“ESTE ESPACIO DEBERÍA SER NUESTRO”

Abrazo sororal Integrantes de las MOFE en la facultad tomada, Foto: Andrea Murcia, Instagram: @usagii_ko

A finales de agosto llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Facultad de Economía. ¿Cuáles fueron los resultados del acuerdo?
Alcanzamos que se cumplieran los puntos más fuertes de nuestro pliego petitorio. Logramos que se convocara a una Unidad de Género con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social y que se diera atención ginecóloga a las estudiantes. Creamos la Comisión de Género, conformada por alumnas y profesoras encargadas de la difusión del feminismo mediante talleres y conferencias. Además, generan propuestas para incluir la problemática de la violencia de género en el plan de estudios. El punto por el que más discutíamos con las autoridades fue que había muchos profesores y algunos alumnos con varias recurrencias en agresiones de diferentes formas. Nuestro punto inicial era que los sacaran de la facultad. No era del todo posible, porque muchos no tenían procesos formales, pero logramos que se hicieran cambios, y en próximas denuncias los agresores obtendrán la sanción correspondiente a los actos cometidos. La presión de todas las tomas feministas de la UNAM hizo posible reformar tres artículos del estatuto general de la universidad.

¿Cuáles artículos lograron reformar?
El primero reconoce la violencia de género como una falta grave. Fue aceptado por la UNAM, pero no había sanciones. La autoridad de cada facultad o institución podía sancionar como quisiera. En la Facultad de Economía, por ejemplo, había denuncias por violación en los cuales se encontraba culpable al agresor y se le daba ocho días de suspensión. Eso nos generaba mucha rabia. En cambio, ahora, si va a ser sancionado. Puede ser con suspensión, expulsión o la rescisión de contrato. En específico, logramos que saliera el profesor Luis Arizmendi. Durante muchos años encabezaba una secta sexual dentro de la facultad. Si las muchachas denunciaban, eran intimidadas para que quitaran la denuncia.

¿Cómo viven la violencia sexual en contra de las mujeres en la universidad?
Es un contexto mayor, no sólo se vive acoso en las aulas. No sólo te piden algún favor sexual para poder pasar la materia,  no sólo convives con tu agresor en tu salón de clase, lo cual es súper incómodo. No sólo son los chistes misóginos de los profesores. A nosotras que estudiamos Economía, por ejemplo, nos decían que la Economía era para hombres. El 70% de la facultad son alumnos varones, nosotras representamos un 30%. Por diferencias de números es lógico que se acople al ambiente en sus aulas, que teníamos que estar calladas. Al momento de querer organizarnos no nos dejaban y rompían las asambleas. Hablamos de algo que pasa desde hace años. En la UNAM tenemos facultades como Ciencias y Filosofía y Letras, donde grababan a las chicas en los baños y luego estos videos los subían a páginas pornográficas. No sólo es la violencia que tienes que vivir al trasladarte de tu casa a la escuela en el transporte público, sino entrar a la escuela y entrar a un ambiente misógino y machista donde también te están violentando. No estamos seguras en ningún lado, a veces ni siquiera en nuestras propias casas. La universidad tampoco se esfuerza por darnos este lugar seguro. Hablamos de algo tan grande como el feminicidio de Lesvy Berlín en 2017 en la Facultad de Ingeniería que la UNAM se esforzó a encubrir hasta donde pudo. El contexto en general da miedo porque somos diez mujeres asesinadas al día en México. Ver toda su negligencia, ver toda su indiferencia y ver que a ellos no les importa que una compañera haya muerto en la Ciudad Universitaria es indignante. ¡Estamos hartas!

¿Cómo surgió la organización  de la toma?
Ya existía un grupo de mujeres organizadas en la Facultad de Economía con el que hacíamos tendederos. Los tendederos nacen a partir de un caso más en la Facultad de Economía. Al adjunto del director, que también era el secretario general, le llegan tres denuncias por violación. Allí comenzamos a movilizarnos. ¿Cómo es posible que no se le sancione si tiene tres denuncias formales por violación? De allí surge esta red de mujeres. Cuando en enero de este año más y más facultades, preparatorias y CCHs (colegios de preparación para la educación superior de la UNAM, nota de la redacción) se fueron a toma, nos estábamos apenas acoplando entre nosotras para ver qué se iba a hacer en la Facultad de Economía. Nos impactaba mucho cuando empezaban a sonar casos ya muy específicos de violencia en contra de las estudiantes de los diferentes planteles. Empezábamos a cuestionarnos y nos dimos cuenta de que todas teníamos el mismo objetivo: la lucha en contra de estas negligencias, opresiones e intimidaciones que tenían las autoridades de la UNAM hacia nosotras y hacia todas las mujeres de la universidad. Eventualmente realizamos nuestra toma, no solamente por los casos particulares de la facultad sino también en apoyo a los otros planteles.

¿Cómo lograron avanzar el proceso de negociación con las autoridades de la facultad y mantener la presión a pesar de la pandemia?
Nosotras entregamos el pliego petitorio un fin de semana antes de que iniciara el paro de actividades a nivel nacional. En la entrega, el director nos pidió que paráramos el proceso y entregáramos las instalaciones por el deber social que teníamos, y dijo que cuando se terminara la pandemia hablaríamos. Respondimos que no, porque ya llevábamos posponiendo esto desde las primeras protestas hace tres años. Por dos meses y algo más, nos ignoraron por completo. La UNAM, en este afán de decir que estaba trabajando, creó una Comisión de Género. La coordinadora hizo un llamado a los directores de cada facultad para que se resuelvan las demandas de las mujeres en los diferentes planteles. En este momento, decidimos de forma estratégica hacer un comunicado a la rectoría de la UNAM, a la defensoría, a la coordinadora de la Comisión de Género y al director de la Facultad de Economía, diciendo que ya habíamos sido ignoradas por mucho tiempo. Nuestro director nos contestó de forma muy ambigua y decidimos citar públicamente al diálogo. Dijimos si él no se presentaba, era clara la respuesta que tenía en contra del movimiento de mujeres y de nuestras necesidades que expresábamos en el pliego.

Desde que tomamos la facultad el 28 de febrero iniciaron mesas de negociación hasta el 18 de mayo. Por mucho tiempo apostaron al desgaste. Al iniciar las mesas se notó que no habían leído nuestro pliego. Apenas cuando cumplimos un mes de mesas de negociación se empezaron a interesar porque ya se habían soltado las demás tomas y solo quedábamos nosotras.

¿Lograron las otras tomas también imponer sus demandas?
Claramente el contexto para cada toma fue muy diferente porque tenían distintos tipos de represión. A las otras tomas las hostigaron de una forma muy fea. En la noche se metían personas, robaban e, incluso, defecaban dentro de las instalaciones. En FES Acatlán, (una entidad académica multidisciplinaria de la UNAM en la periferia de la Ciudad de México, nota de la redacción), entraron armados a violentar a las chicas y, posteriormente, se incendiaron las instalaciones. Hubo un desgaste psicológico y físico que no les permitió realmente tener la capacidad y la fuerza de seguir con sus tomas. En muchos casos, las demandas sólo fueron cumplidas parcialmente.

¿Ustedes también vivieron este tipo de represión?
Primero recibíamos amenazas por parte de alumnos y de profesores. Luego iniciaron las mesas de negociación y empezó la represión por parte de las autoridades. Esto nos tenía en constante alerta porque ya había pasado lo de FES Acatlán y éramos la única instalación que seguía tomada en la Ciudad Universitaria. Más allá de que se cumpliera el pliego de cada toma, un logro fue hacer notorio que ninguna facultad, ni plantel en la UNAM se salva de la violencia de género que vivimos a diario. A pesar de que se terminaron las tomas, esto apenas está comenzando, porque muchas facultades no pudieron seguir con sus negociaciones por la pandemia y hasta la fecha han sido ignoradas.

¿Creen que la digitalización por la pandemia ha frenado al movimiento?
Sí, nos frenó un poquito, porque el semestre se terminó en línea. En otras circunstancias la toma hubiera generado más presión de que se iba a perder el semestre. Las clases en línea implicaban otro contexto. Nos ha tocado ver como esa violencia que estaba dentro de las aulas de la facultad, ahora se trasladaba a las aulas virtuales. Ha habido casos, por ejemplo, de conferencias en donde los compañeros estaban con la cámara prendida, se paran y se sacan el pene. Hemos tenido casos en donde los profesores acosadores se aprovechan de que necesitamos tener más comunicación, ya sea por correo electrónico, por Facebook o por WhatsApp se la pasan hostigando a las alumnas. En este sentido, sí frenó nuestra lucha, pero también esto nos ha dado la pauta para mostrar que esa violencia existe porque ahora tenemos más pruebas de que realmente eso es lo que hacen los profesores. También estamos intentando tomar esos espacios virtuales y hacerlos nuestros, se está intentando visibilizar esa violencia, que ahora es virtual, mediante los canales que nosotras administramos. Si a estos espacios virtuales no podemos hacerlos seguros, por lo menos visibiliza que todavía estamos tomando clases con agresores, que estos siguen estando atrás de una pantalla, pero al final de cuentas siguen estando allí.

 ¿Cómo hicieron de la facultad un espacio feminista?
Nos dimos cuenta que donde estudias realmente debería ser tu espacio, un espacio donde te deberías sentir segura, un espacio donde deberías sentirte libre, un espacio donde puedas convivir de forma pacífica con todas las demás. No habíamos experimentado algo así hasta la toma, donde convivimos seis meses con puras chicas. Cuando estudias con puros vatos, es un espacio masculinizado y si quieres participar debes tener toda la certeza de lo que vas a decir con diez mil fundamentos. Es probable que si te equivocas ya no tienes oportunidad, nadie te va a tomar en cuenta, ya nadie te va a creer. Entonces también es el hecho de que nos podemos sentir con la libertad de hablar absolutamente cualquier cosa desde cualquier postura, que va a ser tomada en cuenta y que tal vez se va a llevar a discusión. Este sentimiento que nosotras logramos encontrar en ese espacio, buscamos también hacérselo sentir a las demás chicas de la facultad. Este sentimiento va a servir como un espacio seguro en el sentido de que todas nos podamos encontrar. Ahora las compañeras que son violentadas saben que existimos. Si alguna, no solamente de nosotras sino de todas las chicas de la facultad, de las maestras, de las trabajadoras quiere exponer algún tipo de situación, ahora se puede sentir en la confianza de que no se le va a juzgar. Se le va a apoyar. Se va a buscar a hacer todo lo necesario para que ella pueda adquirir todo esto que nosotras hemos aprendido a lo largo de estos meses en un espacio solo de chicas. Así que, apropiarnos de este espacio, fue más que nada apropiarnos de nosotras mismas y de poder compartir eso con las demás sin miedo. Nosotras entendemos que afuera no nos dan este espacio, y si no lo buscamos no lo vamos a tener, ¿no?

A principios de octubre integrantes de colectivas feministas juntas con madres de víctimas tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México para exigir justicia en la atención a los casos de violencia de género, feminicidios y desapariciones (véase LN 557). ¿De qué manera creen que la toma en general es una herramienta legitima y útil para alcanzar demandas feministas?
Es totalmente legítimo, valido y necesario el hecho de apropiarnos de las instituciones que por tanto tiempo nos han ignorado. En nuestro caso, no nos volteaban a ver hasta que estuvo tomada la facultad. Es un arma muy poderosa para decir “¡Aquí estamos y es nuestro!”. Es una forma de visibilizar que las mujeres en México sobrevivimos todos los días a este sistema, a este machismo, a tanta violencia y a tanto feminicidio. El movimiento empieza en las universidades y puede ir más allá. La violencia no es solamente en la universidad, no es solamente el camino de nuestras casas a la universidad, es en todo el país. En cada estado, en cada rincón se encuentra este contexto y sobre todo en las periferias. Sin embargo, en México el presidente se hace bien tonto y ni si quiera menciona los temas del feminismo en sus exposiciones mañaneras sobre los problemas del país. Entonces también se trata de hacer más visible la negligencia de las autoridades. Al final de cuentas la CNDH, es quien debería velar por nuestros derechos, pero realmente es totalmente omiso y negligente. Si las instituciones no nos están aportando las soluciones, no queda otra que tomarlas y hacer lo que tengamos que hacer con ellas. En este caso, se llegó a hacer un refugio para mujeres víctimas de violencia y para mujeres familiares de las víctimas de feminicidios.

*Nota de la redacción: después del cierre de redacción, también fue tomada la Facultad de Química y el CCH Oriente por estudiantes feministas.

EL MACHISMO NO HACE CUARENTENA

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Protesta colorada El 8 de marzo en la Ciudad de México (Foto: Lina Hayek)

Después de años de agresiones por parte de su marido, después de haberlo denunciado ante la justicia por lesiones, y de haber sido empujada a la conciliación, Marciela Benítez* comprendió que no saldría viva del encierro obligado por la emergencia sanitaria. Con 27 años y dos niños en la Ciudad de México, la organización Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia le proporcionaba asesoría legal y psicológica. La última semana de marzo, después que su pareja le diera una golpiza, ella pensó: “Estando en casa todos los días, ahora sí me va a matar mi marido”. Tomó la pequeña maleta que las asesoras de Espacio Mujeres le recomendaron preparar, aprovechó el momento en que su agresor se bañaba, llamó a sus dos hijos y con sigilo huyeron del domicilio familiar.

Esto es una historia de muchas, que una multitud de mujeres viven en México en la situación actual del aislamiento por el coronavirus. Las consecuencias de la pandemia afectan mucho más a las mujeres, porque ellas en casa, quedan en las manos de sus agresores. Como constató el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, por la violencia que sufren allí. En México, en tiempos del aislamiento, los casos de violencia de género aumentaron y muchas más mujeres perdieron la vida por feminicidios que por el coronavirus.

Hacer llamadas puede ser peligroso en el caso de violencia

Hasta mediados de abril de este año murieron en México 406 personas por el Covid-19, de éstas 122 eran mujeres. En el mismo tiempo, 490 mujeres fueron víctimas de feminicidios. Diez mujeres mueren por día, es decir, cada dos horas y media una mujer es asesinada. En enero y febrero de 2020, estos delitos incrementaron un 9.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Entretanto fueron confirmados 35.000 casos de infectados, de ellos perdieron la vida más de 3.400 personas. Las cifras sobre la proporción de mujeres eran desconocidas al cierre de redacción. Las cifras de las personas fallecidas por coronavirus en México no son por el momento confiables, entre otros motivos, por las dificultades para conseguir un testeo: las pruebas son escasas y muy caras. Según un análisis hecho por el New York Times, el gobierno mexicano ignora cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en la Ciudad de México.

Pese a la gravedad de la violencia contra las mujeres en México, las autoridades del país no ofrecen cifras confiables al respecto o no tienen voluntad para darlas a conocer. Así lo advirtió el informe “Impunidad feminicida. Radiografía de datos oficiales sobre violencias contra las mujeres (2017-2019)”, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

La pandemia agrava la situación de muchas mujeres que viven violencia, porque hay menos refugios abiertos, menos intervenciones policiales y menos acceso a la justicia ya que muchos tribunales están cerrados. Para muchas, hacer llamadas puede ser peligroso en un contexto de confinamiento en el hogar.

No hay suficientes tests Los números de infectados por lo tanto son muy poco confiables (Foto: Ernesto Eslava, Pixabay)

Además, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva está restringido. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva hizo para el periodo de abril a junio del año en curso la proyección de la ocurrencia de cerca de 260,000 eventos obstétricos, un aproximado de 235,000 nacimientos, cerca de 25,000 interrupciones de embarazos, alrededor de 1,150,000 consultas de control prenatal y casi 200,000 consultas durante el puerperio.

Todos estos casos están afectados por las restricciones. Sobre todo, con respecto a las interrupciones de los embarazos van a haber consecuencias muy graves para las personas afectadas – desde el daño físico hasta la muerte. En la mayoría de los estados de México, la interrupción del embarazo está penalizada. En este momento, por el aislamiento, muchas clínicas están cerradas y han suspendido las interrupciones de embarazos. Sin olvidar, que el acceso a estas prestaciones depende del poder adquisitivo y, en muchos casos, de la clase social.

Por otro lado, desde el comienzo de la pandemia la violencia contra médicxs y enfermerxs ha aumentado drásticamente y muchxs están viviendo ataques de camino al trabajo. Ellxs son percibidxs como representantes del coronavirus y riesgo de contagio. El 80% de lxs enfermerxs y el 40 por ciento de lxs médicxs en hospitales en México son mujeres. Por eso esta forma de violencia otra vez afecta más a este grupo de la población.

En los tiempos de la pandemia la discriminación y la explotación se intensifican

Como las cifras señalan, son en su mayoría mujeres las que trabajan en el sector de salud. A esto se le suma el trabajo doméstico afuera y en el propio hogar (trabajo de asistencia y cuidado de los niños y del hogar). Por eso, son las mujeres las que están directamente en peligro de contagio. Especialmente las trabajadoras tienen alto peligro de contagio y sufren las consecuencias del aislamiento. Más del 60% de la población mexicana trabaja en el sector informal y vive día a día. Más del 54% de ellxs son mujeres. Ellas no se pueden permitir el lujo del aislamiento, porque no tienen ahorros, ni un ingreso seguro. Muchas trabajadoras son empleadas domésticas en los hogares de la clase media y alta. Este trabajo que algunas veces no es remunerado y que sucede sin contrato laboral de por medio. Las mujeres no tienen derechos laborales, ni seguridad social o de salud. En el trabajo doméstico son las mujeres indígenas las que se encuentran sobrerepresentadas, de este modo se perpetúan las condiciones sociales coloniales, caracterizadas por el racismo.

Las mujeres indígenas son parte del grupo más vulnerable en México, así como también las mujeres en situación de pobreza, las mujeres migrantes, las niñas, las víctimas del tráfico de personas y las mujeres con discapacidades. Los pueblos indígenas sufren de manera desproporcionada la crisis del coronavirus debido a las condiciones precarias en las que ya vivían al inicio de la pandemia, con un acceso restringido a la atención sanitaria y al agua potable; en muchos casos afectadxs por la apropiación y destrucción de su tierra en manos de proyectos extractivistas de empresas transnacionales; siendo víctimas de agresiones racistas por el uso de su lengua o de prácticas tradiciones – como el uso de ropa tradicional.  Por otro lado, en muchos casos la información sobre la pandemia no es proporcionada en sus lenguas.

El 8 de marzo el Día de la Mujer Luchar por atención (Foto: Pilar Suárez, CC BY-NC-SA 2.0)

La situación actual de la pandemia pone una vez más en evidencia la desigualdad social y de género en el mundo. El contagio y el aislamiento siguen las estructuras de sistemas de poder y dominación, como el género, la clase y la etnia. A causa de estas estructuras patriarcales, las mujeres, se convierten en el blanco de la pandemia, porque el trabajo doméstico, ya sea en el ámbito del propio hogar o en casas ajenas, y la familia, tiene tradicionalmente una connotación femenina y muchas veces no es remunerado.

Este concepto está basado en roles de género tradicionales, que a su vez están pregnados por esta división. A causa del cierre de escuelas durante el aislamiento, las mujeres se ocupan más del cuidado de lxs niñxs, porque es socialmente percibido como su tarea. Asimismo, el concepto idealizado del hogar y la familia produce una idea equivocada de seguridad. Sobre todo, en la situación del aislamiento esta idea suele ser una perdición para muchas mujeres, porque oculta la violencia doméstica y los feminicidios.

Informaciones sobre la pandemia no son proporcionadas en lenguas indígenas

Como menciona el grupo feminista Marea Verde México, el machismo no está en cuarentena y la mujer mexicana muere más bien por el aislamiento que por el virus. Por varias razones, las mujeres sufren más fuertemente las consecuencias de la pandemia: el trabajo desproporcionado en profesiones de la salud, el trabajo doméstico en otros hogares y en el propio, la violencia doméstica y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son sólo unas entre otras. En los tiempos de la pandemia se intensifican las condiciones precarias y las estructuras de discriminación y explotación. En este sentido, las trabajadoras y mujeres indígenas son las más afectadas por las consecuencias sociales y económicas del coronavirus.

Se deben lograr cambios estructurales con respecto al patriarcado, el capitalismo y el racismo. El trabajo doméstico y reproductivo tienen que ser remunerados y no deben ser percibidos como trabajos femeninos. Necesitamos una redistribución de la riqueza y un sistema de seguridad social y de salud que incluya a todxs. Tenemos que repensar los conceptos de hogar y los roles de género para vencer estructuras patriarcales y así también la violencia contra las mujeres, para que mujeres como Marcela Benítez en el futuro también puedan quedarse seguras en casa.

*El nombre fue cambiado por la redacción

LA VIOLENCIA ESTÁ EN TODAS PARTES

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CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
es abogado y miembro del comité de coordinación del CNI. Él participa allí desde los inicios del Congreso, fundado en 1996 por la, ahora difunta, comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
(Foto: Heriberto Paredes)


 

Las denuncias de comunidades indígenas organizadas en el CNI debido a agresiones y ataques no cesan. ¿A qué se debe tanta violencia?

La violencia que se desató y continúa en contra de las comunidades, es por el despojo. Son las empresas nacionales y transnacionales que pretenden deshacer las comunidades de sus recursos y territorios. El despojo lo vemos como una cuartada que permite desarticular, destruir, desplazar y, a la vez, ocupar el territorio. Lo que vemos es una guerra continua contra las comunidades indígenas.

 

Lo que Usted describe es extremadamente violento y criminal. ¿No tienen que actuar las empresas conforme a la ley?

Hemos visto en varias ocasiones que los intereses de los carteles se articulan con los intereses de las empresas. Vemos que hay o una asociación directa o una coincidencia en la actuación de los grupos delictivos, las empresas y, muchas veces también, con diferentes fracciones del gobierno.

 

¿Qué significa esto en concreto?

En concreto se trata de corporaciones policiales y militares. Se han hecho partícipes de los carteles, sea de manera directa o porque no obstruyen su accionar. Muy claro es el caso de Ostula, una pequeña comunidad indígena en la costa pacífica del estado de Michoacán. Allí hay una disputa importante por el territorio con la empresa Ternium, una de las empresas de hierro más grande a nivel mundial (véase LN 543/544). La presencia del cártel de los Caballeros Templarios creció allí cuando la Marina se posicionó en nuevos puntos de la costa. Junto con este posicionamiento creció la influencia de los criminales en términos logísticos y militares. Otro caso es el de Morelos, donde tanto el gobierno anterior como el actual ayudaron de manera decidida a llevar a cabo el Proyecto Integral de Morelos [un megaproyecto para la generación de energía con gas natural, contra el que la población indígena y campesina de la región ha mostrado resistencia, nota de la redacción]. A la par de este proyecto, creció la presencia del crimen organizado. No necesariamente tiene que haber una articulación o trabajo conjunto entre los carteles y el gobierno, pero sí vemos una simultaneidad.

 

En febrero 2019, Samir Flores Soberanes, un miembro del CNI y figura central en una protesta regional contra el Proyecto Integral de Morelos, fue asesinado

Era integrante y promotor de la radio comunitaria. Yo lo conocí personalmente. No tenemos los elementos para decir quién lo hizo o cuál era el motivo, pero sí tenemos la suficiente claridad para afirmar que fue asesinado por su lucha. Después de su asesinato, la lucha no se detuvo. La lucha es siempre de una comunidad, no solamente de una persona. Sí pesan las personas en lo individual, pero lo que pesa más es la comunidad y lo colectivo. Hay miedo, hay preocupación, pero la lucha sigue.

 

Entretanto se modificó la constitución y se creó la controvertida Guardia Nacional (véase LN 539). ¿Desempeña el nuevo órgano militar un papel en los proyectos mencionados?

Hasta ahora no hemos visto que la Guardia Nacional haya sido usada de manera directa para llevar a cabo los megaproyectos. No obstante, en los asentamientos donde hay mayor interés en los megaproyectos (extracción de gas y petróleo, proyectos de comunicación) hay mayor presencia de la Guardia Nacional. Un caso paradigmático es el del Estado de Chiapas donde se encuentra el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Allí el tema de la delincuencia organizada es secundario y, sin embargo, Chiapas es el estado donde hay un mayor número de efectivos de la Guardia Nacional. Eso nos confirma que los militares guardan estrecha relación con la imposición de tales proyectos.

 

¿Por qué no logra el gobierno poner un fin a los ataques contra los pueblos indígenas?

La violencia no es solamente contra los indígenas, la violencia está en todas partes. En zonas rurales, en zonas urbanas, en todas las regiones. La situación está descontrolada. El gobierno no puede contener la violencia. Desafortunadamente, los militares y el poder judicial están profundamente penetrados y controlados por grupos de la delincuencia organizada.

 

El CNI se opuso a una alianza con MORENA, el partido del actual gobierno. Una alianza que había sido propuesta hace tres años por el EZLN. ¿Fue esto un error por parte del CNI?

El CNI no es partidista. Es un espacio de los pueblos indígenas, abierto a opiniones diversas, incluso a personas cercanas a los partidos. Pero hay principios que nos mantienen lejos de los partidos políticos. No hubiera sido congruente optar por alianzas a nivel electoral por convivencia temporal. Vemos complicada la alianza que llevó a AMLO a la presidencia. Vemos partes fundamentales de su programa complicados, tales como su alianza con el partido evangélico – Partido Encuentro Social (PES). Asimismo criticamos sus megaproyectos y su política en materia de hidrocarburos y energía.

 

¿Cuál será la respuesta del CNI ante estas agresiones?

Los ataques van a seguir, porque es un problema a nivel mundial. El capitalismo se reproduce a través de guerras. La guerra contra los kurdos es un ejemplo de ello. Todo eso a tal punto que pone en riesgo a la misma humanidad. Parar la violencia no depende de las facultades de los Estados nacionales o de sus gobiernos. Son las empresas las que controlan la economía del mundo. Nos queda nada más que seguir con la perspectiva que tenemos. Crear autonomía, crear espacios culturales y económicos en vinculación con organizaciones que luchan contra el capitalismo.

¿POR QUÉ VIVIMOS EN EL PARAÍSO?

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Memo fue comandante de la primera época de la Guardia Comunal de Ostula, es decir desde junio de 2009. Desde entonces ha cobrado una conciencia clara de lo importante que es el territorio para la comunidad. Él ha sido testigo de cómo varios de sus compañeros de la Guardia han sido desaparecidos por los Caballeros Templarios.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, fundada en 1531, se encuentra en la zona costera de Michoacán, dentro del municipio más grande de la zona, y posiblemente, uno de los más ricos en recursos naturales. Invasores, el crimen organizado y diversos partidos políticos impidieron desde comienzos del siglo XX el uso de estas tierras. Durante muchas décadas –por lo menos desde 1964– ha luchado la comunidad por su restitución (1,200 hectáreas de tierras listas para cultivos diversos).

Pedro vive en Xayacalan, construyó su casa junto con su esposa Baudelia, los dos eran muy buenos amigos de don Trino, uno de los luchadores más tenaces contra el doble poder, aquel que es político y criminal al mismo tiempo.
A partir de una resolución presidencial emitida en 1964, la comunidad encuentra el camino legal para demostrar que tiene la facultad y el derecho de ocupar las tierras en disputa; sin embargo, ni los tribunales agrarios ni las autoridades competentes reconocieron este derecho legitimando la presencia de población invasora. Esta misma ha constituido el poder político local a través del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y en fechas recientes el poder del crimen organizado, particularmente a través del grupo conocido como Caballeros Templarios.

Doña Juana mira con desconfianza el hecho fotográfico, lo que la ensayista mexicana Marina Azahua llama retrato involuntario. Pero lo hace también con curiosidad, tal vez preguntando si estas fotografías podrán capturar libremente la historia de su comunidad, la cual es una historia de fortaleza a pesar de lo doloroso que es el miedo y la muerte.

Recién en 2009 logra la comunidad consolidar las condiciones políticas y organizativas necesarias para llevar a cabo la recuperación de sus tierras por la vía de los hechos. Desde entonces, aquellos que codician estas hectáreas (políticos y criminales) desarrollaron una ofensiva violenta contra la comunidad. El resultado fueron 34 asesinados y 6 desaparecidos, además de una férrea resistencia y una experiencia de lucha que hoy es la base fundamental para mantenerse unificados como comunidad.

Felipa y Rosendo sonríen frente a una cámara que trata de retratar la tranquilidad en la que viven, lo mucho que les gusta trabajar la madera y la palma para mantener una tradición: tejer equipales, una suerte de pequeños bancos que son parte del moviliario tradicional de la comunidad. Durante los años violentos este trabajo no se llevó a cabo porque la presencia del crimen organizado prohibió esta actividad.

Tras una ofensiva contra el crimen organizado y contra la corrupción institucional a comienzos de 2014 la comunidad de Santa María Ostula logró organizar a su Guardia Comunal para proteger a las y los habitantes de este lugar. Para ello se basaron en las atribuciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado por México a comienzos de los años 90 y elevado a nivel constitucional en 2011.
Mineras, proyectos carreteros y turísticos también amenazan con destruir el medio ambiente. La presencia cercana de la minera Las Encinas, del corporativo italo-argentino Ternium, representa una presión constante para la comunidad indígena, ya que la empresa minera intenta en la actualidad ampliar los terrenos de uso y tomar tierras comunales a cualquier costo.

Trueno es un comunero que ha luchado mucho para que su comunidad mantenga su territorio sin la presencia del crimen organizado. Ha participado en todas las iniciativas de la Ostula desde que en 2009 se recuperaron 1,250 hectáreas que ahora son fuente de cultivos y lugar de vivienda, una de ellas la de Trueno.

Por otro lado, el reciente acuerdo entre el gobierno estatal de Silvano Aureoles y el empresario indio Lakshmi N. Mittal, pone en riesgo la seguridad de la biodiversidad de toda la región sierra-costa michoacana y la estabilidad de las comunidades. El trato firmado consiste en el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y en el desarrollo minero en los casi 300 km de costa.

Ariana sostiene a su pequeña hija en la plenitud de su cocina y es posible notar que la mañana se instala lentamente al calor del fogón. Diez años después de una recuperación de tierras que trajo consigo una ofensiva criminal, que dejó a 38 personas entre desaparecidas y asesinadas, la comunidad se mantiene firme, unida y fuerte, reconstruyendo la vida cotidiana.

Tres condicionantes le puso el empresario y sexto hombre más rico del mundo al gobierno michoacano: la limpieza del crimen organizado, las certezas jurídicas para el uso de las tierras y la no existencia de oposición, ni indígena ni ambiental. Lo anterior tan sólo es el aviso de un desastre ecológico, social y cultural que se puede atender antes de que ocurra.

Todos participan Poco a poco las mujeres jóvenes van cobrando un papel decisivo en la participación política al interior de la comunidad. Su papel de sostén y de cuidado de las familias que luchan por la defensa del territorio, se ha traducido en una transformación a un sujeto social más activo, una herencia que tienen las nuevas generaciones.

A pesar de esta compleja situación, la comunidad nahua se mantiene como un fuerte punto de referencia en la resistencia, contra el crimen organizado y contra los megaproyectos en la búsqueda de una vida en tranquilidad y en total convivencia con el medio ambiente.
En la actualidad, Santa María Ostula también se encuentra consolidando la seguridad de su territorio y respaldando a otras comunidades vecinas para que la región de la sierra-costa sea productiva y pacífica.
En las hectáreas recuperadas, Ostula fundó la población de Xayacalan, lugar donde ahora se siembra papaya, jamaica, melón, tamarindo y maíz, en lugar de marihuana y amapola, o bien, fosas clandestinas, como hacía el crimen organizado.