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Contra la motosierra, con un solo puño

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El 24 de marzo se conmemoraron los 48 años del golpe y a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. ¿En qué contexto político ocurrió esto?
Vemos con horror que el Gobierno quiere destrozar consensos democráticos que se construyeron en los 80, uno de ellos el Nunca Más. Muy preocupante fue la denuncia, dos días antes del 24 de marzo, de una compañera de la agrupación de hijes de personas desaparecidas H.I.J.O.S.. Ella denunció que entraron a su casa y la amenazaron con un arma. Es increíble que 48 años después, personas a quienes les desaparecieron a sus familiares tengan que estar viviendo estas situaciones.
Volvió también la discusión sobre el número, si son 30.000 personas desaparecidas o no. Yo creo que no debemos enfrascarnos en esa discusión, sino vincular el tema de los derechos humanos con los proyectos de país. Lo que se hizo con la dictadura fue imponer un proyecto de país desigual, injusto y violento. La enorme mayoría de personas desaparecidas son trabajadoras o hijes de trabajadoras. Hay que volver a construir ese lazo que nos une desde la explotación, la pobreza y los problemas de género para justamente entender que este no es un gobierno que represente nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras. Hay que hablar con nuestres compañeres de clase, porque Milei ganó porque la clase obrera votó por él. Esta es la tarea y se logra con mucha comunicación, con mucha paciencia y con mucha militancia.

El grupo Poder Popular milita desde hace dos años. ¿Cuáles son las áreas más importantes de su trabajo?
Poder Popular trabaja en la autoorganización barrial, tiene bachilleratos populares, comedores y centros comunales que se organizan para luchar por la vivienda, por mejores condiciones de vida en el barrio. También trabajamos con compañeres en organizaciones sindicales, luchando por mejores condiciones de trabajo, por sindicatos más democráticos, llevando también las demandas de la agenda feminista a los sindicatos. Además, hay compañeres actives en el sector cultural con centros culturales, teatros independientes, así como compañeres que tienen militancia estudiantil en las universidades o en las luchas ecosocialistas.

¿Qué ha cambiado para ustedes desde que Javier Milei asumió el poder?
Nosotres en Argentina veníamos desde hace varios años una crisis económica con un nivel muy alto de inflación, lo que ya significaba un desafío grande para les militantes. Cuando tenemos que recurrir a múltiples empleos para poder sobrevivir, se hace difícil el activismo. A partir de diciembre del 2023 vivimos una profundización de la crisis económica y se sumó también un contexto represivo: Tenemos muches compañeres que han sido víctimas de la represión en las movilizaciones, que tienen causas penales por haberse manifestado en defensa de nuestros recursos naturales, por mejores salarios y en contra del avasallamiento de sus derechos, también compañeres que se están quedando sin trabajo.

¿Cuáles son los problemas más urgentes que experimentan en el trabajo barrial y sindical?
El Gobierno de Milei nos ha puesto a todes en una situación de mucha emergencia y de mucha precariedad. Con el Ministerio de Capital Humano muchos ministerios fueron reducidos a secretarías y todo está paralizado. Esa parálisis implica que por ejemplo los comedores de los movimientos sociales no reciban mercadería y no están pudiendo cocinar su desayuno, el almuerzo, la cena, las meriendas de un montón de niñes en un país que tiene un 41% de pobres y 11,9% de indigentes.
Por otro lado, se han caído muchos planes de subsidio a trabajadoras y trabajadores, alegando argumentos supremamente extraños e incomprobables. Son personas que están adentro de proyectos productivos, trabajan limpiando las calles, en cooperativas de trabajo. Y esas personas ya no están recibiendo ese subsidio como contraprestación por el trabajo.
Por el lado de los sindicatos justamente esa parálisis estatal que además viene de la mano de lo que Milei tantas veces llamó la motosierra, implica que, a finales de marzo, 70.000 trabajadoras y trabajadores del Estado están esperando saber si van a tener trabajo el mes que viene. Desde diciembre estaban con un contrato que fue renovado solamente por 3 meses.

Con la huelga general del 24 de enero, los sindicatos y movimientos sociales reaccionaron a medidas como ésta casi inmediatamente…
Sí, fue la huelga general más rápida que la Conferedacion General del Trabajo (CGT) de Argentina haya hecho a un gobierno, después de un mes y medio en el poder. Esto es un gran indicador de la conflictividad en la que nos encontramos en el país. Argentina tiene dos grandes actores que hoy discuten la situación política y activan resistencias: los sindicatos y los movimientos sociales. Nosotres estamos en ambos. En los movimientos sociales hoy, a diferencia de los años anteriores, se unen organizaciones del peronismo popular con los sectores más duros de los movimientos sociales, los sectores de izquierda que nunca fueron representados por los gobiernos anteriores.

¿Cómo se debaten dentro de los movimientos sociales los grandes porcentajes de aprobación que, según las encuestas, sigue teniendo Milei en la población argentina?
Por las experiencias de los 90, nosotres sabemos que lo que hace Milei es un experimento que no termina bien. Pero las encuestas todavía dicen que más del 50% de la población que lo votó lo apoya. Eso no lo podemos negar. Ese tema para muchos es un problema bastante difícil de sortear pensando en el deterioro de las condiciones de vida que se acrecienta cada vez más. Obviamente, el caldo de cultivo que lleva a un gobierno como el de Milei no se crea de un día para el otro o es solamente un invento de las redes. Tiene sus raíces muy profundas en el deterioro de la situación económica de la población en Argentina y se explica por el desastre de los gobiernos anteriores. Yo creo que después de la pandemia las personas vienen de una situación económica tan terrible que honestamente creen que pueden estar mejor si se sacrifican un poco ahora.
Además, los operadores mediáticos de Milei son muy hábiles generando confusión, información falsa y propaganda. Hay algunas medidas que la población en general ve bien, como el congelamiento salarial de les diputades y senadores que cobran mucho más que una persona del común. Son aquellas medidas en contra de la “casta”, como la llama Milei, sumado a los efectos de los gobiernos anteriores, en especial el Kirchnerismo, que Nancy Fraser llamaría de neoliberalismo progresista: al tiempo que te hacen vivir una vida de privaciones cada vez mayores, te dicen que eso es un Estado presente. La respuesta de la gente es: “Si esto es un Estado presente, entonces que el Estado se vaya!”.

¿Cuáles son las estrategias que utiliza Poder Popular para contrarrestar estos discursos?Nosotres creemos que la estrategia más importante es la construcción de un frente único: debemos construir un programa, candidaturas y portavoces comunes. Pero, mientras tanto, consideramos muy importante no dejar la calle y seguir movilizándonos sin miedo a la represión, visibilizando que lo que está pasando es injusto, que la casta no somos las personas de los barrios que no estamos pudiendo comer. Tratamos de desenmascarar justamente que el programa económico de Milei está hecho a medida de la gran burguesía argentina y le cae como anillo al dedo. Milei se queja de la casta, mientras la Ley Omnibus propone privatizar empresas estratégicas que están armadas a medida para sus amiges. Además, estas medidas van a traer muchos problemas, como la renuncia a nuestra soberanía aeronáutica y a nuestra política energética.
Entonces, hay que seguir construyendo los espacios que tenemos y llenarlos de contenido. Hoy más que nunca, es importante estar allí donde está el pueblo, reconstruyendo los lazos entre trabajadoras y trabajadores, personas desocupadas, mujeres y disidencias para poder enfrentar con un solo puño estas medidas.

¿Qué papel desempeña ahora el feminismo?
Los feminismos se están enfrentando a ataques permanentes a las conquistas y los derechos adquiridos en los últimos años. Uno de ellos, mundialmente famoso, es el derecho al aborto. El discurso del gobierno niega los derechos de las mujeres que han recibido una jubilación como amas de casa, ni hablar de todo lo que tiene que ver con las disidencias y la ley de violencia de género. Milei eligió al movimiento feminista como un enemigo, como chivo expiatorio, como el culpable de nuestro infortunio. Es muy parecido a lo que pasa con otras derechas a nivel global.
Yo creo que el rol de los feminismos ahora es tender puentes con aquellas personas que tal vez no terminan de entender lo importante que es la discusión de las políticas identitarias y lo poco que a fin de cuentas le cuestan al Estado. Hace 4 años, cuando se legalizó el aborto, creíamos que estaba saldada la discusión de que al Estado le salía más barato garantizar que una mujer pueda abortar y no se muera, que internaciones y muertes de mujeres por abortos clandestinos. Evidentemente, eso ahora vuelve a ser puesto en discusión. Ante este escenario, tenemos que volvernos más populares que nunca y explicar a la gente por qué también hay un componente de clase en esto. Y es muy importante que dejemos de lado cierto punitivismo que el feminismo desarrolló en algún momento y que nos hizo bastante daño. Tenemos que luchar por un feminismo queer que no culpabilice y no persiga a quienes, dentro de este enorme universo que es el feminismo, piensa distinto sobre algunos temas. En vez de eso deberíamos sentarnos a pensar qué es lo que no estamos dispuestes a perder.

¿Qué esperas de los meses que vienen?

Yo creo en nuestro pueblo, en nuestra capacidad de autoorganizarnos. Hemos sobrevivido a una dictadura, a un gobierno totalmente impopular y neoliberal como el de Carlos Saúl Menem, a una crisis económica tremenda como la del 2001 y también vamos a poder con esto. Para eso tenemos que revivir todas las estructuras de participación y de construcción de poder popular.
Me gustaría agregar otra cosa: Es muy importante que todo el mundo sepa que muchas de las cosas que están pasando en Argentina no aparecen en los grandes medios de comunicación. Actualmente es muy importante la denuncia y que se haga eco de ella porque así nos sentimos más acompañades.

“HAY UN QUIEBRE INSTITUCIONAL”

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NADESDHA GUEVARA OROPEZA

es activista por los derechos humanos y abogada de algunas de las víctimas de la masacre de Senkata, Bolivia, cometida por el ejército boliviano en noviembre del 2019. Realizó una serie de denuncias de violaciones a los Derechos Huma- nos ante las Naciones Unidas y coopera con la Asociación de Derechos Huma- nos en Bolivia, una organización que lucha por los Derechos Humanos desde una perspectiva descolonizadora y que apoya a los sectores más vulnerables, indígenas y campesinos. Guevara se ve en la tradición de la resistencia de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas y Tupac Katari (líderes indígenas que se rebe- laron contra el poder colonial español en el siglo XVIII) y su meta de una patria grande. Además Guevara utiliza su profesión como abogada para alcanzar el Suma Qamaña (Aymara) o Sumak Kawsay (Quechua), en español El buen vivir, concepto indígena que fue acogido en la constitución de Bolivia.

(Foto: privado)

¿Nos puede contar sobre el contexto político del golpe de Estado en Bolivia?

El golpe de Estado se da en diferentes escenarios. Uno de los escenarios principales es del sector agroindustrial ubicado en Santa Cruz de la Sierra, la burguesía agroindustrial, que no solamente quería tener el poder económico sino también el poder político que por 14 años les había sido arrebatado. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) formó una alianza táctica con este sector y empezó a hacer grandes concesiones de poder político.

Otro escenario es el proceso que se estaba viviendo en el interior del MAS y el proceso de cambio donde había una necesidad de consolidar el estado plurinacional y de hacer una renovación de dirigentes. En ese escenario tuvimos errores estratégicos y eso fue un argumento para una clase media que ya no se sentía pobre y quería sentirse rica. Otro de los errores que se han cometido fue cambiar al sujeto histórico de la lucha. En el último periodo el sujeto histórico ya no era el movimiento indígena, campesino y obrero, el sujeto histórico eran las clases medias.

Otro escenario es geopolítico. Los intereses por nuestros recursos naturales, especialmente por el litio, van cobrando fuerza. Entonces en Bolivia habían empezado a influenciar a las clases medias, las cuales tomaron el discurso de que en estos 14 años de proceso de cambio se había vivido una dictadura, que no vivíamos en democracia y que estaban luchando por su libertad. Y eso nosotros lo identificamos como un efecto, no como una causa. La causa está en esas pugnas de poder y en la coexistencia política con los sectores oligárquicos.


¿ Cómo condujo esto a un golpe de Estado?

En febrero del 2018 habíamos ido a un referendo para decidir si Evo Morales continuaba o no postulándose a la presidencia. Ganó el „No“. Se vuelve a repostular Evo Morales a partir de un control de convencionalidad y sale favorable en el tribunal constitucional plurinacional, lo que le permite ser nuevamente candidato. Y ahí nuevamente el rol geopolítico. Gana Evo Morales, pero bajo el rol nefasto de la Organización de Estados Americanos se da a entender de una manera difusa que hubo un fraude electoral.

Ahí fue donde los grupos paramilitares empezaron a ejercer actos de racismo y de violencia contra el pueblo. El golpe de Estado empieza a crear miedo a partir del ejercicio de la violencia contra los representantes del MAS en la Asamblea Legislativa. Empiezan a quemar las casas, a secuestrar a sus familiares, lo que provocaba la renuncia de muchos ministros, gobernadores y diputados. Después de la renuncia de Evo Morales, que había causado un vacío de poder, y después de la renuncia de la segunda presidenta del senado, Adriana Salvatierra, los policías y los militares dan el poder a Jeanine Áñez para que asuma la presidencia.

Lo primero que hacen al tomar el poder es realizar la quema de la Wiphala, la bandera símbolo de las naciones indígenas, originarias y campesinas. Es decir, demostrar que los pueblos indígenas, originarios y campesinos habían vuelto al lugar „que les correspondía”, fuera del poder. En noviembre de 2019 el ejército y la policía cometen masacres contra la población civil, denunciadas también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esas denuncias no han sido investigadas hasta ahora por el Ministerio Público.


¿Cuáles fueron los resultados del golpe en relación a la persecución política y al funcionamiento de las instituciones judiciales en Bolivia?

Hubo un pacto político que garantizaba la realización de las elecciones como único objetivo. Después vino un periodo mucho más complicado con la pandemia del Covid-19. Ahí se hizo mucho más clara esta lucha de clases, se revelaron más aspectos racistas y no se pudo resolver ninguna de las problemáticas estructurales.

Tenemos nueve meses de un gobierno transitorio donde hay un quiebre institucional, donde todo se mueve a partir del poder ejecutivo y de la instrucción del Ministerio de Gobierno. Tenemos perseguidos políticos tanto del MAS como de personas que no son del MAS y que han osado criticar al gobierno. Hay detenidos y aprehendidos de manera ilegal y arbitraria desde las masacres. Muchos de ellos han hecho las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales. Tenemos testimonios de mujeres de pollera (falda, vestimenta típica de la mujeres indígenas y campesinas de Bolivia, nota de la redacción) que han sido violentadas por militares y policías. Sigue aprehendido Facundo Molares hasta el día de hoy, está perdiendo su vista en los dos ojos y tiene problemas renales. También siguen aprehendidas muchas mujeres.

La ruptura institucional en Bolivia hace posible que estos grupos paramilitares se refugien bajo el consentimiento y permisibilidad del Estado, porque es el Estado el que financia los grupos paramilitares y mercenarios. Desde el Ministerio de Gobierno se dice que lo políticamente correcto es meter bala a todos los que están movilizados. Hasta el día de hoy se estima que hay tres millones de desempleados en Bolivia y hay personas que están volviendo a la pobreza extrema. Se ha privatizado la salud, se comete corrupción con la salud. El año escolar ha sido clausurado dejando sin escuela a todas nuestras niñas, niños y adolescentes. El problema económico no se ha podido resolver. Entendemos que es una situación muy difícil. Sin embargo, no hay ninguna política social por parte del Estado para mitigar este problema.

Esos son los efectos del golpe, del quiebre institucional del Estado de no-derecho. A quien le provoque cuestionar los problemas estructurales no resueltos se le aplica el derecho penal del enemigo, el que ve a estas personas como no-ciudadanos, tipificándolos como terroristas, como sediciosos o como financiadores de terrorismo. Por eso, los movimientos sociales, el movimiento indígena, campesino, obrero, están asumiendo que tienen que pronunciarse. El gobierno es un precursor del odio, esas personas siempre hacen esas distinciones, estigmatizan a las personas que ejercen su derecho a la protesta como Masistas. Todo eso engloba un quiebre institucional en Bolivia y tiene como resultado un pueblo insatisfecho y movilizado, pero también profundamente golpeado porque en nueve meses no se ha podido encontrar un pacto social en Bolivia (un convenio social y político para superar la polarización de la sociedad, nota de la redacción).


¿Cuál es la situación actual en Bolivia y cómo es que empezaron de nuevo las movilizaciones?

Para muchos la salida política eran las elecciones que se iban a dar el 6 de septiembre, sin una seguridad real de qué partido vaya a ganar, pero sí con la idea de que se vaya realizando un pacto social que pueda afrontar de mejor forma esta situación. El Tribunal Electoral dio el anuncio de que se trasladará la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre. Y eso lleva a un nuevo escenario de confrontación. Se llamó a un Cabildo, un encuentro, en la ciudad de El Alto, y se determinó dar 72 horas al Tribunal Electoral para que vuelva a declarar la fecha de elecciones el 6 de septiembre. De lo contrario se realizarían bloqueos nacionales.

En 72 horas se realizaron los bloqueos nacionales. Los bloqueos empezaron a cobrar más fuerza a partir de las declaraciones de sectores afines a este gobierno, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, que señalaban al movimiento indígena como “unas bestias que no merecemos ser ciudadanos y que mordemos la mano de quien nos da de comer”. Los indígenas representan más del 80% de este país, además se reconocen en la Constitución Política del Estado más de 36 naciones indígenas. Miembros del Comité Cívico y también personas afines al gobierno han expresado que deberíamos volver a la república (se refiere a volver a la constitución vigente antes del gobierno del MAS, nota de la redacción). Esos discursos han ido calando en la población y han profundizado las contradicciones, a tal nivel que la consigna del movimiento popular ya no eran las elecciones, sino la renuncia de Jeanine Áñez.

Los bloqueos han empezado a ser satanizados por el gobierno con el argumento de que estos influyen en la falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19, a pesar de que el oxígeno hacía falta aquí en Bolivia ya hace dos meses atrás y que la crisis de salud la tenemos ya desde hace nueve meses. Sin embargo, la Asamblea Legislativa donde tiene la mayoría el MAS, aprobó las elecciones para el 18 de octubre. En estos momentos se ha dado la instrucción de desbloqueo, pero con un estado de alerta permanentemente.


¿Cómo va a seguir la situación después de que la nueva fecha para las elecciones sea aceptada y después de que los bloqueos se terminen?

Nosotros estamos monitoreando y denunciando que se está ejerciendo una persecución política a los dirigentes que han llamado a estas manifestaciones. Ya han salido denuncias admitidas por el Ministerio Público. Tenemos 43 aprehendidos de manera ilegal y arbitraria en Samaipata, de los cuales tres están con detención preventiva. Tenemos tres heridos de bala en San Ignacio de Moxos por estos grupos paramilitares y tenemos un pueblo herido en su dignidad. Hoy afrontamos la resistencia popular, afrontamos también la necesidad de organizarnos porque sabemos que el Estado desde los policías, los militares y sus grupos paramilitares están preparados para golpear al pueblo Y hoy, en toda esta agudización del problema solamente nos queda asumir el planteamiento de un poder popular. Tenemos la incertidumbre de si se van a realizar o no las elecciones. No es algo certero para el pueblo, pero de lo que sí tenemos certeza es de la necesidad de organizarnos, unirnos y luchar.

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