios en el relacionamiento del gobierno con las comunidades afectadas por proyectos mineros. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2022, los y las habitantes de Cañaverales se reunieron con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en Tamaquito 2. Durante la reunión, exigieron la cancelación del proyecto minero y una política minera orientada a los intereses de las comunidades afectadas. Vélez prometió que el gobierno revisaría las licencias mineras y redactaría un nuevo código minero.

El nuevo código minero se presentará en el segundo semestre de este año y sustituirá al que data de 2001. Aún no se conocen muchos detalles. Sin embargo, según políticos del gobierno, estipulará, entre otras cosas, que la minería no deberá afectar fuentes hídricas. Para determinar esto, se revisarán los títulos ya concedidos. No está claro, sin embargo, qué ocurrirá con los títulos otorgados de minas en las que se hayan encontrado infracciones. El cierre de las minas que ya están en funcionamiento es bastante improbable.

Los y las habitantes de Cañaverales tienen esperanza en la reforma del código minero. En una audiencia con congresistas el 26 de noviembre de 2022, pudieron expresar su opinión, cuenta Lorena Fuentes. „Para nosotros fue especialmente importante que vinieran aquí a nuestra comunidad“. Orangel Moya también mantiene la esperanza de que „si el Estado realmente piensa en sus ciudadanos, no se ponga del lado de las multinacionales sino del pueblo“. „Aquí está la parte verde de la Guajira. ¿Por qué convertirla en otro desierto?“

Cañaverales es un pueblo tranquilo, nos cuentan sus habitantes. La mayoría se conoce, muchos son familiares. Por las tardes, suelen sentarse frente a sus casas y hablar hasta tarde. Quieren que esto siga siendo así en el futuro y por eso resisten. Hugues Martínez a través de su música llama la atención sobre los peligros de la minería. El cantante de Cañaverales espera que esto cambie algún día y que pueda hacer música que trate „temas bonitos como el amor“. Por desgracia, eso no es posible por el momento.

PANDEMIA Y EXTRACTIVISMO EN LOS ANDES

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No es suficiente Día 22 del paro… y continúan las asambleas (Foto: DHSF Cusco)

La población de Espinar, al igual que muchas provincias del Perú, se vio afectada por las medidas de restricción impuestas por el gobierno ante la emergencia del Covid-19. Después de cumplir una cuarentena estricta de más de 100 días, declarada por el presidente Martín Vizcarra, la ganadería y la agricultura –las cuales representan un tercio de las actividades de la provincia– fueron las más perjudicadas. De acuerdo a su programa de reactivación económica publicado en abril, el gobierno determinó sólo a la actividad minera como la más elemental y otorgó permiso de continuar con sus trabajos en la zona.

Por esta complicada situación el 14 de mayo, lxs representantes de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar de la cuenca del río Salado, el Frente Único de Defensa y el representante de los alcaldes distritales acordaron en una asamblea realizar una demanda para mitigar la situación precaria de muchos habitantes de la provincia. Demandaron la entrega de un bono de 1000 soles (aproximadamente 240 euros) para 44 mil personas afectadas. Este dinero debía provenir del fondo económico del convenio que mantiene la provincia con la empresa minera Antapaccay, perteneciente a la empresa multinacional Glencore.

Este convenio existe desde 2003 y tiene como objetivo principal el desarrollo económico de la región. De acuerdo con este convenio, el fondo de desarrollo debe ser administrado por distintas entidades urbanas, campesinas, estatales y también por la misma empresa minera. El fondo “no es dinero de la empresa minera, sino dinero y fondos del convenio”, explicaba el presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, al medio de comunicación peruano OjoPúblico. Del mismo modo, el representante Jaime Borda sostenía que éste “es un acuerdo de buena fe entre dos partes. Los fondos no son un regalo o un donativo de la minera, sino un compromiso de transferencia de un porcentaje de las utilidades de la minera hacia la provincia, y por eso es que la población ahora solicita que se respete ese acuerdo”.

„Los fondos no son un regalo de la minera“


No obstante, tras una serie de reuniones, los representantes de la minera Antapaccay se negaron una y otra vez a entregar el bono. La minera alegaba que este reclamo no formaba parte de los objetivos del convenio. En contrapropuesta, la minera planteó brindar medicinas y alimentos a la población damnificada, dar acceso a internet gratuito a ocho distritos de la provincia y crear un fondo de préstamo en créditos para campesinxs y empresarixs.

La contrapropuesta fue para muchxs habitantes inaceptable porque poco aliviaba las necesidades urgentes. Y como muy pocas familias recibieron la subvención del gobierno nacional, el llamado “Bono Universal”, los dirigentes de Espinar piden que los bonos del convenio se hagan en efectivo. Con este fin y sin que ambas partes lleguen a un acuerdo concreto, los miembros del Comité de Lucha Provincial de Espinar y el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) decidieron convocar una huelga indefinida el 14 de julio. Numerosos efectivos policiales se hicieron presentes en la provincia y los conflictos entre las fuerzas del orden y lxs comunerxs campesinxs no tardaron en producirse. “El pueblo se ha autoconvocado de manera pacífica. Ellos [los policías] han arremetido con todo. Hubo muchas personas de Lima en el lugar. Nuestras protestas sociales son pacíficas”, se defendía Rolando Condori cuando denunciaba los abusos policiales contra lxs manifestantes.

„El gobierno no ha dejado de ceder a las presiones de las grandes empresas privadas“

De acuerdo al reporte elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), la represión contra lxs comunerxs dejó más de 30 afectadxs, incluyendo a dos menores de edad: tres heridxs de bala, ocho heridxs por perdigones y bombas lacrimógenas, ocho dirigentes hostigadxs por la Fiscalía y varios testigxs que denuncian haber presenciado casos de tortura contra veinte detenidxs. Adicionalmente, lxs manifestantes no fueron los únicos damnificadxs por la violencia de las fuerzas del orden. A fines de julio, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que el periodista Vidal Merma, quien se encontraba cubriendo la represión en Espinar, también fue agredida y amenazada por la policía. Además de las demostraciones y los bloqueos de las carreteras, los manifestantes desafiaron el 28 de julio, día de la fiesta nacional del Perú, la actual prohibición de reunirse y marcharon en la capital de la provincia. Mientras el presidente Vizcarra elogiaba en Lima la expansión de los proyectos mineros (incluyendo los de Glencore) como motor de la recuperación económica, la gente de Espinar se mostraba combativa. Si el presidente no responde a las demandas de los manifestantes “la pobración tomará medidas para cerrar la mina”, afirmó Rolando Condori. El paro concluye 24 días después, el 7 de agosto, al acordar una tregua donde el Consejo de Ministros del gabinete de Pedro Cateriano actuó de moderador. Su gabinete permaneció tan solo veinte días en el cargo, al ser relevado por el exmilitar Walter Marcos.

Por otra parte, es importante recordar que el conflicto entre la población campesina de Espinar y las empresas mineras de la zona no es nada nuevo. Hace 17 años, solo después de varias protestas contra la minera, la provincia accedió firmar un convenio con el proyecto minero. Luego, en el año 2012 estalló un nuevo conflicto socioambiental entre la compañía minera y lxs campesinxs de Espinar, quienes denunciaron la presencia de metales pesados en áreas naturales a causa de la actividad extractiva. El resultado de este enfrentamiento fueron cuatro personas fallecidas. A pesar de varios años de actividad minera en la zona, según las cifras oficiales del Plan Regional del Cusco 2018-2021, el 40 por ciento de la población rural de Espinar no tiene acceso al agua potable y el 38 por ciento vive en la pobreza. El Estado nacional hasta ahora ha defendido en numerosas oportunidades los intereses de las industrias extractivas, sin tener realmente en cuenta las demandas de los sectores rurales.

El conflicto en Espinar se agudiza con el programa de reactivación económica impulsado por el gobierno peruano. Desde hace un tiempo, el gobierno de Martín Vizcarra no ha dejado de ceder a las presiones de las grandes empresas privadas del país, agrupadas en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). En los primeros meses de este año, el gobierno de Vizcarra parecía haber tomado cierta distancia del gran empresariado, sin embargo, desde finales de mayo, el gobierno ha seguido al pie de la letra casi todas las recomendaciones de la Confiep, a través de la joven ministra de Economía María Antonieta Alva. Desde entonces, el principal objetivo del gobierno ha sido reactivar la economía de una manera algo forzada, por medio de la reapertura de diversos negocios, grandes industrias y centros comerciales, aun cuando las muertes por el Covid-19 aumenten aceleradamente y los hospitales siguen colapsados. Al momento de la publicación, se registraron más de 29.400 muertes por o con una infección de Sars-Cov-2, de acuerdo con las cifras oficiales.

„Los conflictos relacionados al extractivismo no dejan de estallar“

Una de las primeras actividades económicas que el gobierno y los grupos de poder impulsan en la reactivación fue, precisamente, la industria extractiva. El anterior y breve gabinete dirigido por Pedro Cateriano fue una muestra de ello. En su discurso de presentación ante el Congreso de la República, Cateriano revivió uno de los aforismos coloniales más utilizados por la derecha neoliberal peruana: “Perú, país minero”. Esa enfatización fue una de las tantas razones por las que distintos grupos parlamentarios no respaldaron al gabinete en la votación del Congreso: las bancadas de los partidos populistas Podemos y Unión por el Perú, así como los agraristas del FREPAP y el bloque de izquierda del Frente Amplio, votaron en contra. Por ello, el presidente se vio obligado a organizar un nuevo gabinete, ahora liderado por Walter Marcos, un exmilitar que hasta el momento prefiere no generar demasiada polémica sobre el tema de la industria extractiva.

El programa de reactivación económica ha sido el motivo principal por el cual los conflictos relacionados al extractivismo no dejan de estallar, ni siquiera durante la pandemia. Aún existen reclamos pendientes contra proyectos mineros, tales como Tía María y Las Bambas en los departamentos de Arequipa y Apurímac. Asimismo, el pasado 9 de agosto tres integrantes de la comunidad indígena Kukuma murieron a causa de la represión policial en el departamento amazónico de Loreto. La población Kukuma pedía el cese de actividades de la compañía petrolera canadiense Petrotal en su territorio y el envío urgente de medicamentos para resistir el Covid-19.

En Espinar ha transcurrido más de un mes desde el inicio del conflicto. La tregua entre el campesinado de la provincia y los representantes de la minera Antapaccay parece agotarse. De acuerdo con cifras oficiales, en Espinar hay más de 1500 personas contagiadas por el virus y diez fallecidos. Mientras tanto, muchos campesinxs cusqueños esperan justicia por lxs heridxs en la huelga y las propiedades de la empresa minera siguen siendo protegidas por efectivos policiales.

“SIEMPRE VAMOS A ESTAR AQUÍ RESISTIENDO EN EL TERRITORIO”

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Narlis Guzmán Angulo

es activista ambiental y de derechos humanos del corregimiento La Sierra del municipio de Chriguaná en el departamento Cesar, Colombia. Es parte del colectivo “mujeres guerreras” que lucha contra las minerías de carbón a cielo abierto y contra el monocultivo de los terratenientes. (Foto: privat)


¿Cuándo empezaron a sentir los primeros efectos de la pandemia en su región, y cuáles fueron?
Al comienzo, la gente en mi territorio no le prestaba mucha atención. No lo tomaba en serio porque pensaban que era algún cuento, que no era tan complicado. Pero a medida que a Colombia le empezaron a llegar tantos casos de Coronavirus y que se empezó a difundir por todos los medios lo peligroso que es esa enfermedad, todo el mundo incluso mi pequeño pueblo empezó a emperiscarse. Se cerraron las vías de acceso al pueblo. Es una enfermedad que nos tiene muy preocupados. No tenemos ningún caso de coronavirus aquí y Cesar tiene 35 casos [dato de mediados de abril 2020, nota de la redacción]. Eso no quiere decir que no nos esté afectando la Pandemia. Un problema muy grande es que estamos desempleados. Hay gente que no tiene nada de dar de comer a sus hijos. A la pandemia también tenemos que sumarle que tenemos agua que no es apta para el consumo, que nos esta generando conjuntivitis y también infecciones en la piel. Por lo general, nosotros somos campesinos. Una fuerte brisa vino y nos destruyó nuestras parcelas y productos como plátanos o mafufo. Todo eso nos ha generado mucha carencia.

¿Qué relación tiene la minería con los problemas que están enfrentando ustedes en la crisis del Coronavirus?
Como pueblo del corredor minero no hemos tenido ninguna clase de beneficios. Sus regalías no son repartidas. Nosotros vivimos en una miseria absoluta. No hay ni siquiera un puesto de salud, no hay agua potable, no tenemos gas natural. Mientras que no tengamos fuente de empleo, la misera va a seguir estando. Las minerías nunca han estado al tanto de nuestras problemáticas, ni siquiera en estos momentos difíciles.

¿La gente en las minas sigue trabajando?
Los trabajadores en las minas están laburando, no de la misma manera, pero algunos siguen. Algunas comunidades más cercanas a las minas han intentado parar la entrada y la salida de los buses. Eso generó mucho conflicto en el territorio. No se paró el tránsito, pero se disminuyó.

Las minas en el departamento Cesar pertenecen a grandes empresas como Drummond o Glencore. ¿Cómo reaccionan las empresas mineras a esa crisis? ¿Qué dicen al respecto de los problemas de su pueblo?
A las empresas nunca les ha interesado enfrentar las problemáticas de las comunidades.  Dicen que el Estado, según la nueva ley, les permite laburar. Siguen laburando sin importarles las diferentes problemáticas que hay en la comunidad, ni siquiera las que se han generado en los empleados, ni en las de la población.

¿Cómo es la atención médica? ¿Hay personal médico suficiente?
La atención medica es muy mala. De La Sierra tenemos que ir a Chiriguaná para ser atendidos. Teníamos un hospital de tercer nivel, pero debido a la politiquería perdimos nuestro hospital. En la lucha, en nuestra defensa para proteger el hospital el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios, nota de la redacción] fue asesinado un líder de nuestra comunidad. Hoy se dice que se está recuperando el hospital, pero todavía no, según el alcalde tiene acondicionadas 20 camas y un sitio para UCI [unidad de cuidados intensivos, nota de la redacción]. Pero en realidad, no tenemos esa cantidad de especialistas y médicos profesionales y tampoco tenemos el hospital tan bien dotado como antes. Nuestra salud es pésima. Si necesitamos ver a un especialista nos toca ir a cualquiera de las ciudades, lo que es muy complicado y nos cuesta tres horas o más.

¿Cómo imagina que va a seguir esta situación?
La cuarentena se extendió hasta el 12 de mayo. La pandemia está en su peor crisis. No se están dando a las comunidades las ayudas. Por lo menos nosotros que vivimos en un corredor minero pensamos que íbamos a tener la ayuda suficiente para subsistir esta pandemia, pero no, resulta que la ayuda alimentaria no cubre ni siquiera 60 mil pesos. En mi caso somos once personas, ¿qué podemos hacer con una ayuda de 60 mil pesos? Es muy difícil. La gente por no morirse de hambre va a querer trabajar, exponiendo su vida para no dejar morir a su familia. En nuestro territorio va a sifgnificar muchas muertes, incluso sólo por la miseria. Ya hoy, las familias no tienen nada de comer para sus hijos. Es muy complicada la situación.

La organización latino-alemana Red de Iniciativas Comunitarias (RICO e.V.) quiere establecer estructuras a largo plazo para el tiempo pos-carbón en las regiones colombianas que se ven afectadas por la minería. Su comuna es una de las que RICO e.V. ayuda con una campaña de recolección de fondos. ¿De qué tipo de proyecto se trata?
No solamente tenemos la problemática de la pandemia, sino también la del agua que nos genera infecciones y conjuntivitis. De ahí nace el proyecto de unos filtros manuales. A través del proyecto de RICO están recogiendo unos fondos para donarnos 200 filtros manuales para nuestra población. Sabemos que 200 filtros no alcanzan para todos pero por lo menos podemos solventar la situación de las personas más vulnerables.

¿Cómo imagina el futuro de su pueblo sin minería? ¿Sería posible?
A mí y a mis “mujeres guerreras” nos gustaría que fuera posible. Por naturaleza y por convicción somos completamente campesinos. Nos gustaría comernos nuestros productos sanos sin contaminación. Tenemos todos los motivos del mundo para que se cierre la minería. La Sierra es un pueblo muy pequeño, sin embargo, hemos tenido siete casos de malformaciones genéticas. Eso lo atribuimos a la minería. A nosotros nos gustaría vivir como vivían nuestros ancestros, cultivando sus productos y consumiendo lo que producen, que no nos genere ninguna enfermedad ni se mate a nadie, ni mucho menos mate a nuestro ambiente, lo que hoy vemos por causa de la minería. La minería que nos ha generado una cantidad de problemas: la prostitución infantil, la drogadicción, el desempleo, la corrupción política, el encarecimiento de la canasta familiar, las fuentes hídricas secas, las contaminación ambiental, desplazados, desaparecidos, muertos. Recuperar un espacio tranquilo, de paz, como el que teníamos sería un gran privilegio. Sabemos que está difícil, pero de igual manera nosotros siempre vamos a estar aquí resistiendo en el territorio. No se lo vamos a dejar muy fácil.

 

¿POR QUÉ VIVIMOS EN EL PARAÍSO?

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Memo fue comandante de la primera época de la Guardia Comunal de Ostula, es decir desde junio de 2009. Desde entonces ha cobrado una conciencia clara de lo importante que es el territorio para la comunidad. Él ha sido testigo de cómo varios de sus compañeros de la Guardia han sido desaparecidos por los Caballeros Templarios.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, fundada en 1531, se encuentra en la zona costera de Michoacán, dentro del municipio más grande de la zona, y posiblemente, uno de los más ricos en recursos naturales. Invasores, el crimen organizado y diversos partidos políticos impidieron desde comienzos del siglo XX el uso de estas tierras. Durante muchas décadas –por lo menos desde 1964– ha luchado la comunidad por su restitución (1,200 hectáreas de tierras listas para cultivos diversos).

Pedro vive en Xayacalan, construyó su casa junto con su esposa Baudelia, los dos eran muy buenos amigos de don Trino, uno de los luchadores más tenaces contra el doble poder, aquel que es político y criminal al mismo tiempo.
A partir de una resolución presidencial emitida en 1964, la comunidad encuentra el camino legal para demostrar que tiene la facultad y el derecho de ocupar las tierras en disputa; sin embargo, ni los tribunales agrarios ni las autoridades competentes reconocieron este derecho legitimando la presencia de población invasora. Esta misma ha constituido el poder político local a través del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y en fechas recientes el poder del crimen organizado, particularmente a través del grupo conocido como Caballeros Templarios.

Doña Juana mira con desconfianza el hecho fotográfico, lo que la ensayista mexicana Marina Azahua llama retrato involuntario. Pero lo hace también con curiosidad, tal vez preguntando si estas fotografías podrán capturar libremente la historia de su comunidad, la cual es una historia de fortaleza a pesar de lo doloroso que es el miedo y la muerte.

Recién en 2009 logra la comunidad consolidar las condiciones políticas y organizativas necesarias para llevar a cabo la recuperación de sus tierras por la vía de los hechos. Desde entonces, aquellos que codician estas hectáreas (políticos y criminales) desarrollaron una ofensiva violenta contra la comunidad. El resultado fueron 34 asesinados y 6 desaparecidos, además de una férrea resistencia y una experiencia de lucha que hoy es la base fundamental para mantenerse unificados como comunidad.

Felipa y Rosendo sonríen frente a una cámara que trata de retratar la tranquilidad en la que viven, lo mucho que les gusta trabajar la madera y la palma para mantener una tradición: tejer equipales, una suerte de pequeños bancos que son parte del moviliario tradicional de la comunidad. Durante los años violentos este trabajo no se llevó a cabo porque la presencia del crimen organizado prohibió esta actividad.

Tras una ofensiva contra el crimen organizado y contra la corrupción institucional a comienzos de 2014 la comunidad de Santa María Ostula logró organizar a su Guardia Comunal para proteger a las y los habitantes de este lugar. Para ello se basaron en las atribuciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por México a comienzos de los años 90 y elevado a nivel constitucional en 2011.
Mineras, proyectos carreteros y turísticos también amenazan con destruir el medio ambiente. La presencia cercana de la minera Las Encinas, del corporativo italo-argentino Ternium, representa una presión constante para la comunidad indígena, ya que la empresa minera intenta en la actualidad ampliar los terrenos de uso y tomar tierras comunales a cualquier costo.

Trueno es un comunero que ha luchado mucho para que su comunidad mantenga su territorio sin la presencia del crimen organizado. Ha participado en todas las iniciativas de la Ostula desde que en 2009 se recuperaron 1,250 hectáreas que ahora son fuente de cultivos y lugar de vivienda, una de ellas la de Trueno.

Por otro lado, el reciente acuerdo entre el gobierno estatal de Silvano Aureoles y el empresario indio Lakshmi N. Mittal, pone en riesgo la seguridad de la biodiversidad de toda la región sierra-costa michoacana y la estabilidad de las comunidades. El trato firmado consiste en el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y en el desarrollo minero en los casi 300 km de costa.

Ariana sostiene a su pequeña hija en la plenitud de su cocina y es posible notar que la mañana se instala lentamente al calor del fogón. Diez años después de una recuperación de tierras que trajo consigo una ofensiva criminal, que dejó a 38 personas entre desaparecidas y asesinadas, la comunidad se mantiene firme, unida y fuerte, reconstruyendo la vida cotidiana.

Tres condicionantes le puso el empresario y sexto hombre más rico del mundo al gobierno michoacano: la limpieza del crimen organizado, las certezas jurídicas para el uso de las tierras y la no existencia de oposición, ni indígena ni ambiental. Lo anterior tan sólo es el aviso de un desastre ecológico, social y cultural que se puede atender antes de que ocurra.

Todos participan Poco a poco las mujeres jóvenes van cobrando un papel decisivo en la participación política al interior de la comunidad. Su papel de sostén y de cuidado de las familias que luchan por la defensa del territorio, se ha traducido en una transformación a un sujeto social más activo, una herencia que tienen las nuevas generaciones.

A pesar de esta compleja situación, la comunidad nahua se mantiene como un fuerte punto de referencia en la resistencia, contra el crimen organizado y contra los megaproyectos en la búsqueda de una vida en tranquilidad y en total convivencia con el medio ambiente.
En la actualidad, Santa María Ostula también se encuentra consolidando la seguridad de su territorio y respaldando a otras comunidades vecinas para que la región de la sierra-costa sea productiva y pacífica.
En las hectáreas recuperadas, Ostula fundó la población de Xayacalan, lugar donde ahora se siembra papaya, jamaica, melón, tamarindo y maíz, en lugar de marihuana y amapola, o bien, fosas clandestinas, como hacía el crimen organizado.

 

“NINGUNO DE LOS DOS TIENE LEGITIMIDAD POLÍTICA”

EDGARDO LANDER
estudió sociología en Harvard y es profesor emérito en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es uno de los más famosos intelectuales de izquierda en Venezuela y  crítico defensor del proceso bolivariano. Sus temas son entre otros la crítica del eurocentrismo, los movimientos sociales y el neo-extractivismo en Latinoamérica.

Foto: Tilman Vogler


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Desde que Juan Guaidó se proclamó presidente interino el 23 de enero ha estado intentado llegar a la fuerza al poder. Ahora, los dos, tanto el Presidente Maduro y Juan Guaidó, dicen ser legítimos. En su opinión, ¿goza alguno de los dos de legitimidad?

Yo creo que no, ninguno de los dos. Desde las elecciones parlamentarias del año 2015 cuando el gobierno actual perdió muy fuertemente, claramente, se decidió preservar el poder a como diera lugar. Hay realmente una ruptura del orden constitucional muy clara. Hasta el 2015 habían habido elecciones libres, había un proceso electoral extraordinariamente transparente con un sistema electoral, con todo una infraestructura tecnológica electoral, prácticamente a prueba de trampas. Ya cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente se lo hace violando las normas constitucionales porque no se le preguntó a la población si quería derogar la Constitución del año 99. Cuando se nombra una Asamblea Nacional Constituyente cien por ciento del gobierno esta Asamblea se autoproclama una Asamblea Plenipotenciaria, es decir, supraconstitucional, o sea, una Asamblea todo poderosa sin contrapeso alguno, lo que implica la derogación de la constitución del 99. No hay nada que esa Asamblea pudiese hacer que fuera anticonstitucional porque se había asumido como supraconstitucional. Entonces, ya a partir de ese momento no hay Constitución.

Efectivamente hay un gobierno que viene violando paso a paso las elecciones de una forma ya muy sistemática desde el 2015 y cerrando todos los canales posibles de consulta de la población en Venezuela. Por otro lado, con respecto a la postura de Guaidó hay razones también para rechazarlo como una salida viable. Este proyecto de cambio de régimen es un proyecto que está diseñado desde afuera. El sector más de derecha, la actual oposición, en este caso dirigido por Voluntad Popular, supone que el gobierno es un gobierno que está a punto de caer y que para eso sólo hace falta un empujoncito final. Esto efectivamente no es lo que está ocurriendo. La derecha tiene un desconocimiento muy grande de la realidad venezolana. No ven que la mayoría de la Fuerzas Armadas Venezolanas continua apoyando a Maduro y el hecho de que a pesar de que el apoyo popular chavista al gobierno hoy es muy inferior a lo que fue en épocas anteriores, éste, sin embargo, sigue existiendo.

 

Desde el 7 de marzo comenzaron una serie de apagones de luz en todo el país. El gobierno acusa a la oposición y a los Estados Unidos de sabotaje. Por otro lado, la oposición los explica por el mal mantenimiento, descuido y corrupción del gobierno. ¿Qué piensa Usted de estas explicaciones y de las acusaciones mutuas?

En Venezuela la sociedad está tan polarizada, que parecen dos mundos divididos que se retroalimentan y, a la vez, se cierran sobre sí mismo. Cada uno de los sectores vive en su propio mundo con una interpretación de una realidad propia. Entonces, eso hace extremadamente difícil el abordar un asunto tan crítico para la sociedad venezolana como es la crisis eléctrica porque no es solo un asunto de interpretación sino un asunto de los datos mismos.

Durante ya varios años el sistema eléctrico venezolano vive un proceso de franco deterioro. Esto tiene que ver en primer lugar con la corrupción y el nombramiento de militares como jefes de la Empresa Eléctrica, quienes no tienen competencias en el ámbito. Pero, por otra parte, uno también puede suponer que hay un interés claro en aprovechar la situación para generarle dificultades al gobierno, y un sistema eléctrico tan precario es muy fácil de sabotear. Yo por eso no descartó que en algunos de los últimos acontecimientos haya habido saboteo, pero en todo caso, el saboteo se ha dado sobre la precariedad del sistema.

 

¿Cómo ve Usted que la polarización política afecta a los venezolanos?

El tejido social de la sociedad venezolana se ha descompuesto de una forma dramática durante estos años. Hay familias que se han roto como familia, que no pueden convivir como tales. En mi experiencia, por ejemplo, en la vida universitaria, equipos de investigación y colectivos de trabajo que durante muchos años venían trabajando juntos, han llegado al punto de perder la capacidad de trabajar conjuntamente por los enfrentamientos políticos, se ha generado una desconfianza mutua.

 

Usted pertenece junto con otros activistxs, académicxs y exministrxs del Presidente Chavez a La Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es su propuesta como salida a la crisis?

En el contexto actual, nos encontramos, por un lado, con un gobierno que intenta mantenerse en el poder sin importarle a qué precio, usando para ello la represión sistemáticamente y, por otro lado, con la opción de una salida violenta con apoyo militar de parte de los Estados Unidos, sumado a los bloqueos económico. En este momento se está manejando una lógica de amigo-enemigo, dos fuerzas que se oponen e intentan eliminarse entre sí. Por eso, desde la plataforma pensamos que evitar la guerra requiere necesariamente algún acuerdo político. Un acuerdo político que busque una salida que sea democrática, pacífica, electoral y constitucional, lo más cercano que existe es la oportunidad de un referéndum consultivo.

Desde la plataforma pensamos que en lugar de esta lógica de amigo-enemigo y de este intento de eliminar al otro, es necesario partir del reconocimiento del otro. Este reconocimiento implica la aceptación de la existencia del otro, implica reconocer que el otro también tiene intereses, también tiene la necesidad de sobrevivir. Es también reconocer la posibilidad de un referéndum en el que se plantee la pregunta sobre una posible renovación de todos los cargos nacionales. Esto significarían elecciones presidenciales, elecciones para la Asamblea Nacional con el nombramiento, entonces, de un Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que permitan reordenar el juego político y en esas nuevas condiciones, hacer esas nuevas elecciones.

Una salida negociada puede ofrecer al gobierno la posibilidad de una continuidad del proyecto político bolivariano a futuro. Algo, que sería muy difícil si se mantiene esta lógica en la que el cambio de régimen se da a través de la eliminación de una de las partes.

 

¿Qué piensa Usted del rol de la Unión Europea?
A través del reconocimiento de Guaidó por la mayoría de los países de la Unión Europea, lejos de empujar hacia una salida negociada, se están creando obstáculos aún más severos para un posible acuerdo. Están envalentonando a la gente que se organiza en torno a Guaidó, porque con este reconocimiento le otorgan el apoyo internacional para considerar a Guaidó y a los que lo acompañan como gobierno legítimo. Por otra parte, el gobierno de Maduro sigue contando con un apoyo fuerte. No solo el apoyo de China y Rusia, sino que sigue contando con el control de las instituciones del estado y con las Fuerzas Armadas, así como con una militancia chavista que sigue siendo activa, fuerte y con capacidad de movilización. Entonces, estos países que reconocen a Guadió ponen el énfasis en la salida inmediata de Maduro. Con esto hacen mucho daño, porque dificultan cualquier posibilidad de negociación.

 

La Plataforma también se reunió con Juan Guaidó, ¿con qué fin?

Estos dos sectores están representados institucionalmente por un lado el presidente de la República y por otro la Asamblea Nacional. Las políticas de estos dos sectores son las que están generando esta amenaza de guerra. Decidimos plantearle a ambas partes la propuesta del Referéndum llamándoles la atención sobre la responsabilidad que ambos sectores tienen con respecto a la forma en la que están conduciendo estas políticas.

Decidimos pedir una reunión con Guaidó y Maduro por separado. Tuvimos la reunión con Guaidó que fue interpretada por mucha gente de la izquierda, sobre todo de la izquierda fuera de Venezuela, como una especie de reconocimiento de Guaidó. Nosotros nos reunimos con él por su posición como presidente de la Asamblea Nacional pero no en tanto presidente de la República. Esto lo dijimos públicamente.

Igualmente presentamos una carta solicitando la entrevista con Maduro. Durante tres días seguidos llevamos la carta a Miraflores, las tres veces, ¡se negaron incluso a recibir la carta! Ésta es la disposición que tienen para dialogar.

 

En febrero del 2016 fue creado el Arco Minero del Orinoco, una zona de casi ciento doce mil kilómetros cuadrados para la explotación minera. ¿Qué se encuentra detrás de este proyecto?

Como consecuencia de la baja del precio del Petróleo, en primer lugar, y del progresivo colapso del nivel de producción, en segundo lugar, el gobierno venezolano en vez de reconocer el fin de la era del rentismo y buscar otras rutas, otras direcciones de la economía, optó por un nuevo rentismo, el rentismo minero. En esta zona del arco minero hay inmensas reservas de minerales de todo tipo: hierro, aluminio, coltán, tierras raras, minerales radioactivos y sobre todo oro. Entonces el gobierno decidió que esto era como el nuevo “El Dorado” y que era posible sustituir la baja del ingreso petrolero por grandes ingresos a través de esta vía. Ya durante los últimos diez años anteriores, más o menos, ha habido un incremento de la minería ilegal, irregular, en esta zona minera en pequeña escala, la cual había hecho mucho daño ambiental. El uso de mercurio y la devastación ecológica también impactó sobre los pueblos indígenas de la zona. Y ahora el gobierno se decide a convertir esto a gran escala con la participación de empresas transnacionales.

La participación de las transnacionales en este proyecto ha sido bastante limitada. Y esto no por las condiciones que ofrece el gobierno, sino por el hecho de que hay una extrema inseguridad jurídica. En primer lugar, porque todo esto representa una violación de la constitución: de la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley Laboral, las Leyes Ambientales, y, en segundo lugar, por la inestabilidad política del país obviamente.

 

¿Considera que la creación de esta zona económica especial está en contradicción con la política oficial del Gobierno?

Hay una contradicción muy fuerte entre el contenido de la constitución y lo que efectivamente es la política que está llevando a cabo en el gobierno. Las condiciones con la que se creó el Arco Minero, así como la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de protección de la inversión extranjera son claramente decisiones neoliberales. Entonces, la orientación general del gobierno en términos del extractivismo, claramente no representa una ruptura con el modelo económico global, no representa una ruptura con la intercesión colonial y no representa tampoco un quiebre con el rol clásico que se le atribuye a América Latina como exportadora de materias primas.

Quiero insistir que hoy hay un proceso de devastación muy, muy severo. Hay unos niveles de violencia increíble en una especie de terreno de nadie donde todos los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Hay un atropello muy violento sobre las comunidades indígenas de la zona y hay muchos indígenas que están metidos a la minería porque sus condiciones de vida están siendo devastadas y no les va quedando más remedio. Hay niñas indígenas que son raptadas y llevadas a la prostitución en los campos mineros.

 

¿Cuáles manifestaciones o grupos de resistencia se han formado en contra?

Existe por ejemplo la “Plataforma en contra del Arco Minero” que es un colectivo de gente fundamentalmente joven que viene de luchas ambientales, pero que también luchan por la democracia y por los derechos de los pueblos indígenas. Esta gente ha venido realizando campañas sistemáticamente para analizar esta situación. Sin embargo, el día a día de la situación venezolana y la sobre-determinación de la polarización política hacen muy muy cuesta arriba que exista la posibilidad de una consciencia política más ampliamente compartida en este asunto.

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