VIENEN POR TODO Y SIN ESCRÚPULOS

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MARIANA GARCÍA, VICTORIA FURTADO Y DANIELA MASSA
son compañeras en el colectivo feminista Minervas de Montevideo. Mariana participa también de la Cooperativa Comuna y Victoria del colectivo ZUR.


¿Con qué actitud enfrentan al cambio de gobierno? ¿Cómo cambiará la situación en Uruguay?
Victoria: Va a haber un cambio de escenario muy grande, que nos trae nuevos desafíos. Pero también es cierto que el movimiento feminista en Uruguay y en el Sur se ha vuelto fuerte cuando aún estaban los gobiernos progresistas. Claro que con los discursos conservadores de la derecha algo va a cambiar, se van a agudizar los desafíos, pero nosotras igualmente ya estábamos en la calle luchando contra la violencia en el sistema patriarcal, ya estábamos combatiendo estos discursos, porque éstos no son nuevos, ya estaban en la sociedad.

Daniela: Hay una mayor preocupación en términos de nuestra vida concreta. Teníamos cierta seguridad con los gobiernos progresistas, no tanto en lo que respecta al movimiento, sino en nuestra vida concreta como mujeres. Nuestros temores son más sobre las medidas que van a poner en riesgo nuestra vida, trabajo, formación, educación, vivienda y salud. Se está sintiendo la tensión con el nuevo gobierno, sin embargo, el movimiento feminista corre en paralelo y, por eso, no nos genera una ruptura todavía.

¿Cómo manejan la situación?
V: Estamos atentas a lo que pueda pasar. Uno de los ejes que se planteó para el 8 de marzo es manifestarse en contra de la Ley de Urgente Consideración, esto es algo que se empieza a incorporar en nuestro análisis político. Junto a los miedos que se plantean ahora con respecto al sueldo, la vivienda y la salud, hay un miedo a la posible represión que pueda caer sobre los movimientos sociales. Una vuelta a la derecha implica, para nuestra memoria, una vuelta a gobiernos que fueron represores de la movilización social. Y a la vez que se siente el miedo, intentamos conversar entre nosotras compañeras, sobre cómo nos cuidamos, sin que nos paralice el cambio de gobierno.

En la actualidad, Uruguay tiene la reputación de ser un país moderado y progresista. ¿El regreso a un gobierno de derecha se produjo de forma inesperada o era previsible ?
Mariana: El acenso de la derecha en Uruguay no fue inesperado. Es un proceso que viene gestándose desde hace bastantes años. Fue tomando fuerza, no sólo en las fuerzas tradicionales de derecha en Uruguay, sino también en los nuevos grupos conservadores como el Cabildo Abierto. En realidad, no se trata de un efecto sorpresa, eran grupos que ya estaban latentes en la política, porque tuvieron bastante fuerza para organizarse rápido.

D: Todas las ideas que ellos ahora encarnan son algo que estaban circulando y venían de un proceso de recrudecimiento de la violencia institucional. Ahora ellos las proponen con palabras muy claras y políticas concretas. Claro está, durante los gobiernos anteriores del FA hubo también un avance de la represión.

V: El Cabildo Abierto, este sector ultraconservadorya tenía poder en el país. Tenía sus propias organizaciones en el estado y en el ejército porque tenían sus cargos de responsabilidad puestos ahí por el FA. Lo que no tenían era un partido propio, lo que sí aparece ahora. La sorpresa es que hayan obtenido en las primeras elecciones 11 diputados y 3 senadores a solo 6 meses de haberse creado. Esos sectores, que ahora los votaron, se identificaban antes con los partidos tradicionales, como el Partido Colorado o el Partido Nacional, y ahora tienen su propio partido. Esto significa que los partidos tradicionales ya no representan sus intereses.

¿Por qué forman los partidos tradicionales una coalición con la extrema derecha?
D: Es estrategia. El Partido Nacional sabía desde mitad de año que no tenía posibilidades de acceder a la presidencia. Los partidos tradicionales estaban divididos. La estrategia de coalición, en donde hay ideas en común, generó mucha atención y les funcionó. Después de la primera vuelta electoral, lo primero que salieron a decir es: “Ahora a alinearnos y todos a bordo. ¡Todos por el gobierno!” Con un objetivo muy claro de lo que se estaba buscando.

V: Uruguay siempre fue un país conservador. En estos años progresistas, sí hubo una mirada un poco más preocupada por lo social, pero, lo cierto es que no hubo ni un cambio de modelo económico ni cultural. El discurso más conservador, que igual ya circulaba en la mayoría de la gente, ahora tiene un público más amplio. El feminismo es el único movimiento que pudo romper y desnaturalizar un montón de cosas con mucha fuerza. En el resto de la izquierda y los movimientos sociales no pasó. Los años del progresismo no tuvieron el objetivo de cambiar el modelo económico de manera profunda, ni tampoco de construir un sentido de lo común que no esté basado en la lógica del consumo individualista, neoliberal.

¿De qué discursos o ideas conservadoras se trata?
V: Nos referimos a discursos conservadores que refieren a cosas como la llamada “ideología de género”. Discursos que apelan al rol tradicional de las mujeres como madres, pero también a una visión empresarial de la gestión pública. Estos discursos también engloban algunas declaraciones con relación a la dictadura, los desaparecidos, los derechos humanos, que pretenden quitarles gravedad y relevancia a los crímenes de lesa humanidad.

¿Qué planea el nuevo gobierno como primera medida?
V: Una de las primeras medidas que ha anunciado el gobierno es una “Ley de Urgente Consideración”, que era parte de la campaña electoral, pero nunca habían explicitado qué contenidos tenía. Ahora sabemos que la ley tiene casí 500 artículos y es un paquete de medidas muy amplias que toca una diversidad de asuntos bien variados.

M: La palabra urgente es un mecanismo para que los 500 artículos sean tratados de un modo veloz: 45 días en cada cámara para que eso se resuelva. Uno podría pensar, ¿qué cosas pueden ser tan urgentes para tratarlas el primer día de un gobierno? – claramente no pueden ser los 500 artículos. Intentan aprobar estas medidas enseguida y asegurar lo acordado por todos, antes de que pueda haber fisuras. Si en algún momento la coalición se desarma, el paquete de medidas que los unía ya queda aprobado.

D: Esta ley es el programa del nuevo gobierno. En su campaña no hubo un programa explícito, solo tiraban algunas ideas. La ley trata lo social y también planea recortes en la educación, salud y vivienda, e incluso hasta en los derechos de las minorías. Un salpicón de artículos infinitos que son recortes de derechos y recursos.

¿Pueden dar otros ejemplos de las áreas que afectaría esta ley?
V: Es tanta la variedad de temas que se tocan que se necesitaría una entrevista solo para hablar de la ley. Es claramente una avanzada neoliberal sin escrúpulos. Privatización de servicios públicos, cambios en las formas de acceder a la tierra, más peso de las instituciones privadas en la educación, disposiciones que habilitan la represión policial en manifestaciones, mayor poder a los organismos de inteligencia estatal, direccionamiento de las averiguaciones de inteligencia a la “seguridad interna”, cambios en la negociación colectiva de salarios y condiciones laborales, cambios en la ley que regula a los medios de comunicación y mucho más.

Hasta las designaciones de los ministros me dan la sensación de un gobierno sin escrúpulos. Muchos de sus nombres son conocidos por cargos anteriores en otros gobiernos de derecha, por causas por corrupción y por un pasado problemático. No van a ser 5 años de un proceso de derechización, no. Va a ser una bomba. Todo va a suceder muy rápido – vienen por todo y sin escrúpulos.

En las organizaciones sociales se ha generado una reacción en contra de esta ley. Todos nos tenemos que poner en campaña. Pero, como toca tantos puntos, abre muchos frentes a la misma vez para la lucha social y dispersa nuestras energías. Esto es un riesgo y creo que es intencional.

¿Qué van a hacer ahora al respecto? El 8 de marzo será la primera movilización bajo el nuevo gobierno
D: Una de las propuestas fue cambiar el recorrido de la marcha hasta la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia. Sin embargo, se decidió marchar el mismo recorrido de siempre.

V: Lo decidimos así porque las demandas no son solo dirigidas a la presidencia, sino a la sociedad entera, por un cambio total del sistema. El patriarcado no solo se expresa a través del gobierno. Decidimos mantener la ruta, desde esta perspectiva, y mostrar que nuestras demandas transcienden lo estatal. No vamos a ignorar que el estado está ahí, no vamos a ignorar que gobierna la derecha. Pero, más allá de eso, estamos construyendo cosas, no solo oponiéndonos. No queremos ubicar todas las demandas del movimiento dirigidas a la presidencia. El movimiento es mucho más que esto en lo que denuncia y también en lo que construye.


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DIE KRISE SELBST VERWALTEN

Eingang zur „Bienenwabe“ 2021 Das Tor zur „Sozialistischen Kommune Panal 2021“  (Foto: Tobias Lambert)

Vor der Metrostation Agua Salud im Westen von Caracas schlängelt sich die Straße einen der Hügel des Stadtviertels 23 de Enero hinauf. An der Seite ragen breite, 15-stöckige Hochhausblocks empor. Dazwischen erstrecken sich die für Venezuela typischen, als barrios bekannten Armenviertel aus roten Backsteinhäuschen, von ihren Bewohner*innen einst in Eigenregie erbaut. In den 1950er Jahren hatte der Militärherrscher Marcos Pérez Jiménez den modernistischen Architekten Carlos Villanueva damit beauftragt, 38 große und 57 kleinere Hochhäuser als Sozialbauprojekt zu errichten. Noch vor dem Bezug stürzte der Diktator am 23. Januar 1958, die Gebäude wurden besetzt und nach diesem Tag benannt. Vor Block 26 kündigt ein geschwungener Torbogen die „Sozialistische Kommune Panal 2021“ an. Panal bedeutet Bienenwabe. „Die Biene steht für uns als Symbol für die arbeitende Bevölkerung“, erklärt Ana Marín. „Die Königin ist für uns die Versammlung der Community. Und was wir uns aufbauen, verteidigen wir mit unserem Leben, denn die Biene stirbt, wenn sie sticht.“
Das 23 de Enero ist bis heute eine Bastion der Chavistas, der Anhänger*innen des 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez. Früher hieß es scherzhaft, jeder der Hochhausblocks habe seine eigene marxistische Partei. Maríns Augen glänzen, wenn sie davon erzählt, wie Chávez vor 20 Jahren die zahlreichen linken Organisationen in dem politischen Projekt vereint hat, das unter dem Namen Bolivarianische Revolution bekannt wurde. Sie ist Aktivistin des Colectivo „Fuerza Alexis Vive“, der treibenden Kraft hinter Panal 21. Entstanden ist das Kollektiv während des kurzzeitigen Staatsstreichs gegen Chávez im April 2002, der Namensgeber Alexis González Revette wurde damals von putschenden Polizeieinheiten erschossen.
Seitens der rechten Opposition wird der Begriff Colectivo meist als Synonym für bewaffnete motorisierte Stoßtrupps der Regierung verwendet. Tatsächlich gibt es derartige Gruppen, auch das Kollektiv „Alexis Vive“ ist früher durchaus martialisch aufgetreten. Doch verbergen sich hinter den Colectivos ebenso zahlreiche linke Organisationen, die radikaldemokratische Basisarbeit betreiben. „Das ist an sich nichts Neues“, sagt Ana Marín. Auch früher schon seien linke Bewegungen als Guerillas oder Kommunist*innen diffamiert worden. Bei Gruppen, die das Spiel mitmachten und sich den Medien mit Waffen präsentierten, handele es sich jedoch häufig schlicht um Kriminelle.

„Sozialismus heißt für uns unabhängiger zu werden und uns selbst zu verwalten“

Nachdem Chávez das Projekt einer partizipativen und protagonistischen Demokratie anfangs eher mit sozialdemokratischen Ideen verfolgt hatte, erhob er ab 2005 den Aufbau eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts zum Ziel. Die Keimzelle des neuen „Kommunalen Staates“ sollten die kommunalen Räte werden, in denen sich jeweils bis zu 400 Haushalte in einem selbst definierten geografischen Gebiet zusammenschließen, um basisdemokratisch über die Belange in der Nachbarschaft zu entscheiden. Auf einer höheren politischen Ebene können diese Räte sogenannte comunas (Kommunen) bilden. Nach einer Anfangsphase in reiner Selbstverwaltung erhielt Panal 21 umfassende Fördermittel seitens der Regierung Chávez. „Das was war eine sehr wichtige Hilfe, doch in der dritten Phase zeigt sich nun, ob wir als comuna funktionieren oder nicht.“ Mit den staatlichen Institutionen kooperiert Panal 21 noch immer. Im Gegensatz zu anderen sieht sich die Kommune aus dem 23 de Enero jedoch nicht als Anhängsel des Staates, sondern baut in mehreren Regionen Venezuelas ein Netzwerk produzierender comunas auf. „Sozialismus heißt für uns, dass wir unabhängiger von der staatlichen Finanzierung werden und uns selbst verwalten.“
Auf dem Gebiet von Panal 21 leben heute etwa 14.000 Menschen, die in sieben kommunalen Räten mit zahlreichen sozialen und kulturellen Gruppen organisiert sind. Die comuna betreibt eine Bäckerei, einen Textilbetrieb sowie eine Zuckerverpackungsanlage und baut Gemüse auf einer urbanen Ackerfläche an. Sogar eine eigene kommunale Währung gibt es. „Wir tragen mit dazu bei, die Effekte der Krise abzumildern, anstatt mit verschränkten Armen abzuwarten“, sagt Marín.
Seit Jahren leidet Venezuela unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Versuche der Regierung unter Nicolás Maduro, die Wirtschaft mittels einer Währungsreform und Ausgabenkürzungen zu stabilisieren, schlugen fehl. Die öffentlichen Dienstleistungen stehen kurz vor dem Kollaps und die Hyperinflation hat sämtliche Ersparnisse und Löhne in der Landeswährung Bolívar entwertet. Der monatliche Mindestlohn beträgt zurzeit umgerechnet etwa 7,5 Dollar. Zusätzlich gibt es Lebensmittelgutscheine in gleicher Höhe. Im Privatsektor wird etwas mehr gezahlt, doch ohne die beinahe kostenlosen Lebensmittelkisten der Regierung und Rücküberweisungen migrierter Familienangehöriger könnten die meisten Venezolaner*innen zurzeit nicht überleben.

„Wir tragen mit dazu bei, die Effekte der Krise abzumildern, anstatt mit verschränkten Armen abzuwarten“

Zwischen Oktober 2018 und März dieses Jahres legalisierte die Regierung den Tausch von US-Dollar und schaffte die Preiskontrollen de facto ab. In der Folge stehen die meisten Produkte mittlerweile wieder in den Supermarktregalen, aber zu horrenden Preisen. Bargeld in der Landeswährung ist kaum zu bekommen, dafür wird der Dollar nun fast überall als gängiges Zahlungsmittel akzeptiert. Lange Zeit machte die Regierung einen „Wirtschaftskrieg“ seitens der Opposition und der USA für die Krise verantwortlich, also die gezielte Sabotage und Hortung von Waren. Heute sieht sie das Hauptproblem in den US-Sanktionen.
Der linke Ökonom Manuel Sutherland erinnert hingegen an die Rolle der Regierung selbst. „Auch wenn es die Linke schmerzt: Den derzeitigen Zustand der Ökonomie haben Strukturen verursacht, die der Chavismus seit 2003/2004 geschaffen hat“. Durch den niedrig gehaltenen Dollarkurs habe die Regierung ab 2003 die Importe künstlich verbilligt, gleichzeitig jedoch der heimischen Produktion geschadet und dafür gesorgt, dass sehr viel Geld ins Ausland abgeflossen sei. „Dies hat die enorme Korruption und Plünderung der Erdölrente ermöglicht“, sagt Sutherland. Die Sanktionen, die sich erst seit August 2017 gezielt gegen die Wirtschaft richten, hätten die Krise nicht ausgelöst, verschlimmerten die Situation vor allem der ärmeren Bevölkerung aber drastisch. Derzeit beobachtet Sutherland einen offiziell niemals erklärten Privatisierungskurs. „Die Regierung hat mit ihnen nahe stehenden Wirtschaftsakteuren und Militärs unter der Hand eine Öffnung der Ökonomie ausgehandelt“, sagt er. Durch die US-Sanktionen sei es kaum mehr möglich, Kapital außer Landes zu schaffen. Daher investiere eine kleine aufstrebende Elite ihr Geld in plötzlich entstehende private Immobilienprojekte oder importiere Luxusgüter.

„Die Regierung hat unter der Hand eine Öffnung der Ökonomie ausgehandelt“

Tatsächlich wächst in Caracas in jüngster Zeit eine Infrastruktur, die ausschließlich vermögende Leute anspricht. In Einkaufszentren und Luxushotels werden teure Importwaren von französischem Champagner über spanische Weine und Chorizo bis hin zu Handtaschen internationaler Modefirmen angeboten. Im historischen Stadtzentrum, das zahlreiche Regierungsgebäude beherbergt, ansonsten aber eine ärmere Wohngegend ist, sind hippe Cafés mit europäisch anmutendem Interieur entstanden. Die staatliche Supermarktkette Abastos Bicentenario, die seit 2010 stark subventionierte Lebensmittel verkauft hatte, ist bereits im vergangenen Jahr den privaten Tiendas CLAP gewichen. An den Eingängen prangt das identische Logo der ebenfalls als CLAP bezeichneten „Lokalen Produktions- und Versorgungskomitees“, die seit 2016 Lebensmittelkisten zu symbolischen Preisen an offiziell sechs Millionen Haushalte verteilen. Doch die Tiendas CLAP haben nichts mit den Kisten zu tun, sondern verkaufen überteuerte Waren. Im noch immer sozialistischen Regierungsdiskurs werden solch obskure Privatisierungen nicht an die große Glocke gehängt. „Von Anfang an hat Maduro versprochen, Chávez’ Erbe fortzuführen“, sagt Sutherland. „Mit dem sozialistischen Diskurs richtet sich die Regierung an ihre eigene Basis, denn sie muss zeigen, dass sie anders ist als die Opposition.“
Ana Marín von Panal 21 hingegen sieht es positiv, dass etwa die Kommunen im Regierungsdiskurs noch immer präsent sind. „Doch es gibt große Defizite“, meint sie. „Denn die Regierung blickt vor allem auf Statistiken. Es geht aber nicht um die Anzahl der Kommunen, sondern um einen politischen Sprung.“ Die derzeitige Situation hinterlasse jedoch ihre Spuren. „Jetzt während der Krise ziehen sich viele Leute zurück und entpolitisieren sich.“ Sutherland traut der Regierung nicht mehr zu, aus eigener Kraft die Krise zu überwinden. „Sie hat dafür keine Instrumente“, sagt er. Die Erholung der Wirtschaft könne nur in einem Dialog zwischen den moderaten Sektoren beider politischer Lager ausgehandelt werden.
Nachdem Gespräche zwischen rechter Opposition und Regierung unter der Vermittlung Norwegens im September gescheitert waren, verkündete Maduro überraschend einen neuen Dialog mit einem kleineren Teil der Regierungsgegner*innen. Damit ist die Spaltung der rechten Opposition, die bereits bei den umstrittenen Präsidentschaftswahlen im Mai 2018 zu einem Teilboykott geführt hatte, erneut aufgebrochen. „Auch wenn Maduro es nicht verdient hat, muss ihm ein gesichtswahrender Abgang ermöglicht werden“, meint Sutherland. „Wenn, dann wird die Regierung die Macht an eine ihnen näher stehende Opposition abgeben, die anschließend weitere Wirtschaftsreformen durchführt, den Verteidigungsminister aber im Amt belässt.“
Ana Marín will trotz aller Kritik nichts von einem Regierungswechsel wissen. „Wir glauben nicht an die Opposition, die während des Putsches 2002 unseren Compañero Alexis erschossen hat.“ Was die Regierung mit ihren Gegner*innen zu verhandeln habe, weiß die Aktivistin nicht. „Als comuna führen wir einen Dialog mit der Bevölkerung“, betont sie. „Das hier muss ein transparenter, ethischer Raum sein, der angesichts der Zersetzung der Gesellschaft als Vorbild gilt.“

 


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