Desde arriba

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(Foto: René Lescornez/Dip. via Flickr , CC BY-NC-ND 2.0)

“Mirar el proceso actual es bastante decepcionante”, dice Lucio Cuenca. Él es un reconocido socio ambientalista y fue asesor ad honoren de Camila Zárate, convencionalista electa al constituyente de 2020 por el Movimiento por las aguas y los territorios (MAT Chile). Cuenca dice que es un proceso que fue cooptado por el sistema político: “El sistema político chileno es parte del problema, es parte de la crisis que estamos viviendo, por lo tanto, el apropiarse e instalar este proceso, tiene en su ADN una cuestión no resuelta, que es sobretodo de legitimidad”. Sobre todo, critica la fuerte recaída en lo institucional. Esto ha llevado a los partidos conservadores, de derecha, pero también a los de la antigua Concertación (centroizquierda), que gobernó el país ininterrumpidamente entre 1990 y 2010, a adoptar el resultado del plebiscito del 4 de septiembre y a establecer ahora un proceso estrictamente limitado.

Los tres órganos del nuevo proceso constituyente tendrán una conformación paritaria. Lo más cuestionado por los sectores de la sociedad civil y movimientos sociales es la Comisión Experta que, con 24 integrantes, será elegida por los partidos con representación en el congreso, es decir, será proporcional a la cantidad de diputados por partido, lo que en Chile se denomina “cuoteo político” o repartición de cargos, sin elección popular, ni concurso público. “Es un eufemismo esto de los expertos, porque finalmente no hay expertos que sean inocuos, son expertos que representan posiciones políticas o corrientes políticas determinadas y a través de ellos, se van a plasmar en la redacción de la nueva constitución”, constata Cuenca. Por lo tanto, el proyecto de la nueva Constitución estará dominado por la opinión del Parlamento actual, pero no por la opinión del pueblo de Chile.

A finales de  enero, el Senado y la Cámara de Representantes  propuso 12 expertos cada uno para la comisión. La Comisión Experta, con representación paritaria, se reunirá por primera vez el 6 de marzo. Su tarea consiste en elaborar un primer borrador de la nueva Constitución, que luego se entregará al Consejo Constitucional, y será elegido en las elecciones fijadas para el domingo 7 de mayo de 2023. El Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas, con carácter paritario y con representación supernumeraria de representantes de pueblos indígenas. La ley aprobada por el Congreso Nacional chileno y publicada en el Diario Oficial dice: “El Consejo Constitucional es un órgano que tiene por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución”. Lo que significa, que discutirán el anteproyecto producido por la Comisión Experta, en otras palabras, un texto que por su génesis (nace de un órgano acordado por Ley), pondrá los límites de la discusión.

La Comisión Experta, no tiene derecho al voto en el Consejo Constitucional, pero claramente influirá en la discusión que se lleguen a suceder cuando el Consejo Constitucional sesione, puesto que será de su autoría el anteproyecto constitucional. “Adicionalmente, está el otro Comité de Admisibilidad, que va a hacer integrado por 14 abogados, también nombrados por el parlamento, y que finalmente será una especie de contraloría que va a determinar si los artículos que apruebe el consejo elegido (Consejo Constitucional), están o no, dentro del marco de los 12 puntos o principios acordados como límites para la nueva constitución”. Estos límites tienen de base los 12 principios que la Ley considera base en  la nueva carta fundamental, estableciendo, entre otros, que Chile es un Estado unitario, social y de derecho, donde también se consagra los tres poderes autónomos del Estado: Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Así, el  concepto de un país plurinacional, con un sistema judicial que se democratiza en su estructura, considerando entre otros elementos, una justicia que dé cuenta  a los pueblos originarios y a su cultura, queda excluido.

Para Lucio Cuenca y otros, los aspectos más críticos de este nuevo proceso, que busca superar la constitución pinochetista, se centra en estos límites establecidos. En su opinión, establecen la mantención de puntos críticos, que reproducen los pilares de la constitución del 80, para esta nueva constitución. Según él, eso es estratégico, “porque aceptar ese nivel de límites, es prácticamente cercenar la posibilidad de tener una constitución efectivamente democrática”.

Muchos de los principios de la anterior propuesta, discutidos democráticamente en la Convención Constituyente, no estarán presentes en la discusión. Por eso también es que la percepción que Cuenca tiene del proceso constitucional fallido es que fue quizá el más democrático que ha tenido Chile en estos procesos de construcción de una nueva constitución. Él evalúa que en el actual momento político se está con menos posibilidad de incidir desde el mundo social y la movilización social. Rescata sí, que las propuestas específicas del mundo socio ambiental, tuvieron importante presencia en el texto propuesto por la Convención Constitucional anterior (2021-2022). Particularmente, de 388 artículos 74 hacían mención a  “temas de la naturaleza y distinta institucionalidad y estaba instalado el tema ecológico desde el artículo Nº 1, cuando se define el carácter del Estado. Para nosotros, lo que se logró en la Convención Constitucional es de alto valor porque allí concurren distintas visiones del mundo socioambiental”.

La derrota sufrida del   ‘Apruebo’ el 4 de septiembre de 2022, ha tenido costos importantes en la legitimidad que puedan adquirir ciertos conceptos y principios que hablaban de un país más democrático, de la política y culturalmente. Poco de esto se reflejará en el nuevo proyecto de Constitución.

Se ha fijado un calendario preciso para el nuevo proceso constitucional: El Consejo Constitucional a partir del 7 de junio tiene un plazo de cinco meses para presentar una nueva propuesta constitucional. El plebiscito de apruebo o rechazo al nuevo texto se realizará el domingo 17 de diciembre de 2023, entonces es una vez más Apruebo (Sí) o Rechazo (No) a la nueva constitución. 

El signo de este acuerdo, expresa que Chile vuelve a los cauces netamente institucionales, donde es prerrogativa de los consejeros trabajar sobre un anteproyecto propuesto por una comisión de expertos nombrada a dedo. En este sentido, en nada se asemeja al proceso que, producto del estallido social, presenciamos desde el año 2019 en adelante. Se vuelve a la democracia “de las alturas”, dejando a la ciudadanía y los movimientos sociales como meros espectadores. 

Lo más grave está en la generación de los Consejeros: quienes quieran proponerse para candidatos/as a consejeros/as constitucionales, deben pertenecer a un partido legalmente inscrito y donde no se admiten candidaturas de independientes o representantes de movimientos sociales. Las elecciones de estos Consejeros, está dado por la norma que elige habitualmente a los senadores, donde el criterio de proporcionalidad propio de las elecciones de diputados/as, no se consideró: Ocurrirá, por ejemplo, que en la zona de la Araucanía, donde el conflicto entre mapuches, el Estado y las empresas forestales está en pleno desarrollo, se elegirán 5 consejeros, igual número que la Región Metropolitana, donde viven 8 millones de personas respecto del casi 1 millón de la Araucanía. Ninguna forma proporcional concurrirá en esa elección, más bien es retornar a las formas del antiguo sistema binominal, que estructuró las elecciones hasta 2013, lo que en la práctica a reponer las formas de alianzas, sobre la cuenta matemática de  quien concentre más votos tendrán mayor opción de elegir consejeros, perdiéndose los criterios de pluralismo y diversidad, donde candidatos con porcentajes menores, pueden optar a un sillón.

Si bien, los que “redacten” la constitución van a ser consejeros cien por ciento electos, la realidad de las cosas es que este consejo constitucional, es una entidad mixta que los chilenos rechazaron en el plebiscito de 2020. “El voto en ese momento fue un voto en contra de la participación del parlamento en el proceso,” dice Cuenca. 

Cabe señalar que la totalidad de los partidos con representación parlamentaria acordaron esta nueva modalidad para superar la constitución heredada de Pinochet. Con la excepción del Partido Republicano, asociado a la extrema derecha y el Partido de la Gente, nuevo conglomerado que se ubica en la centro-derecha populista.Los partidos impulsores del “Acuerdo por Chile” pretenden poner fin al legado de Pinochet con la nueva Constitución. Que esto vaya a tener éxito y que la nueva Constitución haga que Chile sea finalmente más democrático y más justo es algo que se pone en duda, especialmente en los círculos cercanos al movimiento. El “Acuerdo por Chile” es un acuerdo diseñado para que el parlamento redacte la nueva constitución. Y eso nos deja en una situación de mucha precariedad, desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía de los pueblos. Es decepcionante las características del modelo y de los actores que ahora están tomando decisiones en este proceso”, concluye Lucio Cuenca.

HOLPRIGER EPOCHENWECHSEL

Gegen die Straflosigkeit Alejandro Muñoz setzt sich für die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Augenverletzungen der Demonstrierenden ein (Foto: Caterina Muñoz)

Transpis und Plakate hängen an der Wand, am Eingangstor ein großes Schild: „Kein Zutritt für Parteien, Abgeordnete des Verfassungskonvents und die Presse“. Gleich daneben: „Micco tritt zurück!“. Das zentrale Büro des Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) in Santiago, welches die Einhaltung der Menschenrechte in Chile überwachen soll, ist seit knapp zwei Monaten besetzt und Sergio Micco, der Direktor, steht im Zentrum der Kritik.

Während nur wenige Fahrradminuten entfernt, im ehemaligen Parlamentsgebäude, der Verfassungskonvent tagt und von der Geburt eines neuen Chile spricht, ist hier das alte Chile in der Krise. Es geht um die Menschenrechtsverletzungen der Sicherheitskräfte seit Oktober 2019, aber auch um jene der 30 Jahre zuvor, die demokratische Regierungen nicht verhindern konnten. Das Symptom vom Ende einer historischen Epoche, oder doch mehr vom Gleichen?

Auch nach zwei Jahren gibt es noch keine Verurteilungen

Alejandro Muñoz ist seit Beginn der Besetzung vor Ort. Sein Gesicht ist gezeichnet von der Repression der Revolte vom Oktober 2019. Ein Auge ist leicht verschoben und schaut beim Reden ins Leere. Er wurde am 23. Oktober von einer Gasgranate im Gesicht getroffen. Aus nächster Nähe schoss ein Polizist ihm mit einem Granatenwerfer direkt in sein Auge – aus Absicht, wie er vermutet. Seitdem kämpft er für Entschädigung der Opfer, Verurteilung des Schützen und der Verantwortlichen für die Gewaltexzesse der Polizei und Militär. Muñoz ist Mitglied der Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, einer der Organisationen, die von den mehr als 467 Menschen gegründet wurden, die durch Einwirken von Polizei oder Militär mindestens ein Augenlicht verloren haben.

Mit der Besetzung wollen die Betroffenen auf ihre Situation aufmerksam machen. Knapp zwei Jahre nach den ersten Vorkommnissen gibt es noch immer keine Verurteilungen im Zusammenhang der Menschenrechtsverletzungen seit Oktober 2019, und nur circa ein Prozent aller Anzeigen gegen Staatsbeamte führte zur Identifizierung eines möglichen Schuldigen.

Gleichzeitig sitzen laut Medienberichten mindestens 77 Personen aufgrund von Festnahmen im Zusammenhang mit der Revolte im Gefängnis, 51 warten immer noch auf ein rechtskräftiges Urteil, zum Teil sind sie seit Ende 2019 in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Molotowcocktails geworfen oder öffentliche Unruhe gestiftet zu haben. Für Muñoz und die Besetzenden sind es politische Gefangene. Die langsamen Verfahren, die lange Untersuchungshaft und Skandale, die auf die Manipulation von Beweisen hinweisen, belegen das aus ihrer Sicht.

„Die Kämpfenden werden von den politischen Prozessen ausgeschlossen, ins Gefängnis gesperrt und gefoltert“, ist sich Muñoz sicher. Der verfassungsgebende Prozess sei eine Farce ohne Perspektive. Während Politiker*innen unter sich um die Zukunft des Landes streiten, seien die betroffenen Menschen fallen gelassen worden. Viel Hoffnung setzt Muñoz nicht in die politischen Veränderungen: „Ich glaube nicht, dass das klappt, ich vertraue den politischen Institutionen nicht“, meint er.

Im Institut für Menschenrechte halten sie zusammen. Die Besetzung wird von der Coordinadora, einer Organisation von Gefangenen der Revolte sowie der linksrevolutionären Schüler*innenorganisation ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) getragen, um weiterhin für Gerechtigkeit zu kämpfen. Konkret bedeute das, „Präsident Sebsatián Piñera muss ins Gefängnis“, fasst Muñoz zusammen.

Gegen hohe Polizeigeneräle und Politker*innen der Regierung laufen derzeit mehrere nationale und internationale Verfahren wegen Menschenrechtsverletzungen. Doch für diese braucht es Beweise – Beweise, die durch Mitarbeiter*innen des Instituts für Menschenrechte zusammengetragen wurden. Doch anstatt sie zu veröffentlichen, beschönigte der christdemokratische Direktor, Sergio Micco, die brutale Staatsgewalt Ende 2019. Deshalb soll auch er zurücktreten, so die Besetzer*innen.

Der INDH-Direktor beschönigte die Gewalt

Weder Micco noch andere offizielle Stellen des INDH haben sich bislang öffentlich zu der Besetzung geäußert. Zumindest mit einer Räumung rechnet bislang niemand. Es würde ein schlechtes Licht auf das Institut werfen, das derzeit noch im Homeoffice arbeitet.

Ganz im Gegenteil dazu haben sich die organisierten Angestellten des INDH an die Besetzenden gewandt und ihre Solidarität bekundet. Sie sehen sich in der Kritik an der Institutsleitung bestätigt. Während sie die Repression am eigenen Leib erleben mussten, lässt das Institut nicht nur die Opfer, sondern auch die eigenen Angestellten fallen. Mehrere Arbeiter*innen, die Beweise für die Menschenrechtsverletzungen in einem Buch veröffentlichten, wurden vor mehr als einem Jahr entlassen.

Luis Guerrero arbeitet weiterhin im INDH. Er ist der Präsident einer von zwei Gewerkschaften, in denen sich die Arbeiter*innen des INDH organisieren, Anwalt und eigentlich für die Lohnzahlungen und Arbeitsverträge im Institut verantwortlich, doch während der Revolte führte die Arbeit auch ihn auf die Straße: Er und seine Kolleg*innen beobachteten die Demonstrationen, besuchten Verletzte in den Krankenhäusern und begutachteten die Situation der Gefangenen. All das sind Kernpunkte der Arbeit des INDH.

Das Institut wurde 2010 gegründet und soll als von der Regierung unabhängige staatliche Institution die Situation der Menschenrechte in Chile überwachen und für deren Einhaltung und Verbesserung einstehen. Es stellt in der damaligen Logik ein wichtiges Element dar, um das versprochene „Nie Wieder“ der Menschenrechtsverletzungen der Diktatur einzuhalten. Doch die Geschichte kam anders.

Die Vertreter*innen des INDH konnten während der Revolte ihre Arbeit durchführen und das Institut veröffentlichte zu Beginn die genauesten Zahlen zu Verletzten, Gefolterten oder Inhaftierten. Dabei wurden die Mitarbeiter*innen auch selbst Opfer der Gewalt. Guerrero wurde am 6. Dezember 2019 von einer Granate am Oberarm getroffen, als er damit sein Gesicht schützte. Nur durch Glück wurde weder sein Arm gebrochen noch er im Gesicht getroffen. Wie in den allermeisten Fällen ist bis heute kein Polizist für diesen Angriff angeklagt.

“Tritt zurück!” Plakate am Tor des besetzten INDH in Santiago kritisieren die Säumnisse seitens des Leiters (Foto: Malte Seiwerth) 

Der Gewerkschafter Guerrero benennt ein allgemeines Problem: „Obwohl wir eine große Anzahl an Übergriffen feststellen konnten, beteiligt sich das Institut nur bei rund einem Drittel der Anklageschriften.“ Der Grund: Das Institut ist bis heute vom Ausmaß der Gewalt überfordert und kann seine Funktion aufgrund fehlender Mitarbeiter*innen nicht vollständig erfüllen.

Nur die vom INDH Vertretenen wurden jedoch in späteren Berichten des INDH zur offiziellen Zahl der Gewalttaten. Das Institut habe ab Anfang 2020 begonnen, die Situation der Menschenrechte zu beschönigen. „Wir konnten einen gezielten Angriff der Polizei auf Demonstrierende und gezielte sexuelle Gewalt gegenüber jungen, demonstrierenden Frauen feststellen, aber anstatt das so darzustellen, spricht der offizielle Bericht von ‚breiter Gewalt‘.“ Er schlussfolgert: „Damit werden der Angriff auf die demonstrierende Zivilbevölkerung, der Bruch des Versprechens eines ‚Nie Wieder‘ und die Menschenrechtsverletzungen im Allgemeinen weniger klar dargestellt.“ Diese Beschönigung helfe einzig und allein der Regierung, so Guerrero.

Eine mögliche Erklärung für diese Vorgänge ist der Aufbau des Instituts, das von einem Rat aus elf Mitgliedern geleitet wird. Von diesen werden zwei direkt durch den Präsidenten ernannt, jeweils zwei durch die beiden Parlamentskammern, eines durch die Universitäten und vier durch anerkannte Menschenrechtsorganisationen. Das führe, so Guerrero, zu einem politischen Patt. „Heute haben wir sechs Mitglieder, die der rechten Regierung nahestehen und zum Teil nicht einmal auf Menschenrechte spezialisiert sind. Das untergräbt die politische Autonomie des Instituts.“

Die Logik des politischen Patts war während der vergangenen 30 Jahre in Chiles Politik allgemein bestimmend. Das binominale Wahlsystem, das zum letzten Mal im Jahr 2013 angewandt wurde, führte dazu, dass die erst- und zweitstärksten Parteienbündnisse fast unabhängig von dem tatsächlichen Wähler*innenanteil jeweils um die 50 Prozent der Sitze im Parlament erhielten. Diese politische Situation verunmöglichte tiefgreifende Reformen und gab Stabilität auf Basis eines künstlich geschaffenen politischen Gleichgewichtes zwischen den demokratischen Kräften und den diktaturnahen rechten Parteien.

Tiefsitzende Probleme, wie die Struktur der Polizei und des Militärs, konnten daher nicht angepackt werden. Das muss sich nun ändern. Der politische Wind des Wandels, bisher nur im Verfassungskonvent repräsentiert, aber in der Hoffnung von Guerrero nach den Wahlen vom November auch im Parlament und in der Regierung, muss den Übergang zur Demokratie vollenden. Dazu gehört für Guerrero die Gründung einer neuen zivilen Polizei und eine Reform des INDH.

„Wir leben weiterhin in einem Ausnahmezustand“

Wenige Fahrradminuten vom INDH, an der Plaza Dignidad vorbei, liegt der Sitz des Verfassungskonvents. Hier wurde das politische Patt bereits endgültig gebrochen. Bei der Wahl im Mai erlangten die rechten Parteien weniger als ein Drittel der Sitze. Gleich danach hieß es, die Verfassung werde von der Mitte, linken Parteien, Parteilosen und sozialen Bewegungen geschrieben.
Camila Zárate ist eine der Abgeordneten. Die Frau mit den roten Haaren war noch vor kurzem Mitglied der Lista del Pueblo, einer Wahlliste, die sich aus sozialen Bewegungen und Persönlichkeiten der Oktoberrevolte zusammensetzt und damals drittstärkste Kraft im Konvent wurde.

Mittlerweile steht die Liste kurz vor der Auflösung. Zuerst brach ein Streit um die Beteiligung an der kommenden Präsidentschaftswahl aus, später um die oder den Kandidaten für das höchste Amt. Am 26. August lehnte die Wahlbehörde die Kandidatur von Diego Ancalao, dem offiziellem Kandidaten der Liste ab. Mehr als die Hälfte der nötigen Unterstützer*innenunterschriften wurden von einem Notar beglaubigt, der 2018 in Rente ging und Anfang 2021 gestorben war. Die Unterschriften waren vermutlich gefälscht.

Mittlerweile sind mit zwei Ausnahmen alle Delegierten der Lista del Pueblo aus dem Bündnis ausgetreten, Zárate war eine der ersten. Sie schloss die Beteiligung an den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen als einem politischen Prozess, der immer noch durch die Verfassung der Diktatur aus dem Jahr 1980 geprägt ist, von Beginn an aus. Zárate hat dazu eine klare Meinung: „Ich möchte dem alten System keine Legitimität geben, wenn wir hoffentlich in ein bis zwei Jahren eine politische Neuordnung haben.“ Deswegen ist sie im Verfassungskonvent, möchte aber keine Energie auf die kommenden Wahlen „verschwenden“, wie sie es sagt. Zárate meint, in der Umweltbewegung MAT, der sie angehört, hätten sie seit Jahrzehnten für eine neue Verfassung gekämpft. Nach dem Oktoberaufstand habe sich die einmalige Möglichkeit eröffnet, eine neue, demokratische Verfassung zu schreiben. Dies sei ein Eingeständnis der politischen Elite gegenüber der Bevölkerung, die im Oktober 2019 das Land lahmlegte.

Die Besetzung des INDH zeige laut Zárate vor allem eines: „Wir leben weiterhin in einem Ausnahmezustand.“ Nicht nur, dass die Menschenrechtsverletzungen bislang nicht aufgeklärt sind, auch die Forderungen der Bewegung von damals sind noch nicht umgesetzt.
Während das Parlament über ein Amnestiegesetz für die im Zusammenhang von Demonstrationen Verhafteten diskutiert, verabschiedete der Konvent als einen seiner ersten Amtsakte im Juli eine Erklärung, die die Freilassung der „politischen Gefangenen“ und die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen forderte. Ende August verlangte die Menschenrechtskommission des Konvents die Auflösung der aktuellen Militärpolizei, Carabineros de Chile, und die Neugründung einer zivilen Sicherheitskraft. Doch all das sind bislang Vorschläge, die von der rechten Regierung scharf kritisiert werden.

Erneute Demonstrationen gegen die andauernden Probleme bleiben bisher klein und haben mit Polizeirepression zu rechnen. Auch eine nächtliche Ausgangssperre, eigentlich zur Bekämpfung der Coronapandemie eingeführt, bleibt trotz derzeit tiefer Fallzahlen in Kraft. Das Militär patrouilliert bis heute mit Radwagenpanzern durch die nächtliche Stadt und kontrolliert die Grenzen zwischen den einzelnen Regionen des Landes.

Die Gebäude des Verfassungskonvents sind mit Zäunen umringt, öffentliche Plätze in der Nähe gesperrt und jede noch so kleine Protestgruppe wird sofort von der Polizei kontrolliert. Für Zárate geht es um die Entscheidung zwischen zwei möglichen Wegen: Eine Neugestaltung des Landes über die Institutionen oder eine „Aneignung des Prozesses durch die Bevölkerung“. Zárate spricht sich für die zweiten Weg aus, die Bevölkerung soll an der Entscheidungsfindung teilnehmen. Dazu gehören Abstimmungen über umstrittene Artikel und wenn nötig Demonstrationen, um bestimmte Punkte in der Verfassung zu verankern. Eine Strategie, die die Regierung mithilfe der Polizei verhindern will.

Doch die stärksten Proteste beginnen vermutlich erst im Oktober, denn bislang hat der Verfassungskonvent lediglich die eigene Geschäftsordnung geschrieben. Schon dort zeigten die rechten Abgeordneten ihren Anspruch, den Konvent zu boykottieren. Regelmäßig behaupten sie, die Mehrheit im Konvent sei „totalitär“, wenn sie beispielsweise die Leugnung von Menschenrechtsverletzungen oder das Verbreiten von Fake-News verbieten will.
Zárate kümmern diese Äußerungen wenig, „sie sollen sagen, was sie wollen“, meint sie dazu. Schließlich sind die anderen Kräfte in der Mehrheit und die Rechte verteidige einzig ihre Position: die Verhinderung des politischen Wandels. Wenn der Konvent erstmals über den Inhalt der neuen Verfassung diskutiert und im November ein neues Parlament und ein*e neue*r Präsident*in gewählt wird, gibt es sicher neuen Konfliktstoff.

„TODO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PERO SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

AUCÁN HUILCAMÁN
es abogado y encargado de relaciones internacionales de la organización Mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de Todas las Tierras). Investiga cómo los Mapuche pueden utilizar las relaciones internacionales y normas jurídicas para la lucha por sus derechos. Es uno de las protagonistas del proceso constituyente Mapuche. (Foto: Martin Schäfer)



¿Cómo evalúa el estallido social de octubre del 2019?

A raíz del modelo económico y político instalado en Chile, la situación prácticamente explotó el día 18 de octubre de 2019. El pueblo chileno no soportó más la desigualdad económica, la exclusión social, la exclusión en los ámbitos de educación y de salud, la política de privatización y el modelo económico sin límite, en donde las personas no tienen ningún valor. Las leyes tienen por objeto resguardar el capital nacional y transnacional sin dar importancia al ser humano. Por lo tanto, eso explotó y nos parece muy bien que haya sucedido así.

La bandera de los Mapuche estuvo muy presente en las movilizaciones durante el año pasado. ¿Qué piensa sobre esto?

Que hayan tomado la bandera Mapuche como un símbolo ha sido verdaderamente significativo. No me lo esperaba, porque yo fui el autor material e intelectual de esa bandera en el ’92 y estuve seis meses en la carcel por esa bandera. Me acusaron de asociación ilícita en contra del Estado de Chile. Pensaban que yo iba a instaurar un Estado Mapuche en contra de los chilenos. Sin embargo, la bandera simplemente tenía tres propósitos: afirmar el derecho de autodetermincacion, apoyar el proceso de restitucion de tierras, y ser un símbolo que exteriorizara la vigencia de los Mapuche en el mundo contemporáneo. Nunca hubiera pensando que el símbolo, por el cual estuve en la cárcel, podría llegar a tener tanta dimensión en el mundo hoy, lo cual como persona me deja muy conforme.

¿Cuál es la situación actual de los Mapuche en el sur de Chile?

Hay un conflicto de gran dimensión, en donde operan el capital nacional y transnacional, las empresas mineras, las centrales hidroeléctricas y las forestales, aún cuando algunos forestales se han abierto a dialogar con los Mapuche. Ya no es la misma posición que la de hace 20 años atrás. Hoy día los Mapuche estamos envueltos en un gran conflicto con el Estado chileno y no hay ninguna forma de entendernos o dialogar. El Estado de Chile niega su responsabilidad por los actos militares, denominados la “Pacificación de la Araucanía”, en los que se cometió el genocidio contra el pueblo Mapuche, la confiscación de su territiorio y el proceso de Chilenización, es decir, la domesticación y el colonialismo interno que ha dañado culturalmente al pueblo Mapuche.

El Estado sostiene que siempre ha habido un estado de derecho y esto es una gran mentira. Hemos planteado la necesidad de instaurar en Chile una Comisión de la Verdad. Necesitamos un estándar de la verdad, necesitamos que se repare el daño causado y que se haga justicia con las víctimas, sean Mapuche u otros sujetos que pudieran ser afectados en lo que es más de un siglo de “pospacificación” de la Araucanía. Mientras no haya verdad, justicia y reparación en la Araucanía será difícil la paz.

¿Cómo se expresa actualmente la represión estatal hacia los Mapuche?

Hoy día, a raíz de la pandemia del Covid-19, hay un estado de excepción constitucional. Hay presencia militar a lo largo y ancho del país y un toque de queda. Nadie puede transitar, excepto en situaciones especiales con un permiso. En la Araucanía hay también una situación excepcional a raíz del conflicto, ya que el gobierno del presidente Piñera ha desplegado unidades militares en las regiones del Biobío, de la Araucanía, de los Lagos y de los Ríos  ̶  cuatro regiones en donde están las comunidades Mapuche. Por lo tanto, hay una atmósfera represiva. Esta pandemia le ha servido al Estado chileno para militarizar el territorio Mapuche, para impulsar una mayor tensión en las comunidades Mapuche.

¿Cuál es la situación de los presos políticos Mapuche?

Hoy día sigue habiendo medio centenar de Mapuche en distintas cárceles. Hace unos meses atrás terminó una de las huelgas de hambre más grandes de la lucha Mapuche. Y se sigue aplicando la Ley Antiterrorista que permite el testigo sin rostro. Es terriblemente grave que una persona no tenga el derecho a la debida o legítima defensa en un tribunal, porque quien acusa lo hace en el anonimato. Un testigo puede ser un policía, un uniformado de civil, y en la condición que esté su testimonio, de manera abstracta, es considerada válida, prueba definitiva. Y no hay manera de refutarla. Esta es una situación perversa, que tiene como objecto ensuciar la legítima causa del pueblo Mapuche. El Estado chileno sigue aplicando medidas represivas a los Mapuche, porque los niega como pueblo y niega sus derechos.

¿Hay un paralelo entre las luchas de los chilenos y de los Mapuche?

Hay una similitud, hay un paralelo. El Estado chileno con su política de violencia, conculcación, genocidio, despojo, nos llevó a la situación nuestra. Al pueblo chileno se le instaló un modelo económico que benefició a algunas personas y excluyó a la mayoría. Por lo tanto, hay cuestiones en las que tenemos similitudes, pero hay cuestiones que son completamente diferentes. Por ejemplo, la autodeterminación no la vamos a resolver con el pueblo chileno, ni con el Estado chileno, ni con el gobierno. Ese es un tema que radica exclusivamente en la capacidad de los Mapuche, si lo implementamos o no.

¿Cuál es su postura sobre el proceso constituyente chileno?

Nosotros apoyamos el proceso constitucional del pueblo chileno. No vamos a entorpecer, ni vamos a tomar posición del rechazo o del apruebo. Nosotros tenemos nuestro propio proceso de autodeterminación, que es diferente. No es contrario, se pueden encontrar, se pueden armonizar, pero uno no sustituye al otro.

El proceso constituyente chileno tiene condicionantes: el quórum de los dos tercios, la ley que no permite modificar los acuerdos económicos multilaterales, y una ley de partidos políticos, elaborada para los partidos y no para los que participaron del estallido social. Aun cuando se ha agregado el proceso constituyente independiente, hay impedimentos a la hora de inscribirse. La ley de partidos políticos está hecha para el bloque que está gobernando y para la oposición.

Hay un proceso tramposo, porque la clase política armó una legislación para beneficiarse excluyendo a la gran mayoría. Pero con la voluntad soberana del 78% del plesbicito tendrían que estar obligados a cambiar la ley de partidos políticos. Si los independientes tuviesen mayor participación y se eliminase la ley que prohibe derogar los acuerdos económicos, yo diría: sí. Pero, tal cual están las cosas, no hay certeza de que vaya a haber una constitución nueva en Chile.

La nueva constitución también abriría la posibilidad de definir a Chile como Estado plurinacional y así reconocer formalmente a los pueblos indígenas. ¿Qué opina al respecto?

En América Latina ya han habido procesos constituyentes originarios y reformas, hay una experiencia de 50 años de reconocimientos constitucionales y no han sido eficaces. Al contrario, ha sido una manera en que los gobiernos de turno toman posesión sobre los indígenas, implementan de manera más eficáz el colonialismo y la domesticación de ese Estado con los pueblos indígenas. Y en cuanto al concepto de Estado plurinacional, en Bolivia y en Ecuador, que son las dos grandes experiencias, nos reportan que el reconocimiento de Estado plurinacional es un reconocimiento formal, genérico e incluso hasta folclórico. Hablar de un Estado plurinacional me parece que es un simbolismo, una consigna carente de contenido.

Una forma para conservar los intereses indígenas pueden ser los escaños reservados para los indígenas en la convención constituyente…

Los escaños reservados no van a ayudar a resolver las tensiones y controversias en la Araucanía. Sustituyen al pueblo indígena y le anulan su derecho al consentimiento quedando éste radicado en los constituyentes de origen indígena. Un constituyente Mapuche puede tener un pensamiento neoliberal de derecha. El constituyente indígena, bajo la figura de escaño reservado, no tiene ningún mandato del pueblo. Sin embargo, habla y decide por el pueblo.

En segundo lugar, puede dejar a las presentes y futuras generaciones Mapuche amarradas al destino del pueblo chileno, porque van a quedar subordinadas institucionalmente en la constitución. En Ecuador, los indígenas hicieron un levantamiento en el 2019, porque no estaban de acuerdo con el concepto plurinacional. Dicen que fue un fraude político y jurídico. Ahora les dice el gobierno: “participaron de la nueva constitución, no se pueden retirar, porque ya son parte del Estado plurinacional de Ecuador”. Mañana a los Mapuche se les dirá: “primero son chilenos y sólo después son Mapuche”. Esto es complicado.

Todo para los pueblos indígenas, pero sin los pueblos indígenas. Esa es la consigna que pudiera caracterizar este proceso de escaños reservados. Yo le he estado recomendando a los Mapuche que quieran participar del proceso constituyente que lo hagan bajo la figura de los cupos independientes. De esta manera, los Mapuche se reservan el derecho a consentir o no y siguen en su ruta de autodeterminación.

Usted promueve la formación de un autogobierno Mapuche a través de una asamblea constituyente Mapuche (véase LN 538). ¿Cuánto ha avanzado ese proceso?

El proceso constituyente Mapuche es previo al proceso constituyente chileno, son dos procesos completa y absolutamente distintos. Nosotros ingresamos ya a una etapa de redacción del estatuto de autodeterminación Mapuche. Por lo tanto, estamos legislando por nosotros mismos, aunque no con la misma formalidad que el Estado chileno. Cuando terminemos de redactar el estatuto, estaremos a un paso de formar un gobierno. Seguramente habrá grandes tensiones en la formación de ese gobierno. Si vemos en el proceso constituyente del pueblo chileno una amenaza a los derechos del pueblo Mapuche, inmediatamente vamos a formar un gobierno provisional en los meses siguientes. Pero si el Estado actúa respetuosamente con nosotros, vamos a buscar maneras de entendernos.

¿Ve posibilidades reales de que resulte un gobierno propio de los Mapuche?

Hace un mes el presidente de la República formó un comité que se llama Wallmapu. Esto indica que está reconociendo una realidad diferente al país. Lo que nos está dando argumentos para decir que del Biobío al Sur es otra realidad y que no tiene nada que ver con Chile. Eso es reciente, logrado a raíz de la lucha. Yo lo tomé positivamente.

Los Mapuche tenemos tratados que reconocen una frontera territorial. Y la Declaración Americana (sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, nota de la redacción) dice que cuando las partes tienen una interpretación diferente de los tratados, pueden recurir a los órganos jurisdiccionales. Si formamos un gobierno provisional, que es mi meta personal, como primer acto vamos a ir a la Corte Interamericana o a la Corte Internacional a discutir el tema del territorio.

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