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,,FUE UNA PELEA DURÍSIMA”

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Die LN sprechen mit der Verfassungsdelegierten Manuela Royo über die neue Verfassung Chiles.

Manuela Royo (Foto: privado)

Durante todo este año trabajó en la nueva constitución, ¿cómo evalúa este proceso? 

Creo que logramos avanzar harto. Además de escribir una constitución, también se transformó a la Convención en una plataforma de expresión política de debate. Porque nosotras no llegamos a la convención para disputar el poder con ellos, con la derecha o con los varones, bueno quizás algunas sí. Nosotras llegamos para que Chile sea más justo, para vivir en una sociedad mejor, y en ese camino sí tenemos que asumir responsabilidad, pero no es desde los liderazgos personales.

¿Y estos valores también se pudieron transferir al trabajo en la Convención?

Las constituciones finalmente establecen bienes jurídicos constitucionales, como el orden público y la seguridad, temas que políticamente han sido super relevantes. Poner la soberanía alimentaria, las semillas y los ríos al mismo nivel que otras cosas que históricamente han sido centrales, es también una pelea que estamos levantando. Es también poner los cuidados en el mismo plano como algo que sale de la casa y que se sitúa por un lado en la no-violencia y en el respeto. En este plano logramos generar conciencia a muchas personas.

¿Han podido convencer a otres constituyentes de estas perspectivas en las negociaciones?

Fue un camino difícil. Pero de a poco hablando, convenciendo, negociando también logramos que se aprobaran normas. Por ejemplo, una idea más tradicional de la izquierda es que la única forma de financiar los derechos sociales es a partir de la explotación de los recursos naturales, y nosotros ni siquiera hablamos de recursos naturales. En la Comisión de Medio Ambiente primero nos rechazaron todo. Los diarios se rieron de nosotros ridiculizando las ideas como post-extractivistas o de decrecimiento, como si fuésemos puros hippies.

Y ahí peleamos por dos lados: por un lado, con la derecha conservadora, con este negacionismo respecto al cambio climático. Pero, por otro lado, y eso fue lo más triste, nos tocó pelear con gente de izquierda que consideraba que esto era producto de creencias místicas, pachamámicas, a las cuales había que decirles que esto es un hecho científico y no un acto de fe. Que se esté acabando el agua no es un invento de nadie, es real. Y eso fue una pelea durísima. Obviamente hubo traiciones, deslealtad y todo, fue difícil. Pero finalmente se logró y yo siento que se logró una legitimidad dentro del proceso.

El medio ambiente fue el enfoque de su trabajo en la convención. ¿Qué importancia tiene la naturaleza en la nueva constitución?

Es super importante. Desde el artículo primero de la constitución establecimos que el Estado de Chile es un Estado ecológico que dentro de sus valores fundamentales reconoce el respeto por los derechos de la naturaleza y la interdependencia. Ese concepto plantea que la naturaleza no es un recurso natural respecto al cual podemos obtener un provecho económico para el crecimiento del país, sino que tiene derechos que deben ser respetados y garantizados por el Estado y por las personas. Nosotros somos parte de la naturaleza y no podemos vivir sin ella. Por lo tanto, cosas tan sencillas como la alimentación y el agua son tan importantes como la estabilidad económica. Eso fue una lucha super relevante que dimos. Y al final, es verdad, cuando uno dice que es la primera constitución escrita en cambio climático.

Luego se establecen principios ambientales y estatutos constitucionales sobre bienes comunes naturales que hacen una distinción entre bienes comunes apropiables e inapropiables. Los inapropiables son el agua y el aire. Entre los apropiables se encuentran el bosque nativo y los humedales entre otros, y respecto a estos el Estado tiene un deber de tutela. Es decir, yo puedo ser dueña de un bosque, puedo comprar un terreno que tenga bosque nativo, pero yo no puedo llegar y talarlo porque eso afecta a la naturaleza. 

¿Cómo se plasman estos principios en lo concreto?

Hay normas que nos hablan de la protección de los humedales, de los bosques nativos, del ciclo hidrológico, de la conectividad hídrica, y que protegen los glaciares que son las fuentes desde donde nace el agua, excluyendo la actividad minera desde ahí.

También se lograron normas sobre ordenamiento territorial. La mayoría de los usos del suelo son destinadas a la actividad extractiva como minería, forestales y energía. La redistribución de los usos del suelo es muy importante porque va a permitir la recuperación de los ecosistemas y la recuperación de los ríos y de la naturaleza.

Pero también asumimos esa crítica hacia la constitución del Ecuador o de Bolivia: Pese a que en Ecuador se consagran los derechos de la naturaleza, en la práctica el Amazonas está lleno de pozos petroleros. En Bolivia se reconocieron los derechos de la Pachamama, no obstante lo primero que pasó fue la Guerra del Agua. Lo importante, por un lado, es una institucionalidad que orgánicamente proteja a la naturaleza y también no quedarnos en lo declarativo, porque eso también puede ser muy peligroso. No sólo consagrar derechos y principios, sino también una bajada práctica, reglas concretas. 

¿Cómo se plantea esa institucionalidad en la constitución?

Por un lado, planteamos la justicia ambiental, que hace una bajada constitucional a la participación ambiental, a la democracia ambiental y la toma de decisiones y la participación en estas materias. Junto con ello se crean tribunales ambientales en todas las regiones, porque en Chile solamente existían tres. Si te contaminan el río, el agua para beber, para vivir, para poder litigar en estos tribunales hasta ahora uno no tenía derecho a tener una asistencia jurídica gratuita y eso vulnera muchos derechos.

Queremos que eso no dependa de la voluntad de una ONG o de un abogado en particular, sino que sea el Estado quien, tal como evalúa y acepta proyectos, también defienda la naturaleza y las comunidades. Por eso se crea la defensoría de la naturaleza, una institución autónoma pública encargada de representar judicial y extrajudicialmente de forma gratuita a quienes vean vulnerado sus derechos. Esta institución también puede representar a la naturaleza en el evento de que sea necesario judicializar las vulneraciones a sus derechos.

¿Qué rol tiene en la constitución el agua en particular?

El agua es donde más trabajamos. Consagramos un estatuto constitucional del agua en el cual se establece que el agua es incomerciable y que respecto de ella van a existir derechos de uso que tienen que cumplir una función social y una ecológica. Allí se garantiza el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.

Desarrollamos una institucionalidad que se va a hacer cargo de la distribución de los usos de agua en base a estos principios y se crean consejos de cuencas como instancias comunitarias y participativas respecto a la toma de decisiones sobre el agua. Además, se protege el agua potable rural. En Chile la mayoría de las comunidades rurales no tienen agua y no hay alcantarillados. Entonces se crean cooperativas de agua rurales que se distribuyen comunitariamente en el sector del campesino. 

Incluso con la derecha teníamos el mismo diagnóstico con respecto al agua, pero con enfoques distintos. Nosotros venimos mucho más desde la ecología, y ellos desde la política más tradicional, de infraestructura. Es una disputa super importante que tenemos que dar desde la izquierda. Porque el medio ambiente puede ser capitalismo verde, no? Bueno, en Europa saben lo que es (se ríe)… o puede significar pensar en la redistribución desde una perspectiva mucho más socialista, de cómo nos vinculamos con la naturaleza, superando esa lógica de apropiarse de todo.

¿En qué condiciones trabajaron en la Convención?

Fue un proceso rápido y autogestionado, porque de verdad el gobierno (de Sebastián Piñera, nota de redacción) a nosotros no nos dio nada, ni un lápiz, ni un escritorio. Por ejemplo, teníamos una sala de unos tres por cuatro metros para doce equipos, sin aire acondicionado, ni calefacción. Los constituyentes no tenían ningún lugar donde sentarse, hacer reuniones, ni trabajar. Había algunas salas comunes que se pudieron reservar, pero estaban más lejos y en otro edificio. Se habló mucho en un comienzo de que ojalá pueda ser un proceso que toma en cuenta los cuidados, que pueda haber una guardería para niños y niñas… no había nada.

Resulta que este proceso tenía unos costos personales gigantescos. Mucha gente contó que los hijos estaban mal, deprimidos, que no veían nunca a sus madres y padres, hasta hubo intentos de suicidio entre los hijos e hijas. Todo eso con una presión mediática encima, la presión de los poderes políticos, trabajando hasta las dos de la mañana todos los días. Pasamos de la pandemia a la Convención, entre el nivel de trabajo y la precariedad que teníamos, poco apoyo, mucho estrés, mucha violencia. 

¿Violencia?

Sí. Durante el proceso constituyente me tocó vivir mucha violencia. Me amenazaban por las redes sociales que me iban a matar, que iban a ir a mi casa. Por ejemplo por twitter suben nombres de personas izquierdistas y entonces tú puedes recibir 300 mensajes diarios, gente que te da miedo. Hace un par de meses recibí una amenaza de muerte. Fue horrible porque se hacía referencia a que me iban a violar y descuartizar y mandaron fotos de mujeres violadas y descuartizadas.

Siempre he presentado denuncias y una vez presenté una querella, pero la fiscalía no hace nada. Aún cuando identifiqué a la persona, un pinochetista. Al final lo que buscan es que uno se quede callado. Pero yo no, al revés. Salí a los medios de comunicación, publiqué el nombre del tipo. Hacer público lo que se vive es una forma también de defenderse. Esto te da un resguardo.

¿Qué estrategias utiliza la derecha ahora mismo para impedir que se apruebe la nueva constitución?

Hay gente que está haciendo campaña generando desconfianza, como antes hicieron contra las vacunas. Uno pasea por las calles y ve propaganda escrita con noticias falsas sobre la Convención. En las calles de Santiago hay afiches en las paredes que dicen cosas como “La constitución es una mentira.” Lo peor es que la derecha sabe que mentir le sale más barato. Por ejemplo, el senador Felipe Kast del partido Evópoli (un partido de derecha, nota de redacción) dijo en la radio que la constitución va a permitir el aborto hasta los nueve meses. Está mintiendo descaradamente. Y así es todos los días. Es una guerra psicológica.

¿Cuál es su perspectiva hacia el plebiscito? ¿Qué es lo que esperan?

Nuestra apuesta es movilizar a las bases. Esperamos que en estos dos meses que quedan haya una gran movilización social. La gente que ha estado tradicionalmente organizada, los sindicatos, Modatima, las verdaderas redes sociales, que existen, no las que están inventando ahora. Era difícil hacer campaña antes de que el texto estuviera listo. No podíamos decir “si, está todo bien” si nos faltaban cosas por votar. La derecha empezó desde antes a decir que estaba todo mal.

Ahora hay un proceso donde hay que informar a la gente, hay que ir a las calles y a los territorios. Para la campaña, las zonas más importantes son las comunas más populares de Santiago donde se concentra la mayor cantidad de votos. Yo vivo en la Araucanía, pero ahora estoy en Santiago. Por la campaña voy a estar en los dos lugares.  Para llegar a las zonas rurales, lo más certero es por la radio.

¿Créen que se va a aprobar la nueva constitución?

En Chile hay mucha gente de derecha, pero en verdad la votación histórica, el plebiscito de salida de Pinochet, fue aproximadamente un 60 por ciento para la izquierda y un 40 por ciento para la derecha, y ahora con Boric fue la misma proporción. La apuesta es movilizar a esta gente. Hay un gran centro de indecisos que todavía no sabe qué va a votar y nosotros creemos que cuando vean el contenido de la constitución esas personas van a darnos su aporte. Pero nos queda muy poco tiempo y tenemos poca plata.

„ES WAR EIN HARTER KAMPF“

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Manuela Royo (Foto: privat)

Das vergangene Jahr über haben Sie an der neuen Verfassung gearbeitet. Wie bewerten Sie diese Arbeit heute?
Wir haben viel geschafft, finde ich! Wir haben nicht nur eine neue Verfassung geschrieben, sondern den Konvent auch zu einer Plattform der politischen Debatte gemacht. Denn wir wurden nicht gewählt, um uns um Machtpositionen zu streiten. Es ging nicht ums Regieren wollen, im Gegenteil: Wir wollen ein gerechteres Chile und in einer besseren Gesellschaft leben.

Und wie setzt man das in einer Verfassung um?
In einer Verfassung geht es letztendlich darum, juristische Güter festzuschreiben. Dazu gehören Konzepte wie die öffentliche Ordnung und Sicherheit, die in der Vergangenheit politisch sehr relevant waren. Uns ging es darum, weiteren Dingen den gleichen Rang einzuräumen: der Ernährungssouveränität, dem Saatgut, den Flüssen. Dazu gehört auch die Sorge füreinander. Auf dieser Ebene konnten wir bei den Menschen viel Bewusstsein schaffen.

Konnten Sie auch andere Konventsmitglieder von diesen Ansichten überzeugen?
In Gesprächen und Verhandlungen haben wir es geschafft, Überzeugungsarbeit zu leisten und wichtige Punkte durchzubringen. Da ging es zum Beispiel um das traditionelle Verständnis vieler Linker, dass man soziale Rechte nur durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen finanzieren könne. Wir aber sprechen nicht einmal von natürlichen Ressourcen, sondern von Gemeingütern.

In der Umweltkommission haben sie erst einmal alle unsere Vorschläge abgelehnt. In den Zeitungen wurde sich über uns und unsere post-extraktivistischen Ideen lustig gemacht. Wir seien doch nur Hippies. Wir haben also gleich an zwei Fronten gekämpft: einerseits mit Klimawandelleugnern aus der konservativen Rechten. Andererseits, und das war traurig, mit Linken, die der Meinung waren, unsere Auffassung sei doch nur Mystik. Dabei sind es wissenschaftliche Fakten: Dass uns das Wasser ausgeht, hat sich doch niemand ausgedacht. Es war ein harter Kampf, aber am Ende kamen viele unserer Vorschläge knapp durch. Insgesamt fühle ich aber, dass in dem Prozess Legitimität erreicht wurde.

Umweltaspekte waren eines Ihrer wichtigsten Themen. Welchen Wert hat die Umwelt nun in der neuen Verfassung?
Einen sehr großen. Schon im ersten Artikel der Verfassung steht, dass Chile ein ökologischer Staat ist, zu dessen wichtigsten Werten der Respekt vor den Rechten der Natur und unserer Abhängigkeit von ihr zählen. Damit ist gemeint, dass die Natur keine Ressource ist, aus der wir unbegrenzten wirtschaftlichen Vorteil für Wachstum ziehen können. Stattdessen ist es wichtig, zu betonen, dass die Natur Rechte hat, die der Staat und die Menschen respektieren und gewährleisten müssen. Wir sind Teil der Natur und können ohne sie nicht leben. Deshalb haben Themen wie Ernährung und Wasser genauso große Bedeutung wie die wirtschaftliche Stabilität. Und schließlich ist es die erste Verfassung, die vor dem Hintergrund des Klimawandels geschrieben wurde.

Außerdem wurden unterschiedliche Arten natürlicher Gemeingüter festgelegt. Zum Beispiel jene, die sich Menschen aneignen können, wie Urwälder und Feuchtgebiete. Diese werden unter der neuen Verfassung jedoch unter dem Schutz des Staates stehen. Man kann beispielsweise ein Stück Land mit Urwald kaufen, diesen jedoch nicht einfach abholzen, denn das schadet der Natur. Und dann gibt es noch jene Gemeingüter, die sich niemand aneignen kann: Wasser und Luft.

Wie sollen diese Prinzipien konkret umgesetzt werden?
Es gibt Richtlinien, um beispielsweise Feuchtgebiete und Urwälder zu schützen oder generell Wasserkreisläufe und Gletscher als Wasserquellen. Deshalb würden Bergbauaktivitäten in diesen Regionen verboten werden. Außerdem ist eine Flächennutzungsplanung vorgesehen, die eine wichtige Neuorganisation der Bodennutzung zur Erholung der Ökosysteme vorsieht. Denn die meisten Flächen werden derzeit für Abbautätigkeiten genutzt, darunter Bergbau, Forstwirtschaft und Energie.
Wir haben jedoch auch aus Erfahrungen mit den neuen Verfassungen in Ecuador und Bolivien gelernt. Denn in Ecuador sind zwar die Rechte der Natur in der Verfassung verankert, im Amazonasgebiet wird aber überall nach Erdöl gebohrt. Und in Bolivien, wo die Rechte der Pachamama anerkannt wurden, kam mit der neuen Verfassung der Wasserkrieg.

Deshalb ist es einerseits wichtig, konkrete Institutionen zu schaffen. Andererseits muss es möglich sein, die zugesicherten Rechte auch einzufordern. Bei reinen Zusicherungen zu bleiben, ist sehr gefährlich. Es braucht auch eine praktische Ebene und konkrete Regeln.

Sind denn im Verfassungsentwurf konkrete Institutionen vorgesehen?
Wir haben durchgebracht, dass es Umweltgerichte in allen Regionen des Landes geben wird. Bisher gab es nur drei. Allerdings war es bisher so: Wenn jemand deinen Fluss verseucht, hast du keinen Anspruch auf kostenlosen Rechtsbeistand, wenn du juristisch gegen die Verschmutzung vorgehen willst. Wir fanden, das verletzt viele Rechte. Außerdem wollen wir nicht, dass es von einer NGO abhängt, wer vor Gericht gehen kann, sondern dass der Staat dafür zuständig ist, die Natur und die Gemeinschaften zu verteidigen. Deswegen haben wir die öffentliche Ombudsstelle für Natur geschaffen, die diese rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich kostenlos übernehmen wird.

Welche Bestimmungen enthält die Verfassung zum Thema Wasser?
Um das Thema Wasser haben wir uns besonders gekümmert. Wir haben ein Wasserstatut in der Verfassung verankert, in dem festgelegt ist, dass mit Wasser nicht gehandelt werden kann. Außerdem wird es Nutzungsrechte geben, die sowohl eine soziale als auch eine ökologische Funktion erfüllen müssen. Wir haben einen institutionellen Rahmen entwickelt, der für die Vergabe der Wassernutzungsrechte auf der Grundlage dieser Prinzipien verantwortlich sein wird. Dieser Rahmen sieht auch die Einrichtung von Räten für Wassereinzugsgebiete vor, bei denen es sich um gemeinschaftliche und partizipative Gremien handelt, die Entscheidungen über Wasser treffen. Außerdem wird das Trinkwasser in ländlichen Gebieten geschützt. Dort haben bisher die meisten Gemeinden kein fließendes Wasser und keine Abwassersysteme. Die neue Verfassung sieht hier die Gründung von Wassergenossenschaften vor.

Unter welchen Bedingungen haben Sie im Konvent an der Verfassung gearbeitet?
Es war ein schneller und selbstverwalteter Prozess, denn die Regierung hat uns keine Ausstattung zur Verfügung gestellt, nicht einmal einen Stift oder einen Schreibtisch. Wir hatten zum Beispiel einen Raum von etwa zwölf Quadratmetern für zwölf Teams, ohne Klimaanlage und Heizung. Die Delegierten konnten nirgendwo sitzen, keine Treffen abhalten. Es gab einige Gemeinschaftsräume, die reserviert werden konnten, aber die befanden sich weiter weg.

Am Anfang war viel davon die Rede, dass es eine Kinderbetreuung geben könnte. Daraus wurde aber nichts. Am Ende hat dieser Prozess gigantische persönliche Belastungen verursacht. Viele Delegierte erzählten, dass ihre Kinder an Depressionen leiden, weil sie ihre Mütter und Väter nie sahen – bis hin zu Suizidversuchen. Hinzu kam noch der Druck aus Medien und Politik und die fast tägliche Arbeit bis zwei Uhr morgens. Und wir sind direkt von der Pandemie in den Konvent gekommen: mit hoher Arbeitslast und der wenigen Unterstützung, die wir hatten. Das bedeutete viel Stress und viel Gewalt.

Gewalt?
Ja, während des Verfassungsprozesses habe ich viel Gewalt erlebt. In den sozialen Netzwerken bekam ich teilweise 300 Nachrichten am Tag, die mir Angst machen sollten. Vor ein paar Monaten erhielt ich eine schreckliche Morddrohung. Letztlich wollen sie, dass wir schweigen. Aber das tue ich nicht, im Gegenteil: Ich habe alles öffentlich gemacht.

Welche Strategien wendet der rechte Flügel derzeit an, um die Verabschiedung der neuen Verfassung zu verhindern?
Sie schüren überall Misstrauen und verbreiten Fake News. In den Straßen von Santiago hängen Plakate mit Slogans wie: “Die Verfassung ist eine Lüge”. Gestern hat der Senator Felipe Kast im Radio die schamlose Lüge verbreitet, dass die Verfassung eine Abtreibung bis zum neunten Monat erlauben wird. Das geht jeden Tag so. Es ist psychologische Kriegsführung.

Wie bereiten Sie sich auf das Referendum vor?
Wir setzen darauf, die Basis zu mobilisieren. Da wir in Lateinamerika die Dinge immer in letzter Minute erledigen (lacht), hoffen wir, dass es in den verbleibenden zwei Monaten eine große soziale Mobilisierung geben wird. Dabei zählen wir auf die bestehenden Netzwerke: die Bewegungen, Gewerkschaften und so weiter.

Es war schwierig, Wahlkampf zu machen, bevor der Verfassungstext fertig war. Wir konnten schlecht sagen: „Ja, es ist alles gut“, solange noch Abstimmungen ausstanden. Die Rechten dagegen sagen schon immer, dass alles an der neuen Verfassung schlecht ist. Und jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Am wichtigsten ist natürlich Santiago, dort konzentrieren sich die meisten Stimmen. Ich lebe eigentlich in der ländlicheren Araucanía im Süden, aber während der Kampagne werde ich an beiden Orten sein. Um die ländlichen Gebiete zu erreichen, ist das Radio der beste Weg.

Glauben Sie, dass das Apruebo, also das „Ja“ zur Verfassung, gewinnen wird?
In Chile gibt es viele Menschen, die rechts sind. Historisch betrachtet lag das Wahlergebnis aber meist bei 60 zu 40 für die Linke. So war es beim Referendum über die Absetzung Pinochets und auch jetzt bei Borics Wahl. Wir setzen darauf, diese Menschen zu mobilisieren. Es gibt noch eine große Zahl von Unentschlossenen, und wir glauben, dass sie für die Verfassung stimmen werden, sobald sie wirklich wissen, was in ihr steht. Aber wir haben nur noch sehr wenig Zeit und wenig Geld.

ROTE ERDE

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Mitte Dezember fuhr der 13-jährige Isaías mit seinem Fahrrad die Straße von Collipulli in der südchilenischen Region La Araucanía entlang. Mit ihm unterwegs war sein Bruder, der 17-jährige Brandon. Collipulli ist Mapudungún, die Sprache der Mapuche, und bedeutet so viel wie rote Erde – wenig später wurde der Name bittere Realität. Ein Stück weiter die Straße runter trafen sie auf eine Gruppe Polizist*innen, die gerade dabei war, die Insassen eines Fahrzeugs zu kontrollieren. Einer der Polizisten hielt Isaías fest, der erschreckt zu schreien begann. Sein Bruder Brandon kam dazu, aber der Polizist hielt auch ihn fest, warf ihn zu Boden und schoss ihm aus einem halben Meter Entfernung mit einer Schrotflinte Kaliber 12 in den Rücken. Normalerweise ist ein Schuss aus dieser Entfernung tödlich, wochenlang musste Brandon im Krankenhaus behandelt werden.

Der Polizist Cristian Rivera, der auf Brandon geschossen hat, ist nach wie vor im Dienst. Von seinen Kolleg*innen wird er gedeckt, bei der Polizei spricht man von einem Unfall. Brandons Mutter, Ada Huentecol, glaubt das nicht. „Ich habe eine Erklärung verlangt und sie sagten mir, es sei ein Unfall gewesen. Aber wieso haben sie denn auf ihn geschossen, wenn er schon am Boden lag? Meine Söhne sind keine Verbrecher. Ich bin wirklich wütend!“ Das Institut für Menschenrechte in Chile (INDH) erstattete im Januar Anzeige wegen versuchten Mordes gegen die Polizei.

Die Liste der gewaltsamen „Zwischenfälle“ in jüngster Zeit ist lang. Die Territorien der indigenen Mapuche, die ihre Autonomie südlich des Bío-Bío-Flusses über die gesamte Kolonialzeit bewahren konnten, wurden erst in der sogenannten „Pacificación de La Araucanía“ 1861 von Chile besetzt. Damals verteilte der Staat das Land an weiße Siedler*innen. Viele Mapuche verlangen, dass der chilenische Staat ihrem Volk gegenüber seine historische Schuld begleicht. Von den verschiedenen Regierungen Chiles fühlten sie sich immer wieder hintergangen. Bei den vielen lokalen Konflikten geht es meist um die Rückgabe oder Schutz von indigenem Territorium, das sich heute in Privatbesitz befindet und für die Energie-, Forst- und Agrarwirtschaft genutzt wird oder genutzt werden soll. Neben Demonstrationen und Protesten versuchen die Mapuche ihren Forderungen auch mit Landbesetzungen und Brandanschlägen auf Fahrzeuge und Maschinen der Unternehmen Nachdruck zu verleihen. Die Regierungen reagierten darauf mit Repression, sodass sich der Konflikt zusehends verschärfte.

Das Institut für Menschenrechte erstattete Anzeige wegen versuchten Mordes gegen die Polizei.

In jüngster Zeit häufen sich wieder die Zwischenfälle: In Ercilla stürmten Ende Januar über hundert Polizist*innen mit gepanzerten Fahrzeugen, die Tränengas versprühten, eine Mapuche-Gemeinde während einer kulturellen Feier. Für die Aktion gab es keinen richterlichen Beschluss. Die Polizist*innen schossen auf die Anwesenden und nahmen elf Personen fest, darunter fünf Minderjährige und zwei Neugeborene, wie ein anwesender Reporter von werken.cl berichtete.

In Freire, südlich der Stadt Temuco, nahmen Sicherheitskräfte Mitte Januar bei einer weiteren Personenkontrolle drei Mapuche-Frauen wegen Störung der öffentlichen Ordnung fest, eine von ihnen war minderjährig. Die Anwältin der Frauen, Manuela Royo, erklärte gegenüber Radio Villa Francia, Polizist*innen hätten die drei geschlagen, beleidigt und ihre Waffen auf sie gerichtet, auch nach der Festnahme, im Inneren des Polizeiautos: „Die Situation dort war extrem gewalttätig, die Polizisten wollten insbesondere der Jüngsten Angst einjagen. Auch die Informationen über ihren Aufenthaltsort wurden über mehrere Stunden zurückgehalten. Die Frauen wurden mittags festgenommen und tauchten erst wieder gegen 18 Uhr auf der Polizeistelle in Temuco auf. Die Polizei hat sie geschlagen und einer der Frauen den Arm umgedreht, das verstehen wir ganz klar als Folter.“

In Tirúa, etwa 150 Kilometer westlich von Collipulli in der Region Bío Bío schossen Polizisten Ende Dezember auf ein Fahrzeug mit einer Gruppe unbewaffneter Mapuche. Zwei der Insassen wurden von den Kugeln getroffen und schwer verletzt. Nach Angaben von Radio Villa Francia behauptet die Polizei, das Auto hätte trotz Aufforderung der Beamt*innen nicht gehalten, woraufhin diese das Feuer eröffnet hätten. Isaac Neculqueo, Präsident der indigenen Gemeinschaft, versicherte jedoch das Gegenteil: „So eine Polizeikontrolle hat niemals stattgefunden, die Polizisten haben aus dem fahrenden Auto geschossen und sind dann abgehauen.”

Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Durch die hohe Polizeipräsenz und die zunehmende Militarisierung der Region wird der Konflikt immer schärfer. Laut einem Polizeibericht des vergangenen Jahres sind allein in der Region La Araucanía knapp 1400 Polizist*innen stationiert und 50 gepanzerte sowie über 90 halbgepanzerte Fahrzeuge im Einsatz. Neben den ständigen Personenkontrollen werden auch geheimdienstliche Aktionen durchgeführt und raumbezogene Datenverarbeitungssysteme wie Radaranlagen, Drohnen, Flugzeuge und Helikopter eingesetzt. Mit dem Schutz der Bevölkerung hat das erhöhte Polizeiaufgebot jedoch nichts zu tun. Es dient in erster Linie dem Schutz von Unternehmen. Im Süden Chile existieren 77 große Forstindustrieanlagen in drei Regionen: 47 in Los Ríos, sieben in La Araucanía und 23 in Bío Bío. 15 stehen unter dauerhaftem Polizeischutz. Neun davon gehören zu Forestal Mininco. Das Unternehmen ist Teil der Matte-Gruppe. Matte ist eine der einflussreichsten Familien Chiles. Der Konzern steht unter  dem Verdacht der Korruption und Preisabsprache und gilt als wichtiger Akteur, der maßgeblich den Konflikt mit den Mapuche polarisiert.

Durch die zunehmende Militarisierung der Region wird der Konflikt immer schärfer.

Auch juristisch geht der chilenische Staat gegen die Indigenen des Landes vor. Ein emblematischer Fall ist der der Machi (Heilerin und religiös-spirituelle Autorität) Francisca Linconao, die sich neun Monate in Untersuchungshaft befand. Ihr wird vorgeworfen, an einem Brandanschlag auf das Anwesen der Familie Luchsinger im Januar 2013 beteiligt gewesen zu sein, bei dem die Großgrundbesitzer*innen Werner Luchsinger-Mackay und seine Frau Vivianne Mackay ums Leben kamen. Das Ehepaar befand sich seit Jahren in direkter Konfrontation mit den indigenen Gemeinden der Zone, Francisca Linconao war daran jedoch nicht beteiligt. Sie streitet ab, etwas mit den Geschehnissen zu tun zu haben und die Beweislage gibt ihr recht. Die Beweise, die die Staatsanwaltschaft vorbrachte, waren nicht nur nicht ausreichend, sondern stützten sich auch auf falsche und unter Folter erbrachte Zeugenaussagen. Im Umfeld der Machi glaubt man, dass man sie mit dem Fall in Verbindung bringen will, um Rache dafür zu nehmen, dass sie sich seit Jahren unermüdlich für die Rückgabe ehemalig indigenen Territoriums an die Mapuche-Gemeinden einsetzt. Und sie ist kein Einzelfall: 2014 wurde bereits der Machi Celestino Córdova im Fall Luchsinger-Mackay nach einseitigen Ermittlungen und einer zweifelhaften Beweislage wegen Brandstiftung mit Todesfolge zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Dass auch die Machi Francisca Linconao trotz mangelnder Beweise einem so langen Freiheitsentzug ausgesetzt wurde, liegt am chilenischen Anti-Terror-Gesetz aus Diktaturzeiten. Es räumt der Staatsanwaltschaft umfangreiche Möglichkeiten bezüglich Ermittlung und Anklage ein, wenn es sich um des Terrorismus Verdächtige handelt. „In der Region Araucanía herrscht ein anderes Recht. Eines, das auf Mapuche und ihre Anführer*innen angewendet wird und demzufolge die Staatsanwaltschaft keine Beweise für begangene Verbrechen vorlegen muss, um Angeklagte einsperren zu lassen. Es reicht, sie anzuklagen. Der Angeklagte und seine Verteidigung müssen dann die Unschuld des Angeklagten beweisen. “Verkehrte Welt“, schrieb der unabhängige Abgeordnete und Mitglied der Menschenrechtskommission Gabriel Boric in einem offenen Brief.

Bereits vor drei Jahren verurteilte der Interamerikanische Gerichtshof (CIDH) den chilenischen Staat für begangene Menschenrechtsverletzungen am Volk der Mapuche. Die chilenischen Gerichte hätten das Legalitätsprinzip und das Recht auf Unschuldsvermutung in mindestens acht Fällen verletzt, so der Gerichtshof in San José, Costa Rica. Dennoch erlebt die Machi Francisca Linconao heute wieder genau das. Zwar konnte sie mit einem 14-tägigen Hungerstreik kürzlich bewirken, dass die vorbeugende Haft in einen Hausarrest umgewandelt wurde, aber der eigentliche Prozess steht noch aus. Das Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofes scheint keinerlei Effekt gehabt zu haben.

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